JURISPRUDENCIA

Exclusión de tutela sindical. Delegado gremial. Doctrina legal. Recurso de inaplicabilidad de ley

 

Se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el demandado, atento a que la sentencia recurrida no respetó la doctrina legal vigente de la SCBA en la materia debatida. El tribunal de trabajo interviniente resolvió favorablemente al pedido de exclusión de tutela sindical, pero no se expidió sobre la medida disciplinaria impuesta por el empleador, cuando la actual doctrina legal del máximo tribunal bonaerense ordena resolver conjuntamente la desafectación de la tutela sindical y expedirse sobre la justificación de la medida cuya adopción pretende el empleador.

 

 

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En la ciudad de La Plata, a 17 de octubre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.713, "Eitar S.A.I.C. contra Fernández, Matías Sebastián. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)".

ANTECEDENTES

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas al demandado en su calidad de vencido (v. fs. 149/155 vta.).

Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 162/169 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por EITAR S.A.I.C. contra el señor Matías Sebastián Fernández, y resolvió excluir a éste de la tutela sindical que lo amparaba, habilitando a la actora a extinguir el contrato de trabajo que los vinculaba (v. fs. 149/155 vta.).

En lo que interesa, el a quo señaló que el trabajador era delegado sindical de la Unión Metalúrgica Argentina en la firma accionante. Agregó, que a partir de las constancias obrantes en la Instrucción Penal Preparatoria 13-00-008232-16/00 caratulada "Violación de domicilio, daños y amenazas - Imputado Matías Sebastián Fernández" en trámite por ante el Juzgado de Garantías n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, y de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de causa, se encontraba acreditado que el día 29 de marzo de 2016 el señor Fernández amenazó al apoderado de la empresa (señor Raúl Gazzotto) y causó daños materiales en parte de las instalaciones de ésta (v. fs. 149/151 vta.). Resaltó que de las copias certificadas de la citada causa penal surgía que el señor juez de garantías interviniente había ordenado la elevación a juicio, en orden al delito de daños en concurso real con amenazas previstos en los arts. 55, 149 bis y 183 del Código Penal.

Juzgando probada la verosimilitud de los hechos expuestos en la demanda para obtener la "exención" de la tutela sindical del delegado, expresó a continuación, con mención de doctrina legal de esta Suprema Corte, que la acción impetrada en autos sólo comprendía el primer tramo del procedimiento legalmente instituido, y que al no decidir sobre la suerte o existencia del derecho de fondo debatido, no se veía alcanzada por la prejudicialidad del pronunciamiento penal; subrayó así, que el proceso de desafuero otorgaba al empleador la posibilidad de sancionar al trabajador, sin que ello implicara abrir juicio sobre las causales invocadas para su concreción (v. fs. 153 vta. y 154). Señaló, que únicamente cabía analizar si prima facie lucían verosímiles las circunstancias argüidas por la demandante para obtener el levantamiento de la tutela del representante gremial, sin que existieran dispositivos legales ni argumentos doctrinarios válidos que condicionaran el pronunciamiento de la justicia laboral a la decisión definitiva de la justicia penal (v. fs. 154).

II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 164/168 vta.), en el que alega que el pronunciamiento de grado vulnera el principio de inocencia, la libertad sindical y la estabilidad del delegado gremial y los arts. 14 bis, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 4, 11 y 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 22 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 inc. 2 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 14 inc. 2 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (v. fs. 166 y vta., 167 vta. y 168).

En primer lugar, aduce que la sentencia en crisis al no resolver sobre la suerte o existencia del derecho de fondo debatido se aparta de la doctrina legal vigente emergente del precedente L. 119.423, "Consorcio Gran Emilia", resolución de 11-V-2016, y del criterio expuesto en el voto del señor Juez de esta Corte doctor Negri en la causa L. 119.617, "Municipalidad de Azul", sentencia de 15-XI-2016 (v. fs. 164 y vta.).

Refiere que habiendo identidad entre el hecho atribuido al trabajador como sustento del pedido de desafuero y el examinado en la causa penal, la solución del pleito debió necesariamente supeditarse a lo que se decidiera en el juicio criminal, ya que la prejudicialidad influye sobre la existencia o inexistencia del hecho y la responsabilidad del inculpado. Agrega que en la especie no se configura una situación de hecho que habilite a apartarse del principio general consagrado en los arts. 1.101 del Código Civil y 1.775 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese orden, destaca que no se encuentra acreditada la existencia de una situación de dilación en sede penal que lleve a presumir que el diferimiento del dictado de la sentencia en la presente causa, vulneraría la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable (v. fs. 165/166 vta.).

Desde otro ángulo, afirma que el pronunciamiento impugnado al excluir de la tutela sindical al demandado y habilitar a la actora a rescindir el contrato de trabajo, incurre en un exceso de jurisdicción ya que priva al delegado gremial de la posibilidad de discutir en juicio ulterior la eventual nulidad del despido y la consecuente reinstalación (v. fs. 167 vta.).

Por último, señala que el a quo omitió considerar que el hecho imputado al delegado gremial se dio en el marco de un conflicto colectivo; la ausencia de sanciones al trabajador en sus más de diez años de labor en EITAR S.A.I.C.; así como el trato discriminatorio brindado al demandado, al incumplir la firma accionante la medida cautelar ordenada en la causa "Fernández, Matías Sebastián c/ Eitar S.A.I.C. s/ Amparo sindical" en trámite ante el mismo Tribunal de Trabajo n° 2 de Quilmes (v. fs. 168 vta.).

III. El recurso debe prosperar.

III.1. La consideración del presente asunto no puede ignorar las directrices que en la materia ha sentado este Tribunal en las causas L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017), en la que adherí al voto del doctor de Lázzari y L. 119.961, "Guala Closures Argentina S.A." (sent. de 4-VII-2018), en la que llevé el primer término en la votación. En dichos precedentes se revisó la tradicional doctrina legal de esta Suprema Corte referida a los alcances del pronunciamiento del tribunal de grado que acoge la pretensión de exclusión de la garantía sindical; tal modificación se fundó en razones de celeridad y seguridad jurídica, y además en la consideración que en este tipo de procesos se halla en juego la libertad sindical.

Luego, la nueva doctrina legal delineada, que corresponde aplicar al caso, establece que en el marco del proceso de exclusión de la tutela sindical, el tribunal de trabajo, en el mismo y único proceso sumarísimo, deberá valorar -compatibilizando el empleo de las respectivas normas del Código Procesal Civil y Comercial con la oralidad implementada en la legislación especial del fuero- los hechos invocados por el principal y resolver la desafectación de la tutela sindical como expedirse sobre la justificación de la medida cuya adopción pretende el empleador.

III.2. En el presente caso, Eitar S.A.I.C. inició la acción contemplada en la primera parte del art. 52 de la ley 23.551 con el objeto de despedir con causa al demandado Matías Sebastián Fernández, a tenor de los sucesos denunciados en el escrito de inicio (v. fs. 32/43).

El tribunal de grado se limitó a resolver la contienda ponderando "la verosimilitud del planteo" sometido a decisión por la parte actora, sin emitir juicio respecto a la validez de la medida que pretendía aplicar la patronal (v. sent., fs. 153/154), siguiendo la doctrina legal tradicional de esta Suprema Corte, pero ésta -como se señaló- ha sido abandonada a partir de los citados precedentes L. 114.451 y L. 119.961, cuyas directrices entonces, deben ser empleadas para resolver la controversia de autos.

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada.

Las actuaciones deberán volver a la instancia de origen para que el tribunal de trabajo, debidamente integrado y renovando -en su caso- los actos procesales que estime pertinentes, juzgue la procedencia de la acción impetrada de conformidad con los lineamientos aquí desarrollados. En atención al modo en que se resuelve la cuestión, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los señores Jueces doctores de Lázzari, Pettigiani y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada con los alcances señalados y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado y renovando -en su caso- los actos procesales que considere pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina

 

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