JURISPRUDENCIA

Despido indirecto. Injuria grave. Horas extras. Prueba testimonial. Red social. Internet. Valoración de la prueba

 

Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por el actor, dado que la falta de pago de horas extras configuró una grave injuria laboral. Por otro lado, se destaca que la amistad de Facebook o red social asimilable no tiene igual calibre ni sustancia que una relación de amistad no virtual, por lo que en la medida en que la sola inclusión de una persona en la nómina digital de amigo no constituye amistad íntima ni justifica por sí misma la impugnación del testimonio.

 

 

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 2019, para dictar sentencia en los autos: “INTERLOG SA C/ SANCHEZ GALDEANO LEONARDO DANIEL S/ CONSIGNACIÓN” se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que desestimó la demanda por consignación e hizo lugar a la acción por despido entablada por el trabajador, llega apelada por ambas partes, a tenor de las presentaciones de fs. 408/409 y fs. 411/413, que obtuvieron réplica a fs. 415/417 y fs. 418.

Por razones de estricto orden metodológico, abordaré los planteos recursivos de la forma en que se exponen a continuación.

II.- Afirma Interlog SA que el pronunciamiento le causa agravio, por cuanto la magistrada habría partido de una premisa errada al ponderar la causal del despido. Sostiene que la injuria invocada por el trabajador habría constituido la negativa de tareas y no las horas impagas; y arguye que, ante la falta de prueba respecto del impedimento de ingreso, el reclamo debió ser rechazado.

Analizando los términos recursivos, y el intercambio telegráfico reconocido y acreditado en autos, advierto que no le asiste razón a la apelante.

En efecto, del telegrama impuesto por Sánchez, el 16 de octubre de 2012, se advierte que éste reclama entre otras cosas, por irregularidades en el pago de las horas laboradas en exceso de la jornada legal; por otra parte de la comunicación mediante la cual se produjo el distracto -del 26/10/2012- se desprende no solo que le achaca a la accionada impedirle entrar a trabajar, sino la negativa a reconocer los derechos que fueron reclamados en la anterior misiva.

De esta forma, se advierte que no fue un único incumplimiento invocado por el trabajador para hacer la denuncia del contrato de trabajo, sino que el auto despido estuvo fundado en diversas inconductas endilgadas a la empleadora.

Siendo así y en la medida que tengo dicho reiteradamente que cuando son varias las injurias invocadas para suscitar el despido, basta con probar una de entidad suficiente para considerar fundada la extinción del contrato, propongo confirmar lo actuado.

III.- Similar suerte correrá el planteo de la accionada a través del cual afirma que Sanchez habría actuado de mala fe, faltando a la verdad, en la medida que la queja no pasa de ser una mera apreciación dogmática, sin consecuencias relevantes en la resolución del litigio (art. 116 LO), atendiendo a lo señalado en el considerando que antecede.

IV.- A continuación Interlog SA cuestiona que se tuviera por acreditado a través de la prueba de testigos, que el trabajador laboró en horas suplementarias. Critica la valoración realizada en origen respecto de las declaraciones y mediante los argumentos que expone, pretende que se revierta lo actuado.

Adelanto que su agravio no podrá tener favorable recepción.

En efecto, la apelante intenta derribar el testimonio de Bonino, haciendo mérito de la relación que -según sostiene- mantenía con Sánchez, destacando que eran amigos de “Facebook”; y haciendo referencia al medio por el cual habría tomado conocimiento de la citación a la audiencia. También alega que Ciangalina mantenía un vínculo de amistad con el trabajador y que su declaración no resultaría idónea. Finalmente arguye que la jueza a quo habría omitido merituar los dichos de los testigos que resultaban favorables a su postura.

Atendiendo al planteo, habré de señalar que los testimonios deben valorarse según las propias características del testigo y las circunstancias que surjan de su deposición, confrontadas, y si es el caso, con los demás elementos de prueba. Todo ello permitirá concluir el mayor crédito que deba darse a uno en detrimento del otro.

Por otra parte, no debemos olvidar que la apreciación o valoración de la prueba es una "actividad intelectiva que el juez efectúa a fin de establecer la fuerza probatoria que tiene cada uno de los medios de prueba comparándolo con los demás, para arribar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuirles respecto de la versión fáctica suministrada por las partes" (Rosetti, Graciela S. "Pasado y presente en la prueba testimonial", Revista de Derecho Procesal, 2005-2, Prueba -II, Rubinzal-Culzoni, pág. 201).

Más precisamente, para el caso de la prueba testimonial, se explica que "cuando se trata de dar por probado un hecho solo mediante prueba de testigos, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de los dichos y no deben dejar duda. De allí que no puede otorgarse carácter definitorio a esa única prueba si no reúne estas condiciones" (Falcón, Enrique M. "Tratado de la Prueba", Astrea, 2003, pág. 374).

Asimismo, las declaraciones de los testigos, deben ser valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, atendiendo a lo normado por el art. 90 de la ley 18.345, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los testigos, la percepción y narración, verosimilitud de su exposición y credibilidad que merezcan.

En el caso de autos, comparto la valoración de los testimonios realizada por la sentenciante de grado, que permitió tener por acreditado el trabajo de Sánchez en exceso de la jornada legal y así viabilizar así reclamo. Digo ello, por cuanto no advierto que las circunstancias que la recurrente pone de relevancia ante esta alzada -reiterando los términos de sus impugnaciones-, resulten hábiles para alterar la fuerza probatoria de las declaraciones.

En tal entendimiento, se impone ponderar en los tiempos en que vivimos, que la amistad de Facebook o red social asimilable, no tiene igual calibre ni sustancia que una relación de amistad no virtual. Ello así, en la medida que comparto la opinión doctrinaria y jurisprudencial que señala que la sola inclusión de una persona en la nómina digital de amigo, no constituye amistad íntima, ni justifica por sí misma la impugnación del testimonio o su sospecha si no contamos con algún dato objetivo que permita presumirla.

En el caso, el mero hecho de la forma de notificación de la audiencia a Bonino, al que hace referencia la parte empresaria, en modo alguno revela el tipo de relación que intenta endilgarle a la testigo con el trabajador, en la medida que la primera refirió que fue avisada del acto procesal por parte del abogado, lo que no resulta ilógico habida cuenta que fue un testigo propuesto por esa parte.

Por lo demás cabe señalar que los testimonios provinieron de compañeros de trabajo del actor, que se desempeñaron en circunstancias similares que éste, y no logran ser rebatidos por los dichos de quienes declaración a propuesta de la empresa, que por otra parte, mantenían un vínculo dependiente de carácter jerárquico aún al momento de la prestar declaración.

En este orden de ideas, advirtiendo que el resto de las críticas que esboza respecto de la ponderación de las declaraciones producidas en autos se revela inconducentes para alterar el resultado alcanzado, por lo que propongo su confirmación, sin que sea necesario abocarme al resto de las críticas expresadas, habida cuenta de la facultad de los jueces de apreciar aquellas argumentaciones que considera conducentes para fundar sus conclusiones, sin serle exigible la expresión en la sentencia de las que no resulten esenciales y decisivas para el fallo de la causa (en similar sentido esta Sala in re “Moreno C/ Carosi S.A.” S.D. nro.: 25.152 del 30/06/95, “Gallardo, Ángel Rodolfo C/ Lavadero One Way S.R.L. y otros S/ Despido” S.D. nro.: 39.434 del 10/08/2001).

V.- Interlog SA también se agravia por la condena en los términos del art. 80 LCT, mas tampoco en este punto tendrá andamiento el recurso, pues que el resultado arribado en primera instancia, cuya confirmatoria vengo porponiendo, revela que los intrumetnos que eventualmente hubiera consignado, no reflejan las reales circuntancias del vínuclo; por lo que no se puede considerar efectivamente cumplida la obligación que impone la norma.

VI.- A continuación, el Sr. Sánchez se agravia por cuanto la magistrada a quo desestimó su reclamo con fundamento en el art. 15 ley 24.013, pero adelanto que su queja no tendrá favorable andamiento dado que el recurso en el punto no cumple con lo normado por el art. 116 LO.

En tal entendimiento, cabe tener presente que la recurrente trascribe fragmentos del fallo, del intercambio postal y antecedentes jurisprudenciales, mas no controvierte de manera acertada las conclusiones arribadas por la Jueza de grado, quien ponderó que la intimación practicada el 16/10/2012 incumplió claramente con las pautas que establece el art. 11 inc. a) LNE, en la medida que allí no se indicó el monto de la “verdadera” remuneración invocada; tornado de este modo ineficaz la requisitoria, y desestimando no sólo la pretensión de que se aplique lo dispuesto en el art. 10 LNE, sino también en el art. 15 del mismo cuerpo legal.

Así, los argumentos mediante los cuales la apelante intenta torcer la decisión no se recurrido que se hubieran constatados en cuanto a los pagos extracontables denunciados únicamente en el inicio, mas no en las comunicaciones epistolares.

Por lo expuesto, en mi opinión no corresponde alterar lo actuado en origen.

VII.- En función de lo expuesto, propongo mantener la distribución de las costas generadas en primera instancia, por cuanto Interlog SA resultó vencida en lo sustancial del reclamo (art. 68 CPCCN).

VIII.- Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, habré de señalar que para justipreciar los honorarios, es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.

Ello así en concordancia con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250), así como el reciente CSJN 32/2009 (45-E)/Cs1 ORIGINARIO “Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” que guarda relación con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020” de fecha 8 de noviembre de 2017.

Allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se realizaron en su mayoría estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38 de la ley 18.345, el Art. 13º de la ley 24.432 (DL 16.638/57) habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

En tal entendimiento, observo que la cuantía de los honorarios regulados en primera instancia que llegan apelados, con base en el mérito y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes, luce equitativa, por lo que sugiero su confirmación (art. 38 L.O. y demás normas del arancel vigentes).

IX.- Las costas de alzada deberán ser soportadas en el orden causado, atendiendo a la suerte obtenida por los recursos (art. 68 2º CPCCN).

A tal fin, propongo regular los honorarios de los profesionales intervinientes, en el 30% (treinta por ciento), de lo que les corresponda por su actuación en la instancia previa -ley 27.423-.

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO: por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado. 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, en el ...% (treinta por ciento), de lo que les corresponda por su actuación en la instancia previa 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

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