JURISPRUDENCIA

Extinción de la acción penal. Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Ley 24769. Reparación integral del perjuicio

 

Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal en una causa iniciada por denuncia de delito de la ley 24769, en el marco de un proceso en el que se atribuyó a una sociedad anónima la presunta omisión del depósito de los montos retenidos a sus dependientes en concepto de aportes de la seguridad social. Ello así, al interpretarse que el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal no resultaba aplicable al supuesto de autos y que el legislador había decidido mantener el régimen especial en materia de delitos tributarios de la citada ley.

 

 

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Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018.

VISTOS:

La apelación interpuesta por el abogado defensor de Josefina Perea y Diego Perea contra la resolución del juez que rechazó su planteo de extinción de la acción penal en una causa iniciada por denuncia de delito de la ley 24.769.

El memorial presentado por los Dres. Federico Becerra, Camila María Rubio y Clara Muhlenkamp, actuales abogados defensores de Josefina Perea y Diego Perea, en sustento del recurso.

Lo manifestado por la representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos propiciando se confirme lo resuelto.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. Hendler:

Que se trata de un planteo de extinción de la acción penal que se fúnda en que habría sido íntegramente reparado el perjuicio del hecho por el que se instruye el proceso. Se invoca a ese respecto lo establecido en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, a partir de la reforma introducida por el artículo 1 de la ley 27.147 dictada en junio de 2015.

Que la resolución apelada invoca disposiciones de la ley penal tributaria que considera contradictorias de lo establecido por la ley 27.147 y entiende que deben aplicarse como leyes especiales de acuerdo con el artículo 4 del Código Penal.

Que el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, sancionado por la ley 27.147, establece las circunstancias en que tiene lugar la extinción de la acción por reparación integral del perjuicio pero no puede entenderse que se encuentre en contradicción con la ley especial en materia de delitos tributarios. Esa ley, N° 24.769, establece en su artículo 16 la extinción de la acción penal por cumplimiento de obligaciones lo que es sustancialmente concordante, aún cuando con otros requisitos, con el mencionado artículo 59, inciso 6°, del Código Penal.

Que siendo de aplicación al caso lo establecido por el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, corresponde revocar la resolución apelada.

El Dr. Bonzón:

Que se trata de un proceso ert el que se atribuye a la sociedad anónima Ecoave la presunta omisión del depósito de los montos retenidos a sus dependientes en concepto de aportes de la seguridad social durante los períodos fiscales comprendidos entre marzo de 2009 y diciembre de 2010, hecho que fue calificado en los términos del artículo 9° de la ley 24.769.

Que por la presentación de fs. 57/60 la defensa del imputado solicitó se declare la extinción de la acción penal, con motivo de haber regularizado las obligaciones evadidas. Fundó su petición en base a la previsión del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, incorporado a partir de la reforma introducida por la ley 27.147, que estableció la conciliación o reparación integral del perjuicio como causal de extinción de la acción penal.

Que la ley de Régimen Penal Tributario prevé un régimen especial para la situación de reparación integral, pero condicionándola a ciertos requisitos. Su artículo 16 exime de responsabilidad penal a los obligados que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, siempre que sus presentaciones no se produzcan a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con ellos.

Que, en consecuencia, no resulta posible extinguir la acción penal por aplicación del instituto de la conciliación y reparación integral, según ley 27.147. Entender lo contrario, implicaría la aplicación de disposiciones de orden general que resultan incompatibles con el régimen especial previsto para casos como el que nos ocupa (conf. CPE 1755/2016/1/CA1, de fecha 18 de octubre de 2017, Reg. Int. N° 645/2017, de esta Sala “A”.).

Que, por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada. Con costas.

El Dr. Hornos:

1°) Que la defensa de Josefina PEREA y de Diego PEREA interpuso el recurso de apelación contra lo dispuesto por el apartado resolutivo I) de la decisión de fs. 91/100, mediante la cual el juzgado de la instancia anterior dispuso “I. RECHAZAR el planteo de extinción formulado por la presentación obrante en copia certificada luce a fs. 57/60 vta. sobre la base del arts. 59, inc. 6° del C. P. y art. 340, del C.P.P.N.)...”.

2°) Que el recurso interpuesto se fundamentó en que resultaría “ ...perfectamente aplicable al caso en estudio las disposiciones que sobre falta de acción regulan los artículos 59, inciso 6 del Código Penal y título II de la ley 27.260” (fs. 102).

3°) Que por el artículo 59 inciso 6) del Código Penal se establece: “La acción penal se extinguirá...6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes ”.

Esta disposición de fondo puede tener aplicación con relación a aquellos delitos respecto de los cuales pueda caber una conciliación o una reparación integral del perjuicio ocasionado, siempre y cuando no mediaren respecto de los mismos-disposiciones de leyes penales especiales que contemplen preceptos que la hagan inaplicable por contrariedad con la regla genérica (artículo 4 del Código Penal).

4°) Que, por el artículo 16 de la ley 24.769 (texto según ley 26.735) se contempla un modo particular de alcanzar la exención de la responsabilidad penal por el cumplimiento de las obligaciones evadidas, el cual puede tener lugar en las circunstancias precisadas por aquella norma, esto es de manera espontánea.

5°) Que, el cumplimiento de las obligaciones evadidas podría equipararse, sin ingresar en comparaciones más precisas y en términos de los alcances prácticos del mismo, a la reparación integral del perjuicio ocasionado por un delito, lo que permite advertir que en la materia de la que se trata se encontraba vigente un régimen especial y diferenciador del general contemplado por el artículo 59 inc. 6) del Código Penal, razón por la cual, para que puedan producirse los efectos pretendidos por el recurrente debe verificarse si en el caso concurren los demás requisitos previstos por la ley penal especial con respecto a los delitos del denominado Régimen Penal Tributario.

6°) Que, en los supuestos en que no se verifiquen los extremos contemplados por el artículo 16 de la ley 24.769, como ocurre en el caso, no es posible alcanzar los efectos propios de la norma beneficiante, pues estos han sido previstos por el legislador especialmente para los delitos del Régimen Penal Tributario, desplazando, por especialidad y oposición, las previsiones del artículo 59, inc. 6 del Código Penal, por aplicación de la previsión expresa del art. 4 de ese mismo cuerpo normativo.

7°) Que, la incongruencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador (Fallos 304:954, 1733 y 1820; 306:721; 307:518; 314:458, entre otros), y es de destacar que al momento de dictarse la ley 27.147, que incorporara el inc. 6 al artículo 59 del Código Penal, estableciendo una forma nueva de extinción de la acción penal, se encontraba vigente el artículo 16 de la ley 24.769, el cual no fue derogado por el legislador, por lo que corresponde concluir que, en materia de los delitos de la ley penal tributaria, aquél pretendió mantener un régimen especial diferente al contemplado por el artículo citado del Código Penal, pues en caso de haber querido que para los delitos previstos por aquella ley rigieran todas las disposiciones generales sobre la extinción de la acción penal, le hubiese bastado con suprimir la norma diferenciadora especial para dar lugar a la aplicación de aquéllas.

8°) Que, en este mismo orden de ideas, es importante resaltar que, por el Régimen Penal Tributario introducido por el artículo 279 de la ley 27.430, ley posterior a la que produjera la incorporación del inciso 6 del artículo 59 del Código Penal, el legislador mantuvo un sistema especial de extinción de la acción penal con respecto a algunos delitos previstos por aquel Régimen (art. 16 del nuevo régimen), muestra inequívoca de que, en materia penal tributaria, no ha querido estar a las disposiciones generales del Código Penal.

9°) Que, por lo expresado, entiendo que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho y a las constancias de la causa, por lo que debe ser confirmada.

Por lo que, por mayoría, SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada. Con costas (conf. arts. 530, 531 y ccs. del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese, pasen a correr por cuerda los autos principales en la causa FMP 54005092/2013/5/CA3, haciéndole saber al a quo y devuélvase.

 

EDMUNDO S. HENDLER

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS BONZON

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO ENRIQUE HORNOS

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI

JULIAN O. CALZADA

SECRETARIO DE CAMARA

  

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S., L. A. s/extinción de la acción penal - Cám. Nac. Crim. y Correc. - Sala VI - 24/08/2018 - Cita digital IUSJU032457E

 

 

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