JURISPRUDENCIA

Recurso extraordinario. Arbitrariedad de sentencia. Entidades bancarias. Compra de moneda extranjera. Unidad de Información Financiera. Sanción de multa. Defensa en juicio

 

Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, en cuanto dejó sin efecto el quantum de las sanciones impuestas por la Unidad de Información Financiera a ciertos oficiales de cumplimiento y a una entidad bancaria, por el incumplimiento de la obligación de reportar determinadas operaciones de compra de moneda extranjera. Ello es así porque resulta claro que el tratamiento del a quo se agotó en el planteo de prescripción sin expedirse sobre los restantes argumentos exculpatorios expresados por los recurrentes respecto de la materialidad de las conductas endilgadas y de su eventual falta de responsabilidad en su realización, omitiendo la Alzada tratar cuestiones que hacían al derecho de defensa en juicio de los sancionados.

 

 

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Buenos Aires, 26 de febrero de 2019.-

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por los actores en la causa Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ recurso directo", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), mediante resolución 72/2011, del 9 de junio de 2011, impuso a los señores Juan Pablo Brito Devoto y Luis Carlos Cerolini, por su desempeño como Oficiales de Cumplimiento en el Banco Macro S.A., multas por las sumas de $ 426.885 y $ 290.836, respectivamente; asimismo, aplicó idénticas sanciones pecuniarias a esta entidad bancaria. La conducta reprochada consistió en el incumplimiento de la obligación de reportar las operaciones de compra de moneda extranjera que había efectuado la señora Andrea Melisa Carabajal en dicho banco du rante el período comprendido entre el 11/10/2006 y el 22/08/2007 (art. 24, incs. 1° y 2°, de la ley 25.246).

2°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los sumariados (art. 25 de la ley 25.246) contra la resolución U.I.F. 72/2011, dejó sin efecto el quantum de las sanciones impuestas y ordenó devolver las actuaciones a la U.I.F. a fin de que se determinaran nuevamente las multas.

Para así decidir, en cuanto aquí interesa, puso de relieve -con cita de jurisprudencia de esa cámara- el carácter instantáneo de la infracción imputada, como así también que el plazo de prescripción que rige la materia es el de dos años (arts. 62, inc. 5°, y 63 del Código Penal); que las operaciones que debieron reportarse como sospechosas ocurrieron entre el 11/10/2006 y el 22/08/2007, y que el Banco Macro S.A., por un lado, y los señores Brito Devoto y Cerolini, por otro, habían sido notificados los días 5/03/2009 y 17/04/2009, respectivamente, de la citación para presentar sus descargos. Con arreglo a ello, concluyó que, al momento en que se produjeron estos actos, la acción punitiva se encontraba prescripta por estar vencido el plazo de dos años: hasta el 5/03/2007 respecto del Banco Macro S.A. y hasta el 17/04/2007 respecto de los señores Brito Devoto y Cerolini.

Por último, en relación a las restantes operaciones efectuadas por la señora Carabajal -durante el período transcurrido desde el 5/03/2007 y desde el 17/04/2007 hasta el 22/08/2007- no comprendidas en la prescripción decretada, sostuvo que correspondía devolver las actuaciones a la U.I.F. para que readecuara las multas aplicadas.

3°) Que, contra lo así decidido, los actores interpusieron recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la Presente queja.

Los agravios que sustentan la arbitrariedad que se atribuye a lo decidido por la cámara pueden resumirse así: a) el a quo no dio respuesta a la totalidad de sus planteos defensivos, ya que, únicamente, se limitó a analizar la prescripción de la acción y, posteriormente, le encomendó a la U.I.F. que determinara el quantum de las sanciones por los hechos que no estaban prescriptos; b) el fallo apelado resulta violatorio de los derechos y garantías constitucionales que asisten a los recurrentes (art. 18 de la Constitución Nacional), porque, sin un mínimo examen de la prueba aportada, ni de la responsabilidad que les cupo en la realización de las conductas endilgadas, dejó a criterio de la U.I.F. la imposición de un nuevo quantum de las multas aplicadas por los hechos imputados; c) el estudio de estas cuestiones hubiera demostrado -más allá del cargo que objetivamente desempeñaban en la entidad bancaria-su ajenidad con respecto a los hechos imputados; y d) la cámara, infundadamente, omitió tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 25.246.

4°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, sin perjuicio de que los agravios de los apelantes remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común propias de los jueces de la causa y ajenas, en principio, por su naturaleza a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no impide a esta Corte conocer de la apelación deducida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, habida cuenta que, por esa vía, se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias de la causa (Fallos: 297:100 y 222; 304:1510; 323:2314; entre otros).

5°) Que, dentro de este marco, es útil recordar que tiene dicho esta Corte que es descalificable -con base en la mencionada doctrina- la sentencia que omitió el tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por el recurrente, y que cuando la cámara valoró en forma fragmentaria la prueba y omitió tratar aspectos conducentes para dirimir el pleito, ello se traduce en la falta de fundamentación adecuada de la sentencia con la consiguiente afectación de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso legal (Fallos: 261:209; 312:2507; 322:2880; 324:1994; 326:2537; 330:4983; entre otros).

6°) Que, con arreglo a lo expuesto, es claro que el tratamiento del a quo se agotó en el planteo de prescripción sin expedirse sobre los restantes argumentos exculpatorios expresados por los recurrentes respecto de la materialidad de las conductas endilgadas y de su eventual falta de responsabilidad en su, realización. En línea con ello, el fallo de la cámara ordenó devolver las actuaciones a la sede de la U.I.F., al único efecto de que se determinara nuevamente el quantum de las sanciones impuestas.

7°) Que, en tales condiciones, la omisión en que incurrió la cámara de tratar cuestiones que hacían al derecho de defensa en juicio de los sancionados (art. 18 de la Constitución Nacional), llevan a la descalificación de la sentencia, en este aspecto, con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen, para que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido por la presente.

Reintégrense los depósitos de fs. 2, 60 y 62, y agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase.

 

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

RICARDO LUIS LORENZETTI

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Banco Macro SA y otros c/UIF s/Código Penal - ley 25246 - decreto 290/07 art. 25- Cám. Nac. Cont. Adm. Fed.  - 31/10/2016- Cita digital: IUSJU011060E

 

Cita digital:IUSJU036992E