JURISPRUDENCIA

Responsabilidad del establecimiento educativo. Lesión de un alumno en el patio del colegio. Actividad recreativa. Presencia de docentes. Caso fortuito. Improcedencia. Deber de seguridad. Medidas de vigilancia razonables

 

En el marco de una acción por daños y perjuicios por las lesiones sufridas por un alumno en el patio de un colegio, mientras se encontraba realizando una actividad recreativa en presencia de docentes, no corresponde eximir de responsabilidad al establecimiento educativo por caso fortuito, ya que el hecho ocurrió en el interior de la esfera de acción por la cual el demandado debía responder.

 

 

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En la ciudad de General San Martín, a los 23 días del mes de octubre de 2018, se reúnen en acuerdo ordinario los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Jorge Augusto Saulquin, Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi, para dictar sentencia en la causa Nº 6947/2018, caratulada “B., N. A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”. A N T E C E D E N T E S

I.- A fs. 583/596 y vta. y aclaratoria de fs. 621/622, la Señora Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Morón dictó sentencia en las presentes actuaciones y resolvió: “1.- Que en base a los argumentos expuestos en este decisorio SE HACE LUGAR a la demanda promovida por N. A. B. contra la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) y contra la citada en garantía PROVINCIA SEGUROS S.A -y conforme a los límites de la cobertura exhibida-, haciéndolos responsables en cuanto a los rubros por los siguientes conceptos: DAÑO FÍSICO Y PSIQUICO : por este concepto se reconoce la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000).-; TRATAMIENTO PSICOLÓGICO: por este concepto se reconoce la suma de Pesos ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($11.520) ; DAÑO MORAL: por este concepto se reconoce la suma de Pesos TREINTA ($ 30.000). (Conc. doctrina, jurisprudencia citada en los considerandos y con fundamento en los arts.10, 15, 57 y 166 último párrafo de la Constitución de la Pcia. de Bs.As., 1117 Cod. Civil -vigente al momento de los hechos. art. 1730, 1737, 1738, 1739 , 1748, 1767 y conc. del CCyUnificado y arts. 50 y 77 de la ley 12008 y sus modificatorias arts. 163, 165 y 384 del CPCC- y art.118 ley 17418 vigente al momento de los hechos). Estas sumas generarán intereses desde la fecha en que tuvo lugar el evento dañoso (27/4/2011) y hasta la fecha el efectivo pago.- La tasa de interés aplicable, la que de este modo queda determinada como la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días (art. 7 y 10 de la ley 23928, texto según ley 25561, y art. 768 inc. c) y 1748 del C.C.C Unificado, cfr. doctrina legal SCBA B. 62.488, "Ubertalli Carbonino, Silvia contra Municipalidad de Esteba Echeverría s. demanda Contencioso administrativa", Fallo del 18/5/2016).-. Firme la liquidación, fíjase un plazo de sesenta (60) días para su cumplimiento en los términos del art. 163 inc. 7 del CPCC - conc. arts. 50 y 63 del CPCA.- 2. - Se imponen las costas a la demandada y a la citada en garantía que han resultado vencidas conforme art. 51 del CCA (ley 12008, modif. por ley 14437).- 3.- Se difiere la regulación de honorarios para una vez aprobada la liquidación ha practicarse en autos (art. 51, C.C.A., ley 12008, texto según ley 13101; S.C.B.A., “Orazi” sent. Del 12-IV-2006 entre otros“ dec. ley 8904) y, en relación a los honorarios de la apoderada de la Provincia de Buenos Aires, no procede su regulación de conformidad con lo dispuesto por el art. 18 del D. Ley 7543/69. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE por Secretaría a las partes y peritos intervinientes”.

Posteriormente, mediante aclaratoria de fs. 621/622, la magistrada de grado resolvió: “I.- RECTIFICAR la sentencia inscripta al Folio N°6/2018, por lo que en donde dice “3%” (ver fs. 582, 587 y 588) deberá leerse “30%” (Conc. art. 52 Ley 12.008 y 166 inc. 1 y art. 36 inc. 3°del C.P.C.C. aplicable por remisión del art. 77 del C.C.A.).- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE por Secretaría.-II.- CONFIRMAR el monto de las sumas reconocidas por los rubros "DAÑO FÍSICO Y PSIQUICO" y "DAÑO MORAL" en la sentencia inscripta al Folio N°6/2018. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE por Secretaría.-III.- Cumplida con la notificación ordenada y atento lo resuelto supra, del Recurso de Apelación en subsidio interpuesto por la actora de fs. 603/606 contra el decisorio de fs. 577/590 y con el objeto de asegurar el derecho de defensa en juicio córrase traslado del memorial a la demandada y a la citada en garantía por el término de diez (10) días (art. 58 inc.1 del C.C.A.) como así también se intima por el mismo término a que constituya domicilio dentro del radio de asiento del tribunal de alzada bajo apercibimiento de ley (art. 56 inc. 4 C.C.A) Notifíquese (a cargo).-IV.- Proveyendo a fs. 609/613: Atento el Recurso de Apelación interpuesto por la demandada de fs. 609/613 contra el decisorio de fs. 577/590 y con el objeto de asegurar el derecho de defensa en juicio córrase traslado del memorial a la parte actora y a la citada en garantía por el término de diez (10) días (art. 58 inc.1 del C.C.A. ) como así también se intima por el mismo término a que constituya domicilio dentro del radio de asiento del tribunal de alzada bajo apercibimiento de ley ( art. 56 inc. 4 C.C.A) Notifíquese (a cargo).-V.- Cumplido elévense lo autos a la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de San Martín”.

II.- Contra dicha resolución, a fs. 609/612, la parte actora interpuso recurso de aclaratoria con apelación en subsidio.

III.- Por su parte, a fs. 615/619, realizó presentación recursiva la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

IV.- A fs. 621/622, de acuerdo a lo expresando en el punto I. de los presentes Antecedentes, la magistrada de grado rectificó un porcentaje de la sentencia antes referida, confirmó las sumas reconocidas por los rubros “daño físico y psíquico” y “daño moral”; y en cuanto al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la parte actora, dispuso el traslado del mismo a la demandada y a la citada en garantía por el término de 10 días.

V.- A fs. 634/639, interpuso recurso de apelación la citada en garantía Provincia Seguros S.A.

VI.- Mediante providencia de fs. 644, la magistrada de grado dispuso el traslado del recurso interpuesto por la citada en garantía, a la parte actora y demandada, por el plazo de diez días.

VII.- A fs. 669/670, la parte actora contestó el traslado conferido del recurso de apelación interpuesto por Provincia Seguros S.A.

VIII.- A fs. 671 y vta., la parte actora contestó el traslado conferido del recurso de apelación interpuesto por la Dirección General de Cultura y Educación.

IX.- A fs. 672/675 y vta., la citada en garantía Provincia Seguros S.A. contestó el traslado conferido del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

X.- Mediante providencia de fs. 684, se ordenó la refoliatura y posterior elevación de las presentes actuaciones.

XI.- Recibidas que fueran las mismas en esta sede -cfr. constancia de fs. 685 vta.- pasaron los autos para resolver (cfr. fs. 686).

XII.- A fs. 687/688 y vta., se efectuó el pertinente examen de admisibilidad formal y en tal contexto, este Tribunal resolvió conceder -con efecto suspensivo- los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, Provincia de buenos Aires y citada e garantía (Provincia Seguros S.A.) contra la sentencia definitiva dictada en la causa, pasando los autos para sentencia. Asimismo, las partes se encuentran debidamente notificadas -cfr. constancia obrante a fs. 688 vta.

Bajo tales condiciones, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el Señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:

1º) Cabe precisar que -para resolver en el modo apuntado en los antecedentes- la Sra. Jueza a quo reseñó los elementos procesales del caso, y expresó las consideraciones que paso a relatar:

Precisó que el presente caso refiere a un supuesto de Responsabilidad del Estado por un hecho ocurrido dentro de un establecimiento público escolar.

Indicó que cuando se trata de menores de edad dentro de establecimientos escolares el Código Civil (tanto en su actual -art. 1767- como anterior redacción -art. 1117-) regula tal supuesto de responsabilidad en una cláusula aparte distinguiéndose la nueva norma al excluir los establecimientos públicos (en concordancia con los arts. 1764 y 1765 del CCC y Unif.) .

Expuso que realizada dicha salvedad, que importa a la interpretación de las normas comprometidas para la solución del caso, corresponde avanzar en su análisis.

Reseñó, luego, la actividad probatoria acaecida en las actuaciones de acuerdo a lo normado por el art. 375 del C.P.C.C.

Puntualizó que el art. 384 del CPCC los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquellas que fueran esenciales y decisivas para fallar en la causa, siendo soberanos en la selección de las mismas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras y que la apreciación de la prueba (en sus distintas clasificaciones) es la metodología para dar soporte material (en una ubicación témporo-espacial) abonando en definitiva los hechos que se exponen a la sentencia.

Resaltó que no resulta controvertido que el entonces menor N. A. B. se accidenta el 27 de Abril del 2011, siendo aproximadamente las 10.30 hs. dentro del Establecimiento Educativo Bernardino Rivadavia.

Indicó que la actividad que desarrollaba era jugar al fútbol y que quedó también abonado que no recibió auxilio de médico o paramédico alguno, ya que la derivación al nosocomio lo fue por traslado de la madre del menor al mismo.

Expuso que tales extremos se encuentran avalados con la denuncia del siniestro efectuado por la Vicedirectora del Establecimiento Bernardino Rivadavia así como como por las actuaciones del expediente administrativo 5100-26827/2013.

Puntualizó que en dichas actuaciones también consta que las autoridades se trataron de comunicar con el SAME y la madre del menor, manifestando no poder realizar dicha comunicación en ninguno de los dos casos.

Recalcó que resulta medular para ponderar las lesiones al momento del evento, la historia clínica labrada por el Hospital Italiano el día 27/04/2011 de donde surge el ingreso del actor con traumatismo de codo producido por caída de su propia altura. Asimismo, que se completa el diagnóstico con fractura de olecranon con fragmento distal desplazado de carácter quirúrgico derivando su atención a un centro de OSECAC con cobertura de quirófano.

Refirió que dicha atención queda abonada por las constancias de la Historia clínica del Hospital Gutiérrez, nosocomio al cual fue ingresado el actor el 27/4/2011.

Exteriorizó que tales constancias documentales dan cuenta tanto de los tratamientos a los cuales tuvo que ser sometido como de las lesiones sufridas por el actor.

Destacó que sostiene la mecánica de los hechos descriptos, la declaración obrante a fs. 210/211, de un testigo presencial del evento dañoso y docente del referido Establecimiento.

Subrayó las consideraciones médico legales que el perito expresa, en cuanto a que el actor presenta cicatrices, material de osteosíntesis, fractura de cúpula radial, fractura de olecranon cubital de codo derecho que determinan incapacidad parcial y permanente del 22,79% de la TV; que tal experto determinó que el actor no presenta limitación funcional y que las lesiones descriptas guardan relación de causalidad con el accidente denunciado.

Remarcó, con respecto al dictamen del perito psiquiatra, que el mismo refiere que el actor ha desarrollado a raíz del accidente un trastorno por estrés postraumático y que actualmente persiste sintomatología de tipo ansiosa depresiva, presentando una incapacidad del 3%. En cuanto al tratamiento, indica la realización de psicoterapia por el lapso de dos años a razón de una sesión semanal cuyo costo de sesión ronda en los $250 en el sector privado, de $120 en el Colegio Público de Psicólogos y gratuito en el Hospital Público.

Expuso que ha quedado suficientemente abonado que el día 27 de Abril del 2011 el actor -entonces menor de edad- sufrió una caída jugando al fútbol dentro del establecimiento educativo Bernardino Rivadavia realizando una actividad recreativa pero dentro de la sede de la escuela, con las consecuencias que dan cuenta los informes periciales descriptos.

Destacó que ha quedado acreditado que las autoridades escolares denunciaron ante la aseguradora Provincia Seguros S.A. el siniestro y que ésta última reconoce la existencia de la póliza que la vincula a la Provincia de Bs. As., denunciando los límites de su cobertura, extremo éste avalado por la pericia contable.

Analizó, de acuerdo a la defensa esgrimida por la demandada Provincia de Bs.As., si existe la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisibilidad, destacando que la existencia del mismo requiere la concurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que hagan imposible el cumplimiento de la prestación prometida, siendo su principal característica la exterioridad del acontecimiento.

Citó jurisprudencia del presente Tribunal enfatizando que quién invoca la existencia de un caso fortuito debe probarlo y entendió que en el presente caso, no resultaba imposible de prever que durante el desarrollo de una actividad deportiva como la descripta, en el interior de la institución educativa se produjeran corridas, saltos, o "tropezar con una rejilla" como se describe en la demanda.

Consideró que dentro de tal perspectiva, existían razones para pensar que ello podría suceder, teniendo en cuenta la edad de los educandos, la impulsividad de los mismos y la presencia de una rejilla en la zona de juegos.

Puso de resalto que en tal escenario, devenía razonable y obvio que una caída como consecuencia del juego podía suceder, por lo que la imprevisibilidad alegada carece de sostén.

Recalcó que el parámetro para determinar la previsibilidad es la diligencia que exige la obligación de que se trata, pues el Código Civil vigente al momento de los hechos compelía a adoptar una diligencia apropiada a las circunstancias del caso, y la demandada tenía el deber de dar cuidado y vigilancia dentro del colegio a los fines de asegurar la integridad del alumno.

Puntualizó que, asimismo, el hecho debe ser extraño al deudor para ser ponderado como caso fortuito, y en el caso de autos el daño se produjo en el interior de la esfera de acción por la cual el demandado debía responder, ya que sucedió dentro de la institución educativa, en presencia de los docentes y en el contexto de una actividad propuesta por el educador.

Acentuó que la sola invocación de un caso fortuito no alcanza para su configuración, ya que debe probarse la concurrencia de los extremos eximentes de la responsabilidad pesando sobre la demandada la carga de tal comprobación; y que las consideraciones vertidas, permiten afirmar que no se logró romper la relación de causalidad, máxime cuando en el caso surge la presencia de un tipo de responsabilidad de corte objetivo, donde la única posibilidad que queda al accionado para eximirse es la de probar el caso fortuito, lo cual no encontró acreditado, por lo que rechazó el hecho fortuito y/o fuerza mayor invocado.

Indicó, posteriormente -en cuanto al esquema de responsabilidad que se activa para merituar las consecuencias que exhibe la actividad de la etapa probatoria- que atento la vigencia de la ley 26994 (CCy U) corresponde agregar que aun erigiendo la vigencia plena del nuevo código que excluye de su plexo la normativa referida a la responsabilidad del Estado, atento a que no se ha sancionado -a la fecha- una ley de responsabilidad del Estado de la Provincia de Buenos Aires ni adherido ésta a la Ley Nacional, nada obsta que sin menoscabo a la aplicación a la especie del art. 1117 -vigente al momento de los hechos- se recurra tanto por vía analógica como subsidiaria a los principios del Código Civil y Comercial unificado en cuanto a las consecuencias dañosas que no quedan atrapadas en la irretroactividad de la norma, con las discriminaciones que hacen a la responsabilidad del estado que ha receptado la doctrina y jurisprudencia (en concordancia con los arts. 1117 y 1112 del Cod. Civil -vigente al momento de los hechos- y art. 7 de la ley 26994).

Recordó que, con respecto a la Responsabilidad del Estado, el art. 1117 del Código Civil -vigente al momento de los hechos- preveía que los propietarios de establecimientos privados o estatales eran responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallaren bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito.

Puntualizó que en el nuevo código civil y comercial (ley 26994), la responsabilidad de los propietarios de los establecimientos educativos es consagrada en el art. 1767 del Código Civil y Comercial Unificado -excluyendo a los establecimientos estatales- adquiriendo mayor rigor al establecer un factor de atribución objetivo y, como única causal de eximición la prueba del caso fortuito, dado que se debe garantizar la incolumidad de los escolares, y que el alumno debe retirarse del instituto de enseñanza "sano y salvo".

Recalcó que ello no obsta merituar que tanto por la aplicación de una norma, o de un principio del código civil realizado en forma directa, por su utilización supletoria, subsidiaria o analógica a la responsabilidad del estado, la relación causal sigue suponiendo "un juicio de valoración fáctica axiológicamente neutro", "siempre indispensable", pues el actor debe probar la falta de servicio y que el daño resultante deriva de ella.

Exteriorizó que de acuerdo a la doctrina legal de la SCBA, la responsabilidad estatal por daños sufridos por un alumno que se hallaba (o debía hallarse) bajo el control de la autoridad educativa se rige por el art. 1117 del Cod. Civil, ley 340 (modificado por ley 24830 de 1997) vigente al momento del hecho (en este caso el 27/04/2011).

Refirió, posteriormente, que para aplicar la norma, es preciso que el daño se haya producido, causado o sufrido por el alumno, mientras éste se encontraba bajo el control de la autoridad educativa y dentro de este concepto quedan comprendidos no sólo todos los supuestos en los cuales el alumno se halle bajo esa efectiva vigilancia, sino también aquellos en los cuales esa vigilancia debida era inexistente o menguada al punto de no resultar efectiva.

Remarcó que ante la inidoneidad de la defensa esgrimida como el abono probatorio que se exhibe, resulta procedente la aplicación del marco jurídico de atribución de responsabilidad descrito respecto de la demandada.

Detalló, a continuación, que la citada en garantía reconoció que a la fecha del siniestro, el asegurado tenía cobertura por póliza N° 48750 y que tras hacer un detalle del alcance y particularidades del contrato de seguro, se opone al progreso de la acción con sustento en el caso fortuito o fuerza mayor alegado por la demandada como eximente de responsabilidad.

Especificó que entre la aseguradora y el tercero a damnificar no media ningún nexo. La relación obligacional legal que sí vincula a éste último con el asegurado y, la relación contractual que existe entre éste y la aseguradora son, entre sí, absolutamente independientes, de lo que se colige que el contrato de seguros no constituye una estipulación a favor del tercero (art. 504 del CC vigente al momento de los hechos) porque es celebrado en interés del asegurado y no existe ninguna relación directa en cabeza del tercero con el asegurador del causante del daño, por lo que entendió procedente admitir la extensión del fallo en mérito a la obligación contractual asumida -y conforme a los límites de la cobertura exhibida- con la demandada.

Estableció que por lo expuesto corresponde hacer lugar a la demanda promovida por N. A. B. contra la Dirección General de Cultura y Educación (Provincia de Buenos Aires) y contra la citada en garantía Provincia Seguros S.A. -en la medida de su cobertura-.

Entendió oportuno analizar los rubros que integran la pretensión a fin de evaluar su procedencia y cuantía, definiendo cuáles daños esgrimidos son presuncionales y cuáles han de traerse a la contienda por medio de la prueba de los concretos deméritos económicos.

Particularizó, sobre este punto, que nada obsta a aplicar analógicamente las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial unificado a tal íter en la medida que no resulta perjudicial para las partes, en virtud de que recepta específica doctrina y jurisprudencia reiteradamente desplegada por todos los tribunales que se han expedido en la materia.

Determinó que se encuentra acreditado que la víctima tenía, al momento de accidentarse, 12 años de edad y que era estudiante de primaria.

Tomó en cuenta las pericias practicadas en el caso y recordó que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas, y psicológicas, en forma permanente, estas incapacidades deben ser objeto de reparación al margen que desempeñe o no actualmente una actividad productiva, pues la integridad física-psicológica implica valorar la incapacidad.

Citó jurisprudencia del presente Tribunal a efectos de expresar que los porcentajes de incapacidad deben ponderarse en atención al carácter de incapacidades polifuncionales y al principio de incapacidad restante y remarcó que el grado de incapacidad sólo juega aquí como pauta de referencia pero no determinante de la indemnización.

Expresó que -con respecto al rubro -incapacidad físico - psíquica- que corresponde remitir a lo preceptuado por el código de rito y jurisprudencia aplicable, citando, además, el art. 375 del C.P.C.C. y enfatizando el valor de la prueba pericial.

Refirió que practicadas las mismas de los informes obrantes surge una incapacidad física del 22,79% y una incapacidad del 3% psíquica respectivamente.

Luego citó jurisprudencia de la presente Cámara, exteriorizando que en materia civil la incapacidad no se determina en función de baremos de aplicación matemática, sino en razón de la índole de las lesiones y sus secuelas, y de la incidencia discapacitante que ellas tienen en la situación personal y concreta de la víctima, atendiendo al principio de reparación integral que gobierna la materia de daños.

Expresó que corresponde analizar el deterioro padecido en base a los dictámenes mencionados, siendo un aporte cabal en el marco de las constancias de la causa.

Refirió al daño psicológico y señaló que de la pericia psicológica efectuada surge que el hecho de autos produjo en la psiquis de 3 % y que si bien es aconsejable un tratamiento para mitigar las consecuencias, manifiesta: "una disminución de aptitudes psíquicas previas de evolución crónica y que dado el tiempo transcurrido esta incapacidad se encuentra consolidada".

Puntualizó que desde tal base, ha quedado abonada la incapacidad física y psíquica del actor pero no así su medida económica por lo cual se impone su estimación, y ponderando las circunstancias personales de la accionante hizo lugar al agravio del actor, reconociendo al Sr. N. B. en concepto de Daño por incapacidad físico y psíquica, la suma de $ 150.000, aplicando los intereses desde la fecha del evento dañoso (27/04/2011) hasta la fecha del efectivo pago.

Indicó, con respecto al rubro Tratamiento Psicológico, que sobre tal punto el experto aconsejó un tratamiento de psicoterapia a fin de evitar la profundización del cuadro que describe ya consolidado.

Ponderó que el perito psiquiatra aconsejó un tratamiento psicoterapéutico de aproximadamente dos años con una frecuencia semanal por sesión individual lo cual arroja 96 sesiones en total, y que debe merituarse los distintos costos según quien realiza la terapia, tomándose de parámetro el costo del Colegio Público de Psicólogos que informa el experto de $120 por sesión, resultando 96 sesiones x 120: $ 11.520, por lo que reconoce dicha suma indicando que generará los intereses desde la fecha del evento dañoso hasta la fecha del efectivo pago.

Refirió, luego, al rubro Daño Moral y expuso que la fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas.

Precisó, luego, que fueron múltiples las molestias que soportó el actor ante la situación traumática del daño físico y psíquico, más aun teniendo en cuenta que en ese momento era un niño de sólo doce años y consideró prudente la fijación por este rubro de la suma $ 30.000 a favor de N. A. B., indicando que tal rubro generará los intereses desde la fecha del evento dañoso, hasta la fecha de su efectivo pago.

Puntualizó, respecto a la tasa aplicable, que la misma será la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, que resulta aplicable a la especie en la medida que en el caso de autos no existe acuerdo entre las partes sobre el tema ni ley especial que rija la materia por tanto resulta aplicable el art. 768 inc. c) del Código Civil y Comercial unificado, en concordancia con lo resuelto en la materia por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs.As. al respecto en los autos "Ubertalli”.

Determinó, finalmente, que las costas se imponen a las demandadas vencidas en autos, difiriendo la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes para la oportunidad prevista por el art. 15 Y 16 de la ley 14967 y que en relación a los honorarios de la apoderada de la Provincia de Buenos Aires no procede su regulación de conformidad con lo dispuesto por el art. 18 del D. Ley 7543/69.

Detalló que ante las consecuencias de lo decidido y en resguardo del principio de congruencia, corresponde expedirse sobre la aplicación a dichas actuaciones -que solicita la Citada- respecto de la ley 24.432 -concordante con el art. 505 del Código Civil "Vélez"- y que actualmente tiene su correlato en el art. 730 último párrafo del Cod. Civ. y Com. Unif. Dispuso que en tal sentido y atento que el tema de las costas adquiere en principio virtualidad para la codemandada, al momento de regularse las mismas y, dado el diferimiento de dicha regulación dispuesta, ese será momento procesal para su tratamiento sin que obste recordar la vigencia dentro del ámbito provincial de la ley 14967.

1.1. Cabe destacar que posteriormente, mediante aclaratoria de fs. 621/622, la magistrada de grado resolvió rectificar la sentencia supra referida e indicar sobre la pericia psiquiátrica que en donde dice “3%” deberá leerse “30%”. Luego, confirmó el monto de las sumas reconocidas por los rubros "Daño Físico y Psíquico" y "Daño Moral".

2º) Relatados los antecedentes del caso y expuestos los fundamentos del pronunciamiento de grado, corresponde seguidamente analizar -de acuerdo a lo resuelto en la admisibilidad de fs. 687/688 y vta.- las piezas recursivas interpuestas contra aquél por la parte actora (cfr. presentación de fs. 609/612), por la demandada (ver presentación de fs. 615/619) y por la citada en garantía Provincia Seguros S.A. (cfr. fs. 634/638), respectivamente.

2.1. Apelación de la parte actora:

De la presentación en análisis, se desprende que dicha parte interpone recurso de apelación en subsidio y se agravia, respecto de los rubros “daño psicofísico y daño moral” solicitando su actualización y manifestando que entiende procedente su elevación de manera equivalente a lo que considera como “verdadero y total porcentaje de incapacidad”.

Refiere que se agravia respecto del quantum otorgado tanto por incapacidad psicofísica como por el daño moral, entendiendo que resulta inferior en comparación a los valores otorgados por diferentes magistrados para paliar tal tipo de desmedro.

Recalca que el actor presenta, según los informes periciales, incapacidad física del 22,79% y psicológica del 30%; y que el daño material se ha valorado en la suma de $150.000, la que considera irrisoria.

Indica también que el daño moral se ha estimado en la suma de $30.000, la que también considera baja.

Enfatiza que el valor que se le asigna al punto de incapacidad debe actualizarse y que en la actualidad, en primera instancia, el valor del punto ronda los $13.000 y en segunda supera, en algunas salas los $18.000 resultando -a su entender- bajo el estimado en la sentencia apelada. Solicita, en tal sentido, que se reevalúe la suma acordada para indemnizar la incapacidad psicofísica sufrida así como el daño moral.

2.2. Apelación de la parte demandada:

Del referido escrito surge que dicha parte se agravia por la cuantía de los rubros que integran la pretensión indemnizatoria, manifestando que no se han probado acabadamente los deméritos económicos que el hecho de autos provocó en la vida de N. B. o en su grupo familiar ya que al momento del accidente el actor era menor de edad.

Esgrime que los montos fijados en concepto de Daño Físico y Psíquico, Tratamiento Psicológico y Daño Moral, resultan muy elevados y que no guardan relación con lo acreditado en autos.

Sostiene que la parte actora no acreditó ni cuantificó en autos la actividad productiva ni estándar de vida y que no obra prueba concreta de los ingresos mensuales del grupo familiar, ya que cuando ocurrió el accidente el actor era menor de edad.

Cita jurisprudencia y expresa que oportunamente cuestionó el grado de incapacidad otorgado basándose en que el experto sostuvo que “de acuerdo al examen clínico traumatológico no presento limitación en el codo derecho” y que no existiendo limitación funcional y/o daño físico no hay incapacidad que amerite indemnización.

Con respecto al daño y tratamiento psíquico, plantea que los montos otorgados por tal concepto resultan elevados ya que no guarda relación con los porcentajes de incapacidad otorgados conforme la pericia psicológica realizada.

Cuestiona el grado de incapacidad otorgado, y expresa que la afección valorada por el perito además de ser excesiva no se corresponde con el cuadro informado.

Aduce que no corresponde la indemnización por daño psíquico y tratamiento psicológico, destacando que el cuadro es leve y debe remitir solo sin la asistencia de terapeuta.

Cita jurisprudencia y recalca que la acreditación científica de la incapacidad cobra fundamental importancia para mensurar el daño.

Manifiesta que la suma tarifada en concepto de gastos por tratamiento psicológico no corresponde como rubro indemnizatorio.

Sostiene que ha mediado doble indemnización cuando se pondera el agravio espiritual y psicológico como así las limitaciones patrimoniales que ella proyecta o ha de proyectar en la vida laboral y de relación.

Expone que la elevada tarifación del daño que realiza la jueza de grado, genera indebidamente un enriquecimiento para quien debía aportar la prueba.

Con respecto al Daño Moral, expresa que existen pautas objetivas para cuantificarlo y que considera elevado e irrazonable el monto fijado para tal rubro. Cita doctrina y recalca que el monto otorgado por tal rubro deberá adecuarse a la realidad de los hechos.

2.3. Apelación de la citada en garantía (Provincia Seguros S.A.):

De la presentación en examen, surge que se agravia en cuanto se ha hecho lugar a la demanda.

Manifiesta que la magistrada de grado ha hecho una errónea e incorrecta valoración de la prueba, apartándose de prueba atendible, todo lo cual convierte - a su entender- al fallo recurrido en una sentencia arbitraria.

Señala que la jueza de la anterior instancia ha resuelto el pleito con referencias dogmáticas y erradas.

Recalca -como punto central del error en el que considera que la jueza ha incurrido- el tema del caso fortuito como causal de exoneración de responsabilidad invocado como defensa.

Expresa que al analizar el caso fortuito, la jueza de la instancia anterior sostiene que se requiere para su admisión la existencia de dos elementos, que debe ser “inevitable” e “imprevisible” y que tal afirmación es errada, no sólo porque en todo caso están invertidos los conceptos en su orden, sino porque no se requiere la existencia de tales dos elementos, sino sólo uno de ellos.

Cita el art. 514 del actualmente derogado Código Civil -aplicable por ser la ley vigente al momento del hecho, conforme el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial-, refiere a doctrina y enfatiza que según la prueba producida en autos -que reseña la jueza de grado- el entonces menor B. se encontraba jugando al fútbol en la actividad recreativa integradora realizada en el colegio y en el lugar destinado a ella cuando tropezó y al caer golpeó con una rejilla.

Destaca que si bien es previsible que algún alumno pueda tropezar en el interior del colegio que nos ocupa como en cualquier otro de todo el país, jugando al fútbol, haciendo gimnasia en la clase pertinente, o simplemente al caminar por las instalaciones, es “inevitable”, pues -a su entender- para que se pueda evitar que le ocurra mientras camina necesariamente debería cada alumno ser acompañado por un adulto para que ante cada eventualidad impida que caiga por haberse tropezado, y que ello se torna más absurdo si se considerara que cada alumno debe contar con la compañía de un adulto mientras juega al fútbol o hace gimnasia en la clase pertinente.

Acentúa que no especifica la jueza de grado cuáles eran los controles que podría haber adoptado el instituto educacional.

Enfatiza que no existe ningún control posible ni diligencia apropiada para poder evitar que un alumno se tropiece y caiga al piso, más allá del absurdo de que esté acompañado en todo momento por un adulto, y mucho menos cuando el alumno se encuentra jugando al fútbol, o cualquier otro deporte, o haciendo gimnasia, pues, además, ese riesgo siempre existe en esas actividades y es asumido por los propios padres y de alguna manera también por la sociedad toda.

Esgrime que entonces debería concluirse en la responsabilidad del instituto educacional siempre que un alumno se tropiece simplemente caminando dentro de él o practicando deportes o haciendo gimnasia en la clase pertinente.

Recalca que si el hecho configurativo de caso fortuito ya está probado o resulta probado del plexo probatorio acumulado en el expediente, sin interesar quién haya aportado la o las pruebas, por imperio del principio de adquisición procesal, corresponde tenerlo por probado, no siendo dable ni admisible hablar ya de la carga de la prueba.

Refiere a la declaración testimonial de la testigo presencial Carla Vanesa Defilippis y expresa que no puede ser descalificado sin más el único testigo, como implícitamente ha hecho la jueza de grado al no considerar sus dichos, soslayarlos y dirigir sus fundamentos a la carga de la prueba del caso fortuito.

Sostiene que los dichos de la testigo Defilippis son de un peso incuestionable desde que la actora no los cuestionó y tampoco surgen desacreditaciones de sus dichos en la sentencia recurrida.

Destaca que se trató de un hecho fortuito y casual de los que muchas veces ocurren en cualquier tipo de actividad deportiva, máxime jugando al fútbol, o simplemente con correr por la calle.

Acentúa que en tal proceso se ha endilgado responsabilidad a la demandada por el simple hecho de haber ocurrido el hecho dentro del instituto educacional, pero concretamente no se ha siquiera en la demanda atribuido responsabilidad por algún defecto o vicio que tuviera el lugar donde el menor se encontraba jugando al fútbol junto con sus demás compañeros de colegio.

Solicita que la sentencia sea revocada en cuanto estableció la responsabilidad de la demandada e hizo lugar a la demanda.

Plantea subsidiariamente que -sin perjuicio de la limitación de cobertura asegurativa probada en autos y reconocida en la sentencia- se agravia respecto del monto que fuera fijado por la partida incapacidad físico-psíquica

Manifiesta que se ha conculcado el principio de congruencia contemplado en el art. 163, inc. 6, del C.P.C.C., puesto que -a su entender- se ha concedido más de lo que le fue pedido, incurriendo, por tanto, en sentencia ultra petita.

Sostiene que no resulta aplicable la frase “y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir” que se suele consignar -como en este caso- en las demandas por daños y perjuicios y a la que hace referencia la jueza de grado, puesto que tal fórmula no es un inmenso paraguas abierto para soportar cualquier lluvia, sino las secuelas que si bien existen son desconocidas, no para los casos en que, como el que nos ocupa, fueron denunciados una serie de daños y se detallaron una serie de secuelas incapacitantes, e, incluso, se alegó un 20% de incapacidad física y un 15% de incapacidad psíquica.

Asevera que la jueza debe explicitar fundadamente no sólo a las partes, sino a toda la sociedad, el motivo por el cual otorga más de lo que se le reclamó y que si en la demanda el actor impetró $109.000 por los daños y secuelas físicas y psíquicas que indicó, luego, habiéndose probado los porcentajes de incapacidad que alegó y por los cuales reclamó tal importe, es decir, no haber probado un perjuicio mayor que el alegado en la demanda, no es procedente ni tolerable que se le otorgue como indemnización un importe de $150.000 que supera en casi el 37,61% el monto reclamado.

Plantea que no surge de manera alguna el método por el cual la jueza de grado llegó a establecer el importe cuestionado y que los porcentajes de incapacidad informados por los peritos médico traumatólogo y psicólogo sólo resultan y pueden resultar un índice a tener en cuenta a los efectos de fijar la indemnización, pero de ninguna manera pueden ser aplicados matemáticamente. Por lo que solicita, subsidiariamente, la reducción del monto concedido estableciéndose como máximo el monto pretendido en la demanda.

Puntualiza que también subsidiariamente, le causa agravio que los intereses por el rubro “Tratamiento psicológico” corran a partir del hecho. Expone que no existe ninguna justificación para tal decisión, y mucho menos si se toma en consideración que los intereses resarcitorios corresponden cuando se ha efectuado un desembolso patrimonial, no cuando no se lo hizo como es el caso del tratamiento psicológico reconocido al accionante, porque no probó haberlo hecho, ni en la demanda se alegó que lo hubiera hecho. Por lo que subsidiariamente manifiesta que debe modificarse tal aspecto de la sentencia y disponer que los intereses por este rubro deben computarse a partir del fallo de primera instancia.

Finalmente, se agravia respecto de la tasa de interés que ha determinado la jueza de grado, es decir, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, pues de esa manera se puede entender que se aplica la denominada tasa pasiva digital (BIP), es decir, la que rige a través del sistema Banca Internet Provincia.

Indica que la jueza debió ceñirse a aplicar únicamente la tasa de interés pasiva (no digital).

Describe que habiendo sido fijadas las indemnizaciones en la sentencia a valores actuales, puede decirse que existe un enriquecimiento sin causa por parte de la actora, puesto que la sentencia ha fijado el punto de partida de los intereses la del hecho, de donde se sigue que desde aquel momento se computarán los intereses como si los valores actuales fijados en la sentencia lo hubieran sido en tal tiempo. Plantea que la sentencia debería haber establecido que los intereses correrían desde el hecho hasta la sentencia a una tasa “pura”, por ejemplo, del 6% u 8%, por cuanto precisamente en la sentencia definitiva las indemnizaciones se establecieron a valores actuales.

3º) Cabe destacar que en la contestación de la expresión de agravios de fs. 669/670, la parte actora manifiesta -en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía- que se trata de un relato difuso que tiene como finalidad intentar deslindar la responsabilidad que les cabe a las autoridades del establecimiento educativo y a la compañía de seguros.

Expone que la cadena de razonamientos descripta por la demandada resulta errónea y que muestra el malestar frente a una sentencia que le ha resultado desfavorable.

Destaca que se ha tratado de un accidente grave que requirió que el menor B. fuera intervenido quirúrgicamente y que la jueza de grado realizó una descripción pormenorizada de la prueba desarrollada en autos interpretada a la luz de la sana crítica.

Destaca la responsabilidad objetiva que contempla el art. 1117 del Código Civil y puntualiza, finalmente, en cuanto al planteo sobre el otorgamiento de un monto mayor que el que fuera solicitado. Ello, exponiendo que en todo reclamo por daños y perjuicios, el actor realiza un reclamo aproximado y cuantifica estimativamente quedando sujeto a la prueba producida en más o en menos, respecto del monto reclamado, por lo que considera que resulta insustentable tal agravio, solicitando su rechazo con costas; y -según enfatiza- y tampoco sustentada la queja relacionada con la tasa aplicada.

4º) Por su parte, en la contestación de la expresión de agravios de fs. 671 y vta., la parte actora manifiesta -en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la Dirección General de Cultura y Educación- que se trata de un relato vacío que muestra disconformidad con respecto a un fallo que le resultó desfavorable.

Puntualiza que aquélla basa su queja en la circunstancia de que el actor era menor de edad y no genera ingresos económicos a su hogar, en la falta de secuelas incapacitantes y que por ende no merece indemnización; pero que sin embargo, tal planteo es un manifiesto desprecio por los derechos personalísimos garantizados por la Constitución Nacional.

Destaca que la persona es entendida como un todo, donde cuerpo, mente y psiquis deben ser respetadas en el mismo plano; y que el principio de reparación integral viene a tutelar y volver efectivos dichos derechos y garantías.

Recalca que en autos, dada la incapacidad psicofísica comprobada por los expertos, tal ha sido el basamento para la estimación prudencial de la jueza a-quo.

Indica también que las secuelas han quedado consolidadas y que surgieron del hecho serio que generó una intervención quirúrgica.

Destaca que la vida del menor se vio afectada a partir del accidente, que ha sufrido una perturbación psicológica manifiesta en los informes periciales, y remite a la aplicación de la teoría de la reparación integral citando jurisprudencia.

5º) Posteriormente, en la contestación de la expresión de agravios de fs. 672/675 y vta., la citada en garantía expresa con respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, que tal escrito presentado por la contraria no reúne los recaudos exigidos por el art. 56, inc. 3, del C.C.A. (ley 12.008, modif. ley. 13.101), por lo cual resulta procedente, en consecuencia, que se declare desierto. Enfatiza que el mismo no contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera errados los montos fijados como resarcimiento.

Puntualiza subsidiariamente que debe descartarse la aplicación mecánica de fórmulas matemáticas o actuariales, tales como el denominado «cálculo por punto de incapacidad», recalcando que tal clase de porcentajes sólo constituye un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables tales como la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía confrontada en el contexto de las peculiaridades del sujeto damnificado.

6º) Dicho lo expuesto, debo recordar que no es preciso que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden que los proponen, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más Alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (cfr. CSJN, Fallos: 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros; esta Cámara en la causa N° 3426, “Chivilcoy Continuos S.A. c/ Municipalidad de Luján s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos”, sent. del 14/03/2013, entre muchas otras).

Asimismo, debo rememorar que la actividad jurisdiccional de este Tribunal debe ajustarse indefectiblemente al marco de los agravios traídos a su sede y en su extensión. Ello, por cuanto la apelación contra la decisión de primera instancia abre la jurisdicción de la Alzada a los efectos de resolver si el pronunciamiento impugnado se ajusta a derecho, mas ello no habilita a fallar sobre cuestiones que no han sido materia de queja por parte de los interesados (art. 266 in fine, 272 y su doctrina del C.P.C.C.). Rige aquí el conocido aforismo ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (cfr. SCBA LP, causa C 118.775, “Vessoni, Abel Oscar contra Cabaña Santa Rita. Daños y perjuicios”, sent. del 10 de agosto de 2.016; y esta Cámara in re: causa N° 6008, “Richards, Andrés Felipe c/ Municipalidad de Merlo s/ Pretensión anulatoria”, sent. del 09/02/2017; N° 6586, “Martignoni, María Florencia c/ Municipalidad de General San Martín s/ Pretensión anulatoria”, sent. del 20/03/2018; y N° 6615, “Andrade, María c/ Municipalidad de San Miguel s/ Pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos”, sent. del 16/04/2018, entre otras).

Del mismo modo, cabe recordar que el juez goza de la facultad de seleccionar aquellos elementos de apreciación objetiva que se incorporan al expediente que estime relevantes para formar convicción y decidir el tema sometido a su conocimiento, motivo por el cual la circunstancia de atribuirle eficacia probatoria a alguno de ellos, desatendiendo a otros, no puede constituir agravio audible si no se demuestra la sinrazón de haber procedido de tal modo, sea por la falta de mérito de tal material probatorio, cuanto por su contradicción con otros medios más eficaces o relevantes, o por cualquier otra razón que persuada que medió de parte del sentenciante una incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica (cfr. CC0203 LP, causas N° 116.514, “Zago, Anabella Carolina y Zago, Carla Claudia s/ Incidente de Rendición de Cuentas”, sent. del 25/02/2014; y N° 118.766, “Sorocki, Josefina c/ ICF S.A. s/ Daños y Perj. Incump. Contractual”, sent. del 24/09/2015; y esta Cámara in re: causa N° 5454, “Inelta S.R.L. y otros c/ A.R.B.A. y otro s/ Pretensión indemnizatoria”, sent. del 02/05/2018, entre otras).

7º) Sentado lo expuesto, resulta necesario señalar que ha llegado firme a esta Alzada por falta de apelación al respecto (art. 266 CPCC y art. 77 inc. 1 del CPCA), lo resuelto por la Jueza de grado en la medida en que tuvo por acreditado que el día 27 de abril de 2011, en el horario de las 10:30 hs., el menor N. B., alumno de la escuela Bernardino Rivadavia, Escuela Nº 8 de la localidad de Haedo, sufrió un accidente cuando se hallaba jugando al fútbol en una hora libre dentro de la sede de la escuela, circunstancia en la que tropezó y sufrió una caída en la que apoyó el codo derecho contra una rejilla que se encontraba en el suelo.

8º) Reseñados los antecedentes fácticos y jurídicos relevantes, por una cuestión de orden lógica, corresponde que aborde el análisis de los agravios desplegados por la citada en garantía, Provincia Seguros S.A., en torno a la atribución de responsabilidad en el caso. Cabe recordar que tal apelante plantea, en lo sustancial: a) Caso fortuito como causal de exoneración de responsabilidad, el cual entiende que ha quedado acreditado y b) errónea apreciación de la prueba, en cuanto considera que la jueza de grado implícitamente ha desacreditado el testimonio de la testigo presencial Carla Vanesa Defilippis, por ser testigo único.

Cabe agregar que posteriormente, trataré aquellos agravios concernientes a los rubros y montos indemnizatorios cuestionados por las partes.

9º) En dichos términos, como primera medida, encuentro pertinente señalar ab initio que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya se ha pronunciado -frente al sustancial cambio normativo producido con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la consecuente derogación del anterior cuerpo normativo- respecto del marco legal aplicable a los casos relativos a la responsabilidad del Estado, en autos “Rolón Hermelinda c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley” (SCBA LP A 70603, sent. del 28/10/2015), sentando doctrina legal al respecto. En la causa citada, el Máximo Tribunal resolvió que resultan de aplicación a la cuestión a resolver las disposiciones normativas vigentes al momento en que se configuró la ilicitud cuya reparación se reclama.

Por lo tanto, de conformidad con la doctrina legal de la SCBA, obligatoria para todos los órganos judiciales de la Provincia -SCBA, causas B 60.437, “Acevedo”, sent. del 05/08/2009 y B. 56.824, sent. del 14/07/ 2010, entre otras; y esta Alzada, in re: causas Nº 664, “Rabello”, sent. del 19/09/2006; Nº 823, “Zapata”, sent. del 15/02/2007; Nº 967, “Libonati” sent. del 14/05/2012, y N° 3943, “Figueroa”, sent. del 22/10/15, entre otras-, en virtud de la época de ocurrencia de los hechos que dieron origen a la pretensión articulada por la actora, el presente caso debe decidirse conforme las normas del derogado Código Civil de la Nación.

10º) A los fines de resolver el agravio en cuestión, corresponde recordar que el art. 1117 del Código Civil -texto según ley 24.830, Art.2, B.O. 07-07-97, aplicable al caso- estipula que “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario”.

Cabe destacar que, según se desprende de la norma referida, la responsabilidad del propietario del establecimiento educativo -en el caso, Provincia de Buenos Aires- es de naturaleza objetiva agravada, toda vez que sólo admite como eximente de responsabilidad la prueba de caso fortuito.

En el mismo sentido que el resuelto por la a-quo y con el cual concuerdo, la SCBA ha explicado que el art. 1117 del C. Civil "presume la responsabilidad de los propietarios de tales establecimientos. El factor de atribución de la responsabilidad es objetivo, dado que se debe garantizar la incolumnidad de los escolares. O sea que el alumno debe retirarse del instituto de enseñanza "sano y salvo" (conf. Sagarna, Fernando A., "Ley 24830: Nuevo régimen de la responsabilidad civil de los propietarios de establecimientos educativos", en JA 1997-III-936)” (SCBA, “O.E.A. c/ Pcia. de Bs. As.”., del 17/6/09).

Además, que “Esta Corte ha sostenido en numerosas oportunidades que no hay duda que la obligación de enseñanza conlleva el deber de seguridad, que gravita sobre los funcionarios que la imparten, aun considerada como la obligación accesoria de tomar las razonables medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles (conf. Ac. 45.606, sent. del 11/8/1992, entre otras).”(SCBA, “O.E.A. c/ Pcia. de Bs. As.”., del 17/6/09).

Sentado ello, adelantaré que surge de las constancias de autos la concurrencia de circunstancias que tornaron posible el hecho motivo de los presentes, pese a que el mismo resultaba evitable.

11º) Véase que se encuentra acreditado que el día 27 de abril de 2011, en el horario de las 10:30 hs., el menor N. B., mientras se encontraba en una actividad recreativa del establecimiento escolar Bernardino Rivadavia, en presencia de las docentes a cargo, se cayó golpeando el codo derecho en la rejilla del patio (cfr. Denuncia de Siniestro efectuada ante Provincia Seguros S.A. por la Sra. Vicedirectora del mentado establecimiento escolar), no apelada en tal aspecto).

11.1. En tal sentido, ha quedado demostrado que en el marco de la mentada actividad socializadora el menor, junto a sus compañeros, se encontraba jugando “a la pelota o al quemado” y que “cae sobre una rejilla que existe en un borde del patio, supone que es un desagote, golpea uno de los brazos sobre esa rejilla...” (cfr. surge de la declaración testimonial de la testigo presencial Defilippis Carla Vanesa, docente del menor). Asimismo, las constancias de fs. 293/294 y 353/355 dan cuenta de la lesión que sufrió el menor, a saber: caída de su propia altura con traumatismo de codo. En tal sentido, advierto que la responsabilidad de la parte accionada, conforme la prueba producida, resulta entonces inexcusable. Es que, el gran esfuerzo argumentativo del apelante no logra conmover la falta de acreditación del “caso fortuito” resuelta por el a-quo.

En efecto, considero relevante recordar que el art. 514 del C. Civil estipula que “Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”.

Asimismo, que “El concepto jurídico de caso fortuito o fuerza mayor no es otro que el señalado por los arts. 513 y 514 del Código Civil, con arreglo a los cuales tanto uno como otro requieren la concurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que hagan imposible el cumplimiento de la prestación prometida, siendo su principal característica la exterioridad del acontecimiento.” (SCBA LP C 118235 S 13/05/2015. Carátula: Sierra, Hidalgo Ricardo y otra contra Genaro, Héctor Antonio y otros. Daños y perjuicios" y su acumulada "Martínez, Isabel y otro contra Consorcio Edificio Apolo II. Daños y perjuicios; SCBA, Ac 84910 S 18-8-2004, Díaz, Zoila R.A. y otra c/ Trejo, Luis R. y otros s/ Daños y perjuicios; y esta Cámara in re causa nº 2470/10, caratulada “Ledesma Julio Roberto y otra c/ Escuela Nº 1 Cosme Beccar - Pcia. De Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”, sent. del 07/06/2011).

Además, también ha entendido el Cimero Tribunal Provincial que el suceso que constituya caso fortuito o fuerza mayor debe ser además de inevitable -sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser evitado-, extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir que no hubiera ocurrido por su culpa (SCBA Ac 45606 S 11-8-1992, Issler, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios).

12º) De lo expuesto se desprende que la configuración del caso fortuito importa necesariamente por un lado, la ocurrencia de un hecho o acontecimiento imprevisto, extraordinario, que excede lo normal u ordinario y resulta totalmente ajeno a la voluntad del deudor; y por el otro, la inevitabilidad del hecho, es decir, la imposibilidad de evitarlo por parte de la persona que lo invoca como eximente de responsabilidad.

En ese sentido, cabe resaltar la trascendencia definitoria de la característica de la "inevitabilidad" al considerar la figura del caso fortuito. Investigar la posibilidad de que el hecho pudiera ser evitado implica investigar la ausencia de un actuar culposo (o de una abstención igualmente culposa) por parte de los agentes involucrados. Esto, porque a la luz de previsiones tales como las contenidas en los arts. 513 del Código Civil y 375 del Código Procesal Civil y Comercial, quien quiere hacer valer una defensa basada en el casus, debe evidenciar que le fue imposible evitarlo por serle absolutamente ajeno (conf. SCBA LP C 117533 S 11/12/2013, Carátula: “E., A. C. y otros c/ Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios”).

13º) En tal contexto, entiendo que no resultaba imposible de prever que un menor, en el marco de una actividad recreativa (a saber, un juego con pelota) en un patio, pudiera caer bruscamente y lesionarse. Ello, en atención a la corta edad de los educandos y la impulsividad de los mismos sin una contención adecuada, entre otras circunstancias factibles, por lo que la imprevisibilidad alegada carece de sostén.

Es que, el parámetro para determinar la previsibilidad es la diligencia que exige la obligación de que se trata, pues el C.C. exige diligencia apropiada a las circunstancias del caso en el art. 512 (cfm. Alterini Atilio Aníbal, Ameal Oscar José y López Cabana Roberto M, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, Ed. Abeledo Perrot, pág. 357/358), y la demandada tenía el deber de dar cuidado y vigilancia dentro del colegio a los fines de asegurar la integridad del alumno.

De tal modo, se ha resuelto que quien contrae la obligación de prestar un servicio -en el caso: educación, custodia y seguridad-, lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y que es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos, 306:2030, 307:821, 312:343 y esta Cámara in re: causa Nº 3.103/12, caratulada “Conti, Norberto y otro c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 31 de julio de 2012).

14º) Cabe agregar, además que observo que -mientras el hecho debe ser extraño al deudor para ser ponderado como caso fortuito- el daño se produjo en el interior de la esfera de acción por la cual el demandado debía responder, ya que sucedió dentro del patio del establecimiento educativo, en presencia de las docentes, en un contexto de interacción a través de un juego de pelota con sus compañeros.

Todo ello así, entiendo que debe rechazarse el agravio en tratamiento y confirmar -por estos fundamentos- la sentencia apelada, pues el demandado no acreditó el caso fortuito que esgrimió a los fines del rechazo de la demanda.

En tal dirección, se recuerda que la prueba del caso fortuito está a cargo de quien la invoca y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho al que se adjudica la condición de causal exonerante (cfr. SCBA LP B 63779 S 30/05/2012, Carátula: “Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta c/Provincia de Buenos Aires (O.C.E.B.A.) s/Demanda contencioso administrativa”).

Asimismo, tiene dicho el Alto Tribunal Provincial que: “Por la índole de las graves consecuencias que importa la constatación de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor -como causas de eximición de responsabilidad de la accionada (art. 513, Cód. Civil)- la manda contenida en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial adquiere una trascendencia mayor” (SCBA LP C 117533 S 11/12/2013, Carátula: “E., A. C. y otros c/Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y otros s/Daños y perjuicios”).

Bajo tales circunstancias, advierto que el aquí apelante omitió cumplir con la manda legal referida. Ello así, toda vez que la recurrente se limitó a sostener la configuración del alegado caso fortuito, sin efectuar argumentación alguna en relación su hipotética producción, ni ofrecer la prueba pertinente. Razón por la cual, se desestima el agravio en análisis, lo que así dejo planteado.

15º) Misma suerte sigue el planteo efectuado sobre la errónea apreciación de la prueba, en cuanto considera la recurrente que la jueza de grado implícitamente ha desacreditado el testimonio de la testigo presencial Carla Vanesa Defilippis, por ser testigo único y que tales dichos acreditan per se la existencia del caso fortuito. Al respecto, debo decir que pese a los enfáticos embates esbozados por la aquí apelante, de acuerdo a lo descripto en el Considerando 11º) punto 11.1., tales dichos no hacen más que abonar la tesitura expuesta, en cuanto a la falta de acreditación del caso fortuito. Todo lo cual, sella la suerte negativa del planteo esbozado.

16º) Definida la cuestión relativa a los agravios por la responsabilidad atribuida, entro ahora al tratamiento de los agravios que han vertido las partes con respecto a los rubros indemnizatorios reconocidos y montos determinados por la jueza a quo.

17º) Por una cuestión de orden metodológica, comenzaré con el análisis de los planteos esbozados por la actora. Al respecto, recuerdo que la misma interpone recurso de apelación en subsidio y se agravia, en lo atinente al quantum otorgado por los rubros “daño psicofísico y daño moral” solicitando su actualización y manifestando que entiende procedente su elevación de manera equivalente a lo que considera como “verdadero y total porcentaje de incapacidad”. Recalca resulta inferior en comparación a los valores otorgados por diferentes magistrados para paliar tal tipo de desmedro. Remite a los informes periciales, manifestando que éstos reflejan una incapacidad física del 22,79% y psicológica del 30%; y que el daño material se ha valorado en la suma de $150.000, la que considera irrisoria, junto con la suma establecida para daño moral (fijada en $30.000) la que también considera baja. Por último, recuerdo que dicha parte enfatiza que el valor que se le asigna al punto de incapacidad debe actualizarse y que en la actualidad, en primera instancia, el valor del punto ronda los $13.000 y en segunda supera, en algunas salas los $18.000 resultando -a su entender- bajo el estimado en la sentencia apelada. Luego, solicita que se reevalúe la suma acordada para indemnizar la incapacidad psicofísica sufrida así como el daño moral.

18º) Transcriptos sucintamente los planteos vertidos por la actora, debo señalar que los mismos no cumplen con la carga procesal impuesta por el artículo 56 inciso 3° del CPCA que impone que “El escrito de apelación deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo el apelante considera equivocadas”.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia y la doctrina en la materia, la expresión de agravios, que persigue el control de justicia de la sentencia por el tribunal de alzada, debe autoabastecerse en el sentido de señalar al tribunal ad quem los errores puntuales y concretos que se imputa a la sentencia recurrida, debiendo tal fundamentación exponerse de manera clara, precisa y concluyente (cfr. CSJN, 22-11-72, Juris. Arg. 1973, VV. 17, p. 368; cfr. Hitters, Juan Carlos, Técnica de los Recursos Ordinarios, p. 455), no bastando con la formulación de afirmaciones genéricas. (cfr. Cám. Nac., Civ., Sala C, 8-8-74, LL, v. 156, p. 615).

En tal sentido, esta Alzada tiene dicho que la crítica debe ser concreta, lo que supone que la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de demostrar cuál es el punto del desarrollo argumental en que se ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica -dando las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto ulterior concretado en la sentencia.

Cuando el litigante sólo manifiesta su disconformidad o discrepancia subjetiva con lo decidido, sin demostrar cuáles han sido los errores incurridos en la decisión, queda invalidado por falta de instrumental lógico de crítica antes que por la solidez de la decisión que impugna (ver causas nº 456/06 "Delgado, Hipólito c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo", del 14/2/06; nº 483/06, “Verna & Verna S.A. c/ Estado Provincial s/Amparo”, del 21/03/06; nº 927/07, “Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Spinelli, Domingo Ricardo s/Apremio”, del 22/06/07 y nº 1296/08, “Chaves, Alejandra Noemí s/ acción de amparo”, del 29/04/08; causa nº 2709/11, caratulada "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ El Sol Y La Luna S.A. s/ Apremio" del 8/09/11; causa nº 2829/11, caratulada "De Amorrortu, Francisco Javier c/ Municipalidad de Pilar s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos” del 6/12/11; causa nº 2707/11, caratulada "Club de Veleros Barlovento Asoc. Civil c/ Municipalidad de San Fernando s/ Proceso Sumario de Ilegitimidad" del 2/03/12, entre otras). (El destacado es propio).

Ello así, por cuanto el tribunal de apelación no tiene una función de contralor o revisora, sino que limita su actuación a las alegaciones realizadas por el apelante en el memorial o expresión de agravios. La apelación comienza con dicha pieza, que hace las veces de una demanda. Así, siendo los agravios los que dan la medida de las atribuciones de la alzada, sólo cabe abrir el recurso cuando los mismos sean suficientemente explicitados e intenten demostrar los yerros de la sentencia o auto cuestionado. Si no se cumple con tal crítica concreta y razonada, el recurso debe declararse desierto (art. 246, 260 y 261 del C.P.C.C.) (cfr. CC0102 MP 122680 RSD-225-10 S 17/08/2010, “Conti, Ana María c/Pacheco, Walter s/Daños y perjuicios”).

Surge entonces con claridad que la apelación interpuesta no cumple con los requisitos básicos de exponer los fundamentos críticos contra los supuestos errores cometidos por el magistrado de grado en la sentencia recaída y, mucho menos, con demostrar la ocurrencia de los mismos que impone el carácter razonado que debe reunir toda expresión de agravios (cfr. Arts. 13 y 25 de la Ley 13.406; Art. 260 del C.P.C.C; CC0201 LP 92915 RSD-120-7 S 14-6-2007; cfr. Azpelicueta, Juan J., Tessone, Alberto, “La Alzada, Poderes y Deberes”, p. 25).

Por tal razón, forzoso es concluir en que el recurso se encuentra desierto por falta de fundamentación suficiente en los términos del artículo 56 inc. 3º del C.C.A. (cfr. también art. 260 del C.P.C.C., por remisión del art. 77 inc. 1º del C.C.A.). Ello, en cuanto el reproche esbozado se aprecia más como una mera disconformidad, que como la crítica concreta y razonada del error en que afirma que habría incurrido la juez a-quo respecto del quantumestablecido para los rubros apelados, incumpliendo de tal manera con la carga procesal que le cabe.

19º) Sobre dicha base, corresponde, en razón de lo precedentemente desarrollado, declarar desierto, por insuficiencia técnica, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ello en tanto y en cuanto lo ordenado por las normas procesales citadas obligan no sólo a las partes sino también a los jueces de la causa (cfr. SCBA, Ac 44018 S 13-8-1991, causa Estévez Garrido, Elías c/ Domínguez, Miguel Ángel y otro s/ Daños y perjuicios; SCBA, ec 54246 S 12-8-1997 causa Andrea, Ricardo c/ Manzo, Salvador s/ Daños y perjuicios; SCBA, AC 77770 S 19-2-2002, D´Avola, María Alejandra c/ Altoe, Horacio J. s/ Incidente de nulidad; esta Alzada en la citada causa nº 4665/15, “Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Materiales Franco S.A. s/ Apremio Provincial”, del 25/06/15, entre otras).

20º) Sentado lo expuesto, procederé a dar tratamiento a los agravios esgrimidos por la citada en garantía Provincia Seguros S.A., y por la parte demandada, relativos a la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios, ordenada por la magistrada de grado a favor de la actora.

21º) Debo reiterar, en primer lugar, que la magistrada de grado reconoció para el rubro “Daño Físico y Psíquico” la suma de $150.000. Para así justipreciarlo, consideró las pericias obrantes a fs. 360/363, 375/377 y vta., entendió que se encontraba acreditada la existencia daños en ambos aspectos (físico y psíquico), por lo que, posteriormente, consideró la existencia de incapacidad polifuncional y sobre dicha base, ponderó juntamente las lesiones que consideró acreditadas, calculó los porcentajes de incapacidad y estableció el respectivo quantum.

22º) En tal contexto, de acuerdo a los agravios descriptos en el Considerando 2º) puntos 2.2. y 2.3., entiendo que -por una cuestión de orden lógico- resulta menester analizar, en primer lugar, el planteo esgrimido por la demandada, en cuanto manifiesta, en lo sustancial, que el monto otorgado por tal concepto resulta elevado; que cuestiona el grado de incapacidad otorgado, expresando que la afección valorada por el perito además de ser excesiva no se corresponde con el cuadro informado y que no corresponde la indemnización por daño psíquico y tratamiento psicológico, por considerar que el cuadro es leve y debe remitir solo; que la acreditación científica de la incapacidad cobra fundamental importancia para mensurar el daño; que la parte actora no acreditó ni cuantificó en autos la actividad productiva ni estándar de vida, no obrando prueba concreta de los ingresos mensuales del grupo familiar (ya que cuando ocurrió el accidente el actor era menor de edad); que oportunamente dicha parte cuestionó el grado de incapacidad otorgado basándose en que el experto sostuvo que “de acuerdo al examen clínico traumatológico no presentó limitación en el codo derecho”; y que no existiendo limitación funcional y/o daño físico no hay incapacidad que amerite indemnización.

22.1. Creo oportuno, a los efectos de hacer una aproximación al tema, traer a colación algunas referencias jurisprudenciales y doctrinarias que esta Alzada ha hecho propias como doctrina para definir esta materia -ver causas N° 5390, “Torres, Cristian Emanuel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 16/02/2017; N° 5922, “Castro Matías Nicolás c/ Giménez Rubén Darío y otro/a s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 10/04/2017; N° 6014, “Roldán Petrona A c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 25/04/2017, entre otras.

Con respecto a la incapacidad sobreviniente, ha señalado esta Alzada que, en principio, siendo el daño no sólo uno de los presupuestos de la responsabilidad civil y estatal sino también, como bien lo señala Mosset Iturraspe, el presupuesto central de la responsabilidad (cfr. Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por Daños”, Tº I, pág. 139), su producción y extensión queda a cargo de quien lo alega (cfr. arts. 1068 del viejo Cód. Civil; 27 inc. 7° del C.C.A. y 375 del C.P.C.C; y esta Cámara in re: causa Nº 1918, “Mendieta, Marta María c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 04/05/2010, entre otras).

Por ello, la prueba del daño reviste un carácter fundamental para tener, no sólo por acaecido el mismo, sino para poder fundar su naturaleza y extensión (cfr. esta Cámara in re: causas Nº 1442, "Larrocca, María del Carmen c/ Pascual Folino Propiedades y Munic. de San Fernando s/ daños y perjuicios", sent. del 30/12/2008; Nº 2235, "Plesko, Helena c/ Municipalidad de San Fernando s/ pretensión indemnizatoria", sent. del 11/11/2010; Nº 2443, “Longhi, Nora Beatriz c/ Municipalidad de San Fernando y ot. s/ daños y perjuicios”, sent. del 21/06/2011; Nº 2966,“Neo Producciones S.A. c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 10/04/2012; Nº 1722, “Rodríguez, Florinda Hortensia c/ Municipalidad de Pilar s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 26/06/2010; Nº 3695, "Toledo, Isabel del Valle c/ Municipalidad de Morón s/ Materia a Categorizar”, sent. del 29/10/2013; y Nº 3667, "Báez Genaro Alberto y otro c/ Municipalidad de La Matanza y otro s/Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 16/06/2014, entre otras).

Por otra parte, como lo determina el art. 1068 del antiguo Código Civil, aplicable por analogía en materia de responsabilidad del Estado (cfr. art. 2 inc. 4° del C.C.A; Reiriz, Graciela María, “Responsabilidad del Estado en la obra colectiva El Derecho Administrativo Argentino Hoy”, pág. 220), el daño, para ser objeto de reparación, “debe ser pasible de apreciación pecuniaria”, es decir, debe estar dotado de la posibilidad de mensurar -a través de algún parámetro objetivo- económicamente su dimensión o extensión en sentido cuantitativo.

Recuerdo, además, que esta Cámara ha señalado en anteriores oportunidades que la cuantificación de las lesiones mediante los baremos o tablas de discapacidad, elaborados muchos de ellos para el fuero laboral, responden a un sistema tarifado que se desentiende de la restitución integral.

Así, esta Alzada ha postulado que más que la lesión en sí, son sus secuelas discapacitantes las que se toman en cuenta en tanto son ellas las que generan limitaciones en la capacidad de la víctima, siendo estas limitaciones las que se traducen en un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria (cfr. arts. 1068, 1086 y conc. del C.C; cfr. Cam. Apel. Civ. y Com. Dptal. Sala II, c. 49571, 19-06-2001, y esta Cámara en causas N° 1216, “Wajsman”, sent. del 28/8/08; N° 2208, “Iribarne”, sent. del 29/12/2010, entre otras).

También ha señalado esta Alzada que el grado de incapacidad sólo juega como pauta de referencia pero no determinante de la indemnización (cfr. Cámara y Sala citada, causa Nº 40020, 18/08/96, y esta Cámara en causa N° 1216, “Wajsman Sara c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/8/2008; N° 2208, “Iribarne Martín Florencio y otro c/ Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, sent. del 29/12/2010, entre otras).

Debo añadir que -en tanto y en cuanto el sub lite se rige por las normas del anterior Código Civil- la determinación de la indemnización queda fijada al arbitrio prudente del magistrado conforme lo determina el artículo 1084, extensible a los supuestos de lesiones incapacitantes por analogía -cfr. Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil Argentino, Obligaciones, T I, p. 149 y ss.; Iribarne, Héctor Pedro, De los Daños a las Personas, p. 16, 23, 27 y ss ; Mosset Iturraspe, Jorge, El Valor de la Vida Humana, p. 187 y ss. Asimismo, esta Cámara en las causas Nº 3592, “Junco, Carolina Soledad y Junco, Mariela F. c/ Trench, René Oscar y otros s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 13/08/2013; Nº 3860, “Aguero María Laura C/ Municipalidad de Vicente López S/ Pretensión Anulatoria”, sent. del 17/07/2014 y Nº 4344, “Fariña Erica Gabriela y otro/a c/ Ministerio de Seguridad s/ Materia a Categorizar- Previsión” sent. del 20/04/2015, entre otras).

En efecto, “prudencia y equidad” señala el Dr. Jorge Mosset Iturraspe han de ser los criterios rectores que adecuen “una reparación fría o matemática a las circunstancias” del caso -cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, El Valor de la Vida Humana, p. 190.

Con este marco, adelanto que la suma otorgada por la juez a-quo debe disminuirse.

Por un lado, observo que el porcentaje de incapacidad polifuncional no luce ajustado al caso. En efecto, dispuso que surge una incapacidad física del 22.79% (cfr. fs. 593) y contempló una incapacidad psíquica del 30% (cfr. aclaratoria de fs. 621/622).

Advierto que la sentenciante partió, en primer lugar, de la base de que la incapacidad física contemplada en el informe pericial de fs. 360/363 era permanente -punto en el que coincido, aun cuando la recurrente enfatice que “no existe limitación funcional y/o daño físico”-, ya que surge del mentado informe pericial que el joven “presenta cicatrices, material de osteosíntesis, fractura de cúpula radial, fractura de olecranon cubital de codo derecho que determinan incapacidad” (cfr. fs. 361).

Seguidamente, la magistrada de grado consideró la incapacidad psicológica aludida en la pericia de fs. 375/377 entendiendo que la misma resultaba irrecuperable. En ese contexto, fue que efectuó el cálculo de la incapacidad polifuncional a la que refirió para establecer el monto dispuesto para el rubro “Daño por la Incapacidad Físico y Psíquica”. Sin embargo, entiendo que no ha sido acreditado que la afección psicológica sea permanente.

En este sentido, debo recordar que el daño psíquico o psicológico, se configura mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio emocional que afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación y como toda incapacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y magnitud (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, 20/05/2005, “A. de S.N. c. Arcos Dorados S.A. y otro”. La ley Online AR/JUR/3166/2005; y esta Alzada en la causa nº 4.793/15 caratulada “Ozuna Isabelino Roberto y otro/a c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria”, sentencia del 2 de noviembre de 2.015, entre otras).

Bajo tales condiciones, cobra trascendencia la pericia médico psiquiátrica, llevada a cabo a fs. 375/377 y vta., por el perito médico psiquiatra Dr. Edgardo Gabriel Moscardi, el cual -cabe resaltar- fue oportunamente cuestionado por la citada en garantía, quien solicitó aclaraciones y pidió explicaciones (ver fs. 398/399) y por la demandada, quien manifestó que no configura una afección psíquica, que la incapacidad valorada resulta excesiva y que no se corresponde con el cuadro informado (ver fs. 400 y vta.).

En tal sentido, observo que la mentada pericia, en lo sustancial, refiere al joven B. describiendo: “un trastorno por estrés postraumático. Actualmente persiste sintomatología de tipo ansiosa depresiva”. Luego, indica: “Incapacidad 30%”.

Advierto, de acuerdo a lo aquí detallado, que si bien la pericia descripta esboza la existencia de una afección de tipo psíquica, lo cierto es que la misma -a la luz de los parámetros vertidos por el citado perito- resulta sumamente imprecisa al omitir la categoría de “permanente” en el respectivo dictamen.

En efecto, como se ha transcripto, el experto al momento de indicar el porcentaje de incapacidad.

Posteriormente, expresa: “Al momento del examen es portador de daño psíquico por presentar un síndrome psiquiátrico coherente, novedoso en su biografía relacionado causalmente con el hecho accidental sufrido, que ha ocasionado una disminución de aptitudes psíquicas previas, de evolución crónica y que dado el tiempo transcurrido la incapacidad se encuentra jurídicamente consolidada para el fuero civil, aconsejando la realización de psicoterapia en forma de una sesión semanal durante dos años a fin de evitar la profundización del presente cuadro...” (cfr. punto IV. de las “Consideraciones y Conclusiones Psiquiátrico Legales” fs. 376 vta. y fs. 377).

En tal contexto, aprecio que el experto proporciona parámetros poco precisos al referir a la incapacidad recurriendo al término “la incapacidad se encuentra jurídicamente consolidada para el fuero civil”; y sobre dicha base -y aun cuanto la referida pericia de fs. 375/377 vta., junto con la contestación del pedido de explicaciones de fs. 406/410, esbozan -reitero- la existencia de una cierta afección padecida por el joven B. y su vinculación causal con el hecho dañoso ventilado en autos- entiendo que no surge contundentemente el carácter de “permanente” de dicha incapacidad.

En tal sentido, cabe recordar que el art. 474 del CPCC, aplicable a raíz de lo dispuesto por el art. 77 del CPCA, dispone: “Fuerza probatoria del dictamen pericial. La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca”.

Ello por cuanto, insisto, el daño psicológico comprende aquellas secuelas o disminuciones de la aptitud física o psíquica que poseía el damnificado antes del siniestro y que le pudieren quedar luego de completado el proceso de recuperación, que se manifiesta a través de signos o secuelas de carácter perpetuo [cfr. CC0001 QL 15909 28/15 S 06/05/2015, “Álvarez, Luis Alberto y Otro/a c/ Micro Ómnibus Quilmes SA (MOQSA) y Otro/a s/ Daños y Perj. Autom. c/ Les. o Muerte (Exc. Estado)”]. (Subrayado añadido). Todo lo cual, de acuerdo a lo aquí descripto, no se encuentra probado en autos.

Bajo tal inteligencia, se advierte que el perito médico psiquiatra no afirma rotundamente que tal incapacidad resulte de carácter “permanente” y tampoco puede ello inferirse contundentemente de su análisis. Razón por la cual, entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente al planteo esgrimido por la demandada con respecto al daño psíquico.

22.2. No escapa del presente análisis que, además, el experto en la mentada pericia, recomienda la realización de psicoterapia y que en la contestación de explicaciones de fs. 406/410, el mismo expresa que “los cambios adaptativos subsecuentes están directamente ligados a las modificaciones conductuales y emocionales que deben ser guiados por un psicólogo y sus técnicas de apoyo psicoterapéutico” (cfr. fs. 409 vta.), afirmando luego que “el tratamiento psicológico puede mejor o no, asimismo el mismo estará sujeto a múltiples variables” (sic).

A la luz de lo dicho, en tanto aconseja el experto un tratamiento psicológico/psiquiátrico, es lógico inferir que la terapia ha de ser útil y que se revertirán las secuelas reseñadas (cfm. CC SM 60.970 RSD-3-9, S del 6 de febrero de 2.009, “Oringo” y esta Cámara in re: Causas Nº 984/07, “Bogado”, sentencia del 3 de abril de 2.008; Nº 2.201/10, “Pérez”, sentencia del 28 de octubre de 2.010 y Nº 2.901/11, “Yrazusta, Carlos Víctor Hugo y otro/a c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 13 de marzo de 2.012, entre muchas otras).

22.3. En tal orden de ideas, el daño psicológico solicitado cabe indemnizarlo aunque en concepto de gastos de tratamiento (conforme CC SM 60.970 RSD-3-9, S del 6 de febrero de 2.009, “Oringo” y esta Cámara in re: Causas Nº 984/07, “Bogado”, sentencia del 3 de abril de 2.008; Nº 2.201/10, “Pérez”, sentencia del 28 de octubre de 2.010, entre muchas otras); tratamiento al que me abocaré en el próximo considerando.

22.4. Lo expuesto implica que la incapacidad parcial y permanente del joven B. se limita al 22,79%, conforme surge de la pericia médica realizada por el Dr. Guillermo A. Vera, perito médico legista, que -reitero- indicó la producción de “fractura de cúpula radial, fractura de olecranon cubital de codo derecho” y que presenta “una cicatriz de 14 cm lateral externo por intervención quirúrgica” y “material de osteosíntesis” (cfr. fs. 360 vta. y 361).

22.5. En adición a lo expuesto, advierto que asiste razón al planteo de la demandada acerca de la ausencia de pruebas sobre el estándar de vida e ingresos mensuales del grupo familiar y siendo que se encuentra acreditada la incapacidad parcial y permanente del joven B. del 22,79%, sólo con respecto al daño físico del aquél -menor de edad al momento del acaecimiento del hecho dañoso-, es que cabe receptar parcialmente el planteo esgrimido por la parte demandada. En virtud de lo expuesto, considero procedente disminuir el monto reconocido para el rubro en cuestión y establecerlo mediante estimación prudencial y equitativa, en el marco del ordenamiento jurídico vigente (cfr. art. 165 CPCC), en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($130.000).

23º) De acuerdo al desarrollo realizado, entro a continuación en el análisis del rubro “Tratamiento psicológico”.

Recuerdo al respecto que la demandada manifiesta que la suma tarifada en concepto de gastos por tratamiento psicológico no corresponde como rubro indemnizatorio.

El agravio no se admite, pues entiendo que en este caso -donde el experto indica como necesario el tratamiento psicológico- forzoso es concluir que cabe indemnizar tales secuelas como gastos de tratamiento futuro (en igual sentido esta Cámara in re: “Conti”, expte. 3103/12 S. 31-VII-2012, “Oringo”, Causas Nº 984/07, “Bogado”, sentencia del 3 de abril de 2.008; Nº 2.201/10, “Pérez”, sentencia del 28 de octubre de 2.010 y Nº 2.901/11, “Yrazusta, Carlos Víctor Hugo y otro/a c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 13 de marzo de 2.012, entre otros). (El destacado es propio).

Reitero, de acuerdo a lo expresado en el Considerando 22.2., que el experto ha expresado que “los cambios adaptativos subsecuentes están directamente ligados a las modificaciones conductuales y emocionales que deben ser guiados por un psicólogo y sus técnicas de apoyo psicoterapéutico” (cfr. fs. 409 vta.). Luego, se pronunció “aconsejando la realización de psicoterapia en forma de una sesión semanal durante dos años”.Posteriormente, indicó el costo de la sesión, estimando que “ronda los $250 cada una en ámbito privado, en el Colegio de Psicólogos es de $120 y gratuita en el Hospital Público”.

De lo precedentemente señalado, surge que la crítica esgrimida por la recurrente no resulta viable. Ello, en cuanto se ha tenido en cuenta el valor mínimo por sesión individual indicado. Todo lo cual, me convence de confirmar el monto reconocido por esto rubro, lo que así resuelvo.

Bajo tal contexto, corresponde desestimar el agravio planteado por la demandada con respecto al rubro tratamiento psicológico y confirmar, en consecuencia, la suma otorgada en la instancia de grado para dicho rubro.

24º) Seguidamente, corresponde analizar el planteo esbozado por la citada en garantía Provincia Seguros S.A., en cuanto puntualiza que le causa agravio que los intereses por el rubro “Tratamiento psicológico” corran a partir del hecho, enfatizando que no existe ninguna justificación para tal decisión, y subsidiariamente manifiesta que debe modificarse tal aspecto de la sentencia y disponer que los intereses por este rubro deben computarse a partir del fallo de primera instancia (ver fs. 637 vta.).

Sobre dicha base, recuerdo que el presente Tribunal debe pronunciarse sobre lo expuesto en los agravios, siendo éstos su propio límite. Razón por la cual, debo circunscribir - por imperio del art. 266 del CPCC- el presente análisis al agravio precedentemente expuesto en los términos allí contenidos.

En consecuencia, corresponde receptar el planteo en análisis, y de acuerdo a lo expuesto, modificar la sentencia de grado estableciendo que los intereses del tratamiento psicológico otorgado deberán calcularse -en virtud de lo planteado por la recurrente- desde la fecha de la sentencia de grado.

25º) Seguidamente, corresponde ingresar en el análisis del agravio planteado por la demandada con respecto al rubro daño moral. Recuerdo, en este sentido, que la recurrente expresa que existen pautas objetivas para cuantificarlo y que considera elevado e irrazonable el monto fijado.

En lo atinente a dicho rubro, considero oportuno recordar que el mismo se configura por el conjunto de sufrimientos, padeceres de orden espiritual y angustias causadas por el ilícito, encontrando su cauce legal en el art. 1078 del C. Civil (cfm. C. Civ. y Com. San Martín, causas nº 48469, 48402, 49269, 53459, y este Tribunal en causa n°64/04, “Bogado”, del 3/4/08, entre otras), su carácter es resarcitorio y no sancionatorio. Se destaca que la fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas; su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (cfm. SCBA, C 85381 S 7-5-2008, “Valentín, Norma B. y González, Juan C. c/ Durisotti, Rodolfo; Hospital Municipal y Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios”, y esta Cámara en la causa N° 1630/09, “Spinelli”, del 6/10/09, entre muchas otras).

Bajo tales parámetros, estimo que la traducción económica del aludido quebranto que en el fallo se efectuó luce excesiva y por tal no refleja los sufrimientos espirituales que a la reclamante debió haberle provocado el evento dañoso (arts. 1078 Cod. Civ. y art. 165 del CPCC).

Propicio, entonces, hacer lugar al planteo realizado por la demandada y en consecuencia, reducir la suma asignada por la Sra. Jueza de primera instancia al importe de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000).

26º) Por lo demás, en cuanto al reproche esbozado por la demandada en torno a la idea de que la sentencia de grado habría incurrido en un indebido reconocimiento de derechos mayor al peticionado en el escrito de demanda por el propio actor, resultando por ello “ultra petita”- diré que tal planteo tampoco resulta atendible.

A mayor abundamiento, considero oportuno destacar que el vicio de incongruencia asume tres caras distintas, a saber: a) por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudez citra petita pertium); b) por extralimitación, cuando otorgue más de lo impetrado por los litigantes (ne aet iudex ultra petita) y c) por ambas razones, es decir mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez (cfr. SCBA C. 98.055, "Liporace, Miguel Luciano contra López, Gabriel. Escrituración", sent. del 3 de junio de 2009).

Dicho lo expuesto, he de señalar que surge del escrito de demanda (ver fs. 15) que la actora había peticionado la suma de $186.800, “o lo que en más o en menos resulte de la probanza a ofrecerse”.

Bajo tales circunstancias, es dable recordar que nuestro Máximo Tribunal Local ha indicado al respecto que: “El fallo no incurre en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada en la demanda si el actor exhibió su intención de no inmovilizar su reclamo al monto peticionado. Dicha intención queda demostrada, si al reclamar en la demanda, se lo hizo refiriendo dicho reclamo "a lo que en más o en menos resulte de la prueba" (art. 163 inc. 6º, C.P.C.C.)” (cfr. SCBA LP C 117501 S 04/03/2015 Juez PETTIGIANI (SD), “Martínez, Hualter M. contra González Urquet, Sergio y otros. Daños y perjuicios; C 110037 S 11/03/2013 Juez SORIA (SD), “Torres, Cristian Heraldo c/ Romero, Miguel Ángel s/ Beneficio de litigar sin gastos. Daños y perjuicios”; y C 102310 S 27/04/2011 Juez GENOUD (SD), “Pacheco, Carlos y otros c/ Municipalidad Malvinas Argentinas y otro s/ Daños y perjuicios”, entre otros; y esta Alzada, en la causa n° 5.149/16, “Aponte, Cintia Vanesa c/ Htal. Muni. Pediat. Mari Gervasoni de la Munic. de Malvinas Arg. y otro/a s/ Pretensión indemnizatoria”, sent. del 8 de agosto de 2.016, entre muchas otras). (El destacado es propio).

Considero, por lo tanto, que la juez a-quo resolvió la cuestión planteada en base al marco normativo que rige la cuestión objeto de litis, a los elementos probatorios que le fueron aportados y a la jurisprudencia imperante en la materia, siguiendo un iter lógico correcto, razón por la que advierto que los agravios invocados por la accionada constituyen más una opinión discordante con lo resuelto por el magistrado de grado, que una crítica puntual, concreta y razonada, tal como lo exige el Código Ritual (cfr. arts. 260 del C.P.C.C. y 77 del C.C.A.).

En razón de lo argumentado, y teniendo en cuenta lo resuelto precedentemente, es que entiendo que el embate intentado por el recurrente debe ser rechazado.

27º) Finalmente, corresponde tratar el planteo esgrimido por la citada en garantía, Provincia Seguros S.A., quien se agravia respecto de la tasa de interés que ha determinado la jueza de grado, es decir, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, pues de esa manera se puede entender que se aplica la denominada tasa pasiva digital (BIP), esto es, la que rige a través del sistema Banca Internet Provincia. Indica que la jueza debió ceñirse a aplicar únicamente la tasa de interés pasiva (no digital). Describe que habiendo sido fijadas las indemnizaciones en la sentencia a valores actuales, puede decirse que existe un enriquecimiento sin causa por parte de la actora.

Adelanto que el agravio en examen no resulta de recibo. A fin de explicitar la afirmación que antecede, debo señalar que nuestro Máximo Tribunal se ha pronunciado en diversas causas respecto de la tasa de interés aplicable, en el marco de la normativa vigente con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial).

Así, en la causa SCBA B 62488 “Ubertalli Carbonino Silvia contra Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa”, sent. del 18/05/2016, en la que se trataba una cuestión de empleo público, el Dr. Soria -en su primer voto, al que luego adhirió la mayoría- expresó: “En relación con los intereses reclamados en la demanda, entiendo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en el ámbito de su competencia originaria. Por tal razón, considero que en este caso los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928). Finalmente en cuanto al pedido de actualización de la suma señalada, advierto que de acudirse a la "actualización, reajuste o indexación" se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928, doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (conf. doct. causa B. 58.655, sent. de 17-VIII-2011, entre otras)”. (El subrayado es propio).

Luego, el Máximo Tribunal Provincial reiteró dicha doctrina en una causa en la que se reclamaban daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito. Así, en el caso C 119.176, “Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ daños y perjuicios”, sent. del 15/06/2016, la Dra. Kogan expuso, en voto al que adhirió la mayoría: “En cuanto a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arg. arts. 161, inc. 3, ap "a", Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 279, C.P.C.C.), toda vez que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del Tribunal (v., entre una miríada de precedentes, la causa C. 101.774, "Ponce", sent. del 21-X-2009). En ese marco, bajo el régimen normativo del derogado Código Civil estableció que en ausencia de convención y de ley especial, los intereses moratorios debían ser liquidados exclusivamente sobre el capital con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 622, abrogado C.C.; conf. causas C. 104.327, sent. del 25-VIII-2010; C. 101.286, sent. del 2-III-2011; C. 99.196, sent. del 4-V-2011; C. 107.517, sent. del 2-XI-2011; entre otras). Por otra parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. En este contexto, entiendo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768, inc. "c", Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia. Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)”. (El destacado me pertenece).

Tal posición fue refrendada asimismo por el Tribunal cimero en la causa L 118.587, “Trofe Evangelina Beatriz c/ Fisco de la Provincia de Bs. As. Enfermedad profesional”, sent. del 15/06/2016. De este modo se ha consolidado, en distintas materias, una nueva doctrina legal de la SCBA respecto de la tasa de interés aplicable, la que de este modo queda determinada como la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, y resulta de aplicación obligatoria para esta Alzada.

Debo reiterar, en este sentido, que el presente Tribunal ha expresado que corresponde tener presente la obligatoriedad de los fallos del Superior para los de grado inferior, que impide apartarse de la doctrina sentada en los casos análogos por su naturaleza y circunstancias (SCBA en “Ac. y Sent.”, 1959-IV-169), en tanto, la “doctrina legal”, en el sentido del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es la que emana de los fallos de la Suprema Corte Provincial, no siendo necesario que la misma sea producto de la reiteración de fallos, ni derivada de un pronunciamiento sin disidencias (cfr. SCBA, Ac. 39440, S. 27-II-1990 y esta Cámara in re: causas Nº 664, “Rabello, Fernando Adrián c/ Municipalidad de San Fernando s/ despido”, sent. del 19/09/2006; Nº 823, “Zapata, Marta Cecilia c/ Municipalidad de San Fernando s/ despido”, sent. del 15/02/2007 y Nº 800, “Libonati, Antonio César c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Impugnación contra Resolución del Tribunal de Cuentas” sent. del 29/12/2011, entre otras).

Así también fue puesto de resalto recientemente por esta Alzada en diversos casos en los que debió analizar la cuestión atinente a la tasa de interés aplicable, receptando la nueva doctrina legal de la Corte (ver CCASM, in re causas N° 5003, “Andrade Silvia Susana c/ Caja Prev. Soc. para Abogados Pcia. Bs. As. s/ pretensión anulatoria”, sent. del 16/06/2016; N° 1108, “Formica Patricia Elena c/ Municipalidad de San Isidro s/ pretensión indemnizatoria”, sent. del 28/06/2016; N° 5164, “Almaraz Ilda Natividad c/ Colegio San Pablo SA y otro s/ pretensión indemnizatoria”, sent. del 12/07/2016; N° 5143, “Guerrieri Diego Pablo c/ Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, sent. del 14/07/2016 y N° 2430, “Maragliano Héctor Orlando c/ Municipalidad de Tigre s/ pretensión anulatoria”, sent. del 14/07/2016).

Bajo tales parámetros, resultando los fallos citados doctrina legal de nuestro Tribunal de Justicia Cimero que, como ha quedado dicho, es de aplicación obligatoria para esta Alzada, el tratamiento de los argumentos expuestos por la recurrente en sustento de su apelación deviene inoficioso, lo que me exime de su tratamiento.

Por lo expuesto, de acuerdo a la obligatoriedad de la doctrina legal de la SCBA, estimo que corresponde rechazar el agravio en cuestión y confirmar la sentencia en este punto.

28º) En razón de todo lo expuesto, propongo: 1º) Rechazar parcialmente el recurso de la citada en garantía Provincia Seguros S.A., en cuanto cuestiona la responsabilidad endilgada, confirmando, en consecuencia, la responsabilidad atribuida en la sentencia de grado. 2º) Declarar desierto -por insuficiencia técnica- el recurso intentado por la parte actora, ello de conformidad con lo previsto en el art. 261 del C.P.C.C. -aplicable a este tipo de procesos en atención a lo dispuesto por los arts. 56 inc. 3º y 77 inc. 1º del C.C.A.- 3º) Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación deducidos por parte demandada y por la citada en garantía Provincia Seguros S.A. y consecuentemente, modificar parcialmente la sentencia de grado de la siguiente manera: a) Disminuir el monto reconocido para el rubro “Daño Físico y Psíquico” y por las consideraciones expuestas en el Considerando22º), establecerlo en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($130.000); b) Establecer que los intereses correspondientes al rubro “Tratamiento Psicológico” -de acuerdo a lo establecido en el Considerando 24º) - se computan a partir de la fecha de la sentencia de grado; c) Disminuir el monto reconocido para el rubro “Daño Moral” y por las consideraciones expuestas en el Considerando 25º), establecerlo en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000). 4º) Confirmar el resto de la sentencia en cuanto ha sido materia de agravio. 5º) Imponer las costas de esta instancia a la demandada y a la citada en garantía Provincia Seguros S.A., en su calidad de vencidas sustanciales del juicio -art. 51 CCA, según ley 14437, y art. 274 CPCC, art. 77.1. CCA. 6º) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. ASÍ VOTO.

Los Señores Jueces Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi votaron a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto, en virtud del resultado del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1º) Rechazar parcialmente el recurso de la citada en garantía Provincia Seguros S.A., en cuanto cuestiona la responsabilidad endilgada, confirmando, en consecuencia, la responsabilidad atribuida en la sentencia de grado. 2º) Declarar desierto -por insuficiencia técnica- el recurso intentado por la parte actora, ello de conformidad con lo previsto en el art. 261 del C.P.C.C. -aplicable a este tipo de procesos en atención a lo dispuesto por los arts. 56 inc. 3º y 77 inc. 1º del C.C.A.- 3º) Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación deducidos por parte demandada y por la citada en garantía Provincia Seguros S.A. y consecuentemente, modificar parcialmente la sentencia de grado de la siguiente manera: a) Disminuir el monto reconocido para el rubro “Daño Físico y Psíquico” y por las consideraciones expuestas en el Considerando 22º), establecerlo en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($130.000); b) Establecer que los intereses correspondientes al rubro “Tratamiento Psicológico” -de acuerdo a lo establecido en el Considerando 24º)- se computan a partir de la fecha de la sentencia de grado; c) Disminuir el monto reconocido para el rubro “Daño Moral” y por las consideraciones expuestas en el Considerando 25º),establecerlo en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000). 4º) Confirmar el resto de la sentencia en cuanto ha sido materia de agravio. 5º)Imponer las costas de esta instancia a la demandada y a la citada en garantía Provincia Seguros S.A., en su calidad de vencidas sustanciales del juicio -art. 51 CCA, según ley 14437, y art. 274 CPCC, art. 77.1. CCA. 6º) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

Regístrese. Notifíquese mediante cédula en soporte papel a los domicilios procesales constituidos por la actora (cfr. fs. 609 vta.), por la demandada (cfr. fs. 618 vta.) y por la citada en garantía Provincia Seguros S.A. (cfr. fs. 672) de conformidad con lo descripto a fs. 686. Oportunamente devuélvase.

  Correlaciones

Rocha, Patricia Beatriz c/Escuela 3 Juan Ángel Golfarini y otros s/daños y perjuicios- Cám. Nac. Civ.  - 18/03/2013- Cita digital: IUSJU208417D 

Cita digital:IUSJU035366E