JURISPRUDENCIA

Aportes y contribuciones. Impugnación de deuda. Presunción de legitimidad. Acto administrativo. Determinación de deuda. Pago previo. Principio solve et repete

 

Se declara desierto el recurso de apelación deducido por la actora, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864, es decir, el pago previo de la deuda por aportes y contribuciones determinada por la Administración. En este punto, el tribunal destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió en reiteradas oportunidades la validez constitucional de la exigencia del pago previo de la deuda, como requisito previo a la intervención judicial y, asimismo, interpretó no cumplidas ninguna de las excepciones creadas por la jurisprudencia para omitir su pago.

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre del 2018, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos AGROLIVO S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS RENÉ HERRERO DIJO:

Apela la actora la resolución administrativa del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social que no hizo lugar a la solicitud de revisión presentada por el contribuyente.

En su escrito recursivo la impugnante solicita sea declarada la inaplicabilidad del principio solvet et repete. A su vez, manifiesta que en la resolución recurrida se realizó una errónea apreciación de los hechos prueba y derecho aplicable.

Ahora bien, respecto al requisito establecido en el art.. 15 de ley 18.820 (modif. por ley 23.473), en numerosos precedentes he sostenido la legitimidad de esa exigencia para habilitar esta instancia judicial, requiriendo su cumplimiento, en orden a los argumentos que expondré a continuación.

I - El art. 12 , 1a. parte de la ley 19.549 (de Procedimientos Administrativos) dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad: su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca la contrario”.

Hutchinson señala que la presunción de legitimidad que ostentan los actos de la administración supone que los mismos han sido dictados de conformidad al ordenamiento. Por ello, es al particular a quien corresponde la carga de probar su eventual invalidez; y, con cita de Juan C. Cassagne, expresa: “Si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el cumplimiento (sic) de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común” (cf. Tomás Hutchinson, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, pág. 109).

II - Así, el acto administrativo alcanzado por esta presunción reviste carácter obligatorio y exigible, de lo cual deriva la potestad que le asiste a la administración de hacerlo cumplir coercitivamente por sí o por terceros (ejecutividad).

Sin embargo, ello no implica que los particulares no puedan cuestionar su legitimidad mediante los recursos administrativos y/o judiciales que, como se ha dicho, no suspenden la ejecución del acto, salvo que una norma expresa así lo ordene.

III - Esta peculiaridad del acto administrativo lleva a que el recurso de apelación que autoriza el art. 174 de la ley 11.683 (de Procedimiento Tributario) contra la sentencia del Tribunal Fiscal se conceda “en ambos efectos”, dejando expedita la vía judicial al Fisco para ejecutar la deuda impositiva determinada, si el impugnante no acredita haber efectuado el depósito previo dentro de los treinta (30) días de notificada la sentencia o la resolución que aprueba la liquidación.

En el ámbito previsional, en cambio, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechaza la impugnación de una determinación de deuda por aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social tiene efecto “suspensivo”, toda vez que la deuda sólo se puede ejecutar si el recurso se desestima -a través de una resolución fundada- por incumplimiento del depósito previo, o cuando el Tribunal no exime al obligado por imposibilidad de pago. En este supuesto, la posibilidad de ejecutar el crédito queda supeditada a la suerte que le depare la sentencia al recurso instaurado.

En síntesis, si bien el “depósito previo” constituye en el procedimiento tributario y en el previsional un requisito de admisibilidad del recurso deducido, en el primero su cumplimiento está sujeto a un plazo fatal -so riesgo de tornar ejecutable el crédito reclamado- mientras que en el segundo, es el Tribunal quien mediante una resolución fundada declara cumplida -o no- la obligación legal. Por ende, las causales que eventualmente se invoquen para exceptuarse del pago previo en el ámbito previsional deben merituarse con criterio restrictivo, a la luz de los principios de igualdad ante la ley y de justicia distributiva que enmarcan el análisis de la presente cuestión.

IV - La exigencia del solve et repete -como señala Giorgio Tesoro- constituye una más vigorosa y penetrante especificación de la ejecutoriedad del acto administrativo; el acto de determinación no sólo es ejecutivo -como todos los actos administrativos- sino que su legitimidad no puede ser discutida sin previo y efectivo cumplimiento.

La regla del depósito previo, entonces, no es ni caprichosa ni arbitraria. Constituye, por el contrario, una razonable derivación del interés público que persigue el derecho tributario y uno de los pilares en el que se asienta la eficacia de la gestión fiscal del Estado.

V - Se ha señalado -en este sentido- que la máxima solve et repete tiene como único fundamento las impostergables necesidades de las finanzas, por lo que la validez del acto administrativo de determinación impositiva está fundada en razones de orden y seguridad públicos, y su necesario corolario es la regla que impone el respeto y la obligación de pagar el impuesto para seguir reclamando por las vías legales (cf. Roberto Tamagno, “La determinación tributaria”, Enciclopedia Jurídica Omeba, T.VII, pág. 771).

Asimismo, se ha dicho que “es posible sostener que el “solve et repete” recibe su convalidación en razones de interés general similares a las que fundan otras prestaciones obligatorias de los ciudadanos, tales como el deber de emitir el sufragio, de defender a la patria con las armas, o el de soportar restricciones en los derechos patrimoniales en pro del interés público, situaciones todas ellas en las que la realización del bien común justifica el sacrificio del bien particular” ... “Puede concluirse entonces que el principio “solve et repete” constituye un resorte que el Estado puede legítimamente utilizar en favor del interés colectivo ínsito en la celeridad y eficacia de la percepción de los impuestos, aunque para ello sea menester ocasionar las dificultades individuales que suponen el deber de pagar primero para reclamar después” (cf. Reflexiones sobre el principio “solve et repete”; Alejo A. Martínez Araujo, Luis A. Vedoya y Martín López Olaciregui; en La Ley del 14/10/97, pág. 2).

VI - La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, admitió en reiteradas oportunidades la validez constitucional de la exigencia del pago previo de la deuda determinada por la autoridad administrativa como requisito previo a la intervención judicial (cf. doctrina de Fallos 155:96; 162:263; 235:479; 238:418; 296:57; etc.). Sólo justificó apartarse de la imposición legal, en casos de monto excepcional ,en que el requisito en cuestión pudiera constituir un obstáculo insalvable para la revisión de la pena por los tribunales de justicia, fundándose en el derecho de defensa del art. 18 de la Constitución Nacional (sea porque ese pago generaría un importante desapoderamiento - Fallos, 247:181 ; 205:208 y su cita-, sea por la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarlo -Fallos, 256:38; 261:101-, sea porque se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder -Fallos 288:287; 308:381-). Sin embargo, esta excepción sólo es aplicable cuando “las constancias de autos no permitan descartar, por caprichosa, la dificultad alegada para la satisfacción inmediata de la multa impuesta”, por ello se exige que tal imposibilidad encuentre sustento en elementos objetivos de criterio agregados a los autos y se estiman insuficientes a estos efectos las manifestaciones en abstracto del interesado (cf. C.S.J.N., Fallos, 225:201; 249:221; etc.).

Con lo cual, toda vez que resultan insuficientes las manifestaciones vertidas por la administrada, tendientes a demostrar la situación de imposibilidad de pago inculpable del depósito previo exigido por la ley, lo cual sólo podría lograrse mediante balances documentados, informes contables, dictámenes actuariales, etc. que conduzcan al convencimiento por parte del tribunal de que dicho impedimiento es real y no ficticio, corresponde -por razones señaladas- desestimar el recurso de apelación interpuesto.

Finalmente, y de acuerdo al principio general contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. y el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/Administración Federal de Ingresos Públicos- D.G.I.”, sentencia del 05/10/04 -en la que remite a los fundamentos vertidos por la minoría en los precedentes “Farmacia España” (Fallos 323:1557) y “Asociación de Trabajadores del Estado” (Fallos 323:2349)-, deben imponerse las costas al recurrente vencido.

VII - Por ello, propongo que se declare desierto el recurso de apelación deducido, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 de la ley 18.820, y 12 de la ley 21.864, modificada por la ley 23.473, con costas a cargo del recurrente vencido.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO: Adhiero al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: Declarar desierto el recurso de apelación deducido, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 de la ley 18.820, y 12 de la ley 21.864, modificada por la ley 23.473, con costas a cargo del recurrente vencido.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

La vocalía nº 3 no vota por encontrarse vacante (art. 109 RJN)

 

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

LUIS RENÉ HERRERO

Juez de Cámara

ANTE MÍ:

AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

 

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Leoart y asociados SA c/Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI s/impugnación de deuda -  Cám. Fed. Seg. Soc. - Sala II - 22/06/2018

Cita digital:IUSJU036169E