JURISPRUDENCIA

Recurso de apelación. Copias digitales. Apercibimiento de ley. Defensa en juicio

 

Se confirma la providencia en virtud de la cual se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y se tuvo por no presentada la contestación de la expresión de agravios agregada, al comprobarse que la parte fue intimada a acompañar una copia digital del escrito presentado en soporte papel, pero fueron incorporadas de forma defectuosa, de manera que la decisión de hacer efectiva la sanción, habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado, no pudo generarle menoscabo alguno.

 

 

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Buenos Aires, 11 de marzo de 2019.-

Y Vistos. Considerando:

La parte demandada interpuso a fojas 1290/99 un planteo de revocatoria contra la providencia de fojas 1253 en virtud de la cual se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fojas 1242, teniendo por no presentada la contestación de la expresión de agravios agregada oportunamente a fojas 1231/41.

Cuestiona la apelante esta decisión, invocando en sustento de su reclamo la doctrina y jurisprudencia que entienden que la omisión de las exigencias del expediente digital, no puede traer aparejado la pérdida de un derecho material superior de carácter constitucional, como lo es el derecho de defensa en juicio. Asimismo, plantea nulidad e inconstitucionalidad de la resolución en cuestión, por falta de intervención del Ministerio Público de modo previo al dictado de la resolución que se recurre, habida cuenta la existencia de menores.

A fojas 1322 dictaminó el señor Fiscal de Cámara.

Preliminarmente, antes de evaluar la procedencia de la queja, es del caso remarcar tal como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (cfr. arg. 386 del Código Procesal).

Planteado así el tema sujeto a debate diremos que, de acuerdo se desprende de los términos de la Acordada 3/2015 de la CSJN, resulta obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de la veinticuatro horas de la presentación del escrito en formato papel, complementándose de este modo, la normativa emergente del artículo 120 del Código Procesal, en punto a la informatización de los procesos judiciales.

Cabe aclarar que no se encuentra modificado el Código Procesal por la sanción de la Acordada 3/2015 CSJN, sino que adapta el sistema legal vigente a las posibilidades que provee la tecnología en aras de obtener un mejor servicio de justicia, haciendo viable los objetivos perseguidos por el legislador al sancionar la ley 26.285 (Cfr. CNCiv., Sala I, “Gonzalez Laura Irene c/Mikhno Oleg s/Ds. y Ps.” 14-08-17).

Ahora bien, teniendo en cuenta que en fecha 21 de septiembre de 2018, se intimó a la parte a acompañar copia digital completa de su presentación bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 120 del Código Procesal (ver fojas 1242), y que luego de ello ingresó sucesivamente a la bandeja del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales el 18/9, 27/9 y 28/9 copias digitales de forma incompleta, la decisión de fecha 16 de octubre -hoy recurrida- de hacer efectiva la sanción y habiendo transcurrido ampliamente el plazo mencionado “supra”, no puede generarle menoscabo alguno, teniendo en cuenta que tuvo tiempo de cumplir en debida forma con lo pautado en la Acordada y no lo hizo.

Se observa al respecto, que cada una de esas copias subidas al sistema fueron incorporadas de forma defectuosa.

En punto al planteo de inconstitucionalidad, cabe señalar que al haberse incoado en contra de una resolución y no de un normativa, la vía intentada para impugnar el decisorio resulta claramente improcedente.

La misma suerte correrá el pedido de nulidad sustentado en la supuesta falta de intervención del Ministerio Público Pupilar, ya que a poco que se coteja las constancias de la causa, se concluye que lo alegado no se condice con lo efectivamente sucedido, en tanto que, cada vez que fue necesaria la injerencia del Defensor de Menores, se le confirió la debida vista.

Por lo demás, y contrariamente a lo pretendido por la quejosa, cabe remarcar que no era pertinente remitirle al Defensor las actuaciones, de modo previo al dictado de la providencia recurrida, vinculada ésta a una intimación a cumplir con los requisitos del expediente digital.

Como corolario de todo lo expresado y demás fundamentos expuestos por el señor fiscal de Cámara a los cuales se hace expresa remisión a fin de evitar repeticiones innecesarias, se rechazan los planteos de nulidad e inconstitucionalidad entablados.

Por último, y no encontrando en el esbozo de revocatoria ningún fundamento de peso que justifique un cambio de decisión, se lo rechaza y se confirma -como consecuencia de ello- el proveído de fojas 1253, lo que así SE RESUELVE. Sigan los autos según su estado. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Hágase saber que esta sentencia será enviada al Centro de Información Judicial a los fines de su publicación en los términos de la ley 26.856, su dec. reglamentario 894/13 y las acordadas de la CSJN 15/13 y 24/13. Firma la doctora Liliana Abreut de Begher por resolución 296/18 y el doctor Víctor F. Liberman por resolución 1369/18.

 

Patricia Barbieri

Liliana Abreut de Begher

Víctor F. Liberman

 

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Cita digital:IUSJU036533E
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