JURISPRUDENCIA

Recurso extraordinario. Homicidio. Extinción de la acción penal. Plazo de caducidad. Sobreseimiento. Funcionario policial. Derechos humanos

 

Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén declaró extinguida la acción penal por cumplimiento del plazo de caducidad previsto en el artículo 56 -segundo párrafo- de la ley provincial de organización de la justicia penal, y dictó -en consecuencia- el sobreseimiento de los imputados en orden al delito de homicidio, por su posible intervención en la organización y ejecución de un procedimiento policial que culminó con la muerte de la víctima. Ello así, al concluirse que se eludió el tratamiento de la cuestión federal planteada oportunamente por la parte querellante, consistente en la validez constitucional de la norma local cuestionada con arreglo al deber convencional de esclarecer y -en su caso- condenar y sancionar las violaciones a los derechos fundamentales contemplados en documentos internacionales con jerarquía constitucional, con base en la errónea conclusión que el tema ya había sido resuelta en la primera intervención del Tribunal de Impugnación.

 

 

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Buenos Aires, 7 de mayo de 2019.-

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la querellante en la causa Fiscalía de Cámara s/investigación ref. art. 441”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los suscriptos comparten y hacen suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones expresados por el señor Procurador General de la Nación en su dictamen, a cuyos términos corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara precedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo dispuesto.

 

CARLOS FERNANDO RONSENKRANTZ

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

RICARDO LUIS LORENZETTI

HORACIO ROSATTI

 

Suprema Corte:

-I-

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén declaró extinguida la acción penal “por agotamiento del plazo procesal previsto en el artículo 56, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Justicia Penal n° 2891” y, en consecuencia, dictó el sobreseimiento de las quince personas a quienes se les imputa en este proceso responsabilidad penal por su intervención en la organización y ejecución del procedimiento policial que desembocó, el 4 de abril de 2007, en el homicidio de Carlos F. Por la comisión de ese crimen fue condenado ya, en un proceso anterior, el funcionario de la policía provincial, José Darío P., a cumplir la pena de prisión perpetua (cf. copia de la sentencia, fs. 3/11 vta.).

La parte querellante interpuso recurso extraordinario federal en el que postula que la clausura dispuesta por aplicación al caso de un plazo de caducidad establecido en una ley provincial resulta violatoria de los deberes establecidos en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cf. 12/31 vta.). El a quo entendió que el escrito de impugnación no cumplía con requisitos formales establecidos en la Acordada de V.E. n° 4/2007 y, por ello, lo declaró inadmisible (cf. fs. 32/36 vta.), lo que motivó la presentación de esta queja.

-II-

La sentencia de la corte neuquina tiene su origen en dos pronunciamientos anteriores, dictados por distintas salas del tribunal de impugnación de la provincia, propiciados por sendas apelaciones de la parte querellante.

El primero de ellos revocó el sobreseimiento dictado por la juez de garantías en razón de que había estimado cumplido el plazo razonable máximo para la duración del procedimiento penal. La parte querellante se agravió en virtud de que, según lo sostuvo, dada la naturaleza de su hipótesis acusatoria -la organización y ejecución de un procedimiento policial que habría sido injustificadamente violento para contrarrestar una protesta sindical que amenazaba con cortar una ruta- no podría descartarse que los hechos imputados constituyeran violaciones de derechos reconocidos por el Pacto de San José de Costa Rica y que, por lo tanto, sería aplicable la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual el deber internacional de perseguir tales violaciones implica la obligación de evitar la clausura anticipada de los procesos en los que se ventilan delitos de ese carácter en virtud de obstáculos formales o meras normas de derecho interno.

El tribunal de impugnación, por su parte, entendió que la estimación del plazo razonable que había realizado la magistrada de la instancia anterior desconoció sin razón la regla del artículo 56, segundo párrafo, de la ley provincial n° 2891 (Ley Orgánica de la Justicia Penal, o L.O.J.P.) que fija un plazo de dos años desde la entrada en vigencia del actual régimen local de procedimientos penales para que los procesos iniciados, como el sub examine, bajo el régimen anterior se adecúen a las nuevas normas procesales y finalicen de acuerdo con ellas. Como ese término no estaba aún vencido, el tribunal consideró erróneo el sobreseimiento dispuesto (cf. sentencia n° 25/2015, del 21 de abril de 2015; fs. 91/111 vta. del expediente n° 51/15, que corre agregado al legajo de la queja).

Agraviados por ese pronunciamiento, las defensas y el Ministerio Público Fiscal -que también había requerido el sobreseimiento- llevaron sus impugnaciones al Superior Tribunal de Justicia con la insistencia de que el proceso se había prolongado más allá del plazo razonable al que los imputados tienen derecho. La corte, sin embargo, declaró inadmisibles los recursos interpuestos (cf. fs. 183/195 vta. del ya citado expediente n° 51/15).

El segundo pronunciamiento del tribunal de impugnación fue dictado el 12 de mayo de 2016 en respuesta a la apelación de la parte querellante contra la decisión de la juez de garantías que había declarado la extinción de la acción penal, como consecuencia de que estimó que el plazo del artículo 56, segundo párrafo, de la L.O.J.P. estaba agotado, y sobreseído a los imputados (cf. resolución de sobreseimiento, fs. 1/16 vta. del legajo n° MPFNQ LEG 18555/2014 rotulado “Impugnación Extraordinaria”, agregado al presente).

El tribunal entendió, en línea con lo postulado por la parte querellante, que la naturaleza de la imputación que se ventila en este proceso no permitiría descartar que ella importe una violación grave de derechos reconocidos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos que obliga a nuestro país en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Sobre esa base, consideró que, si bien “la presente causa no es imprescriptible”, deben, sin embargo, “extremarse los cuidados a la hora de declarar una extinción de la acción penal cuando se encuentran en juego presuntas violaciones a los derechos humanos, debiendo efectuarse una interpretación armónica de todo el ordenamiento legal”. Tal hermenéutica -concluyó- impediría considerar vencido el plazo del artículo 56 de la L.O.J.P. por lo que revocó el sobreseimiento dictado “para que continúen las actuaciones según su trámite y de manera diligente y rápida se efectúe la audiencia de control de la acusación, garantizando a los imputados y víctima, la tan mentada garantía del plazo razonable” (cf. sentencia n° 43/2016, fs. 20/39 del ya citado legajo “Impugnación Extraordinaria”; los pasajes citados corresponden al voto del magistrado que opinó en primer lugar, al que adhirió el que lo hizo en último término).

La corte provincial, que intervino como consecuencia de los recursos de las defensas, anuló esa sentencia con base en la tesis de que habría contradicho lo dispuesto en el anterior pronunciamiento del tribunal de impugnación en cuanto a que sería aplicable al caso el plazo del artículo 56 de la L.O.J.P. Según la lectura que propició, de aquella decisión se seguiría “que las personas aquí imputadas -mantenidas así desde ya varios años por el solo impulso de la querella- tenían un derecho adquirido a liberarse del estado de sospecha con la culminación del proceso en fecha no posterior al 14 de enero del [2016]”.

Tras marcar esa contradicción, la sala concluyó que correspondía anular la última resolución del tribunal de impugnación y, por “razones de celeridad, coherencia jurisprudencial y aplicación uniforme de la ley”, declaró en esa misma instancia extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento de todos los imputados (cf. fs. 95/103 vta. del expediente rotulado “Impugnación Extraordinaria”, ya citado; los pasajes transcriptos corresponden a fs. 101 vta. y 102 vta. respectivamente).

Ésta es la sentencia contra la cual dirigió la querella el recurso extraordinario cuya denegación dio lugar a la presentación directa en examen.

-III-

La apelación federal se dirige contra la decisión del superior tribunal de provincia que clausuró un pleito en el que se ha puesto en cuestión la validez de las reglas del derecho procesal local que establecen plazos de caducidad del procedimiento, y en virtud de las cuales se declaró extinguida la acción penal. Según la pretensión del recurrente, esas normas son repugnantes al derecho establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional que le reconoce jerarquía constitucional, y el pronunciamiento impugnado ha sido en favor de la validez de la ley provincial.

Por ello, en mi opinión, el recurso satisface los requisitos de admisibilidad del artículo 14, inciso 2, de la ley 48. También, en mi entender, están cumplidas las exigencias del artículo 15 de esa ley.

En efecto, la parte recurrente planteó oportunamente la cuestión federal ante el tribunal de impugnación al apelar la primera resolución de sobreseimiento. Como se relató en la sección anterior de este dictamen, el tribunal encontró un error en la estimación que había efectuado la juez de garantías respecto del plazo máximo razonable para el actual proceso, en atención a que no había tomado en consideración el término fijado en la ley provincial de organización de la justicia penal para la adecuación de los procesos en curso a la nueva normativa adoptada por la provincia del Neuquén a partir de enero de 2014 (esto es, el reiteradamente citado artículo 56 de la ley provincial n° 2891). Si bien dos de los magistrados mencionaron en sus votos su creencia en el sentido de que los hechos de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la parte querellante había citado en apoyo de su planteo no eran comparables a los sucesos de esta causa (cf. voto en disidencia de la sentencia n° 25/2015, en especial, fs. 104 vta./106 del ya citado expediente n° 51/15, que en el aspecto mencionado dijo compartir uno de los magistrados que integró la mayoría; vid. fs. 107 in fine), el tribunal, en rigor, se limitó en esa ocasión a observar que los plazos procesales aplicables según la legislación local no se hallaban cumplidos todavía.

Sólo cuando esos plazos fueron declarados vencidos por la juez de garantías, el tribunal de impugnación, bien que con otra integración, tuvo ocasión de resolver la cuestión federal aducida; y así lo hizo, del modo descripto en la sección anterior, al evaluar que el deber convencional de esclarecer y, en su caso, condenar y sancionar las violaciones a los derechos fundamentales contemplados en documentos internacionales con jerarquía constitucional -tal como han sido interpretados para nuestro país por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en precedentes como “Bulacio vs. Argentina”, sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas del 18 de septiembre de 2003, y “Bueno Alves vs. Argentina”, resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 5 de julio de 2011- obligaría a ofrecer una lectura laxa de las reglas de caducidad del derecho procesal provincial que impidiera una clausura anticipada del procedimiento o prescindir de su etapa principal.

El tribunal superior neuquino, sin embargo, al entender en el asunto por el recurso de las defensas, eludió el tratamiento de la cuestión federal planteada oportunamente por la parte querellante, y abiertamente resuelta por los magistrados de la instancia anterior, y cerró el proceso por aplicación del artículo pertinente de la ley provincial de organización de la justicia penal con base en su interpretación de que esto ya había sido resuelto en el caso, con autoridad de cosa juzgada, en la primera intervención del tribunal de impugnación.

-IV-

Según lo aprecio, era menester que la corte local se pronunciara sobre la cuestión federal planteada, pues ella guardaba relación directa e inmediata con la resolución del pleito.

La validez constitucional de la norma local objetada, en la medida en que se la consideró pertinente para el caso, había sido oportunamente puesta en crisis y no podía el a quo válidamente omitir su evaluación constitucional con base en la tesis de que su aplicación había sido resuelta ya en la primera intervención del tribunal de impugnación, cuando el conflicto con el derecho federal invocado por la querella era sólo hipotético.

Efectivamente, la consideración del plazo del artículo 56 de la L.O.J.P. que introdujo el tribunal de impugnación en esa primera decisión, cuando el término aún no se había cumplido, fue el fundamento que privó al acusador particular del agravio que pretendía remediar con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos que alegó. El perjuicio recién se materializó cuando, tiempo después, el vencimiento del lapso temporal fijado en aquella regla dio lugar a la resolución de sobreseimiento que el tribunal de impugnación revocó al acoger parcialmente la interpretación propiciada por la querella.

De acuerdo con una tradicional jurisprudencia de V.E., esa omisión del a quo de pronunciarse sobre una cuestión de indudable carácter federal constituye un obstáculo para que la Corte ejerza su competencia apelada, pues en aquellos casos aptos para ser conocidos por el Tribunal según el artículo 14 de la ley 48, la intervención del superior tribunal de provincia es necesaria (cf. Fallos: 311:2478; 336:752; 339:194, entre muchos otros).

Ello es así, pues el respeto cabal del régimen federal de gobierno y de la zona de reserva jurisdiccional de las provincias impone, por un lado, reconocer a los magistrados de todas las instancias el carácter de irrenunciables custodios de los derechos y garantías de la Constitución Nacional; y, por otro, exige colocar la intervención apelada de V.E. en el quicio que ella le ha señalado: ser su intérprete y salvaguarda final (cf., además de los ya citados, Fallos: 323:2510; 326:1958; 327:347, entre tantos).

Por ello, opino -sin que esto implique emitir juicio acerca del acierto o error del fondo de la cuestión federal planteada- que corresponde hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia impugnada y ordenar que se dicte una nueva con arreglo a lo aquí expresado.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2018.

 

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

ADRIANA N. MARCHISIO

Subsecretaria Administrativa

Procuración General de la Nación

 

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