JURISPRUDENCIA

Accidente de tránsito. Prioridad de paso. Cuantificación de los daños. Incapacidad sobreviniente. Trabajo informal. Daño moral. Lucro cesante

 

En el marco de un accidente de tránsito se modifica la sentencia apelada y se elevan las indemnizaciones reconocidas en concepto de incapacidad sobreviniente, daño moral y lucro cesante, al derivar del resultado de la aplicación de fórmulas matemáticas que redujeran la discrecionalidad del juez sin por ello sostener un criterio estrictamente economicista.

 

 

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En la ciudad de Mar del Plata, a los 20 días del mes de diciembre de 2018 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “OGAS, RAMONA ROSA C/ VALDETTARO, PABLO ALEJANDRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 5 de julio de 2018 y que obra glosada a fs. 254/271?

2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

I. La sentencia definitiva dictada el 5 de julio de 2018 -y que obra glosada a fs. 254/271- viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 272 y por la citada en garantía y demandada mediante presentación electrónica del 27/08/2018.

En lo que aquí interesa destacar, el juez hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ramona Rosa Ogas contra el Sr. Pablo Alejandro Valdettaro condenando a este último, conjuntamente con la citada en garantía “Boston Compañía de Seguros S.A.” a abonar a la actora $103.000 con más intereses y costas.

Para así decidirlo, afirmó que no fue discutido que el 31 de enero de 2011 a las 8:35 hs se produjo un accidente de tránsito en la esquina de las calles Guido y Chacabuco de esta ciudad. Ogas circulaba por Guido con su motocicleta marca Gilera dominio … y el demandado lo hacía por Chacabuco a bordo del automóvil Palio. Discrepan respecto de la prioridad de paso y de la calidad de embistente y embestido.

Destacó que las partes poca prueba aportaron para dar soporte a sus alegaciones, no obstante se probó que la prioridad de paso la tenía la actora y ello genera una presunción juris tantum de culpa del demandado. Esa presunción no fue desvirtuada por el demandado mediante prueba en contrario.

Agregó que a la luz de lo normado en el art. 1113 del Código Civil -vigente al momento del hecho- debe presumirse la responsabilidad del dueño y/o guardián de la cosa riesgosa hasta tanto se acredite la ruptura total o parcial del nexo causal.

Abocado al estudio de la prueba, afirmó que fue acreditado que el vehículo del demandado colisionó la motocicleta de la actora, quien además contaba con prioridad de paso. La demandada no acreditó ninguna eximente de responsabilidad ni demostró los hechos que invocó en su defensa.

En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: a) $80.000 de incapacidad sobreviniente; b) $3.000 de gastos de asistencia médica, farmacia y traslados; c) $20.000 de daño moral.

II. Síntesis de los agravios.

II.1. La actora expresó sus agravios mediante la presentación electrónica de 29/10/2018, mereciendo la réplica de la contraria en el escrito electrónico depositado el 08/11/2018. Plantea las siguientes líneas argumentales:

(i) que el juez realizó una escasa valoración de la pericia en orden a cuantificar el daño por incapacidad sobreviniente. Afirma que un trabajador en relación de dependencia hubiera recibido el cuádruple de la indemnización otorgada. Entiende injusto que dos personas ante un mismo hecho y lesión deban percibir una reparación tan disímil. Considera que el menoscabo en su vida de relación, laboral, social, cultural y deportivo no ha sido correctamente valorado.

(ii) que disiente con los fundamentos del rubro y el monto fijado por el juez para el rubro «gastos de asistencia médica, farmacia y traslados». Alega que $3.000 sólo alcanza para analgésicos.

(iii) que tampoco ha sido correctamente estimado el daño moral sufrido por la actora. Refiere que no se ha valorado correctamente la terrible experiencia padecida y el grave detrimento en su calidad de vida.

(iv) que los rubros lucro cesante y pérdida de chance han sido injustamente desestimados. Afirma que «es tan concreto el hecho como que luego del accidente, pese a sus limitaciones económicas, nunca más laboro» (sic, punto III.d.).

(v) que cabe presumir la existencia de un daño psicológico pese a que la parte desistiera de la pericia solicitada. Con relación a este reclamo, alega que -y cito textual- «limitar la envergadura del presente rubro a solo el costo estimativo de un tratamiento que pudiera o no ser suficiente, que pudiera o no prolongarse, que pudiera o no ser efectivo, es limitar la indemnización, pero si mínimamente que deberá fiarse su necesidad» (sic., punto III.f.).

(vi) que, con relación a la tasa de interés moratoria, deben buscarse soluciones al perjuicio injustificado que implica la compensación de una tasa de interés que no representa en nada la variación de precios, de salarios, de inmuebles. Pide la aplicación de la tasa activa o el doble de la tasa pasiva. Pide sean tenidas en cuenta las dificultades que la parte tuvo para producir prueba pericial y testimonial y el impacto negativo que el paso del tiempo tiene en su crédito.

II.2. El apoderado de la parte demandada y de la citada en garantía fundó su recurso mediante la presentación electrónica del 23/10/2018. Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera:

(i) que el monto reconocido en concepto de incapacidad sobreviniente es elevado teniendo en cuenta las circunstancias del caso y lo probado en autos. Pide su disminución con base en la prudencia y razonabilidad y su concordancia con la real entidad del caso.

ii) que el daño moral ha sido indebidamente cuantificado. Dice que el juez no brinda argumento alguno para explicar cómo arribó al monto fijado. Entiende que la suma es irrazonable e inequitativa de acuerdo a las circunstancias demostradas en el expediente.

III. Tratamiento de los recursos.

Analizaré seguidamente los agravios que formulan las partes sobre la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios. Sobre el final, analizaré las críticas que la actora presenta sobre la tasa que debe utilizarse para calcular los intereses moratorios.

III.1. Sobre la incapacidad sobreviniente.

a. El juez de primera instancia reconoció una indemnización de $80.000 de incapacidad sobreviniente. Destacó que la actora produjo escasa evidencia que permita dilucidar cuánto ganaba por el trabajo que afirmó realizar al momento del hecho.

Tiene razón la parte accionante al afirmar que la indemnización reconocida por el juez de primera instancia es exigua y debe ser incrementada.

En primer lugar, destaco que la Sra. Ogas explicó en su demanda que se dedica a la gerontología (fs. 17/vta, apartado «V.d.») y ese relato resultó verificado por el testimonio de las Sras. Quezada Oporto (fs. 121) y Silva (fs. 211 y 232) quienes afirmaron que trabaja en tareas de limpieza y cuidando personas mayores en casas de familia, sin encontrarse registrada ante los organismos de seguridad social.

Este material probatorio, si bien escaso, es suficiente para considerar acreditada la actividad remunerada que la actora realizaba al momento del accidente (arg. art. 384 del CPCCBA).

Esta Sala tiene dicho que no es dable exigirle a aquel que trabaja en la más completa informalidad los instrumentos que den certeza plena e inequívoca de los beneficios de los cuales fue privado a raíz del hecho dañoso (premisa que ha de regir tanto en lo que respecta al lucro cesante como a la incapacidad psicofísica permanente, sea total o parcial). La interpretación excesivamente formal de las normas que rigen la carga probatoria no puede derivar en la inobservancia de las circunstancias personales de quien sufre el daño y debe probarlo. Ello es así en tanto "la condición económica desfavorable de una persona no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el reclamo del reconocimiento de sus derechos en cualquier instancia jurisdiccional” (Arts. 15 y 36 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art. 16, 18 y 33 Constitución Nacional; Arts. 1.1 y 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político) (voto del Dr. Loustaunau -al que adherí- en causa n° 136.476 "Lattanzi Vicente C/ Henrik Daniel S/ Daños Y Perjuicios" del 13/11/2008).

A los fines de cuantificar el rubro es menester seguir el criterio reconocido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria conforme el cual el daño debe ser estimado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (esta Sala, causa 161257 -in re "Pellizi..."- del 06/10/2016, causas 131.976, 131.833 y 130.138 -autos “Caparrós...”- del 16/03/2016; Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit., Alterini, Atilio A “Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral” en LL 1991-B, 1048; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám.Ap. de Trelew, sala A, "Morra, A. M. y otro c. Enriquez, C. y otro", del 27/05/2009, en voto del Dr. Lopez Mesa, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros).

La propia Suprema Corte bonaerense ha resuelto que los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado (SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926 en igual sentido este Tribunal, Sala II causas nº 131.976, 131.833, 130.138, 159.764, entre otros).

Esta modalidad parte de la premisa de que los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquella estimación jurisprudencial realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia.

En el fallo “Ruiz Díaz, J. c/ Kreymeyer, I. y ot. s/ Daños y perjuicios” (c. 169.161 del 18/8/2016) este Tribunal destacó la utilidad que las fórmulas polinómicas tienen a la hora de cuantificar el daño económico derivado de incapacidades sobrevinientes.

En su voto, el Dr. Loustaunau afirmó que “ello no significa -como se ha dicho- que se reduzca la labor jurisdiccional a un cálculo aritmético o se conciba a la vida humana desde una visión estrictamente economicista. Por el contrario, lo que se pretende es reducir la discrecionalidad judicial -basada en estimaciones fundadas en no más que la enumeración de ciertas circunstancias particulares de la víctima- a través de la exteriorización del esquema de razonamiento subyacente a la hora de cuantificar la indemnización (la fórmula propiamente dicha) y de las premisas fácticas que han sido tenidas en cuenta para desarrollar esa labor (las variables utilizadas)” (fallo cit., cons. IV.3.b).

Entre las múltiples opciones disponibles desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal ha optado por utilizar la fórmula desarrollada por el profesor bahiense Dr. Hugo A. Acciarri, quien ha propuesto un sistema de cuantificación sumamente completo: por un lado -y como lo hacen otras fórmulas- determina la ganancia futura frustrada por la incapacidad que se traduce en un valor presente al momento de la decisión (en otras palabras, se determina el valor presente de una renta no perpetua) pero además recepta la probabilidad razonable de que los ingresos de la víctima no sean constantes (defecto que -por diferentes razones- le es imputable a la fórmula “Vuoto” y sus derivadas, tal como fuera puesto de relieve in re “Arostegui”, -CSJN, Fallos: 331:570-). Esto significa que es un sistema de cálculo que aprehende la variabilidad -ascendente o descendente- de las ganancias de la víctima a lo largo de su vida, lo que repercute necesariamente en su aptitud productiva (esta Sala, causas n° 169.161 -“Ruiz Díaz...”- del 18/08/2016, n°162.661 -“Barcos...”- del 10/11/2017, n° 137.518 -"Santecchia..."- del 14/02/2018, n° 165.459 -"Castillo..."- del 19/06/2018, , n°166572 -"Alonso Pehuén..."- del 24/10/2018).

La fórmula propuesta por el autor es la que sigue:

 

 

Donde, [“A1...An”] corresponde al ingreso implicado para el período anual 1...n =ingreso por porcentaje de incapacidad; [i], corresponde con la tasa de descuento para cada período anual computado, [e1...en], corresponde a la edad al momento en que debería percibirse cada suma correspondiente al ingreso anual A1...An y ["P"] refiere a la probabilidad de que en el período A (de A2 hasta An) se perciba un ingreso incrementado -positiva o negativamente- respecto del ingreso del período precedente (An-1).

Para cuantificar el valor presente de los ingresos futuros frustrados de la Sra. Ogas utilizaré las siguientes variables: (a) la edad de la víctima a la fecha de la presente decisión (diciembre de 2018) y que es de 60 años de edad; la incapacidad sobreviniente por períodos ya pasados se analizará más abajo; (b) teniendo en cuenta que no hay constancias fehacientes de los ingresos mensuales de la Sra. Ogas calcularé un ingreso anual con base en el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, que asciende -desde el 01/12/2018- a $11.300 (art. 1 inc. “b” de la Res. 03/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (sobre el uso de esta variable en ausencia de información específica, véase de esta Sala, causas n° 136.476 "Lattanzi...”, del 13/11/2008, n° 169.161 -“Ruiz Díaz...”- del 18/08/2016, n°166572 -"Alonso Pehuén..."- del 24/10/2018, entre muchos otros) (c) sin perjuicio de las ya mencionadas aptitudes que la fórmula contempla, no se produjo ningún elemento probatorio que permita inferir siquiera una mínima probabilidad de incremento futuro del nivel de ingresos de la víctima; por ello, y teniendo en cuenta su edad (coincidente con lo que presumiblemente sería el pico de su curva de ingresos), no estimaré ninguna forma de variación en este punto; (d) una tasa de descuento pura del 4%, y (e) períodos de percepción: 10 años (hasta los setenta años de edad teniendo en cuenta que no hay bases ciertas para considerar que habría obtenido un empleo formal con jubilación obligatoria y reparando además en las exigencias físicas del trabajo remunerado que efectuaba la actora) y (f) un porcentaje de incapacidad parcial y permanente del 30%.

Sobre este último punto corresponde efectuar una aclaración complementaria.

El resultado de la pericia médica impide juzgar acreditado que, tal lo dicho al fundar el reclamo, las lesiones físicas sufridas por la Sra. Ogas han generado la imposibilidad absoluta de continuar realizando ese tipo de labores u otras actividades remuneradas. El perito médico Juan Carlos Linde explicó en detalle las lesiones sufridas por la accionante y describió las secuelas permanentes como “un cuadro de inflamación crónica con limitación de la movilidad articular de su rodilla izquierda, que conforma una incapacidad parcial y permanente (...) casi irreversible” y que motiva un porcentual de incapacidad del 10% (fs. 169 y vta, punto D y E).

De todas formas, nada obliga al juzgador a atarse a los porcentuales de incapacidad laboral fijados por el perito y cuantificar linealmente -y en esa misma proporción- a la repercusión negativa que tales lesiones tienen en la aptitud de la víctima para realizar actividades productivas o económicamente valorables.

Para cuantificar la indemnización por incapacidad sobreviniente deben analizarse las características particulares del caso y las condiciones personales de la víctima en orden a definir con cierto grado de proximidad en qué medida la incapacidad puede gravitar en sus actividades habituales, para luego fijar el monto (arts. 165 3er párrafo, 375, 384, 484 del CPC; v. causa n° 141368 -“Ojea, Julio...”- del 27/08/2009).

Acciarri explica que «la determinación de una incapacidad sobre la base de la total obrera (es decir, un parámetro general de capacidad laboral indeterminada) sería aquí el nivel de mayor generalidad y sólo sería apropiado en tanto y en cuanto no existiera otra información relevante de mayor especificidad, que se pudiera tener por acreditada a los fines del proceso. Si hubiera información considerada acreditada sobre una cierta habilidad o capacitación especial de la víctima que permitiera realizar tareas de jerarquía y remuneración superior, debería tomarse en cuenta la incapacidad con relación a ese tipo de tareas» (Acciarri, Hugo A. Elementos de análisis económico del derecho de daños, Buenos Aires: La Ley, 2015, pág. 250).

En el presente caso la actora demostró que su medio de vida consiste en la realización de tareas de limpieza de hogar y cuidado de personas de avanzada edad, labores que -entiendo- tienen una elevada exigencia física. Ello me lleva a considerar que el 10% de incapacidad -cuantificado sobre una total obrera que es genérica e indeterminada- ha de tener una repercusión económica sensiblemente mayor a ese porcentual y que, teniendo en cuenta las ya referidas circunstancias personales de la actora (muy especialmente, su edad, la ubicación corporal de sus dolencias y su medio de vida) estimaré en un 30%.

He volcado todas estas variables al aplicativo Excel confeccionado por el Dr. Hugo Acciarri -disponible en www.derechouns.com.ar/?p=7840 -último día de visita, 10/12/2018- que integra esta sentencia, y en el que se pueden controlar tanto los datos como el resultado, y analizar la representación gráfica de ellos y de la evolución prevista para el ingreso de la víctima. Allí para cada año de edad del actor la columna de la derecha representa el ingreso anual proyectado y la columna de la izquierda el valor esperado del ingreso (v. voto el Dr. Loustaunau in re “Ruiz Díaz”, cit.).

Consecuencia de ello, obtengo un capital total que representa las rentas futuras frustradas de la Sra. Ogas de $329.951,24.-, monto al cual adicionaré un 10% representativo del valor económico de las restantes aptitudes vitales y genéricas -no necesariamente laborables- y que también resultaron parcialmente frustradas (fs. 121 y 122). Ello arroja un total de $ $362.946,36, monto por el cual entiendo debe prosperar este segmento del rubro.

b. En tanto la fórmula utilizada permite cuantificar ganancias futuras frustradas es menester realizar un cálculo separado para cuantificar los ingresos pasados ya caídos desde la fecha en que finalizó la curación (y que pudo reintegrarse a las tareas laborales) y hasta la actualidad.

Esta Sala tiene dicho que «la indemnización por incapacidad sobreviniente correspondiente al momento de la finalización de las terapias curativas y hasta la fecha de la presente sentencia deben estimarse por separado puesto que no hay allí un ingreso futuro frustrado sobre el cual corresponda aplicar la mentada fórmula sino un ingreso pasado ya perdido, por lo que cabe analizarlo como una deuda ordinaria en mora (causa n° 169.161 -“Ruiz Díaz...”- del 18/08/2016).

El perito médico Juan Carlos Linde relató a fs. 166/vta que la actora permaneció con reposo, inmovilizada la rodilla y deambulando con ayuda de un par de muletas y sin descarga por el lapso aproximado de dos meses. Luego de ello realizó rehabilitación durante dos meses a razón de dos sesiones por semana (fs. cit.).

Aclarado ello, y teniendo en cuenta el ya referido valor actual del SMVyM fijado por Resolución 03/2018 CNEPYSMVYM ($11.300.-), la fecha estimativa en que se terminaron las curaciones de la reclamante (60 días luego de producido el accidente; esto es, el 31/03/2011), y el momento en que se realiza el cálculo (diciembre de 2018), la incapacidad sobreviniente por períodos pasados debe cuantificarse en ese lapso de tiempo (7 años y 7 meses: desde abril de 2011 a noviembre de 2018 inclusive, dando un total de 91 meses), multiplicando aquél valor de referencia por la incapacidad previamente establecida (30%), arrojando un total de $308.490.- [(11300x91)x30%] al cual cabe adicionarle un 10% que se juzga prudente para representar el valor económico de las restantes aptitudes productivas -no estrictamente laborables- y que también resultaron parcialmente frustradas (aspecto que, lógicamente, no queda comprendido en el SMVM utilizado como referencia). El total resultante, entonces, es de $339.339.-

El total de la indemnización por incapacidad parcial y permanente, en sus distintas etapas ($362.946,36.- + $339.339.-), asciende a $702.285,36 monto por el cual propongo que progrese el reclamo y se haga lugar al agravio en estudio.

c. Siguiendo los lineamientos que este Tribunal ha demarcado en el ya citada causa “Ruiz Díaz” (n° 169.161, del 18/08/2016) y lo resuelto recientemente en los autos “Taddey” y “Cerizola” (causas n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018) y "Alonso Pehuén..." (n° 166572, del 24/10/2018), corresponde formular una aclaración complementaria con relación a los intereses moratorios que habrán de liquidarse sobre el rubro incapacidad sobreviniente.

En los recientes fallos "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018) la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha cambiado la posición que supo sostener en los fallos “Cabrera” (Ac. 119176, del 15/06/2016) y “Padin” (C. 116.930, sent. del 10/08/2016) con relación a los intereses moratorios liquidados sobre créditos calculados a valores actuales.

En estos nuevos precedentes, la Casación resolvió que en aquellos supuestos en los que sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito indemnizatorio deben liquidarse aplicando una tasa pura del 6% anual que se devenga desde que se hayan producido los perjuicios y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (en este punto se mantiene vigente lo resuelto en “Cabrera...” -c. 119176, del 15-6-2016).

En mi voto en las causas “Pellizi...” (c. 161257, sentencia del 06/10/2016) y “Larrea...” (c. 163205, sentencia del 06/09/2017) ya había señalado —antes que la SCBA mute su criterio— que «la utilización de tasas puras desde la fecha del hecho hasta la de la sentencia es una razonable herramienta que pretende evitar resultados que pueden ser calificados de injustos, cual es el caso del damnificado que recibe el capital aumentado (representado aquí por la cuantificación actual del valor reclamado), y a la vez, sobre dicho capital percibiría el accesorio de los intereses a una tasa (activa o pasiva) solo justificable en épocas de aguda inflación. La concurrencia de dos correctivos encaminados al mismo fin, produciría, a favor del damnificado, un enriquecimiento sin causa».

En las causas “Taddey” y “Cerizola” (causas n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018) esta Sala se ha plegado a la nueva doctrina legal de la Casación. Afirmé allí que «si se utilizan tasas bancarias [pasivas o activas] que han sido determinadas en función del fenómeno inflacionario y se las aplica en forma retroactiva sobre un capital que ya fue cuantificado teniendo en cuenta el envilecimiento del signo monetario (sea por vía de indexación, o representación actual de un cierto valor), se produce una previsible distorsión que altera el significado económico de la condena y que encierra -en este punto- un enriquecimiento del acreedor que carece de causa» (fallo cit.).

Es importante destacar que no se trata de modificar el interés que percibe la actora como complemento que se devenga ex lege y que tiene como función indemnizar el daño moratorio (esto es, aquel que sufre el acreedor por el retraso del deudor en el cumplimiento de la obligación). Por el contrario, el sistema de liquidación que ahora propone la Suprema Corte local —y que corresponde aplicar al rubro en estudio— lo que permite es evitar que los intereses moratorios terminen cumpliendo una función que en principio no le es propia: mantener el contenido económico de un capital que, en este caso en particular, ya se ha expresado en valores actuales (art. 622 del Cód.Civ. -Ley 340- y 768 y sig. del Cód.Civ.Com. -Ley 26.994-).

En suma, es menester establecer pautas precisas para liquidar los intereses sobre el rubro incapacidad sobreviniente que distinga los tramos o segmentos del crédito (uno, por rentas frustradas pasadas, y el otro por las rentas frustradas futuras calculadas mediante la fórmula) y que además determine con claridad la alícuota que corresponde utilizar para evitar repotenciaciones indebidas sobre un capital ya expresado a valores actuales, de conformidad con la nueva doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense.

Por ello: (1) los intereses que se devenguen con motivo del crédito por incapacidad sobreviniente (el tramo que va desde la curación y hasta la fecha de la sentencia, y que asciende a la suma de $339.339.-), se calcularán desde el primer día posterior a la finalización de la curación (01/04/2011, v. supra) y hasta la fecha del efectivo pago. En cuanto a la tasa a utilizar en este segmento, se aplicará una tasa pura del 6% anual desde el 01/04/2011 y hasta el 01/12/2018 (fecha en la que fue comenzó a regir el último valor del SMVyM Resolución 03/2018 del CNEPYSMVYM) y de allí y hasta el efectivo pago se aplicará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (SCBA “Vera” ya citada conf. arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.); (2) los intereses correspondientes a la incapacidad sobreviniente que versa sobre rentas frustradas futuras (cuantificado mediante la fórmula matemática, y que arrojó un total de $362.946,36.-), y por tratarse de un daño que versa sobre mermas de ingresos aún no producidos, comenzarán a devengarse a partir del vencimiento del plazo de diez (10) días de notificada esta sentencia a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (SCBA, fallos cit.; esta Sala II, causas n°166572 -"Alonso Pehuén..."- del 24/10/2018, n°161.169, “Ruiz Díaz...”, del 18-8-2016, causas n° 165.213 y 165.214, “Taddey...” y “Cerizola...”, ambas del 04/06/2018).

Con los alcances previamente señalados, corresponde hacer lugar al recurso de la actora y rechazar el de la demandada y su citada en garantía (arts. 375, 384 y cctes. del CPCCBA).

III.2. Sobre el daño moral

El Sr. Juez a quo otorgó $20.000 en concepto de daño extrapatrimonial, suma que la actora entiende insuficiente (punto 5) mientras que la demandada -y su aseguradora- impugnan por ser elevada (punto «ii»).

En este punto también asiste razón a la accionante.

El daño moral ha sido definido como una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. El daño moral conlleva una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Pizarro, Daniel, Vallespinos, Carlos. Instituciones de derecho privado. Obligaciones. Ed. Hammurabi, t. II, p. 641).

Es materia recibida que el daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (cfr. S.C.B.A., Ac. 2078 del 20-5-97 y sus citas; Ac. 35579; Ac. 46353 y Ac. 52258).

Como ya señaláramos en numerosos precedentes de esta Sala (expte. Nº 120.648 S. 13-9-07 Reg. 903, 34.728 S. 14-10-07 Reg. 951-S, 135.718 S. 29-4-08 Reg. 138-S, 134.149 S. 3-7-08 Reg. 350-S con voto del suscripto, entre otros) si bien se ha dicho reiteradamente que la fijación del monto de la reparación siempre queda, en última instancia, librada al prudente arbitrio judicial, no es menos cierto que en la actualidad tiene mayor aplicación la tendencia que obliga a indicar, en la sentencia, las pautas objetivas que permitieron arribar a la suma de condena (Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de Daños", tº 5a, "Cuanto por daño moral", página 80 y siguientes; Editorial Hammurabi, Bs. As. 2005).

En el mismo sentido, Carlos Viramonte y Ramón Daniel Pizarro ("Cuantificación de la indemnización por daño moral en la jurisprudencia actual de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba: el caso L. Q." en La Ley Córdoba 2007, Junio página 465) recuerdan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido desde hace mucho tiempo en la necesidad de que los jueces fundamenten sus decisorios y brinden argumentos suficientes a tenor de los cuales determinan el monto indemnizatorio. Ha dicho en tal sentido que "para la determinación del resarcimiento, las normas aplicables confieren a la prudencia de los magistrados un significativo cometido, no los autoriza a prescindir de uno de los requisitos de validez de los actos judiciales, cual es la fundamentación" (CSJN, 4/10/94, JA, 1995-II-19).

Desde esta óptica, encontrándose demostrado el accidente que sufriera la Sra. Ogas circulando en su motocicleta así como también la entidad de las lesiones sufridas y las consecuencias ya permanentes e irreparables que subsisten a la fecha, no guardo dudas que el rubro en estudio ha sido correctamente reconocido en la sentencia impugnada (cfr. art. 1078 y ccds. del Código Civil vigente a la fecha del fallo; SCBA, Ac. L 43.813 S. 6-3-1990, AyS1990-I-33; Ac. 57.435 S. 8-7-1997, AyS 1997-III-484; Ac. C 95.646 S. 7-5-2008, entre muchos otros).

Ahora bien, en lo que hace a su cuantificación, teniendo en consideración la edad y demás circunstancias personales de la actora a la fecha del siniestro, las lesiones físicas que han sido descriptas con precisión por el perito médico en su informe de fs. 166/170 y las consecuencias espirituales narradas por las testigos Gloria Isabel Quezada Oporto (fs. 121) y Silvia Marcela Segura (fs. 122), entiendo prudente y razonable -a la luz de la prueba reseñada, a cuyos resultados la actora supeditó su pretensión- elevar el resarcimiento en la suma de $150.000.- (arts. 34 inc. 4°, 165 último párr. y ccdts. CPCCBA, 1068, 1078 y cctes. del Cód.Civ. -Ley 340-).

Este crédito devengará intereses en la modalidad fijada ut supra, en el considerando «III.1.c», esto es: se calcularán desde el día del hecho (31/01/2011, v. supra) y hasta la fecha del efectivo pago. En cuanto a la tasa a utilizar en este segmento, se aplicará una tasa pura del 6% anual desde el 31/01/2011 y hasta el 31/11/18 (último día del mes inmediato anterior al momento en que se dicta esta sentencia) y de allí y hasta el efectivo pago se aplicará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (SCBA “Vera” ya citada conf. arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).

III.3. Gastos de asistencia médica, farmacia y traslados.

La actora critica los $3000 que el juez fijó en concepto de gastos médicos y de traslados. Afirmó en su recurso que “ese monto solo bastaría para analgésicos” (sic, apartado «III.4»).

Esta única y escueta afirmación no logra satisfacer las exigencias técnicas que contempla el artículo 260 del Código de Procedimientos en cuanto impone al apelante la carga de presentar al Tribunal de Alzada una «crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas».

Por ello, corresponde declarar desierta esta parcela del recurso (art. 260 y 261 del CPCCBA).

III.4. Lucro cesante y pérdida de chance

El magistrado desestimó los reclamos por lucro cesante (por no encontrarse acreditados los presupuestos que habilitan su reconocimiento) y pérdida de chance (por no haberse demostrado la frustración de una probabilidad suficiente de beneficio económico futuro).

El recurso prospera únicamente con relación al parcial de lucro cesante.

En efecto, afirmé en párrafos anteriores que a mi entender -y contrariamente a lo señalado por el a quo- la prueba producida por la actora es suficiente para tener por demostrada la realización de una actividad remunerada informal (limpieza y cuidado de personas mayores en casas de familia).

Si bien no se acreditó la imposibilidad definitiva y absoluta de continuar realizando esas labores (y así fue explicitado al justipreciar el reclamo por incapacidad sobreviniente), entiendo que la actora acreditó que durante al menos dos meses no pudo realizar su trabajo en forma normal como consecuencia de las dolencias físicas y las curaciones necesarias para mejorar su salud (fs. 166/vta).

Por tal motivo, entiendo que corresponde admitir el reclamo por lucro cesante por la suma de $22.600 representativos de dos salarios mínimos, vitales y móviles fijados conforme el valor vigente a la fecha y que fuera establecido en el art. 1 inc. “b” de la Res. 03/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Este crédito devengará intereses en la modalidad fijada en el considerando «III.1.c», esto es: se calcularán desde el día del hecho (31/01/2011) y hasta la fecha del efectivo pago. En cuanto a la tasa a utilizar en este segmento, se aplicará una tasa pura del 6% anual desde el 31/01/2011 y hasta el 01/12/2018 (fecha en la que fue comenzó a regir el último valor del SMVyM Resolución 03/2018 del CNEPYSMVYM) y de allí y hasta el efectivo pago se aplicará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (SCBA “Vera” ya citada conf. arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).

Por lo demás, ningún argumento brinda el apelante para comprender por qué ha sido errónea la desestimación del rubro pérdida de chance, motivo por el cual esta parcela del recurso -tal lo dicho en el acápite anterior- debe ser declarado inadmisible (art. 260 y 261 del CPCCBA).

III.5. Daño psicológico.

En el apartado III, acápite “f” de su memorial el recurrente expone un único párrafo que -por su redacción y contenido- tampoco abastece la exigencia regulada en el art. 260 del CPCCBA, motivo por el cual la queja también debe declararse inadmisible (art. 261 del CPCCBA).

III.6. Tasa de interés.

La recurrente se agravia de la tasa de interés moratoria fijada en la sentencia. Alega que, si bien concordante con la doctrina legal de la SCBA, la alícuota establecida en el fallo desatiende el perjuicio que sufre el crédito de la víctima como consecuencia del paso del tiempo.

El agravio no es fundado.

Es cierto que la Casación Provincial se ha inclinado desde hace mucho tiempo por la aplicación de tasas bancarias pasivas para liquidar intereses moratorios. Subyace en esa decisión una muy particular (y ciertamente discutible) concepción del daño moratorio que sufre el acreedor insatisfecho: bajo esta mirada, el pago tardío le ocasionaría la pérdida de la renta de un capital destinado al ahorro -que se repara con un interés liquidado mediante una tasa bancaria pasiva-, cuando en la generalidad de los casos puede estimarse (con mayor sustento en la realidad) que aquel perjuicio se identifica con el costo de tener que acudir al crédito para suplir la ausencia de un dinero que estaba destinado al consumo de bienes y servicios (financiación para la cual el acreedor debió abonar una tasa bancaria activa).

El punto es que si bien comparto alguna de las objeciones que la recurrente formula sobre la doctrina legal de la Casación bonaerense -véase, en detalle, mi voto causa 161257 -in re "Pellizi..."- del 06/10/2016 y en causas 165.213 y 165.214 -autos “Taddey” y “Cerizola”- del 04/06/2018-, lo cierto es que en el caso particular de autos las indemnizaciones que componen el crédito de la víctima han sido cuantificadas en su totalidad a valores actuales (v. cons. «III.1.» -incapacidad sobreviniente-, cons. «III.2. » -daño moral- y cons. «III.4.» -lucro cesante-).

Esta forma de cuantificar los perjuicios sufridos por la víctima, sumado al sistema de liquidación de intereses moratorios fijados por la Suprema Corte en las causa “Vera” y Nidera S.A.” (c. 120.536, del 18/042018 y c. 121.134, del 03/05/2018), permite guardar una relativa indemnidad en el contenido económico del crédito resarcitorio, desmantelando los efectos perjudiciales que acarrea el paso del tiempo y el consecuente envilecimiento del signo monetario en coyunturas inflacionarias.

El agravio, por esta razón, también debe ser rechazado (art. 522 del

Código Civil -Ley 340- y 768 inc. “c” del Código Civil y Comercial -Ley 26.994-).

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a los rubros incapacidad sobreviniente, daño moral y lucro cesante de conformidad con los montos y los parámetros establecidos en los considerandos «III.1», «III.2.» y «III.4.», respectivamente; II) Imponer las costas a la parte demandada y su citada en garantía (art. 68 del CPCCBA) III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967.

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

SENTENCIA

Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte actora y modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a los rubros incapacidad sobreviniente, daño moral y lucro cesante de conformidad con los montos y los parámetros establecidos en los considerandos «III.1», «III.2.» y «III.4.», respectivamente; II) Imponer las costas a la parte demandada y su citada en garantía (art. 68 del CPCCBA) III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967III); IV) Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.

 

RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU

ALEXIS A. FERRAIRONE

SECRETARIO

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