JURISPRUDENCIA

Incidente de revisión. Concurso preventivo. Nota de débito. Contrato de locación de obra. Multas. Cuentas liquidadas. Responsabilidad solidaria en juicios laborales. Crédito eventual

 

Se confirma la sentencia que declaró inadmisibles los créditos insinuados en un concurso preventivo, al concluirse que las deficiencias en el contenido de la nota de débito -que impedían considerarla consentida-, la falta de sujeción al procedimiento pactado y la extemporaneidad de la multa invocada viciaban la causa del crédito insinuado y conducían al rechazo del incidente de verificación. Asimismo, se declara admisible -con carácter de crédito eventual quirografario- la suma que resulte del pago en los juicios laborales, conforme así fuera asumido en el contrato de locación de obra.

 

 

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En la ciudad de Azul, a los seis días del mes de septiembre del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes,para dictar sentencia en los autos caratulados: “LDC Arg. S.A. c/ Ingeniero Guillermo Milia S.A. s/ Incidente de Revisión” (causa n° 63.267), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dr. Galdós y Dra. Longobardi.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-CUESTIONES-

1ra - ¿Es justa la resolución apelada de fs. 2203/2207 vta.?

2ra - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

-VOTACIÓN-

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:

I. La sentencia verificatoria del 12/09/12, dictada a fs. 3117/3140 del concurso preventivo de “Ingeniero Guillermo Milia S.A.” que tengo a la vista (Expte. n° 172/12, JCC n° 1 de Olavarría), declaró inadmisible, en lo que aquí importa, los créditos insinuados por LDC Argentina S.A. (Leg. N° 77), por considerar que si bien su causa y título se encontraba acreditada, era necesario un ámbito de discusión más amplio para tratar los incumplimientos alegados y su monto, debiéndose iniciar un incidente de revisión al efecto (ver Consid. 15, fs. 3135/3136).

A fs. 1556/1566 vta., LDC Argentina S.A. promueve el respectivo incidente de revisión sobre los cinco créditos oportunamente insinuados, a saber: a) $22.384.905 con carácter de quirografario, determinados en la Nota de Débito n° … del 01/02/12, en concepto de multas por el atraso en la ejecución de las obras pactadas en el contrato de locación de obra celebrado con la concursada el 19/02/10 para la construcción de una terminal ferro-vial de recepción y almacenaje de cereales en Bahía Blanca. b) $2.781.924,30 en carácter de crédito eventual quirografario, por incumplimiento de la concursada de normas laborales y previsionales; c) $300.703,05 como crédito quirografario, en concepto de lo abonado a U.O.C.R.A con fecha 14/09/12 por aportes sindicales adeudados por la concursada; d) $3.664.381 (o lo que en más o en menos resulte del monto de condena, con intereses y costas) como crédito eventual quirografario por responsabilidad solidaria en juicios laborales, conforme el monto de capital demandado en los autos “Villa, Marcelo Cristian c/ Ingeniero Guillermo Milia S.A. y otros s/ accidente de trabajo (Trib. de Trab. de Bahía Blanca); “Gonzalez Ríos, Mirian y otro c/ IGM Construcciones S.A. y otros s/ accidente” (Juzg. Nac. de Trabajo N° 31); “Rivas, Ricardo Néstor c/ Ingeniero Guillermo Milia S.A. y otro s/ daños y perjuicios” (Trib. de Trab. N° 2 de Bahía Blanca); y “Contreras, Maximiliano c/ Louis Dreyfus Comodities Argentina S.A. y otros s/ accidente de trabajo” (Trib. de Trab. N° 1 de Bahía Blanca), en los que la incidentista fue codemandada; y e) $1.060.426,54 en carácter de crédito eventual con privilegio especial del art. 241 inc. 4 de la LCQ, por ejecución de los fondos de reparo entregados por la concursada en garantía de eventuales defectos o vicios en la obra u otro incumplimiento.

II. 1. La sentencia de fs. 2203/2207 vta., ahora apelada, hace lugar a la revisión planteada respecto de los créditos referenciados como b, c, y e; más omite expedirse respecto del crédito indicado en el punto a, y admite sólo parcialmente el crédito eventual por responsabilidad solidaria en juicios laborales referida en el punto d). Reconoce carácter quirografario a los créditos distinguidos como b y c, y privilegio especial a los identificados como d y e (el primero, como dije, reconocido sólo parcialmente).

2. Contra la aludida sentencia, LDC Arg. S.A. interpone recurso de aclaratoria (fs. 2213) por la omisión incurrida respecto del crédito enunciado como “a” (crédito por multas por atraso en la ejecución de obra), así como recurso de apelación (fs. 2216). Rechazado el primero por resolución de fs. 2215, el segundo se concede en relación, por despacho de fs. 2218.

A fs. 2020 la incidentista apela también, a todo evento, la resolución de fs. 2215 que rechazó su recurso de aclaratoria; impugnación también concedida en relación por providencia de fs. 2221.

A fs. 2223/2239 la impugnante funda conjuntamente los recursos concedidos a fs. 2218 y 2221. En lo que respecta al crédito omitido en la anterior instancia ($22.384.905 derivados de la Nota de Débito n° … del 01/02/12, en concepto de multas por atraso en la construcción de una terminal ferro-vial de recepción y almacenaje de cereales en Bahía Blanca), la apelante recuerda que la sindicatura, en su informe individual del art. 35, aconsejó declararlo inadmisible en razón de no comprenderse por qué la incidentista pagó todos los certificados de obra que IGM fue presentando al cobro sin formular objeciones por los atrasos incurridos, e invocó la doctrina plenaria de los fallos “Difry” y “Translínea” de la Cámara Nacional de Apelaciones. Al respecto, sostiene que conforme el art. 5.13 del contrato oportunamente celebrado con la concursada, todos los pagos se consideran parciales y a cuenta del total, y están sujetos a revisión en oportunidad de la liquidación final a realizarse luego de la recepción provisoria.

Agrega que la nota de débito fue presentada a la concursada el 10/02/12, y que la mencionada se limitó a rechazarla mediante una escueta carta documento. Arguye que las retenciones o multas no se fueron aplicando durante la ejecución de la obra porque ni el contrato ni el pliego la obligaban a ello, y porque si retenía el valor de las multas del pago de las certificaciones de obra, ello habría llevado al ahogo financiero de la concursada, generando mayores demoras, falta de pago de sueldos, y peores consecuencias para IGM. Explica que por ello se optó por privilegiar la terminación de la obra. Refiere que las declaraciones testimoniales vertidas por Antonio Luis Jati a fs. 2146 de la causa “LDC Argentina S.A. c/ Ingeniero Guillermo Milia S.A. s/ Oficio Ley 22.172 (Expte. 21-02871271-2); Ernesto Carlos Musio (que declaró a fs. 2118 de las actuaciones con igual carátula; Expte. 7591/2016); Ángeles Di Girolamo (fs. 2114/15 del último expediente citado); y Damián Ignacio Quevedo (fs. 2141, idem), ratifican las razones por las cuales su parte aplicó las multas más tarde. Asimismo, agrega que la procedencia del crédito en cuestión se encuentra justificada con la prueba pericial en ingeniería de fs. 1131/2078, en cuanto informó, entre otras cuestiones, que respecto de las obras de pavimento, veredas y desagües, IGM no había cumplido con el pliego de especificaciones técnicas, cronograma, plazo de obra, etc. Asimismo, que al momento de la suscripción del Acta de Recepción del 28/03/12 para la construcción de esas obras, las tareas pendientes eran las indicadas por LDC en el libro de Obra, según Orden de Servicio n° 53 del 29/10/11, sumado a un listado de otros doce puntos faltantes (ver. fs. 2231 vta. y 2232). En ese marco, añade que de conformidad con el art. 7.1 del contrato, el plazo para la terminación de las obras era el 28/11/2010, plazo que fue prorrogado por las partes al 31/12/2010, pese a lo cual, al 29/10/11 las obras no se encontraban concluidas. Por otra parte, destaca que la pericia contable de fs. 1103/1107 dejó constancia de que su parte llevaba los libros contables en legal forma, y de que la nota de débito en cuestión se encontraba contabilizada en sus libros.

En relación con su segundo agravio (la verificación sólo parcial del crédito eventual por responsabilidad solidaria en juicios laborales en los que ha sido codemandada), critica que la jueza sólo haya admitido el crédito por la suma de $500.000 correspondiente a lo efectivamente abonado en los autos “Contreras...” y no el total denunciado (comprensivo del monto de capital objeto de los cuatro procesos), en razón de no mediar sentencias condenatorias al efecto. En esa línea, enfatiza que el art. 32 de la Ley 24.522 impone la carga de verificar los créditos de causa o título anterior, entre los que se encuentran los acreedores condicionales o eventuales, consistiendo la eventualidad aquí en que LDC resulte finalmente condenada. Peticiona así, previa cita de jurisprudencia, que además de la verificación del crédito de $500.000 con carácter especial, se ordene verificar un crédito con carácter eventual por la suma de $3.164.381 (y/o lo que en más o en menos resulta de las sentencias laborales ya abonadas o a abonarse).

3. A fs. 2244/2246 vta. contesta agravios la sociedad concursada, y a fs. 2247 y vta. toma intervención la sindicatura, ratificando lo expresado en sus escritos de fs. 1624/1625 y 1627/1630, y de fs. 2178/2179 y 2180/2181. A fs. 2249 se elevan las actuaciones a la Alzada departamental, quedando radicadas en esta Sala por conexidad con la causa n° 63.154 (fs. 2251). A fs. 2254 este Tribunal dispone que resultando definitiva la cuestión, ella debe resolverse con la formalidad del Acuerdo. A fs. 2255 se practica el sorteo de rigor, con lo que se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.

III. Con antelación a ingresar en el tratamiento de las cuestiones que llegan a decisión, entiendo conveniente subrayar que estos actuados poseen un considerable error de foliatura producto de que en su cuerpo 9, en la que debió ser la foja 1640, se consignó foja 1040, de modo que hay 600 fojas “gemelas”. No obstante, dada la gran cantidad de fojas que arrastran luego ese error originario de foliatura (más de 1.200), considero conveniente y suficiente, a los efectos de la presente sentencia, contrarrestar el aludido error, indicando, en caso de citar una foja repetida, el cuerpo en el que ella se encuentra, lo que así efectuaré. Ello sin perjuicio de ordenar su adecuada corrección posterior.

IV. Señalado ello, propongo declarar mal concedido el recurso de apelación de fs. 2220, planteado contra la resolución de fs. 2215 que rechazó el recurso de aclaratoria interpuesto a fs. 2213/2214 contra la sentencia definitiva de fs. 2203/2207 vta; sin costas, atento al modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 CPCC). Ello así pues tal recurso excede las hipótesis legales que admiten la impugnación mediante recurso de apelación (art. 242 CPCC) y, por lo demás, la sustancia sobre la que versa se encuentra subsumida en el recurso de apelación también planteado a fs. 2216, al que seguidamente me aboco.

V.1 El primer agravio objeto del recurso de apelación planteado a fs. 2216, es el relativo al crédito de $22.384.905 instrumentado en la nota de débito n° 076-00000013 (fs. 994) del 01/02/12, denunciado en concepto de multas por atraso en la construcción de una terminal ferro-vialde recepción y almacenaje de cereales, cuyo tratamiento se omitió en la anterior instancia. Adelanto que a mi juicio, no puede prosperar.

Al efecto, recuerdo inicialmente que “las notas de débito son instrumentos provenientes de una práctica praeter legem del comercio, que carecen de régimen legal específico y constituyen la creación unilateral del cocontratante que pretende sintetizar o plasmar los antecedentes que darían lugar al nacimiento de un crédito” (Carlos E. Moro, Ley de Concursos, Tomo I, Ed. ad-Hoc, Bs. AS., 2005, pág. 501; el resaltado es propio). Constituyen “la exteriorización de la existencia de una presunta deuda que obra asentada en los libros del emitente y que tiene por objeto anoticiar a su destinatario un estado contable que para él resulta desfavorable” (cf. Acosta, Miguel Á., Acerca de las notas de débito, LA LEY1995-D, 414, con cita de CNCom., sala C, diciembre 30-980 “in re”: “Jar Publicidad S.R.L. c. Editorial Crea S.A.”, ED, 92-763; en igual sentido, Cam. Civ. y Com. de San Isidro, Sala 1, causa 90.392 del 13-8-2002 y Sala 2, causa nº 96687, “Merwaiss...”, del 17/03/2005).

En razón de la ausencia de previsiones legales específicas, hay quienes las han asimilado a las facturas (en tal sentido, ver Acosta Miguel A., ob. cit., con cita de CNCom, Sala E, mayo 5-989, “Fametar S.C....”, La Ley, 1989-D, 266 y fallos anteriores allí citados; en sentido contrario, ver Carlos E. Moro; ob. cit., pág. 501), considerando analógicamente aplicable, conforme el art. 16 C.C., el art. 474 del Cód. de Comercio (ambos preceptos aplicables en autos por ser los vigentes al tiempo de los hechos art. 7 CCCN). La extensión analógica de esa norma a las notas de débito, implica que de no ser “reclamadas” por su destinatario dentro de los diez días siguientes a su recibo, se presumirían “liquidadas las cuentas” y quien pretendiera negarles eficacia, debería aportar la prueba necesaria para desvirtuar tal presunción (cf. Cam. Civ. y Com. de San Isidro, Sala 1, causa cit. nº 90.392 del 13-8-2002, con cita de CNCom., Sala E, 21-12-1999, “Cirigliano c/ Carrefour”; El Derecho, 2-10-2000).

En el caso de marras, conforme esa doctrina, debieran -prima facie- tenerse por “liquidadas las cuentas”, pues como lo esgrimió la incidentista en sus cartas documento de fs. 1360 y 1361 (cuerpo 7), la concursada cuestionó la nota de débito que le fue notificada con fecha 10/02/12, una vez finiquitado -por sólo un día- el plazo legal de 10 días desde su recepción (ver CD de fs. 1359, igual cuerpo)

Sin embargo, estimo que las deficiencias que afectan la nota de débito acompañada, impedirían, de todos modos, considerarla eficaz a los efectos de la aplicación analógica del art. 474 Cód. de Comercio, y, en consecuencia, tener por configurada la presunción de “cuentas liquidadas” consagrada en su tercer párrafo. Es que la referida nota de débito del 01/02/2012 (fs. 994), primer oportunidad en que la concursada fue anoticiada de la existencia de una multa, cita como sustento normativo el art. 8 del contrato de locación de obra oportunamente concertado, sin especificar -tampoco lo hace la nota de fs. 996 con ella remitida- en cuál de las distintas hipótesis allí contempladas se fundamenta (multa por mora en la terminación total de la obra, o en el cumplimiento de los plazos parciales o multa en razón de los supuestos previstos en el punto 21 del pliego de condiciones, apartados I, II y III, que además de las multas por atraso parcial o total en la entrega de la obra, prevén multas por mora en su iniciación, por paralización de trabajos, por incumplimiento del pliego, falta de acatamiento de órdenes de servicio, ausencias, mora en la entrega de elementos o cosas, incumplimiento en la presentación de planos o del cronograma de obra, etc; ver fs. 905). Ello mismo fue destacado por el perito contable en su respuesta al punto 2 de la incidentista, cuando informó que “no le consta el motivo de la emisión de la nota de débito” (ver fs. 1104 vta., cuerpo 9; arts. 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).

Por mi parte, de extender a las notas de débito los efectos de la ausencia de “reclamo” (o el reclamo extemporáneo) frente a una factura comercial, considero que así como ésta última debe contener la descripción de los “géneros” vendidos (art. 474 Cód. de Comercio), la nota de débito debe contener, a mi entender, no sólo el monto de la deuda puesta en conocimiento, sino también, correctamente detallado, su motivo o causa, de modo de permitir su real control y cuestionamiento por el cocontratante; máxime tratándose, como en el caso, de una sanción que, además, nunca había sido previamente notificada. En consecuencia, arribo a una primera conclusión: aún cuando se adscribiera a la postura que pregona la aplicación analógica del referido precepto a las notas de débito, de todos modos la aquí acompañada no habilitaría a presumir “liquidadas las cuentas”, pues carece del contenido mínima y razonablemente necesario para tornarla operativa o eficiente en los términos del art. 474 del Cód. de Comercio, analógicamente aplicado.

2. Ingresando ahora en el análisis de la causa del débito informado en la aludida nota, pues, como es sabido, las notas de débito no resultan “per se” demostrativas de un crédito, sino que la causa del descuento debe ser probada por su emisor (cf. CNCiv., Sala C, “Sabino José c/ Carrefour Argentina S.A...”, del 06/05/03; Sala C, causas “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A....”, del 02/03/2005 e “Instituto Cardiovascular Infantil S.A...”, del 20/04/12; Sala D, “Clínica del niño de Quilmes...”, del 18/06/2012; Sala F, “Pareja Horacio Antonio y Barrera Juan Pablo SH...”, del 22/06/17), advierto que la causa del débito en cuestión no se encuentra suficientemente justificada. Ello pues la multa en cuestión no surge de ningún otro instrumento (como se destaca por la sindicatura a fs. 1627), y no ha sido aplicada con ajuste a las pautas previamente previstas en el pliego de condiciones. Ciertamente, este último prevé en su punto 11, ap. h (fs. 901) que es “facultad específica” del Director de obra “solicitar la aplicación de sanciones” (lo cual no se ha acreditado en autos), y en el punto 22 (fs. 905), al reglar el “Procedimiento de aplicación de multas”, especifica también que su aplicación es incumbencia del Comitente “a pedido del Director de Obra”. Relevante es también que en el punto 21, ap. IV, el aludido pliego prevé como condición para la aplicación de multas por atrasos parciales o totales en la ejecución de la obra, “que el contratista no probase que se debe a causas justificadas y éstas sean aceptadas por el Director de Obra ad-referendum del Comitente”. De modo que, como se observa, la aplicación de multas por mora en los plazos de obra, constituye una facultad del Comitente que dista de ser automática o discrecional, sino que está sujeta a petición previa del Director de Obra, y condicionada a la oportunidad de descargo y justificación de la demora por el contratista, en cuyo defecto las multas aplicadas devendrían inválidas.

Por lo demás, al denunciar la existencia de la multa bajo análisis -y notificarla mediante una nota de débito deficiente incluso en su contenido-, la incidentista no sólo no ha actuado de conformidad con las pautas -antes aludidas- a las que se sujetó el vínculo contractual, sino que además, como se verá, con el carácter intempestivo de su proceder ha vulnerado principios fundamentales que informan la ejecución de los contratos, como el principio de buena fe (arts. 1198 C.C.; arts. 9 y 729 CCCN) y el de protección de la confianza recíproca (expresamente recogido por el art. 1067 del actual Código Civil y Comercial, cuyo valor de doctrina interpretativa ha sido reiteradamente destacado por este Tribunal; ver causas n° 60474, “José, Claudio Fernando...”, del 10/03/16; nº 60346, “Di Tomaso, Graciela...”, del 10/05/16; “Acosta Cier Alejandro...”, del 06/06/16; n° 61694, “Denisio Soria, Nicolás Luciano...”, del 31/08/17, entre otras); atentando incluso contra su actuar previo y relevante (art. 918 C.C. y 1067 CCCN).

Veamos. Al insinuar en el concurso el crédito bajo análisis, la incidentista -que había omitido antes precisar a su cocontratante la causa de la multa aplicada-, refirió que la sanción en cuestión era producto del incumplimiento del plazo pactado para la terminación de la obra, conforme las cláusulas 8.1 y 8.2 del contrato oportunamente celebrado. Asimismo, explicó que su monto -prácticamente equivalente al 50% del valor total de la obra-, se había fijado considerando 82 días de demora al 0,6% diario del valor total actualizado ($45.497.775), acorde la cláusula 8.2 (ver fs. 7 vta.).

Sin embargo, al promover el presente incidente de verificación (fs. 1556/1566 vta.; cuerpo 8), si bien comenzó invocando nuevamente los artículos 8.1 y 8.2 (atraso total en la ejecución de la obra; ver fs. 1556 vta. y 1557), más adelante, en línea con lo argüido por la concursada al cuestionar la nota de débito que le fuera remitida (ver CD de fs. 1359; cuerpo 7), reconoció que el atraso total cuestionado había sido producto de atrasos sucesivos y parciales en el cronograma de obra (fs. 1559/1560 vta.). Adujo que su parte fue pagando los certificados de obra a medida que la concursada los iba presentando, y que no hizo efectivo su derecho a retener fondos por las demoras de la concursada, pues ni el pliego ni el contrato la obligaban a imponer las multas en el mismo momento en que se concretaba el hecho sujeto a penalidad, y pues de haberse conducido así, habría ahogado financieramente a la concursada y ocasionado más incumplimientos de la concursada con el personal. Fue por ello, arguyó la incidentista, que prefirió privilegiar la terminación de la obra.

En punto al primer argumento referido por LDC, advierto que una lectura integral de las normas del pliego y del contrato oportunamente celebrado, revela que el momento para evaluar el establecimiento de una multa por atraso parcial es cuando éste se verifica. Ello por cuanto de conformidad con las cláusulas contractuales “los trabajos se certificarán mensuales según el avance de las obras... El propietario contará con cinco (5) días corridos, contados a partir de la presentación del certificado, para proceder a la aprobación u observación del mismo (...) La aprobación de los certificados o la no observación de los mismos por parte del propietario en al plazo establecido anteriormente, dará derecho al contratista a presentar las facturas correspondientes.” (ver fs. 828)

Por su parte, el punto 22 del pliego de condiciones determina que “el importe de la multa aplicada será deducido del primer certificado que se emita luego de su aplicación o del fondo de reparo” (fs. 905). Y en la cláusula octava del contrato se refiere también que las multas “se deducirán de cualquier certificado y/o cualquier otra suma debida al contratista, del Seguro de Caución o en su caso del Fondo de Reparos del contrato, haciéndose efectivas en períodos mensuales en los casos en que el contratista no haya recuperado el avance en mora” (ver fs. 835/836). Asimismo, se determina en el cuarto párrafo de la mencionada cláusula que las multas por atrasos parciales serán devueltas si la totalidad de la obra se entrega en los plazos previstos (lo que denota que la oportunidad para su aplicación y percepción es el momento de verificarse la demora parcial).

Por lo demás, resulta razonable, por cierto, que su procedencia sea evaluada en forma coetánea con el incumplimiento, por cuanto, como ya se dijo, en el punto 21, apartado IV del pliego de condiciones, se prevé que las multas por mora en los plazos parciales y/o totales procederán “siempre que el contratista no probase que se debe a causas justificadas y éstas sean aceptadas por el Director de obra ad-referendum del comitente” (fs. 905). Va de suyo que la inmediatez entre el incumplimiento y la imputación de la sanción, es lo que permitirá, a todo evento, que el cocontratante pueda ejercer adecuada y suficientemente su derecho a alegar y a acreditar que la demora no le ha sido imputable.

3. De modo que una lectura integral de lo acordado por las partes, permite concluir que la oportunidad en que la incidentista debió invocar los hipotéticos atrasos y proceder a la aplicación y deducción de las pertinentes multas, se configuró al momento de abonar los pertinentes certificados. Y en ese marco, se torna razonable lo argüido por la contratista en respuesta a la nota de débito recibida, cuando, oponiéndose a la determinación de la multa fijada por extemporánea y carente de sustento fáctico y jurídico, esgrimió -además de su negativa en punto a la mora- que “pese a lo previsto en el punto 8.4 del contrato que nos vincula, nunca nos fue impuesta ninguna multa ni retenida suma alguna por tal concepto de los distintos certificados, pese a que el tiempo propio de dichas sanciones es la correspondiente a la certificación en la que se verifica el supuesto atraso...” (ver fs. 1359, cuerpo 7).

En efecto, como surge de la pericia contable de fs. 1103/1107 (cuerpo 9), la incidentista nunca hizo uso -ni efectuó reserva alguna- de las facultades sancionatorias que le confería el contrato, sino hasta la aplicación de la multa notificada por la nota de débito en cuestión. Y el punto es que ese proceder -que, como dije, no se ajusta a la lógica del contrato celebrado-, pudo hacer presumir válidamente a la contratista que la comitente entendía justificadas las demoras en cuestión, o que renunciaba al ejercicio de su facultad sancionatoria, y provocar en ella un estado de confianza que luego fue sorpresivamente vulnerado por ésta.

Es que LDC Argentina S.A. no sólo dispuso unilateralmente (frente a un marco normativo que claramente iba en otra dirección), posponer el momento en que sancionaría a su contratista por los atrasos parciales incurridos, sino que ni siquiera efectuó oportunas reservas en tal sentido, de modo de no generar en la hoy concursada una interpretación errónea de su proceder. Ciertamente, tras haber guardado total silencio (en procura de sus propios intereses), sobre un aspecto tan espinoso del vínculo contractual como son las facultades sancionatorias previstas, sorpresivamente, sin más, notificó a su contratista una multa que asciende al 50% del valor del precio pactado por la obra, y resulta de una mora imputada no superior a los tres meses (82 días), en una obra de considerable envergadura.

Lo dicho nos remite al ya citado art. 1067 CCCN -aplicable como valiosa guía interpretativa-, en cuanto prevé que la interpretación de los contratos (lo cual es extensible a su ejecución) “debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto”.

En suma, en razón de las deficiencias en el contenido de la nota de débito -que impiden considerarla consentida-; y de la falta de sujeción al procedimiento pactado y la extemporaneidad de la multa invocada (todo lo que vicia la causa del crédito insinuado), propongo, en coincidencia con lo aconsejado por la Sindicatura en los informes de fs. 1624/1630 (cuerpo 9) y 2180/2181, denegar el recurso de apelación planteado por LDC Argentina S.A. y rechazar el incidente de verificación planteado en lo que respecta a la multa de $22.384.905 instrumentada en la nota de débito n° 076-00000013 (art. 32 LCQ; art. 474 C. Com; arts. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 729, 1067 CCCN; arts. 16, 918, 1198 C.C.; arts. 375 y 384 CPCC).

VI. 1. Procede ahora abordar el agravio de la incidentista relativo al acogimiento solo parcial del crédito de $3.664.381, insinuado como eventual y quirografario, por responsabilidad solidaria en juicios laborales. La sentencia recurrida sólo lo acogió por la suma de $500.000efectivamente abonada por la LDC S.A. en los autos “Contreras, Maximiliano c/ Louis Dreyfus Comodities Argentina S.A. y otros s/ accidente de trabajo”, rechazándola en lo restante, por no mediar sentencias condenatorias (fs. 2206/2206 vta.).

Considero que asiste razón a la recurrente en esta parcela de su crítica. Ello así por cuanto, tal como lo refiere, el art. 32 de la Ley 24.522impone la carga de verificar los créditos de causa o título anterior, entre los que se encuentran los acreedores condicionales o eventuales. Como se ha dicho, “Los acreedores condicionales deben requerir la verificación de sus créditos. Esta directiva emerge del segundo párrafo del art. 125 LCQ, aplicable también en caso de concurso preventivo: “Quedan comprendidos los acreedores condicionales, incluso aquellos cuya acción respecto del fallido queda expedita luego de excusión o cualquier otro acto previo contra el deudor principal. En esta norma en realidad se incluyen, además de las obligaciones condicionales stricto sensu (...) cualquier otra obligación cuyo nacimiento o cuyo ejercicio estuvieran subordinados al acaecimiento de un hecho o al cumplimiento de alguna actividad, aunque éstos no fueren futuros e inciertos. Por ello sería más adecuado quizás hablar de acreedores eventuales. Este calificativo no confunde con la idea de condición, pero la comprende a ella, y a otros supuestos que no son estrictamente condición, pero si están condicionados al cumplimiento de una carga, de un hacer cualquiera o de un trámite previo.” (Adolfo A. N. Rouillon y Pedro Figueroa Casas en Código de Comercio. Comentado y anotado, Dir. Adolfo A. N. Rouillon y Coord. Daniel F. Alonso, 1ª ed., La Ley, Bs. As., 2007, T. IV-A, págs. 406 y 407; acompaña esa distinción de género a especie entre créditos eventuales y condicionales Vaiser, Lidia, en Verificaciones de crédito “difíciles”; una trilogía, pub. en DJ04/06/2014,1).

En esa línea, Casadío Martínez cita también como fuente fundamental del derecho del acreedor eventual el art. 2028 C.C. que contempla expresamente el derecho del fiador a ser admitido “preventivamente” en el pasivo de la masa del deudor afianzado y quebrado. Concluye que “la sola posibilidad de que, eventualmente, un sujeto pueda llegar a pagar un crédito respecto del cual el deudor es obligado, lo coloca en situación de peticionar la verificación del monto del que se trate para - en caso de que el pago de haga efectivo- poder exigir al concurso la repetición pertinente; en consecuencia, si el pago aún no se formalizó, la verificación será condicional, pues para la protección de este derecho eventual la ley habilita al acreedor a formalizar la pretensión insinuatoria”. (Claudio Alfredo Casadío Martínez, Insinuación al pasivo concursal, Ed. Astrea, 2ª ed. ampliada y actualizada, Bs. As., 2007, pág. 185; en igual sentido, Oscar A. Galíndez, Verificación de créditos, 2ª ed. actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs. As., 1997, pág. 101; Carlos E. Moro, Ley de concursos, ob. cit. T. 1, pág. 456).

Entre la categoría de acreedores eventuales (condicionales en los términos del art. 125 LCQ), se incluyen los que cuentan con “obligaciones de repetición o reembolso, a cargo del concursado o fallido, y a favor de los garantes del concursado o fallido, condicionadas al efectivo pago hecho por el garante al tercero (acreedor del fallido o concursado garantizado (...)” y que se encuentran expresamente aludidos en el art. 32 LCQ(cf. Rouillon y Figueroa Casas en la obra colectiva citada, Tomo IV-A, pág. 406 y 407).

Cabe destacar que la verificación o admisión de un crédito como eventual o condicional, no posee más efectos que la de habilitar al insinuante a percibir su crédito de efectivizarse el pago, puesto que como lo destaca Rouillon en la obra ya citada, “cualquiera fuere la condición o eventualidad condicionante de un crédito verificable, resulta cierto que pese a la verificación que su titular obtenga, no podrá ejercer en el concurso los derechos propios de acreedor en tanto no desaparezca la eventualidad condicionante del nacimiento del crédito o de su exigibilidad (...) no podrá participar en la negociación del acuerdo preventivo, su capital no se computará tampoco para el cálculo de la mayoría respectiva, ni podrá cobrar las prestaciones concordatarias. Cumplida la condición y según el estadio en que se encuentre el proceso concursal, ese acreedor participará, a partir de entonces, con todas las facultades y derecho propios de un acreedor no eventual. La regla es, pues, que deben verificarse los créditos eventuales, pero postergándose el ejercicio pleno de los derechos de acreedor concurrente, hasta la pérdida del carácter condicional o de la eventualidad” (Rouillon y Figueroa Casas en la obra colectiva citada, Tomo IV-A, pág. 407 y 408; el destacado me pertenece; con igual criterio, Juan M. Farina y Guillermo V. Farina, Concurso preventivo y quiebra, Ed. Astrea, Bs. As., 2008, T. 1, pág. 440).

En términos similares, se ha sintetizado que “el acreedor eventual se incorpora al pasivo concurrente, pero si el crédito no se torna exigible de manera tempestiva y de acuerdo a las secuencias del proceso concursal, el acreedor perderá un derecho relevante: el de discutir la propuesta de acuerdo y de votarla en forma favorable, o no. Por lógica consecuencia, cuando el crédito se torne exigible deberá ser pagado en las condiciones del acuerdo homologado aunque el acreedor no hubiera participado de la decisión que llevó a aquel.” (Vaíser Lidia, ob. cit.).

2. Sobre las bases dogmáticas que anteceden, advierto que el crédito bajo análisis, tal como lo pretende la recurrente, constituye un crédito eventual admisible en el pasivo concursal. Ello así pues entre la incidentista, comitente en el contrato de locación de obra de fs. 824/841, y la contratista y concursada Ingeniero Guillermo Milia S.A., media un vínculo preexistente al concurso que habilitaría a la primera a repetir de la segunda lo que eventualmente tuviera que abonar en virtud de cualquier reclamo que le efectuara un trabajador de la contratista, su cesionario o subcontratista. Así surge de la cláusula 6.5.8 del aludido contrato que, de conformidad con las cláusulas 20 -fs. 904- y 26.1 -fs. 907- del pliego de condiciones, determina que “El contratista, cesionario y/o subcontratista que de él dependan, asumen plena responsabilidad frente a LDC Argentina S.A. (la comitente) obligándose a indemnizar inmediatamente y mantener indemne a la Comitente, de y contra todo gasto, pérdida, daño, demanda o reclamo, incluido honorarios profesionales abonados o sufridos por la Comitente como consecuencia directa o indirecta del reclamo que eventualmente, cualquier trabajador del contratista, cesionario y/o subcontratista que de él dependan, o la Administradora de Riegos del Trabajo que los ampara dedujera contra la Comitente por prestaciones previstas directa o indirectamente en la Ley 24.557 y/o para recuperar erogaciones efectuadas por la aplicación de dicha normativa.” (fs. 832, el énfasis es mío).

Asimismo, la cláusula décimo tercera prescribe que “la contratista reconoce que el propietario es ajeno a cualquier reclamo que eventualmente pudiera efectuar el personal dependiente y/o contratado y/o subcontratado y/o terceros con motivo o en ocasión de la ejecución de las obras. La contratista se obliga a mantener indemne al propietario respecto de todo tipo de reclamo, pasado, presente y/o futuro, sea este de naturaleza comercial y/o civil y/o laboral y/o provisional y/o penal y/o impositivo y/o de cualquier otra índole y/o especie, de personal propio, de personal subcontratado, o de terceros, que se origine con motivo de la ejecución de las obras. Esta obligación subsistirá una vez extinguida la relación comercial que los vincula, cualquiera fuera la causa de tal finalización. La contratista asume el pago de gastos, costas y condenas que resulten del reclamo. La contratista reconoce expresamente que la contratación de seguros no la dispensará de la obligación de indemnidad que por el presente asume.” (fs. 839/840; el resaltado es propio).

De manera que en autos, más allá de la fuente o hipótesis legal en que las sentencias que vayan a dictarse en los procesos laborales en que se codemandó a la incidentista encuadren la responsabilidad que eventualmente atribuyan a LCD Argentina S.A., lo cierto es que el contrato de locación de obra oportunamente celebrado por ésta con la concursada, contempla una garantía contractual de indemnidad de amplio alcance, en virtud de la cual, de abonar LDC suma alguna producto de los juicios laborales en que ha sido codemandada, contaría con el derecho a obtener su reintegro o reembolso de parte de Ingeniero Guillermo Milia S.A. Ello eleva el crédito en cuestión a la categoría de crédito eventual, susceptible de ser declarado admisible en los términos de los artículos 125 y 32 LCQ, anteriormente citados; admisibilidad que posee el alcance descripto en las citas doctrinarias de los parágrafos que anteceden, a los que me remito.

En punto al monto con que corresponde admitir el aludido crédito eventual, aclaro que no resulta procedente el de $3.164.381 que pretende la recurrente, por cuanto incluye (improcedentemente) la diferencia ($1.000.000) entre el monto de la demanda ($1.500.000, ver fs. 442) incoada en los autos “Contreras, Maximiliano c/ Louis Dreyfus Comodities Argentina S.A. y otros s/ accidente de trabajo” (Trib. de Trab. N° 1 de Bahía Blanca), y el monto del acuerdo conciliatorio ($500.000) que puso fin al aludido proceso, y que fue abonado por la incidentista.

3. En consecuencia, acorde lo hasta aquí expuesto, propongo hacer lugar al recurso de apelación planteado a fs. 2216 por LDC Argentina S.A., y declarar admisible, con carácter de crédito eventual quirografario, la suma de $2.164.382 (o lo que en más o en menos se determine como monto de condena en las sentencias de mérito, más los intereses y costas de cada juicio), resultante de la adición del monto de capital objeto de los autos “Villa, Marcelo Cristian c/ Ingeniero Guillermo Milia S.A. y otro s/ accidente de trabajo” (Exp. 27.555, Trib. de Trab. n° 1 de Bahía Blanca; $145.000 cf. copia de demanda obrante a fs. 1078/1119); “Gonzalez Ríos, Mirian y otro c/ IGM Construcciones S.A. y otros s/ accidente” (Exp. 1533/12, Juzg. Nac. de Trabajo N° 31; $1.700.000 cf. copia demanda a fs. 1136/1191), y “Rivas, Ricardo Néstor c/ Ingeniero Guillermo Milia S.A. y otro s/ daños y perjuicios” (Exp. 25.137, Trib. de Trab. n° 2 de Bahía Blanca; $319.381,89 cf. copia de demanda a fs. 1196/1234) en los que la incidentista fue codemandada (arts. 32 y 125 LCQ; art. 2028 C.C.).

VII. En lo que atañe a las costas de la anterior instancia, si bien la decisión que propongo importa una modificación de la sentencia apelada de fs. 2203/2207 vta., ampliando los créditos allí declarados admisibles en favor de LCD Argentina S.A., no es menester modificar la imposición de costas allí efectuada en los términos del art. 274 CPCC, pues ellas fueron cargadas en su totalidad a la masa concursal.

Por su parte, en lo que atañe a las costas de esta instancia, propicio que ellas sea distribuidas en partes iguales, atento el éxito parcial del recurso incoado por la incidentista (arts. 278 LCQ, y 69 y 71 CPCC).

VIII. Finalmente, dado que el presente decisorio importa la modificación de la base empleada para la regulación de honorarios efectuada en la sentencia apelada, propongo dejar sin efecto la referida regulación, a fin de que, por la instancia de origen, se practique una nueva acorde con lo resuelto en la presente sentencia, difiriéndose la regulación de los honorarios correspondientes a esta instancia para su oportunidad (art. 287 LCQ).

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:

Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde: 1) Declarar mal concedido el recurso de apelación planteado por LDC Argentina S.A. a fs. 2220; sin costas (arts. 68 y 69 CPCC). 2) Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 2216 por la mencionada en cuanto pretende se admita el crédito por una multa de $22.384.905, instrumentada en la nota de débito n° …. 3) Hacer lugar al recurso de apelación planteado a fs. 2216 por LDC Argentina S.A., y declarar admisible, con carácter de crédito eventual quirografario, la suma de $2.164.382 (Pesos dos millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos) o la que en más o en menos resulte del monto de condena de cada juicio, con intereses y costas, por su eventual condena y pago en los juicios laborales indicados en el Considerando VI.3. 4) Imponer las costas de Alzada en partes iguales, atento el éxito parcial de los agravios (arts. 278 LCQ y 69 y 71 CPCC). 5) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia apelada, la que deberá readecuarse a lo resuelto en este decisorio, y diferir la regulación de los honorarios de Alzada para su oportunidad (art. 287 LCQ). 6) Disponer que por la instancia de origen, se proceda a la corrección del error de foliatura indicado en el Considerando III.

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi adhieren al voto que antecede votando en idéntico sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Azul, de septiembre de 2018.-

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Declarar mal concedido el recurso de apelación planteado por LDC Argentina S.A. a fs. 2220; sin costas (arts. 68 y 69 CPCC). 2) Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 2216 por la mencionada en cuanto pretende se admita el crédito por una multa de $22.384.905, instrumentada en la nota de débito n° 076-00000013. 3) Hacer lugar al recurso de apelación planteado a fs. 2216 por LDC Argentina S.A., y declarar admisible, con carácter de crédito eventual quirografario, la suma de $2.164.382 (Pesos dos millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos) o la que en más o en menos resulte del monto de condena de cada juicio, con intereses y costas, por su eventual condena y pago en los juicios laborales indicados en el Considerando VI.3. 4) Imponer las costas de Alzada en partes iguales, atento el éxito parcial de los agravios (arts. 278 LCQ y 69 y 71 CPCC). 5) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia apelada, la que deberá readecuarse a lo resuelto en este decisorio, y diferir la regulación de los honorarios de Alzada para su oportunidad (art. 287 LCQ). 6) Disponer que por la instancia de origen, se proceda a la corrección del error de foliatura indicado en el Considerando III. Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

 

  Correlaciones:

Ley 24522 – BO: 09/08/1995

 

 

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