JURISPRUDENCIA

Recurso extraordinario. Servicio Penitenciario Federal. Falta de servicio. Responsabilidad del Estado Nacional. Suicidio de un interno. Sanción de aislamiento

 

Se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada que había rechazado la demanda de daños y perjuicios incoada contra el Estado Nacional por el suicidio de un interno dentro del Servicio Penitenciario Federal, al concluirse que no se había considerado acabadamente si el trato médico y disciplinario proferido al joven de diecinueve años con antecedentes de autolesiones, que ingresaba por primera vez a un complejo penitenciario para adultos y presentaba indicadores de trastornos psicológicos y problemas de adicción a sustancias psicoactivas, importó un incumplimiento del deber de custodia adecuada del Estado que contribuyó o permitió su muerte. Máxime cuando se le aplicó una sanción de aislamiento -por el término de 8 días- al día siguiente a su ingreso a la prisión, y el deceso tuvo lugar pocos días después de cumplida la sanción.

 

 

Ver correlaciones

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por los y otro cl actores en la causa H., M. A. y otro c/ EN – Servicio Penitenciario Federal s/ daños y perjuicios”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos cabe remitirse por razones de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito de fs. 56. Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, remítase.

 

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

RICARDO LUIS LORENZETTI

HORACIO ROSATTI

 

DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ y DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

Considerado:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la presentación-directa. Declárase perdido el depósito de fs. 56. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

 

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

 

SUPREMA CORTE

-I-

La Sala N de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió que el Estado Nacional no debe responder por los daños y perjuicios causados por la muerte del hijo de los actores en el Complejo Penitenciario Federal Ezeiza (fs. 321/324 del expediente principal, al que me referiré salvo aclaración en contrario).

El tribunal relató que el causante ingresó al establecimiento el 16 de junio de 2007 por haber sido detenido por el delito de robo en grado de tentativa. El 28 de junio de 2007 fue encontrado por el personal del Servicio Penitenciario Federal ahorcado mediante un lazo que lo sujetaba del cuello a la reja de la ventana de la celda en la que estaba alojado.

En primer término, la cámara adujo que según se desprende de la causa penal tramitada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de Lomas de Zamora, que se encuentra agregada a las presentes actuaciones (expte. FLP 55005029/2007, “N.N. s/ muerte por causa dudosa”), la muerte del hijo de los actores fue resultado de un acto de suicidio.

En segundo término, señaló que, pese a que el suicidio sea un acto voluntario, ello no impide que pueda atribuirse responsabilidad al Estado pues un incumplimiento del Servicio Penitenciario Federal puede facilitar o permitir su comisión.

En ese marco, analizó la conducta de la demandada y resolvió que no se había configurado una falta de servicio. Por un lado, ponderó que el recluso fue sometido a una evaluación médica al ingresar al complejo penitenciario, que no arrojó resultados psicológicos negativos. Añadió que estuvo privado de su libertad en ese establecimiento únicamente durante trece días, por lo que resulta razonable que no se haya realizado un segundo examen médico.

Por otro lado, entendió que la demandada cumplió con diligencia sus tareas de vigilancia. Al respecto, indicó que el celador del pabellón vio con vida al causante a las 18:00 horas. Luego, a las 19:55 horas, tras el cambio de guardia, otro agente encontró al recluso sin vida cuando realizaba el control de rutina. El tribunal interpretó que la frecuencia de los controles era razonable y satisfacía el deber de custodia.

Por último, diferenció este caso de aquellos otros en los que la Corte Suprema responsabilizó al Estado por el suicidio de personas bajo su custodia. En ese sentido, señaló que en aquellos supuestos los hechos eran distintos pues en esos casos se había comprobado que el recluso requería tratamiento psicológico, había tenido intentos anteriores de suicidio o había solicitado el traslado de pabellón, entre otras circunstancias fácticas.

-II-

Disconformes con ese pronunciamiento, los actores interpusieron recurso extraordinario federal (fs. 3311348), cuyo rechazo (fs. 358) motivó la queja en examen (fs. 50/54 del cuaderno correspondiente).

Los actores alegan que la sentencia impugnada es arbitraria.

Indican que su hijo era menor de edad y estaba alojado en el complejo penitenciario· a pesar de no haber sido condenado. Entienden que las circunstancias de detención y el incumplimiento con deberes específicos por parte del Servicio Penitenciario Federal facilitaron su muerte.

En primer lugar, señalan que la ley 20.416 prevé que el Servicio Penitenciario Federal es Una fuerza de seguridad destinada a la custodia y guarda de quienes se encuentran privados de su libertad. Subrayan que ese deber incluye la obligación de preservar la salud de los detenidos. Argumentan que, sin embargo, el examen médico que tuvo lugar en el momento de ingreso al establecimiento se realizó de modo irregular en violación de la mencionada ley. Puntualizan que no se efectuó un diagnóstico de la salud mental del recluso. Afirman que un examen físico y psíquico adecuado habría permitido tomar conocimiento de la inminencia de las conductas autolesivas. Añaden que ese examen era especialmente relevante dado que el detenido exhibía cicatrices de lesiones autoinflingidas.

En segundo lugar, destacan el efecto de deterioro que produce la privación de la libertad y las graves deficiencias que presenta el sistema carcelario argentino en la actualidad. Consideran que esas condiciones aumentan las probabilidades de suicidio. En ese contexto, aducen que el derecho de la persona detenida a vivir en condiciones compatibles con su dignidad personal y a la integridad personal exige programas específicos para prevenir sucesos violentos como el de autos.

Concluyen que una vigilancia permanente o frecuente y la realización de un examen psíquico adecuado habrían sido eficaces para impedir el desenlace fatal.

-III-

Tal como ha dicho la Corte Suprema, el examen de las normas de derecho común y la apreciación de la prueba constituyen, como principio, facultad de los jueces de la causa y no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria (Fallos: 327=5356, “Pradera del Sol”, entre otros), salvo que el tribunal superior de la causa no examine adecuadamente los aspectos que el caso suscita, efectúe apreciaciones dogmáticas o el pronunciamiento no constituya una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 333:2426, “P. de P.”; S.C. s. 536, L. XIV, “Sosa, Nimia Jorgelina c/ Estado Nacional si daños y perjuicios”, sentencia del 4 de junio de 2013; entre muchos).

Estas circunstancias excepcionales se encuentran presente en el sub lite puesto que la sentencia impugnada efectúa una valoración dogmática de los aspectos que el caso suscita y no configura una aplicación razonada de las normas que regulan los deberes del Estado Nacional a las circunstancias comprobadas de la causa.

Por lo tanto, el recurso de queja es procedente.

-IV-

Cabe recordar que la Corte Suprema expuso que quien contrae la obligación de prestar un servicio -en el caso, la custodia de un interno- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos: 333:2426, “P. de P.”; S.C. S. 536, L. XLIV, “Sosa, Nimia Jorgelina cl Estado Nacional si daños y perjuicios”, sentencia del 4 de junio de 2013; entre otros). En particular, ha precisado que el Estado incurre en responsabilidad cuando se verifica una falta de servicio, y cuando esta contribuye o permite que se produzca el desenlace fatal (doctr. Fallos: 333:2426; S.C. S. 536, L. XIV, “Sosa, Nimia Jorgelina cl Estado Nacional si daños y perjuicios”, sentencia del 4 de junio de 2013; S.C. P. 1173, L. XLIII, “Perea de Romero, Gladys Toribia c/Provincia de Córdoba”, sentencia del 4 de junio de 2013).

En el caso, el tribunal apelado tuvo por satisfecho el deber de custodia sobre la base del examen médico que se realizó al interno al momento de ingresar al establecimiento penitenciario y de la frecuencia con la que se efectuaban las rondas de control de los internos. Sin embargo, esa conclusión está fundada en una apreciación dogmática de las normas que regulan las obligaciones del Servicio Penitenciario Federal y de las constancias de la causa.

La Corte Suprema expuso que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas. Sobre esa base, afirmó que la norma constitucional impone “al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral” (Fallos: 318:2002, “Badín”, considerando 3°).

En este sentido, la Ley 20.416 del Servicio Penitenciario Federal dispone expresamente que ese organismo debe velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar la salud física y mental de los internos (art. 5, inc. a). En ese marco, el Reglamento General de Procesados (decreto 303/1996), que es aplicable a quienes se encuentran alojados en unidades carcelarias dependientes de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, prevé que, cuando un interno ingrese a un establecimiento penitenciario, un médico lo examinará para certificar su estado general y dispensarle, si correspondiere, el tratamiento necesario (art. 16). Puntualiza que deben registrarse las lesiones, los signos de deterioro físico y psíquico y de ingesta de estupefacientes. A su vez, consagra el derecho a la salud de los internos y especifica que se les debe brindar oportuna asistencia médica gratuita (art. 85).

En la misma dirección, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977) establecen estándares similares en relación con la atención médica dentro de las cárceles. Corresponde recordar que, de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema, estas reglas “configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención” (Fallos: 328:1146, “Verbitsky”, acápite XII). De acuerdo con este instrumento, el equipo médico debe velar por la salud física y mental de los reclusos y especifica que un médico debe examinar a cada recluso tras su ingreso a efectos de determinar la existencia de una enfermedad física o mental y tomar las medidas necesarias (reglas 24 y 25; en sentido similar ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/08, “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas· de Libertad en las Américas”, principios IX y X). Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos revisadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015 mantienen estos estándares en la nueva regla 30.

Del examen médico de ingreso realizado al hijo de los actores surge que en esa oportunidad se registró que el joven presentaba cicatrices en el antebrazo y que era adicto a la pasta base de cocaína (fs. 21 y 22, expte. FLP 55005029/2007). En relación con las cicatrices que exhibía en el brazo, el informe de la autopsia efectuada por la morgue judicial describe que se trataba de lesiones que el individuo se había inferido a sí mismo (fs. 57, expte. FLP 55005029/2007).

El informe concluye que las lesiones observadas son comunes en las personas con trastornos del control de los impulsos y que es frecuente, que estos sujetos se lesionen en situaciones de encierro (fs. 58 y 59, expte. FLP 55005029/2007). En el mismo sentido, la sentencia dictada en el marco de la causa donde se investigó la muerte del causante concluyó que el joven “presentaba lesiones de antigua data en el antebrazo izquierdo compatibles con cortes autoinflingidos propios de sujetos con trastornos del control de los impulsos y bajo umbral de tolerancia a la frustración, por lo que ello sumado a su juventud y el encierro carcelario que sufría, bien pudieron determinarlo a tomar la decisión de terminar con su vida” (fs. 169, expte. FLP 55005029/2007).

En este contexto, entiendo que, si bien el a quo advirtió acertadamente que se le realizó un examen médico al interno al momento del ingreso, omitió ponderar si fue adecuado a fin de cumplir con el deber de preservar su salud física y mental en los términos del artículo 5, inciso a, de la citada Ley 20.416 del Servicio Penitenciario Federal y de la restante normativa citada. En especial, advierto que si bien se registró en la ficha médica que el joven presentaba cicatrices en el antebrazo, no fueron caracterizadas como signos de autolesión ni se les dio la entidad que tenían de acuerdo con el informe de la autopsia y la sentencia penal.

A mi modo de ver, el diagnóstico oportuno de los signos de autolesión, sumado a los problemas de adicción, debería haber conducido a la realización de un detenido examen psicológico. Ello habría permitido advertir o descartar los trastornos psicológicos, que, según el informe de la autopsia y la sentencia penal, son comunes en personas con esas características, que en situaciones de encierro pueden lesionarse a sí mismos. A su vez, ese examen habría posibilitado determinar si era necesario brindarle tratamientos médicos o de otra índole.

Contrariamente a lo expuesto, sin contar con un examen físico y psicológico exhaustivo y sin otorgarle un tratamiento médico adecuado, se la aplicó la sanción de aislamiento -por el término de 8 días- al día siguiente a su ingreso a la prisión. Su deceso tuvo lugar pocos días después de cumplida la sanción. La incidencia de la medida disciplinaria en ese desenlace no fue valorada por el a quo.

En este sentido, cabe advertir que en el marco de la sanción de aislamiento el Estado mantiene su deber de protección del derecho a la salud de los internos de acuerdo a la normativa vigente. Así, el Reglamento General de Procesados dispone que el sancionado debe ser visitado diariamente por un médico y que este debe informar por escrito si la corrección debe suspenderse o atenuarse por razones de salud (art. 72; ver además arto 73, y arts. 22, 36, 37, 56 Y 57 del Reglamento de Disciplina para los Internos, decreto 18/1997). Por otra parte, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos establecen, entre otros estándares, que las penas de aislamiento solo se aplicarán cuando un médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que este puede soportarlo (regla 32.1). A su vez, prevén que un médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental (regla 32.3).

En suma, la decisión apelada omitió considerar acabadamente si el trato médico y disciplinario proferido al joven de diecinueve años, que ingresaba por primera vez a un complejo penitenciario para adultos y presentaba indicadores de trastornos psicológicos y problemas de adicción a sustancias psicoactivas, importó un incumplimiento del deber de custodia adecuada del Estado que contribuyó o permitió su muerte.

-V-

Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver las actuaciones para que se dicte una nueva conforme a derecho.

 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017.

ES COPIA

VÍCTOR ABRAMOVICH

ADRIANA N. MARCHISIO

Subsecretaria administrativa

 

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