JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Despido con causa. Injuria grave. Violación de secreto bancario. Rechazo

 

Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario interpuesta por la actora, dado que la empleadora no logró probar la injuria grave imputada a la dependiente, acusada de violar el secreto bancario y de haber informado datos de un cliente a un tercero sin autorización, por lo que el despido resultó arbitrario.

 

 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2018.

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

I- Contra la sentencia dictada en la anterior instancia, que hizo lugar al reclamo, recurre la parte demandada, según el escrito de fs. 318/322, que mereció réplica a fs. 324/328.

A fs. 316 el perito informático cuestiona por reducidos los honorarios que le fueron regulados.

II- Cuestiona la parte la decisión de la Sra. Jueza “a quo” de considerar injustificada la medida rescisoria por ella adoptada. Sostiene al respecto que no se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas. Estimo que no le asiste razón en su planteo.

Digo ello por cuanto, considero que las insistencias de la apelante no van más allá de una discrepancia genérica con el criterio expresado por la magistrada de grado anterior -que en lo sustancial que interesa comparto- acerca de la ausencia de reproches comprobables a la conducta de la trabajadora y encuadrables en lo que oportunamente aquélla invocó para despedirla.

En efecto, de la sentencia anterior surge con claridad la ausencia de prueba respecto del hecho puntual en el que se sustentó la pérdida de confianza invocada como desencadenante de la decisión extintiva. En concreto, allí se aludió a la insuficiencia de los elementos probatorios aportados a los fines de acreditar el extremo sobre el que la empleadora pretendió justificar el despido con causa por ella decidido, y lo cierto es que aquélla se limita a efectuar alusiones meramente dogmáticas y subjetivas sin asumir en definitiva que no resulta respaldada la causal específica por la cual puso fin al contrato (cfr. arts. 242, 243 y concordantes de la L.C.T.).

En efecto, en el caso resulta insoslayable en desmedro de la postura de la accionada sobre el punto, la circunstancia - señalada por la sentenciante de grado- en punto a que no existe en autos prueba idónea alguna que acredite la denuncia supuestamente efectuada por el cliente Enzo Franchina (en tanto la nota acompañada en el sobre anexo de fs. 21, cuya copia luce glosada a fs. 25, ha sido desconocida por la demandante -ver fs. 68 y fs. 79-, y a fs. 214 se tuvo a la accionada por desistida de la declaración del testigo Franchina), ni que demuestre que el usuario que efectuó las consultas en la cuenta de dicho cliente los días que invoca la demandada en el telegrama rescisorio perteneciera a la actora (en tanto la accionada en ningún momento denunció algún número de usuario correspondiente a la trabajadora); sin que la exposición recursiva desvirtúe tal conclusión con la indicación de elementos probatorios concretos y concluyentes a tal fin, extremo que sella en sentido adverso la suerte de este segmento de la queja.

Como bien destacó la magistrada de grado anterior -en términos que no se advierten debidamente refutados en el recurso que se analiza (cfr. art. 116 de la L.O.)-, el perito informático se limitó a afirmar que “al verificar a qué usuario pertenece la cuenta que realizó las consultas de la cuenta mencionada, se observa que pertenece al usuario correspondiente a la actora”, pero lo cierto es que no explica ni precisa cómo llega a dicha afirmación ni aporta documentación que la respalde y avale, teniendo en cuenta que la accionada no denunció en autos el número de usuario perteneciente a la actora.

En tal marco, no puedo sino compartir el criterio expuesto en el fallo de grado en punto a que no obra en la causa elemento de prueba concluyente alguno que permita vincular el usuario en cuestión con la actora y que demuestre que ésta efectúo personalmente las consultas que se le imputan en el telegrama rescisorio, sin que -reitero- se expongan en la queja mejores argumentos que permitan revertir tal decisión.

A todo ello se añade que tampoco surge acreditado en la causa que la trabajadora hubiera hecho violación del secreto bancario informando a terceros sobre las cuentas del cliente Franchina. Ello en tanto el e-mail que supuestamente habría enviado Maturi efectuando su descargo y reconociendo su mal proceder (ver documental obrante en el sobre anexo de fs. 21, cuya copia luce a fs. 29) ha sido desconocido por la demandante (ver fs. 68 y 79), y no se ha demostrado en autos su autenticidad ni se ha aportado a la causa prueba alguna que lo respalde.

La accionada insiste en la conclusión contraria, pero su planteo no logra revertir el panorama adverso que surge de la sentencia apelada, dado que los cuestionamientos efectuados en el recurso, en su apreciación a la luz de los elementos que surgen de la totalidad de la prueba ponderada, no generan -en mi opinión- convicción suficiente en sentido contrario al resuelto.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, no advierto motivos suficientes para modificar lo resuelto, por lo que voto por confirmar el decisorio de grado en el punto materia de agravios.

III- No obtendrá mejor suerte el disenso tendiente a revertir el progreso de la indemnización prevista en el artículo 2º de la ley 25.323, toda vez que se advierten reunidos en el caso los presupuestos formales y sustanciales para su procedencia, sin que se hayan invocado ni demostrado circunstancias que razonablemente apreciadas justifiquen la conducta de la empleadora en los términos del segundo párrafo de dicha norma. En efecto, no han sido denunciadas ni probadas razones precisas y suficientes que avalen la morigeración total o parcial que autoriza la segunda parte del mentado artículo 2º, reservada exclusivamente para situaciones excepcionales en las que la postura refractaria de la empleadora a cumplir con su obligación resarcitoria tenga un sustento atendible -lo cual no acontece en el caso de autos, dado que la medida rupturista de la demandada resultó injustificada-, por lo que corresponde desestimar también este segmento del recurso interpuesto por la demandada.

IV- Igual temperamento corresponde adoptar en lo atinente al cuestionamiento vertido frente al progreso de la indemnización reclamada con sustento en el artículo 80 de la L.C.T. -modificado por el artículo 45 de la ley 25.345-, toda vez que la demandada no hizo oportuna entrega de los certificados previstos en dicha norma, acompañándoles recién al momento de contestar la presente acción (ver sobre anexo de fs. 21).

Al respecto, cabe destacar -frente a los argumentos que se esgrimen en el escrito recursivo- que, tal como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, la mera puesta a disposición en forma telegráfica de los certificados a los que alude el citado artículo 80 de la L.C.T., no constituye el cumplimiento de la obligación de entrega prevista en dicha norma, debiendo la empleadora arbitrar los medios para que se haga efectiva le entrega, recurriendo de ser necesario a la consignación judicial, lo que no aconteció en el caso de autos (ver, entre otras, S.D. Nº 67.118 del 11/12/2014, recaída en autos “TORRES OSCAR JESÚS C/PRENAVL SEGURIDAD S.R.L. S/DESPIDO”, del registro de esta Sala VI).

En efecto, el cumplimiento de la obligación prevista en el art. 80 de la L.C.T. no depende de que el trabajador se apersone en la sede de la empresa, toda vez que, si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignar la documentación judicialmente

Por tales motivos, corresponde confirmar también este aspecto del pronunciamiento recurrido.

V- Teniendo en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, las pautas arancelarias de aplicación (arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432, y 3 concs. del dec. ley 16.638/57 y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O.), como así también el mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, propongo confirmar el porcentaje de honorarios regulado en la sede de origen al perito informático, el que se observa suficientemente remunerativo, en orden a las características, extensión y oficiosidad de las labores cumplidas en la anterior instancia.

VI- Propicio imponer las costas originadas en esta alzada a la parte demandada que ha resultado vencida (cfr. art. 68, del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el …%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (ar t. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la alzada a la parte demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el …%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

 

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

Ante mí.-

FABIANA S. RODRIGUEZ

SECRETARIA

 

Cita digital:IUSJU034426E