JURISPRUDENCIA

Delitos. Simulación dolosa de pago. Régimen penal tributario. Sobreseimiento. Ley 27430. Condiciones objetivas de imputabilidad. Ley penal más benigna

 

Se confirma la sentencia que sobreseyó al imputado en orden al delito de simulación dolosa de pago (artículo 6 de la ley 24.769) con relación al impuesto al valor agregado, por aplicación de la nueva ley 27.430 y al no superar el monto presuntamente simulado por la misma. Así, en función del principio de la ley penal más benigna, tal conducta quedaría por afuera de reproche penal, considerando que la misma no constituía delito.

 

 

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Córdoba, 29 de marzo de 2019.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “L. , V. H. s/SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO” (Expte. N° FCB 26713/2015), venidos a conocimiento de la Sala A de esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la resolución dictada con fecha 16 de octubre de 2018, por el Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso: “I. SOBRESEER a V. H. L. , DNI N° ..., en orden al delito de “Simulación dolosa de pago” (art. 6 de la ley 24.769) en relación al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los meses septiembre, octubre y noviembre del año 2013, por la suma de $ 225.001,60, por aplicación de la nueva ley 27.430 (art. 10) y en los términos de los arts. 335 y 336 inc. 3 del C.P.P.N. al no superar el monto presuntamente simulado por la ley referenciada, con la declaración que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado...”.

Y CONSIDERANDO:

I.- Con fecha 16 de octubre de 2018, el señor Juez Federal de Villa María dictó la resolución cuya parte dispositiva ha sido transcripta precedentemente.

Para así resolver sostuvo que en función de la modificación del art. 10 de la Ley 24.769, la nueva Ley 27.430, subió las condiciones objetivas de punibilidad a “ ....pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada ejercicio anual en el caso de las obligaciones tributarias y la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada mes, en el caso de los recursos de la seguridad social...”. (v.fs. 152).

En función del principio de la ley penal más benigna, tal conducta quedaría por afuera de reproche penal, considerando que la misma no constituye delito.

En virtud de lo expuesto, dictó el sobreseimiento en la presente causa a favor de V. H. L. en razón de que la ley 27.430 modificatoria de la ley 24.769 -texto según ley 26.735-, en su título IX, concerniente al Régimen Penal Tributario, ha elevado el tope establecido como condición objetiva de punibilidad para el delito de simulación dolosa de pago, en el caso por un monto total de pesos doscientos veinticinco mil un con sesenta centavos ($225.001,60) mediante la incorporación de retenciones inexistentes en las declaraciones juradas Rectificativas N° 1 del Impuesto al Valor Agregado de los meses de Septiembre, Octubre y noviembre del año 2013, las cuales fueron presentadas con fecha 26/08/2014, por aplicación de la nueva ley 27.430 (art. 10) y en los términos de los arts. 335 y 336 inc. 3°.

II.- En contra de dicho pronunciamiento, el Fiscal Federal interpuso recurso de apelación con fecha 17 de octubre de 2018. (fs. 118/129).

Así, el Ministerio Público Fiscal expresó que conforme lo señalado por resolución PGN 18/18 de fecha 21 de febrero de 2018, resulta conveniente volver a adoptar la instrucción general impartida mediante resolución PGN 5/12, para la reciente reforma de la ley penal tributaria (Ley 27.430) toda vez que la misma tiene similares características a la modificación oportunamente realizada por la ley 26.735. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.

III. Ya ante esta Alzada el señor Fiscal General con fecha 25.10.2018 informó según lo previsto por el art. 454 del CPPN (fs. 129/131vta.).

El Fiscal General expresa que lo que constituye motivo de agravio es una cuestión esencialmente de naturaleza jurídica circunscripta a establecer la correcta interpretación y aplicación en este caso concreto de lo dispuesto en los arts. 18 de la CN, art. 9 de la CADH, 2 del CP 1° de la Ley 24.769 (modificado por la 27.430) y 336 inc. 3° del Código Procesal Penal de la Nación.

De modo que cómo se efectúe dicha interpretación, dependerá en definitiva que nos encontremos ante un hecho punible o no punible.

El Fiscal General dejando a salvo su criterio, manifiesta que siguiendo las instrucciones impartidas por el Procurador General de la Nación interino en la resolución PGN 18/18 de fecha 21 de febrero de 2018, viene a solicitar la revocación de la resolución que dispone el sobreseimiento de la imputada. Ello así, porque en la citada resolución se dispuso la conveniencia de volver a adoptar la instrucción general impartida mediante resolución PGN 5/12, para la reciente reforma de la ley penal tributaria (Ley 27.430) toda vez que la misma tiene similares características a la modificación oportunamente realizada por la ley 26.735.

Así, refiere el Fiscal General que en aquel momento el entonces Procurador General entendió que la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna a la que se tiene derecho en virtud de las disposiciones de los arts. 9 de la CADH y 15 del PIDCYP, no consiste en la aplicación mecánica o irreflexiva de cualquier ley posterior al hecho imputado por la sola razón de que ella beneficiaria al acusado en comparación con la ley vigente en el momento de la comisión del hecho sino que al contrario el sentido del principio es asegurar que las penas no se impongan o mantengan cuando la valoración social que pudo haberlas justificado en el pasado ha cambiado, de modo que lo que antes era reprobable ahora no lo es, o no lo es tanto.

Entiende que resulta equivocada la decisión del Juez Federal al ordenar el sobreseimiento del imputado V. H. L. , fundada en que los hechos que se le atribuyen no encuadran en una figura penal conforme el art. 16 de la CN, 9 de la CADH, 2 del CP. 1 de la Ley 24.769 modificada por leyes 26.735 y 27.430 y 336 inc. 3° del CPPN, y en consecuencia, debe ser revocada (art. 12, incs. “a” y “h”, y concordantes de la Ley 27.148). Cita jurisprudencia. Hace reserva de Casación y del caso federal (fs. 165/167vta.).

IV. Entrando a analizar la cuestión de fondo de acuerdo a la integración dispuesta a fs. 133, el orden de sorteo resulto ser: en primer lugar la doctora Graciela S. Montesi, en segundo lugar al doctor Ignacio María Vélez Funes y en tercer lugar el doctor Eduardo Ávalos.

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela Montesi, dijo:

El recurso de autos puso en crisis la resolución de fecha 16 de octubre de 2018 dictada por el Juez Federal de Villa María, mediante la cual se ordenó el sobreseimiento de V. H. L. , en orden al hecho calificado provisoriamente como “Simulación dolosa de cancelación de obligaciones”, de acuerdo a lo establecido por los arts. 2 del C.P. y 336 inc. 3ero del C.P.P.N.

Cabe aclarar que esta Sala ha adoptado ya criterio en orden al asunto traído a estudio en autos: “FINISHMENT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 24.769 (EXPTE N° FCB 37844/2014/CA2)”, “PEREYRA, LILIANA PATRICIA S/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA (EXPTE N° FCB 16636/2016/CA1); “NAHAS, RAÚL ANGEL (IMPUTADO) y otros S/ INFRACCIÓN LEY 24.769 (EXPTE N° FCB 36215/2013/CA1); “BENITEZ, HECTOR ALBERTO (SOBRESEIDO) S/ INFRACCIÓN LEY 24769 (EXPTE N° FCB 703/2017/CA1)” entre otros, por lo que siguiendo tal temperamento, adelanto que el recurso interpuesto no debe prosperar.

En dichos precedentes, se expuso que el día 29 de diciembre de 2017 fue publicada en el Boletín Oficial la ley 27.430, cuyo artículo 280 deroga la Ley 24.769, en tanto el artículo 279 dispone un nuevo Régimen Penal Tributario que, entre otras modificaciones, eleva los montos previstos como condición objetiva de punibilidad previstos por la ley derogada.

Así, el tipo penal de “Simulación dolosa de cancelación de obligaciones” contemplado en el nuevo art. 10 de la Ley 27.430, enrostrado a la imputada, ha quedado descripto de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que mediante registraciones o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardid o engaño, simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros, siempre que el monto simulado superare la suma de quinientos mil ($ 500.000) por cada ejercicio anual en el caso de obligaciones tributarias y sus sanciones, y la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada mes, en el caso de recursos de la seguridad social y sus sanciones.”.

Nos preguntamos así qué sucede si, como en el caso de autos, la ley vigente al momento de comisión del hecho no se halla vigente al momento del dictado del fallo por una modificación legislativa posterior, ya que nuestra Constitución Nacional en su artículo 18 establece que la ley penal no puede ser aplicada retroactivamente, ya que implicaría violar la garantía constitucional de que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Es decir, que -como regla- la ley penal es irretroactiva y rige para el futuro.

El conflicto de la ley aplicable es resuelto por el art. 2 del Código Penal, al establecer una excepción a la regla general de irretroactividad, al disponer que: “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.

De esta manera, el Código Penal -mediante el citado art. 2- autoriza la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, siendo esta una garantía legal cuya aplicación procede de pleno derecho.

A su vez, a partir de la reforma constitucional efectuada en el año 1994, la retroactividad de la ley penal más benigna encuentra fundamento en los tratados internacionales incorporados con idéntica jerarquía (art. 75 inc. 22 de la C.N.). Concretamente, el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el particular que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”

En el caso de autos, el Juez instructor, al momento de dictar sentencia, resolvió que al haber reducido la nueva norma el campo de ilicitud penal en materia tributaria, constituyendo un régimen penal más benigno correspondía en virtud del principio de excepción de la retroactividad de la ley penal más benigna, la aplicación de la nueva normativa, que entró en vigencia el 29 de diciembre de 2017. Ello por cuanto se imputa a V. H. L. el hecho calificado provisoriamente como simulación dolosa de cancelación de obligaciones, en relación al impuesto al Valor Agregado, por un monto de pesos doscientos veinticinco mil un con sesenta centavos ($225.001,60) mediante la incorporación de retenciones inexistentes en las declaraciones juradas Rectificativas N° 1 del Impuesto al Valor Agregado de los meses de Septiembre, Octubre y noviembre del año 2013 las cuales fueron presentadas con fecha 26/08/2014.

A su vez, resulta pertinente recordar que, ante una instrucción similar (PGN 5/12) de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal en virtud del dictado de la ley 26.735 -que modificó la ley 24.769-, los fiscales inferiores interpusieron en su momento numerosos recursos que fueron rechazados por la Cámara Federal de Casación Penal, así como posteriormente fueron rechazados los recursos extraordinarios o quejas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, con fecha 18/2/2014 en autos "Soler, Diego s/recurso de casación", S.765.XLVIII, la Corte resolvió desestimar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal con la sola invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dicho artículo establece que la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de dicha norma puede rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Desde esa fecha y hasta la actualidad, la Corte Suprema se ha pronunciado en numerosos casos en igual sentido, por lo que la Procuración General de la Nación a los efectos de evitar dispendios jurisdiccionales resolvió dejar sin efecto la instrucción 5/2012.

No obstante ello, con fecha 21.02.2018 se dictó la Resolución PGN N°18/18, que -como dije anteriormente-plantea una situación similar a la Resolución 5/2012, por lo que ante esta particular situación y a los fines de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario, considero que siguiendo el criterio expuesto de esta Alzada debe confirmarse la resolución apelada, ya que el legislador lo que ha tenido en miras es la desincriminación de determinadas conductas que hasta la sanción de la mencionada ley constituían un delito penal.

Por ello, corresponde confirmar la resolución dictada con fecha 16 de octubre de 2018, por el Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso sobreseer al encartado V. H. L. , en orden al hecho calificado provisoriamente como simulación dolosa de cancelación de obligaciones, en relación al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y noviembre del año 2013, por la suma de pesos doscientos veinticinco mil un con sesenta centavos ($225.001,60) mediante la incorporación de retenciones inexistentes en las declaraciones juradas Rectificativas del Impuesto al Valor Agregado, las cuales fueron presentadas con fecha 26/08/2014 (conf. arts. 279 y 280 de la ley 27.430), de acuerdo a lo establecido por los arts. 335 y 336 inc. 3ero del CPPN, con la expresa mención que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado los imputados. Sin Costas (art. 530 y 531 CPPN). Así voto.

El señor Juez de Cámara, Doctor Ignacio Vélez Funes, dijo:

Compartiendo en un todo el criterio sostenido por la señora juez preopinante, voto en igual sentido. Así voto.

El señor Juez de Cámara, Doctor Eduardo Ávalos, dijo:

Comparto el criterio exteriorizado por la señora juez del primer voto, me expido en igual sentido. Así voto.

SE RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fecha 16 de octubre de 2018 dictada por el Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso sobreseer a V. H. L. (DNI N° ...), en orden al delito de Simulación dolosa de cancelación de obligaciones en relación al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los meses septiembre, octubre y noviembre del año 2013, por la suma de $ 225.001,60, por aplicación de la nueva ley 27.430 (art. 10) y en los términos de los arts. 335 y 336 inc. 3 del CPPN al no superar el monto establecido por la citada ley, con la declaración que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado (conf. Art. 18 de la C.N., art. 9 de la C.A.D.H., art. 2 del C.P., arts. 279 y 280 de la ley 27.430).

II.- Sin Costas (art. 530 y 531 CPPN).

III.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.-

 

GRACIELA MONTESI

JUEZ DE CAMARA

IGNACIO VELEZ FUNES

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO AVALOS

JUEZ DE CAMARA

MARIO OLMEDO

SECRETARIO DE CAMARA

 

  Correlaciones:

R., G. D. s/recurso de casación - Trib. Casación Penal - Sala III - 22/10/2013 - Cita digital IUSJU216758D

 

 

Cita digital:IUSJU036985E