JURISPRUDENCIA

Contrato de seguro. Responsabilidad de la aseguradora. Citada en garantía. Límites de la cobertura. Mora de la aseguradora

 

Se revoca la resolución apelada y se dispone que la oponibilidad del límite del seguro contratada debía ajustarse a las normas vigentes al momento del efectivo pago por parte de la citada en garantía, como uno de los efectos principales de su estado de mora (es decir, la traslación de los riesgos en la cuenta del incumplidor), debiendo cargar con las consecuencias operadas por la modificación del régimen al que se obligó oportunamente (como ser las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación que autorizaron la emisión de la póliza con las limitaciones pactadas).

 

 

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Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 fs.777

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Los actores apelaron el pronunciamiento de fs. 738 por medio del cual el Sr. Juez de grado señaló que, en función de los términos de la sentencia de fs. 661/665, le es oponible a los actores el límite de cobertura establecido en la póliza de seguro contratada por el demandado y, consecuentemente, desestimó la impugnación en tal sentido formulada a fs. 723, p. III contra la liquidación efectuada a fs.687, por la aseguradora.

En su memorial señalaron que al no haber realizado ninguna aclaración al respecto en oportunidad de dictarse el pronunciamiento de fs. 661/675 -que revocó la sentencia dictada en la instancia de grado de fs. 616/622-, nada obsta a la ejecución de la totalidad de las sumas que allí le fueron reconocidas, respecto de la citada en garantía. Afirmaron allí que la cláusula invocada por la aseguradora es nula, por resultar irrazonable, abusiva y por desnaturalizar el fin protectorio previsto por la ley de seguros. Asimismo, citaron jurisprudencia en que respaldaron su posición y refirieron distintas normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación que modifican las condiciones en que se justificó el establecimiento de los límites invocados por la aseguradora.

En su contestación, la compañía de seguros expresó que, al no haberse pedido la aclaración de la sentencia dictada por esta Sala, corresponde interpretar que la parte actora consintió que la condena sólo la alcanza en las condiciones expuestas en su presentación de fs. 687. Por último, fundó la validez y oponibilidad de las condiciones de contratación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Flores, L. c/ Giménez, M” del 5 de junio de 2017.

II. En primer lugar importa señalar que, al no haberse pronunciado expresamente este Tribunal respecto del alcance de la condena respecto de la citada en garantía en la sentencia de fs.661/665, ninguna de las interpretaciones propuestas por las partes en sus respectivos memoriales resulta correcta. Tampoco la asumida por el a quo se ajusta a los términos de la sentencia dictada. Ello es así, pues planteada la cuestión en los términos de fs. 163/164 y fs.188, p. II, nada se resolvió sobre ese punto. Por tanto, al no haber merecido la cuestión un puntual tratamiento en esa oportunidad, es éste el momento en que deben establecerse las condiciones en que puede ejecutarse la sentencia respecto de la aseguradora.

III. En esas condiciones es necesario comenzar por señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que “la obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente “contractual”, y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización “más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato” carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil” (Fallos, 340:765, considerando 12°).

En ese mismo pronunciamiento, el Máximo Tribunal indicó “que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado y que esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (artículos 957, 959 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación) pues los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización, por lo que si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (artículo 1022 del Código Civil y Comercial de la Nación) (v. cons. 9°).

Desde esa perspectiva, no es posible apartarse de las condiciones de contratación a la hora de establecer en qué medida ha quedado obligada la compañía citada en garantía en esta causa.

Al presentarse en estos autos la propia aseguradora fundó la validez de la limitación oportunamente acordada, en las resoluciones n° 22.187 y 21.999 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que autorizaban la emisión de la póliza en las condiciones pactadas e indicó que el contrato del seguro fue emitido se ajustaban a tal normativa (v. fs. 163 vta. y fs. 159, condición particular 42).

Ahora bien, según se desprende de fs. 151, la póliza de autos fue emitida el 13 de septiembre de 2007, cuando esas normas conservaban plena vigencia pero, a partir del 1º de septiembre de 2009, la cobertura mínima requerida por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, fue modificada de conformidad con las condiciones y diagramación fijadas en el Anexo I y artículo 4º de la Resolución 34.225. A partir de esta última fecha, se dejó sin efecto la Resolución N° 21.999, invocada por la aseguradora como fundamento del límite de cobertura. Luego, esta misma cuestión motivó el dictado de otra nueva normativa por parte de la autoridad de aplicación (cf. Res. S.S.N. n° 39.327/2015).

En esas condiciones, teniendo en cuenta el estado de mora de la aseguradora, este Tribunal entiende que la oponibilidad del límite del seguro contratada deberá ajustarse a las normas vigentes al momento del efectivo pago por parte de la citada en garantía, pues se trata de pautas que también formaron parte de las condiciones de contratación, en tanto fueron expresamente consideradas en esa oportunidad.

En efecto, entre los efectos principales derivados de la mora en el cumplimiento de las obligaciones se encuentra la traslación de los riesgos que se fijan definitivamente en la cuenta del incumplidor (cf. Llambías, J. J., “Obligaciones”, T° I, p. 162, n° 132; Wayar, Ernesto C., “Tratado de la mora”, p. 588; CNCiv. Sala G, in re “Cinto, N. c/ Chaparro Martínez, B.” del 19 de septiembre de 2002).

Así, los efectos de la mora se proyectan al patrimonio del acreedor, quien a partir de que ella ocurre, tiene incorporado a su patrimonio el derecho a exigir el cumplimiento específico o las indemnizaciones correspondientes -según el caso-, prerrogativas que obviamente se encuentran amparadas por la garantía constitucional de la propiedad, en el marco del concepto amplio que, desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirió a ese precepto, es decir, comprensivo de todos los derechos patrimoniales de la persona fuera de su vida y su libertad (Fallos 145:397).

En función de lo expuesto, recaen sobre la aseguradora morosa, que optó por llevar adelante este proceso para la determinación de una conducta que se le reclamó, las ulteriores consecuencias que de ella derivaron, consecuencias que, en cuanto aquí interesa, se configuraron al modificarse el régimen al que se obligó la propia aseguradora oportunamente.

Repárese, en cuanto a los argumentos en tal sentido expuestos en su memorial, que las prohibiciones del art. 10° de la ley 23.928, no eximen al Tribunal de consultar elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (cf. CSJN, Ac. 28/2014) y, en tal sentido, ha sido la propia autoridad de aplicación la que, a través de distintas normas estableció sucesivamente los límites y pautas a los que debe ajustar su actuar una empresa como la citada en garantía, en función de los términos en que se obligó y el régimen legal al que se encuentra alcanzada.

Es que, en materia aseguradora, la regulación estatal apunta a encauzar una actividad específica, en la que convergen intereses vinculados no sólo con las economías privadas sino con la nacional, la producción general y la confianza pública, por lo que es necesario un control permanente que se extiende desde la autorización para operar hasta la cancelación. Así, el Estado, a través del órgano de control, realiza la vigilancia en consideración a la protección que requiere la mutualidad de asegurados que, de lo contrario, se hallaría desprotegida. Y también de los terceros, beneficiarios en ciertas ocasiones de la prestación de seguros o cuando, por su condición de damnificados, adquieren privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios. Para ello, la Superintendencia de Seguros de la Nación tiene asignadas funciones que deben serle reconocidas con amplitud para apreciar los complejos factores de datos técnicos que entran en juego en la materia, a fin de salvaguardar los fines que le son propios y el bien común (cf. Stiglitz, Rubén S., “Derecho de Seguros”, Ed. La Ley, T° I, p. 43).

Desde esa perspectiva, la efectiva oponibilidad del límite del seguro deberá en este caso ajustarse a las normas vigentes al momento del efectivo pago por parte de la citada en garantía.

De ese modo se atiende a una cierta limitación en la responsabilidad de la aseguradora, tal como se pactó oportunamente y, al mismo tiempo, se satisface la necesaria “fuente jurídica” a la que alude la Corte Suprema de Justicia en el precedente supra citado para justificar la medida de su obligación (cf. cons. 12°, Fallos 340:765).

Pues, como es sabido, no se trata de un mero contrato entre particulares, sino que para su celebración, cumplimiento e interpretación deben insoslayablemente considerarse las normas de orden público que regulan la materia.

Por último, es necesario poner de relieve la conducta adoptada por la aseguradora en estos autos, que también asumió la defensa del demandado, pues no sólo no formuló ningún ofrecimiento cuando tomó conocimiento del reclamo -ni siquiera en alguna medida que ella consideraba-, sino que impuso a los actores la necesidad de llevar adelante el trámite de este proceso para el reconocimiento de sus derechos. Por eso, otra solución equivaldría apremiar el accionar de una parte que impone a la otra la necesidad de llevar adelante un proceso judicial por largo tiempo, partiendo de la certeza de que su obligación habrá de encontrarse circunscripta sine die a una determinada suma de dinero inalterable en el tiempo. Esta conducta resulta reñida con el principio de buena fe y, en tanto se encuentra alcanzada por las prescripciones del art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, es un deber oficioso de los jueces evitar las consecuencias de tal proceder. Se trata de pautas que gobiernan no solo la concertación de los contratos, sino su ejecución y su interpretación. Y, naturalmente, el contrato de seguro no puede permanecer al margen de esa directiva legal (cf. Barbato, Nicolás, “Derecho de Seguros”, Ed. Hammurabi, p. 80 y ss.; SCJBA, in re “Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios” del 21 de febrero de 2018).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I. Revocar la resolución apelada. II. Establecer que la limitación de cobertura pactada será oponible a los demandados con el alcance fijado en los considerandos.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase a la instancia de grado a sus efectos.

 

MABEL DE LOS SANTOS

ELISA M. DIAZ DE VIVAR

MARIA ISABEL BENAVENTE

 

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