JURISPRUDENCIA

Concurso preventivo. Revisión de créditos. Prejudicialidad. Entidades bancarias

  

Se confirma la resolución mediante la cual el juez admitió la revisión promovida por las entidades bancarias, al concluirse que el saldo deudor cuya verificación se pretendía -entre otros rubros- quedó conformado por la anulación de los débitos oportunamente solicitados por la concursada mediante el sistema de cobranzas de facturas que la entidad financiera ofrecía a sus clientes a través del servicio “Galicia Office” al cual se adhirió. Asimismo, se descartó el planteo de prejudicialidad, en tanto la materia involucrada en la causa penal no guardaba relación con el objeto del incidente comercial.

 

 

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Buenos Aires, 13 de mayo de 2019.

Y VISTOS:

1. La concursada apeló la resolución de fs. 803/10, mediante la cual el Sr. Juez a quo admitió la revisión promovida por el Banco de Galicia y Buenos Aires SA. Su memorial de fs. 815/24 fue contestado a fs. 826/30 por la entidad financiera y a fs. 833/36 por la sindicatura.

2. La expresión de agravios no contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la recurrente consideró equivocadas (cpr. 265, 266; CNCom. esta Sala in re "Industrias Rab s/ quiebra s/ incidente de pronto pago por Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires" del 20.11.06; idem in re "Refmar S.R.L. c/ Zetone y Sabbag S.A. s/ ejecutivo s/ incidente de ejecución" del 21.05.08), por lo que corresponde declarar desierto el recurso.

Con excepción de ciertas manifestaciones formuladas en relación a la resolución del Sr. Juez -que no constituyen una adecuada refutación de los argumentos en los cuales se sustentó el decisorio-, el extenso memorial es copia prácticamente textual de la contestación del traslado del incidente.

De tal manera se advierte claramente que el recurso no se refirió a los fundamentos del fallo atacado, que decidió denegar el planteo de prejudicialidad y verificar los montos generados en la cuenta corriente de titularidad de la concursada.

En lo que atañe a la suspensión del incidente en razón de la prejudicialidad, fue acertada la decisión del a quo, en tanto conforme resulta de las copias certificadas de las causas penales en relación a las cuales se formuló el planteo, la materia involucrada en aquéllas no guarda relación con el objeto de este incidente. Repárese que mientras que aquí se debate la existencia y legitimidad del saldo deudor de la cuenta corriente de titularidad de la deudora, en sede represiva se investiga la denuncia formulada por Prosegur SA respecto del débito que se formuló en su cuenta corriente, o sea, sujeto ajeno a este incidente.

Y si bien la reversión de ese crédito, conjuntamente con el formulado respecto de Schenker SA, constituyen débitos incluidos en el saldo deudor que aquí se reclama, como se dijo, no es la licitud de esa reversión la materia cuestionada en sede penal.

Para que proceda la suspensión a la que alude el art. 1101 del CCIV, es necesario que tanto el proceso penal como el civil reconozcan la misma causa, es decir, que el mismo hecho que motiva la acusación penal, sea el que origina la pretensión de ser resarcido por el ilícito en sede civil (CNCom., Sala E, in re “Círculos Integrados SA de Ahora y Préstamo s/ Quiebra” del 16.10.15 y sus citas), lo que no acontece en el sub lite.

A lo expuesto, cabe agregar que las pruebas realizadas en la causa son suficientes para admitir la revisión.

El saldo deudor cuya verificación se pretende, entre otros rubros, quedó conformado por la anulación de los débitos oportunamente solicitados por la concursada mediante el sistema de cobranzas de facturas que la entidad financiera ofrece a sus clientes a través del servicio “Galicia Office” al cual se adhirió, tal como resulta de la documental aportada por el incidentista (v. fs. 157/59), extremo que se ve corroborado por las declaraciones formuladas por Héctor Preatonio, socio gerente de la sociedad, al presentarse en la causa penal como consecuencia del llamado a indagatoria.

La prueba informativa da cuenta que, tal como lo sostuvo el revisionista, los débitos solicitados por Mittsuhito SRL fueron posteriormente desconocidos por las titulares de las cuentas (Prosegur y Schenker), motivo por el cual se procedió a la reversión pertinente, de acuerdo a las disposiciones de la Comunicación “A” 5054 del BCRA (v. fs. 463 y 476).

Ello además, se corrobora con la pericial informática, no impugnada por la deudora, de la que resulta que a través del sistema “Galicia Office” aquélla solicitó dos órdenes de débitos que coinciden con las informadas por el incidentista y las entidades oficiantes a fs. 463 y 476.

Por otra parte, pese al desconocimiento y negativa formulada por los Sres. Preatonio al ser citados a reconocer la filmación correspondiente al retiro de los fondos (v. fs. 512 y fs. 515), en la causa penal ya referida, los nombrados no solo reconocieron sino que también explicaron detalladamente el retiro de las sumas (v. fs. 686), incluso en esa oportunidad aportaron constancias documentales que dan cuenta del monto retirado y correspondiente a cada una de las empresas (v. fs. 650).

Los antecedentes hasta aquí reseñados son suficientes para rechazar el recurso y confirmar la resolución verificatoria dictada en la causa.

3. Por lo expuesto, se rechaza el recurso de fs. 813 y se confirma la decisión apelada, con costas por resultar vencida. (Cpr. 69).

4. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

5. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN y, devuélvase al Juzgado de origen.

6. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 5 (conf. Art. 109 RJN).

 

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

 

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