JURISPRUDENCIA

Despido. Abandono de trabajo. Intimación previa. Requisitos. Carta documento. Domicilio inexistente

 

Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario interpuesta por el actor, toda vez que la extinción del vínculo laboral por abandono de trabajo decidida por la empleadora no cumplió correctamente con el requisito de la intimación previa. Para decidir así, el tribunal destacó que si las cartas documento enviadas por el empleador no fueron entregadas por “dirección inexistente”, no sirven como medio fehaciente de notificación.

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 10 días del mes de octubre de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I. La sentencia de la anterior instancia (fs. 242/247) recibe apelación de la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 249/261 que no recibiera réplica de la contrar

II. Objeta el apelante que la jueza de primera instancia rechazara, en lo principal, el reclamo de inicio, por entender que no se encuentra configurado el abandono de tareas del actor por cuanto nunca recibió las comunicaciones de intimación y de extinción. Cuestiona finalmente lo decidido en materia de costas.

III. Resulta necesario primeramente analizar los términos de las comunicaciones enviadas por las partes para delimitar los términos del despido.

El actor en su demanda afirmó que el 17/10/2011 solicitó licencia sin goce de sueldo por sesenta días, debido a la enfermedad de su madre que padecía una discapacidad visual bilateral absoluta y debía realizar una consulta oftalmológica en la provincia de Córdoba.

Que en pleno goce de la licencia otorgada regresó a la ciudad de Buenos Aires para concurrir el 5/12/2011 a la administración del edificio pedir un adelanto del sueldo anual complementario cuando le hicieron entrega de telegramas supuestamente remitidos y que no fueron entregados por “domicilio inexistente”, que contesta mediante comunicación del 6/12/2011 rechazando los mismos y manifestando que aún se encontraba con licencia sin goce de haberes hasta el 17/12/2011 y solicitó que la empleadora ajustara su conducta al deber de buena fe laboral.

En efecto, en las referidas misivas era intimado a retomar tareas por ausencias injustificadas desde el 11/11/2011 y, sin perjuicio de las explicaciones brindadas por el actor mediante la referida misiva del 6/12/2011, la demandada remitió carta documento del 13/12/2011 donde rechazó las manifestaciones del actor y ratificó su postura rechazando y reiterando que ya se encontraba extinguido el contrato por abandono de trabajo (conf. art. 244 RCT).

La jueza de primera instancia concluyó que en virtud de lo dispuesto por el art. 244 RCT y encontrándose cumplidos los requisitos allí contemplados en cuanto a la intimación a prestar tareas, demostrando ello la voluntad de no continuar con el contrato de trabajo por parte del actor, no habiendo retomado sus tareas habituales consideró que asistía razón al consorcio demandado al considerar al trabajador incurso en abandono de trabajo y disuelto el vínculo por esa causa.

Ahora bien, en el presente caso no se discute que concurre la materialidad de la ausencia del trabajador ante la intimación a retomar tareas por parte de la accionada, pero cierto es que concurre también la existencia de una causa de justificación del incumplimiento material esgrimida por el actor que le impedía su concurrencia y era una licencia sin goce de haberes desde el 17/10/2011.

Para que se configure como causal específica de despido el abandono de trabajo tipificado por el art. 244 L.C.T. (t.o.), se requiere la concurrencia de una exigencia de tipo formal: intimación previa al obrero a presentarse a trabajar - no cumplida con las comunicaciones de la demandada porque el Correo Oficial informó “domicilio inexistente” (v. sobre por cuerda)- para constituir en mora al trabajador y la convergencia de dos elementos, uno de tipo objetivo: la no concurrencia al trabajo, y el otro de tipo subjetivo: que el ánimo del trabajador sea el de no reintegrarse a sus tareas, porque no toda ausencia refleja la existencia de ese elemento subjetivo.

El actor recibió, de manos de la administración del consorcio, los telegramas no recibidos y de buena fe contestó a las intimaciones de la demandada expresando el motivo por el cual no concurría a trabajar, primero una licencia sin goce de haberes y luego la falta de conocimiento de las intimaciones cursadas. En tales términos, estimo que no se encuentra justificada la causal invocada por la demandada, por lo que corresponde revocar la sentencia de primera instancia en este aspecto.

El art. 1.201, C. Civil aplicable en materia laboral disponía que: “en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido o que su obligación es a plazo”, porque sólo en ese caso podría entenderse que no medio voluntad por parte del actor de abandonar el trabajo. Quien pretende el cumplimiento de una obligación sin haber cumplido la propia o al menos haber ofrecido hacerlo, está violando la lealtad y la buena fe que debe regir la relación de las partes.

La propia demandada en su contestación de demanda afirmó que el actor había solicitado una licencia sin goce de haberes desde el día 17 de octubre de 2011 hasta el 11 de noviembre del mismo año y bien sostuvo que debía reintegrarse el 12/11/2011, las misivas remitidas los días 21 y 25/11/2011 y 2/12/2011 fueron dirigidas a un “domicilio inexistente” (conf. informe en sobre Nº 4809 que corre por cuerda).

La parte demandada no ha cuestionado (conf. art. 403, C.P.C.C.N.) el informe de Correo Oficial de fs. 163 que dio cuenta que las notificaciones cursadas no fueron entregadas por “dirección inexistente” y, en tal contexto, estando a cargo de quien elige el medio de comunicación los riesgos de sus avatares, entiendo que no puede reputarse conocido por el actor la índole de las mentadas comunicaciones.

Por dicha razón, estimo que asiste razón al recurrente porque lo que realmente resulta decisivo es la imposibilidad de asimilar la conducta asumida por el actor en la figura prevista por el art. 244 RCT.

En virtud de lo precedentemente expuesto, propongo revocar la sentencia de primera instancia en cuanto rechaza los reclamos indemnizatorios.

IV. Por las razones expuestas, estimo que el actor resulta acreedor a las indemnizaciones por despido injustificado.

No procederá el reclamo de salarios de enero y febrero de 2012 toda vez que la relación se extinguió mediante comunicación del 13/12/2011 donde la demandada ratificó la postura asumida en las misivas anteriormente remitidas.

Tampoco resulta admisible la condena a la entrega de certificados de trabajo toda vez que se encuentran agregados por la demandada al contestar demanda (v. sobre Nº 4809 que corre por cuerda).

Por todo lo expuesto, teniendo en consideración la remuneración mensual de $ 5.371,67 que estableció la sentenciante de grado, que fuera informada por el perito contador, y una antigüedad desde el 1/1/2011 y fecha de egreso 13/12/2011, al actor le corresponden los siguientes rubros y montos:

 

1.- Indemnización por antigüedad

$ 5.371,67

2.- Indem. sust. del preaviso + sac

$ 17.457,39

3.- Vacaciones prop. con incid. Sac

$ 3.258,8 

4.- Multa art. 80 RCT

$ 16.115,01

TOTAL:

$ 42.202,87.-

 

Dicha suma devengará los intereses fijados en la anterior instancia que no han sido cuestionados en la alzada.

V. La solución propuesta implica adecuar la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos planteados en tal sentido.

Las costas en ambas instancias serán soportadas por la parte demandada vencida en lo sustancial (conf. art. 68 CPCCN).

Por otra parte, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, la observación del art. 64 del texto normativo sancionado por el Congreso de la Nación y la promulgación parcial dispuesta por el decreto 1077/2017 (art. 7), corresponde determinar cuál es la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho texto normativo.

Al respecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido por mayoría -con arreglo a lo decidido por ese Tribunal ante situaciones sustancialmente análogas- que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la liquidación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros). Por ello, concluyeron que “el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos: 268:352, 318:445 -en especial considerando 7-, 318:1887, 319:1479, 323:2577, 331: 1123, entre otros” (CSJ 32/2009 (45-E) /CS1, originario, “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4 de septiembre de 2018).

Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas tareas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales por la labor cumplida en primera instancia se realizaron estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 L.O., el art. 13 de la ley 24.432 y el decreto ley 16.638/57, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

A tal efecto, corresponde regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la demandada y los del perito contador por su actuación en primera instancia, en el ...%, ...% y ...%, respectivamente, del capital de condena más intereses.

VI. Por la labor en esta instancia, corresponde regular los letrados intervinientes en esta alzada en el ...% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (conf. ley 27.423).

LA DOCTORA GRACIELA LUCÍA CRAIG manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y condenar al CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE PARAGUAY 4831/4833 DE ESTA CIUDAD a abonar a VÍCTOR RUBEN BENÍTEZ la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS con ochenta y siete centavos ($ 42.202,87.-) la que devengará los intereses fijados en la sentencia de grado desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago; 2) Costas y honorarios conforme lo propuesto en los puntos V y VI del primer voto; 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 y punto 4 de la Acordada C.S.J.N. 15/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que el Dr. Néstor Rodríguez Brunengo no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

 

Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

Graciela Lucía Craig

Juez de Cámara

 

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