JURISPRUDENCIA

Abogados. Sanción de suspensión. Colegio Público de Abogados. Tribunal de Disciplina

 

Se confirma la sanción de tres meses en el ejercicio de la profesión impuesta a un abogado en una causa iniciada de oficio por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, a partir de la comunicación cursada por el presidente de la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en donde se pusieron en conocimiento las expresiones inapropiadas empleadas en numerosos escritos presentados por el sancionado en una causa judicial contra algunos camaristas. Ello es así porque no se advirtió en la tramitación de la causa disciplinaria ninguna irregularidad que afectase el derecho de defensa del actor.

 

 

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Buenos Aires, 15 de noviembre de 2018.-

VISTO:

El recurso directo de apelación deducido por el actor a fs. 282/318 contra la resolución de fs. 258/276 vta.; y

CONSIDERANDO:

1º) Que, las actuaciones administrativas se iniciaron a raíz de la comunicación cursada por el Sr. presidente de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mediante la que puso en conocimiento, conforme lo decidido por ese Tribunal el 25 de noviembre de 2014, que el letrado V. J. K. formuló diversas “expresiones inapropiadas” y “constantes amenazas” en numerosos escritos presentados en la causa 95072/2008 “Álvarez Dante Lionel c/ Taboada, Paola Vanesa s/ alimentos s/ art. 250 C.P.C.-incidente Civil”, en violación a lo dispuesto en el art. 22, inc. a, b, y e, del Código de Ética profesional (v. fs. 1/29).

2º) Que, el 29 de noviembre de 2017, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso al mencionado letrado una sanción de suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, inciso d, de la ley 23.187 (v. fs. 258/276 vta.).

Para resolver de ese modo, después de efectuar una detallada descripción de las presentaciones y actuaciones judiciales que darían cuenta de la conducta inapropiada del letrado encartado, y también de las actuaciones administrativas, sostuvo:

a) que la causa disciplinaria había sido iniciada de oficio, conforme lo dispone el art. 5º del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (RPTD), facultad que ha sido reconocida en numerosos precedentes jurisprudenciales;

b) que no se advertía irregularidad alguna en la tramitación del procedimiento disciplinario. En particular, destacó que se había informado con exactitud la conducta que se le imputaba al encartado, toda vez que al llevarse a cabo el traslado pertinente, conforme lo dispuesto en el art. 7º del RPTD, “no sólo se mencionaron los artículos que prima facie habrían sido violados..., sino que se acompañaron las copias motivo de la supuesta infracción deontológica”. Agregó que del descargo del letrado se desprendía con claridad que conocía y pudo analizar la conducta irregular que se le achacaba. Concluyó que “estas circunstancias -unidas al hecho de que, según resulta de las actuaciones administrativas, el recurrente tuvo oportunidad de formular los descargos que hicieron a su derecho y aportar las pruebas pertinentes- bastan para descartar las posibilidad de que se haya vulnerado su derecho de defensa y para desestimar, por ende, el planteo de inconstitucionalidad del procedimiento...”;

c) que en el procedimiento administrativo disciplinario no resultaban aplicables los principios del derecho penal en forma rigurosa, como por ejemplo el de tipicidad;

d) que “La temeridad o malicia que proviene de la fundamentación insuficiente o contradictoria no está solamente en la conducta de quien pide sin razón sino, también, en la de quien encauza con manifiesta ligereza y atrevimiento, procesalmente la pretensión”;

e) que “el empecinamiento del letrado, pretendiendo cuestionar sin respaldo las decisión de los jueces en sede civil, con sus planteos recusatorios y sus escritos agraviantes, sólo representa una fútil actividad procesal que ningún beneficio apareja a su cliente, y mucho menos a la menor representada por su madre, por lo que su modo de actuación resultó totalmente ineficaz, lo que importa una falta de celo y saber, que debe ser sancionada”;

f) que “la jurisprudencia de este Tribunal ha sido conteste en que no puede escudarse en la necesidad de la defensa, para agraviar con conductas irrespetuosas u ofensivas” y que “las injurias vertidas en juicio comportan una falta disciplinaria y el reproche ético correspondiente”;

g) que “Resulta más que clara la falta contemplada en el art. 22 inc. a) y b) del Código de Ética, que ha sido motivo del traslado oportuno, desde que no es admisible dirigirse ni al tribunal, ni al colega, ni a la parte contraria, en términos que resulten inadecuados, faltos de estilo o injuriosos. El lenguaje grosero, las vulgaridades, o las imputaciones carentes de fundamento exceden notoriamente el fervor que pueda ponerse en el ejercicio profesional”;

h) que “La utilización en los escritos de expresiones indecorosas y ofensivas, cualquiera sea el sujeto procesal al que se dirijan, merecen el consabido rechazo por su irrespetuosidad, ya que la intención agraviante conlleva el ejercicio de las facultades disciplinarias previstas en la ley”;

i) que es competencia del Tribunal “pronunciarse sobre si ha habido conducta que pueda reprocharse en el campo deontológico”;

j) que “la falta es grave, y por ende, de trascendental importancia para el ejercicio de la abogacía. El abogado debe respetar a los jueces, tanto como estos a los abogados. Los profesionales deben ser agentes que propendan al correcto ejercicio democrático (art. 6 Código de ética)”;

k) que “... sin perjuicio de no adentrarnos en la existencia o inexistencia de supuestas irregularidades, por ser incompetente este Tribunal para analizar, opinar o juzgar los aciertos o desaciertos de los actos jurisdiccionales, cierto es que las supuestas irregularidades o actos anómalos, no autorizan a utilizar expresiones agraviantes o carentes de estilo; ni siquiera ante la indignación que tales actos irregulares puedan ocasionar...”.

l) que “el letrado denunciado puede realizar las denuncias que considere a los fines de resguardar los derechos que estima conculcados; pero ello no lo habilita a utilizar solapadas expresiones indecorosas generando no solo violencia moral en los magistrados intervinientes sino también un significativo dispendio jurisdiccional, ni utilizar métodos obstruccionistas en el proceso”; y

m) que se trata de un profesional con “amplia experiencia”, que cuenta con sanciones disciplinarias anteriores, lo que constituye un agravante, de conformidad con establecido en el art. 26, inc. c, acap. 1º y 2º, del Código de Ética profesional.

Por las razones expuestas, concluyó que el letrado había infringido lo dispuesto por los artículos 6º, inciso e, de la ley 23.187; y artículo 22, incisos. a, y b, del Código de Ética.

3º) Que, contra dicha resolución, el abogado V. J. K. dedujo recurso de apelación, en los términos del art. 47 de la ley 23.187 (v. fs. 282/318).

Sostiene, en primer lugar, que la comunicación que dio origen a las actuaciones administrativas fue cursada como consecuencia de la querella criminal que inició el 6 de mayo de 2015, en contra del Dr. Víctor Fernando Liberman y la Dra. Marcela Pérez Pardo, jueces de la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y no de oficio por parte del Tribunal de Disciplina, circunstancia que afectaría la imparcialidad del procedimiento. Al respecto, considera que da cuenta de ello las medidas investigativas que se tomaron una vez recibida la denuncia.

Alega que en la tramitación de la causa disciplinaria se incurrieron en una serie de irregularidades que afectaron su derecho de defensa, producto de la falta de aplicación rigurosa de los principios del derecho penal. En este sentido, destaca que nunca se le comunicó debidamente la conducta por la que se lo imputaba, no se trató la exceptio veritatis oportunamente deducida, no fue recibido en audiencia pese a sus requerimientos, no se le permitió alegar sobre la totalidad de la prueba producida y no se trataron sus planteos de nulidad. Sobre el particular, entiende que se omitió tener en cuenta la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), respecto de la garantías judiciales que hacen al derecho de defensa, y de diversos tribunales internacionales en igual sentido.

Por otro lado, afirma que no se trataron los planteos de inconstitucionalidad del art. 45, párrafo 5º, y de los tipos sancionatorios previstos en la ley 23.187 y en el Código de Ética profesional.

Manifiesta que se omitió considerar y evaluar el accionar irregular de los magistrados que intervinieron en la causa civil en la que se suscitaron los hechos denunciados (supuesta actuación de jueces recusados, dictado de resoluciones jurisdiccionales infundadas, ausencia de imparcialidad, abuso de autoridad, imposición indebida de multas, negativa a proveer presentaciones, entre otros aspecto que detalla), que justificaría su proceder. En este sentido, destaca que no se hizo referencia alguna a que había “querellado criminalmente” a los jueces en cuestión.

Afirma, a su vez, que no se identificaron ni se explicaron cuáles fueron las conductas específicas que importaron las infracciones que se le achacan. Al respecto, señala que sólo se efectuaron afirmaciones dogmáticas carentes de sustento factico.

Por último, solicita la reducción de la sanción por entenderla desproporcionada.

4º) Que, a fs. 336/337, emitió su dictamen el señor Fiscal General.

5º) Que, a fs. 343/vta., se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del traslado previsto en el art. 47, párrafo 5, de la ley 23.187.

6º) Que, corrido en esta instancia el pertinente traslado, a fs. 352/360, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo contestó solicitando el rechazo de la apelación deducida.

7º) Que, así las cosas y previo adentrarse al examen del recurso interpuesto, cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 297:140; 301:970, entre otros).

8º) Que, aclarado ello, corresponde, en primer lugar y por cuestiones metodológicas, tratar los agravios vinculados a la aplicación de los principios del derecho penal y la comisión de diversas irregularidades en el procedimiento administrativo que habrían importado una afectación a su derecho de defensa.

Al respecto, no se soslaya que en materia de sanciones administrativas resultan, en su caso, de aplicación supletoria algunos principios provenientes del derecho penal. Sin embargo tiene dicho esta Cámara, con base en jurisprudencia del máximo tribunal, que el procedimiento disciplinario administrativo -en el caso instrumentado por el Colegio Público de Abogados- no importa el ejercicio de jurisdicción criminal, razón por la cual no rigen los principios del derecho penal con igual rigor (conf. esta Sala, causa “Pavicich Gabriel Edgardo c/ CPACF (Expte 23862/08)”, sent. del 23/02/12 y sus citas; y “Di Gioia Sergio Dario c/ CPACF s/ejercicio de la abogacía - ley 23.187 - art 53”, sent. del 21/08/14, entre otras). En este sentido, vale aclarar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no concluyó en sentido contrario en el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), como pretende dar a entender el recurrente, sino que sólo afirmó, con referencia al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Baena Ricardo y otros vs. Panamá” del 2 febrero de 2001, que la justicia realizada a través del debido proceso legal “se debe garantizar en todo proceso disciplinario” y que, en consecuencia, la irrazonable dilación de un procedimiento administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presupuesto que no se aprecia en el sub examine.

Teniendo en cuenta tales lineamientos, no se advierte que en la tramitación de la causa disciplinaria se hubiese incurrido en irregularidad alguna que afectase el derecho de defensa del actor. En este sentido, nótese que las actuaciones se iniciaron como consecuencia de la comunicación cursada por el presidente de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de conformidad con lo previsto en el art. 5º del RPTD (v. fs. 1/19), sin que resulte de relevancia, conforme fueron planteados los agravios por el recurrente, que se haya enmarcado el trámite en el supuesto del inc. a (denuncia), o c (de oficio) del referido artículo, ya que ello no pudo haber afectado, en modo alguno, la imparcialidad de quienes debían resolver sobre los hechos investigados -es decir, los integrantes del Tribunal de Disciplina-. Así como tampoco las explicaciones requeridas por la unidad de instrucción, en uso de las facultades expresamente previstas en el art. 7º de la mencionada norma.

Asimismo, elaborado el informe inicial por parte del instructor a cargo, en el que se concluyó que había elementos suficientes para la prosecución del procedimiento disciplinario (v. fs. 19/21), se corrió traslado al Sr. K., haciéndole saber las normas específicamente violentadas y acompañándole copia del referido informe en el que se identificaron las frases indecorosas que justificaban la imputación (22/25). Posteriormente, el encartado efectuó su descargo, en el que formuló todas sus defensas y acompañó la prueba que estimó pertinente (v. fs. 26/85 vta.). Ello así, se le dio respuesta a sus planteos de inconstitucionalidad advirtiéndole que debía ocurrir por la vía que correspondiese, teniendo en cuenta que no estaba dentro de las competencia del Tribunal de Disciplina tratar una pretensión de tal entidad (v. fs. 87); se libraron los oficios requeridos y se recabó la prueba documental pertinente (v. fs. 88, 147 y 181/238); se trató y rechazó el planteo de nulidad oportunamente formulado (v. fs. 91/96, 103/104, 128/143 y 147); se le hizo saber la oportunidad para efectuar su alegato, presentación que realizó en tiempo y forma tras habérsele concedido la prórroga solicitada, y se le informó sobre la inoficiosidad de la audiencia pretendida, dada la ausencia de prueba testimonial y pericial, conforme lo previsto en los arts. 3º y 10, inc. a, ap. 5, del RPTD (v. fs. 238/255).

Por tales razones, no cabe más que desestimar la queja formula por el recurrente sobre tales puntos.

9º) Que, previo a continuar con el examen de la controversia, resulta indispensable tratar el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 6º, inciso e, de la ley 23.187; y artículos 6º, 10, inciso a, y 22, incisos. a, y b, del Código de Ética.

Al respecto, cabe reiterar, tal como fue señalado en la resolución de fs. 343/vta., que la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad, ultima ratio del orden jurídico, que sólo cabe formularla cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 311:394; 322:919; 330:2981; 331:2068, entre muchos otros). En este sentido, “el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, debiendo probar, además, que ello ocurre en el caso concreto” (Fallos: 330:5111)

Ello así, dado el modo genérico, teórico y escasamente fundado en que fue efectuado el planteo del apelante, no cabe admitir la existencia de agravio constitucional alguno. En efecto, se limita a afirmar dogmáticamente que los tipos sancionatorios serían “genéricos y ambiguos” y que importarían una “relajación” del principio de tipicidad -término que toma de la resolución cuestionada-, sin identificar ni desarrollar cuál es su gravamen en concreto en cada supuesto, ni mucho menos que hubiesen sido interpretados en forma arbitraria.

Sin perjuicio de ello y sólo a mayor abundamiento, es dable señalar que el Alto Tribunal ha dicho, recientemente, que “tratándose de materias que presenten contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo (Fallos: 246:345; 311:2453; 328:940). En efecto, la mera indeterminación en el tipo sancionatorio administrativo no implica violación del principio de legalidad penal ya que no comporta, en sí misma, la habilitación implícita al órgano sancionador para llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio (Fallos: 329:3617) el cual se encuentra constreñido por el principio de razonabilidad” (Causa FLP 1298/2008/CS001 “Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs As c/ PEN s/ sumarísimo”, sent. del 04/09/18).

10) Que, así las cosas, cabe adentrarse al análisis del fondo de la cuestión debatida.

A tales fines, corresponde, liminarmente, señalar que conforme lo dispone por el art. 39 de la ley 23.187 es de competencia del Tribunal de Disciplina: a) Sustanciar los sumarios por violación a las normas éticas sancionadas por la Asamblea de Delegados; b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado; c) Dictaminar, opinar e informar, cuando ello le sea requerido; d) Llevar un registro de penalidades de los matriculados; e) Rendir a la Asamblea Ordinaria de Delegados, anualmente y por medio del Consejo Directivo, un informe detallado de las causas sustanciadas y sus resultados.

Por consiguiente y a contrario sensu de lo que alega el recurrente, no era atribución del referido organismo determinar “la existencia o inexistencia de supuestas irregularidades [en la tramitación del causa judicial], por ser incompetente... para analizar opinar o juzgar los aciertos o desaciertos de los actos jurisdiccionales”, pudiendo el letrado “realizar las denuncias que considere a los fines de resguardar los derecho que estima conculcados”, por ante quien corresponda.

De este modo, al resultar improcedentes los planteos de inconstitucionalidad y nulidad del procedimiento administrativo por afectación al derecho de defensa, sólo resta dilucidar si la conducta adoptada por el letrado en el marco de la causa 95072/2008 “Álvarez Dante Lionel c/ Taboada, Paola Vanesa s/ alimentos s/ art. 250 C.P.C.-incidente Civil” importó, efectivamente, una infracción a las disposiciones del art. 6º, inciso e, de la ley 23.187, y art. 22, incisos a, y b, del Código de Ética, y, en consecuencia, si la sanción impuesta se ajusta a derecho.

11) Que, a tales fines, resulta oportuno recordar que esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr. Sala I, “A. I., W. A. c/Colegio Público de Abogados del Capital Federal”, sentencia del 29/8/00; Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, sentencia del 27/07/09; esta Sala, “Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)”, sentencia del 4/08/11 y “Gaineddu Juan Daniel c/ CPACF (19930/22960)”, sentencia del 17/04/12, entre otras).

Ello así, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la infracción profesional es, como principio, facultad primaria de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de ese tipo de faltas, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (Fallos: 304:1335 y 314:125 y esta Sala, “Pavicich Gabriel Edgardo c/ CPACF (Expte 23862/08)”, sentencia del 23/02/12 y sus citas, entre otras).

12) Que, en tales términos, cabe adelantar que los agravios del recurrente no resultan suficientes para enervar los fundamentos de la decisión que se impugna. Es que no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la resolución sancionatoria que justifique su revocación o modificación por parte de esta Cámara.

Por el contrario, las diversas expresiones vertidas por el abogado en los numerosos escritos cuyas copias fueron acompañadas resultan claramente violatorias a las exigencias éticas que se le enrostran, toda vez que se advierte una clara falta de consideración y respeto cuando hace referencia al accionar de los magistrados integrantes de la Sala L de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Ello, por ejemplo, cuando afirmó que “el Dr. LIBERMAN puede seguir FALSEANDO como cuando informó que se lo recusó porque sancionó -descabelladamente- a una señora de 95 años...”; “Al informar -en su recusación- alega -falsamente- que se le atribuyó que como él la conoció como juez de primera instancia -atentas las variadas audiencias a las que asistió la Señora fallecida en su Juzgado y con su presencia -debía saber que falleció.- RIDICULO.- Eso es un argumento para una declaración indagatoria en sede criminal, pero no para un Magistrado como tal que pretende seguir siendo Juez de la causa”; “la nulidad no la puede tratar los Dres. PÉREZ PARDO, FLAH Y LIBERMAN que han demostrado TENER INTERÉS EN BENEFICIAR DINERARIAMENTE -y la Justicia del Crimen deberá investigar las motivaciones- al magnate”; “la Sala `L´, a JULIO 2013 redujo drásticamente lo resuelto por la misma Sala `L´ a FEBRERO 2009 invocando FALSAMENTE que AUMENTABA. Ello lo hizo como `MUESTRA DE APRECIO´ al Magnate alimentante...”; “Lo que la Dra. Pérez Pardo necesita no comprender es la diferencia entre 22.22% y 216.15% porque nunca va a estar en condiciones de explicar lo que resolvió -a favor del gran MAGNATE- luego de su exclamación doooolares!... En sede criminal va a tener que dar explicaciones sobre todo ello...”;”La única explicación de tal ILOGICAMENTE ABSURDO aserto de la Dra. PEREZ PARDO, es que existe necesidad de RENOVAR las muestras de aprecio al MAGNATE...”; “NULIDAD. INDECOROSA ACTUACIÓN DE CAMARISTAS RECUSADOS QUE INVOCAN LA EXISTENCIA DE UNA MENOR PARA RESOLVER PERJUDICANDOLA DINERARIAMENTE EN BENEFICIO DE MAGNATE...”; “NULIDAD. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. DENUNCIA ESTAFA PROCESAL GENERADA POR DECISIÓN DE LA SALA L DE `AUMENTAR´ FALSAMENTE SU PROPIA SENTENCIA DE ALIMENTOS...”; “ESTAN RECUSADOS. REITERACIÓN DELICTUAL. PRECLUSION. NULIDAD DE TODO LO ACTUADO”, entre muchas otras.

En este sentido, cabe recordar que el art. 22 del Código de Ética profesional de los abogados expresamente dispone que serán consideradas faltas “No guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos” (inc. a) e “Incurrir en procesos o actuaciones en expresiones agraviantes respecto de magistrados, funcionarios o empleados” (inc. b).

En consecuencia, es innegable que el sancionado utilizó expresiones descalificantes y ofensivas, que no guardan la compostura dentro de la cual se debe cumplir la tarea profesional ante los estrados judiciales, siendo innecesarias, en el caso, para enfatizar o dar certidumbre a sus planteos. Por consiguiente, su empleo no sólo importó una falta a las exigencias mínimas que el lenguaje forense y la jerarquía del ejercicio de la abogacía imponen a los letrados, sino además un incorrecto tratamiento y abordaje de la cuestión planteada en su presentación (cfr. esta sala, expte n° 38.513/2013 “Angrisani Damián Roberto Antonio c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía -ley 23187 -art 47”, sent. del de febrero de 2014).

En efecto, el recurrente sólo pretende escudarse en la supuesta actuación irregular de los magistrados intervinientes, mas lo cierto es que no aporta elemento alguno que permita desvirtuar la conclusión de que efectivamente realizó las expresiones inapropiadas supra mencionadas que, en esencia, constituyeron el fundamento fáctico central que justificó la sanción (cfr. art. 22, inc. a, y b, del Código de Ética profesional).

13) Que, respecto de la intensidad de la sanción aplicada, en numerosas oportunidades se ha señalado que su determinación y graduación también es atribución propia de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala, in re, “Jorge Luis Rebagliati SRL y otro c/ PNA -disp. 76/08 (expte. B-9828/06)”, 2/11/10, “OSBA c/ SSS - Resol 1497/10 (expte 130808/08)”, sent. del 7/6/11, entre otras), supuesto que no se advierte en el caso de autos. En especial, dada la reiteración y persistencia en la conducta infraccional, la antigüedad en la matrícula, los antecedentes disciplinarios del letrado (cfr. art. 26, inc. c, acap. 1º y 2º, del Código de Ética profesional) y que no se trata de la sanción más gravosa que prevé el ordenamiento, conforme lo establecido en el art. 45 de la ley 23.187.

14) Que, por último, cabe advertir que el tenor de las imputaciones formuladas por el letrado sancionado exceden las necesidades del derecho de defensa y resultan claramente ofensivas a la dignidad y autoridad de los integrantes del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, poniendo en duda su probidad e imparcialidad, circunstancia que exige requerir al recurrente que guarde el estilo forense propio del ejercicio de la profesión frente a los estrados judiciales, bajo apercibimiento de hacer uso de las facultades disciplinarias del Tribunal conforme lo dispuesto por el art. 35, inc. 1°, del CPCCN.

15) Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia de la cuestión en debate, así como al motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la única etapa que tuvo trámite de este recurso directo (v. fs. 352/360 vta.), corresponde REGULAR en la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 3.430) -equivalentes a la cantidad de 2 U.M.A.- los honorarios del doctor Darío Ángel Busso, quien actuó como letrado apoderado de la parte demandada (arts. 16, 19, 21, 29, 44, inc. a, 58, inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423; ac. CSJN 27/18; y art. 730, primera parte, del CCC).

Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso, con costas (art. 68 del CPCCN); y 2) Regular en PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 3.430) -equivalentes a la cantidad de 2 U.M.A- los honorarios del abogado Darío Ángel Busso de conformidad con lo dispuesto en el considerando 15.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

  Correlaciones

P. H. J. c/Colegio de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía - ley 23187, art. 47- Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. - 22/05/2014- Cita digital: IUSJU217926D

 

Cita digital:IUSJU035363E