JURISPRUDENCIA

Proceso colectivo. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Envío de resúmenes. Soporte papel. Envío electrónico. Inscripción en el Registro de Procesos Colectivos

 

Se confirma la resolución que imprimió el trámite ordinario y ordenó la incorporación del proceso al Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva, respecto de la pretensión principal de que se declare nula la modificación unilateral -y sin solicitud expresa y previa del consumidor- del medio de envío de resumen de cuenta, así como la nulidad de todo lo cobrado a los consumidores por el cargo por envío postal, y se ordenó que se condene al Banco de la Provincia de Buenos Aires al envío de los resúmenes en formato papel a todos los consumidores sobre los cuales no pueda acreditar fehacientemente que hubieran solicitado expresamente el cambio a la modalidad de recepción electrónica de la información. Asimismo, se ordenó que la notificación y publicidad ordenada sea extendida no solo a los usuarios de tarjetas de crédito otorgadas por la entidad, sino a la totalidad de los consumidores titulares de estas, de cuentas corriente o cajas de ahorro y a cualquier cliente a quien se le envíe por correspondencia postal información sobre la relación contractual que los vincula, ampliándose el decisorio en este aspecto.

 

 

En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de febrero de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo ordinario la señora Juez vocal de la Sala Tercera de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Laura Marta Larumbe, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la Sala Segunda (arts. 36 y 39 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 122451, caratulada: "CENTRO DE ORIENTACION DEFENSA Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR - CODEC C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.

La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 84 y vta. y su aclaratoria de fs. 86?

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

I. La resolución de fs. 84 y vta, que fuera aclarada a fs. 86, viene apelada en forma subsidiaria por la parte actora a fs. 89/98, remedio que fuera concedido a fs. 107 (art. 238, 241, 148 del C.P.C.C.). A fs. 108/113 obra ampliación de los fundamentos.

II. La Asociación actora inicia la presente demanda colectiva contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la que se peticiona la declaración de nulidad de cualquier modificación en la forma de envío de la información a los consumidores sin solicitud expresa (y la consiguiente vuelta al sistema previo), así como de todo lo cobrado por el “cargo por envío postal” (tanto de las tarjetas de crédito, cajas de ahorro y cuentas corrientes) desde el momento del inicio del cobro, hasta el momento de la sentencia (v. fs. 45/83; art. 330 y conc. del C.P.C.C.).

Solicitó como medida cautelar (v. fs. 75 vta/78 capítulo XII) el cese inmediato del cobro por el envío de la información en formato papel y, por el otro, la adhesión compulsiva al sistema electrónico, por lo que debe en su criterio volverse al status quo anterior; es decir, debe ordenarse a la demandada que revierta las adhesiones que no hayan sido solicitadas previamente y en forma expresa por los consumidores.

III. El señor Juez de grado otorgó al juicio el procedimiento sumario, al considerar que la cuestión requiere una mayor amplitud de debate y prueba que el que otorga el sumarísimo (arg. arts. 53 de la ley 24.240 y el art. 23 y 24 de la ley 14514; arts. 34 y 36 del C.P.C.C.), el beneficio de gratuidad contemplado en el art. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133 y desestimó la medida cautelar solicitada, toda vez que de accederse a lo solicitado, se abriría opinión sobre el fondo de la cuestión debatida (v. fs. 84).

Luego, a fs. 86 amplió el proveído ordenando la incorporación del proceso al Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva mediante el sistema informático Augusta (cfme. art. 2 del anexo I del Ac. N° 3660 de la S.C.B.A.).

Sin perjuicio de ello, la actora solicitó a fs. 87 aclaratoria, en tanto consideró que el Juez de grado había omitido resolver acerca de algunos puntos, a saber: a) la declaración de la apertura del proceso colectivo y sus alcances, esto es el pronunciamiento sobre la naturaleza colectiva de la acción y sobre el alcance del colectivo involucrado; b) Las medidas de publicidad del proceso. Peticionó expresa decisión.

No obstante, interpuso contra aquel pronunciamiento también recurso de reposición con apelación en subsidio a fs. 89/98.

Sentado ello y producto del recurso de aclaratoria, luego el a-quo se expidió a esos requerimientos a fs. 106/107. Respecto de la legitimación de la actora reputó a la accionante prima facie con aptitudes suficientes para garantizar una adecuada defensa de los intereses colectivos, más allá de advertir que no se encuentra inscripta en el Registro Provincial de Asociaciones de Defensas de Consumidores y Usuarios; otorgó al juicio, a pedido de parte, el procedimiento ordinario; asimismo ordenó medidas de publicidad y a la petición en relación del Registro de Público de Procesos Colectivos, ordenó estar a fs. 86.

Luego, desestimó el recurso de reposición interpuesto a fs. 89/98 (art. 241, CPCC), expidiéndose respecto de este remedio en relación a la cautelar, ampliando sus fundamentos y concediendo el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.

IV. A fs. 108/113 el apelante, en virtud de que el Juez de grado se abocó y dirimió ciertas cuestiones en la aclaratoria, delimita el recurso de fs. 89/98.

Considera, entonces, que no se ha expedido el Juez de grado en forma adecuada acerca de la apertura del proceso colectivo, esto es la precisa delimitación del mismo y las características de la legitimación que ejerce la accionante, puntos esenciales para la correcta inscripción del proceso en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (art. 3 de la Ac. 3660 SCBA.), pudiendo causar a su criterio -esa omisión- nulidades procesales.

Que si bien se modificó parte del primitivo resolutorio a fs. 106/107 y se receptó parcialmente lo relativo a la apertura del proceso colectivo, no se delimitó el mismo en lo que se encuentra alcanzado por este proceso y por el objeto del mismo, puntos esenciales en el debido trámite del litigio colectivo y el alcance de la cosa juzgada a dictarse.

Por otra parte considera, que si bien se expidió acerca de la representación adecuada a fs. 106/107, se omitió lo relativo a la legitimación de la misma, manteniendo en este punto el recurso de apelación interpuesto a fs. 89/98.

Asimismo, estima que las medidas de publicidad ordenadas a fs. 106/107, no resultan adecuadas, pues se omitió decidir cuestiones esenciales como la operatividad de la notificación, el texto a trasmitir y los distintos medios de publicidad peticionados (alcance).

Por último, se agravia por el rechazo de la medida cautelar peticionada, ampliando sus fundamentos a fs. 108/113 en virtud de lo expuesto por el Juez a-quo a fs. 106/107 quien sostiene la desestimación de fs. 84.

V. 1. Sentado el marco fáctico y jurídico del recurso, cabe indicar respecto a la precisa delimitación del mismo y las características de la legitimación que ejerce la accionante -que ésta considera omitida- la cuestión debe resolverse con aplicación de lo dispuesto en la Acordada 3660 del 21/3/2013 de la S.C.J.B.A., que aprueba la creación del Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva en el que quedará subsumido el Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva instaurado por la ley 13.928 (T.O. ley 14.192).

Así, el artículo 3 en su anexo prescribe la obligación de informar los datos vinculados a la causa de los procesos de Incidencia Colectiva por parte de los magistrados. El artículo 7 dispone que esa comunicación debe hacerse mediante los formularios respectivos que se establecen en el Anexo. Así, se utilizará el Formulario A, al momento de comunicar la admisibilidad de la acción y la orden de inscripción. En ese formulario debe informarse -entre otros datos- la categoría del legitimado, los sujetos activos y pasivos de la causa, los datos del objeto (la cosa reclamada designándola con exactitud) y la justificación del carácter colectivo de la pretensión, esto es: a) la identificación clara y precisa de la pretensión colectiva: b) los hechos sucintamente expuestos; 3) la mención del derecho invocado.

2. No se advierte de lo reglamentado que deba existir una decisión judicial expresa al respecto, más allá del deber de informar al Registro de Incidencia colectiva.

No obstante, el artículo 3 del Reglamento del Registro Públicos de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación prevé en cambio en forma expresa estos tópicos al señalar en su Ac. 32/14, artículo 3, que: “...la obligación de proporcionar la información de que se trata corresponde al Tribunal de radicación de la causa, que procederá a efectuar la comunicación pertinente tras haber dictado la resolución que considera formalmente admisible la acción colectiva; identifica en forma precisa el colectivo involucrado en el caso; reconoce la idoneidad del representante y establece el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio...”.

Esta última Acordada señala el deber de información que debe proporcionar el órgano jurisdiccional competente, indicando al Juez las partes que debe tener el auto admisorio: a) Identificar el colectivo afectado; b) considerar la representación adecuada, y c) establecer el procedimiento de notificación general que se ocupe de todos los posibles o eventuales interesados (comf. Gozaíni, Osvaldo A. “Creación del Registro de Acciones Colectivas”, Publicado en: La Ley, 22/12/2014; cita on line AR/DOC/4607/2014).

A su vez en el ámbito Provincial, la ley de amparo 13.928, prescribe en su artículo 7°, (texto según Ley 14192): “...En el caso de amparos de incidencia colectiva, la demanda tendrá que contener, además de lo establecido en el artículo anterior, la referencia específica de sus efectos comunes. Respecto de los procesos sobre intereses individuales homogéneos, la pretensión deberá además de concentrarse en los efectos comunes, identificar un hecho único o complejo que cause la lesión; el interés individual no debe justificar la promoción de demandas individuales, y debe garantizarse una adecuada representación de todas las personas involucradas. La representación adecuada del grupo resulta de la precisa identificación del mismo, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la debida notificación y publicidad del litigio y el planteo de cuestiones de hecho y de derecho comunes y homogéneas a todo el colectivo.”.

El artículo 8, según texto Ley 14192, indica que: “...El Juez deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción inmediatamente. Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el Juez mediante acto fundado la rechazará sin sustanciación alguna, ordenando el archivo de las actuaciones. En el caso de declarar la admisibilidad de amparos de incidencia colectiva, por cumplirse los extremos requeridos para la misma, el Juez deberá ordenar la inscripción de dicha causa en el Registro especial creado en la presente ley...”.

3. Conforme lo expuesto, y del juego armónico de los plexos jurídicos, en especial de lo dispuesto en la ley 13928 (arts. 7 y 8) se hace necesario el dictado del resolutorio que justifique la inscripción del proceso colectivo y que se expida, sobre los requisitos reseñados.

VI. Si bien, ello no ocurrió primigeniamente en autos (v. fs. 84), ante la revocatoria y apelación en subsidio interpuesta por la actora a fs. 87/98 y previo dictamen del señor Agente Fiscal (v. fs. 103/105), a fs. 106/107 el señor Juez de grado se expidió -parcialmente- sobre esos tópicos.

Mas no dijo nada acerca del objeto y alcance del proceso colectivo.

En ese sentido, el OBJETO DEL JUICIO de la acción colectiva, es la declaración de nulidad de cualquier modificación en la forma de envío de la información a los consumidores sin solicitud expresa (y la consiguiente vuelta al sistema previo), así como de todo lo cobrado por el “cargo por envío postal” (tanto de las tarjetas de crédito, cajas de ahorro y cuentas corrientes) desde el momento del inicio del cobro, hasta el momento de la sentencia (v. fs. 45/83; art. 330 y conc. del C.P.C.C.).

La PRETENSION efectiva es: a) la nulidad de la declaración de la modificación unilateral y sin solicitud expresa y previa del consumidor, del medio de envío de resumen de cuenta así como la nulidad de todo lo cobrado a los consumidores por el “cargo por envío postal” desde el momento del inicio del cobro, hasta el momento de la sentencia; b) el cese en el cobro del “cargo por envío postal” y cualquier cargo o comisión que tenga el mismo objeto; c) la condena a la demandada al envío de los resúmenes en formato papel a todos los consumidores sobre los cuales no pueda acreditar fehacientemente que hubieran solicitado expresamente el cambio a la modalidad de recepción electrónica de la información, así como el reintegro a todos los consumidores a los que se les hubiera cobrado este cargo por recibir la información en soporte papel, con la correspondiente tasa de interés y la multa establecida en el punto 3.5.1. de la Comunicación “A” 5891 del BCRA; c) la condena al Banco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la multa civil prevista en el artículo 52 bis de la ley de defensa al consumidor (v. fs. 46; arts. precitados).

El COLECTIVO REPRESENTADO por la acción son todos los usuarios de todo el país del servicio brindado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El grupo está integrado por todos aquellos consumidores, a los cuales se les hubiera modificado el medio de envío de la información de su relación contractual con la demandada, sin su consentimiento expreso y previo, pasando de un formato papel a uno electrónico, así como aquellos a los que no se les hubiera modificado el medio de envió de sus resúmenes mensuales compulsivamente, o se hubiera visto obligados a manifestar su voluntad de mantener la recepción de los resúmenes formato papel y que hubiera pagado por el “cargo por envío postal” (v. fs. 82 vta/83).

VII. La representación adecuada del grupo resulta de la precisa identificación del mismo, de la idoneidad de quien pretende asumir su representación, la debida notificación y publicidad del litigio y el planteo de cuestiones de hecho y de derecho comunes y homogéneas a todo colectivo (arg. Art. 7 último párrafo de la ley 13928 T.O. Ley 14192).

Entonces, en cuanto a los embates formulados acerca de la legitimación y concreta representación, el Juez de grado ya se ha expedido a fs. 106, dejando constancia que si bien la parte actora “...no se encuentra inscripta la Asociación en el Registro Provincial de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios (art. 1 ley 12.460) y que el Código Provincial del Consumidor (ley 13.133) en sus arts. 22 establece que "dichas Asociaciones para su registración deberán cumplir con lo establecido por la ley 12.460" y 26 inc. b agrega que "cuando los consumidores y usuarios resulten amenazados o afectados en sus derechos, de incidencia colectiva o intereses legítimos, se encuentran legitimados para interponer las acciones correspondientes las Asociaciones de Consumidores debidamente registradas en la Provincia de Buenos Aires", y que el recaudo de admisibilidad de "representatividad adecuada" pueda ser analizado ulteriormente en cualquier tiempo y grado del procedimiento y en su caso abrirse la posibilidad de remitir las actuaciones al Agente Fiscal a sus efectos (conf. arts. 2 tercer párrafo y 3 cuarto párrafo, Cod. Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica), cabe reputar a la accionante "prima facie" con aptitudes suficientes para garantizar una adecuada defensa de los intereses colectivos (conf. Morello Augusto Mario "Legitimaciones plenas y semiplenas en el renovado Derecho Procesal Civil. Su importancia", en Morello (coord.), "La legitimación...", pág. 65)....” (v. fs. 106).

A lo expuesto por el a quo cabe agregar, que conforme surge de fs. 2, que la Asociación Civil C.O.D.E.C. se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores que depende de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación, mediante resolución 363E/22016, autorización dictada en el marco de los artículos 41, 43 inciso b, 56 de la ley 24.240, el Decreto N° 357 del 21/02/2002 y su modificatorios y la Res. 90/16 de la Secretaría de Comercio, por lo que cuenta, prima facie, con legitimación suficiente para iniciar el presente juicio colectivo.

VIII. En cuanto a los agravios expuestos acerca de las medidas de publicidad, indicó el Juez de grado, luego de la aclaratoria, que el Banco deberá informar del presente a los usuarios de las tarjetas otorgadas por la entidad, como medida de adecuada publicidad, a través de: 1) los resúmenes -soporte papel o digital- la existencia de la presente pretensión de nulidad, de cese, de condena y de multa civil del art. 52 bis de la ley 24.240 (arg. art. 7 ley 14.192 y José María Salgado "Certificación, Notificación y Opción de Salida en el Proceso Colectivo, pág. 220/221 de la Revista de Derecho Procesal 2011-2, Ed. Rubinzal Culzoni); 2) los correos electrónicos de dichos titulares (arg. art. 143 bis, CPCC.); y 3) la página web oficial respectiva de la parte demandada (arg. art. 148, CPCC.) a fin de utilizar el derecho que la ley contempla y les corresponda (arg. art. 54 segundo párrafo ley 24.240 -según ley 26.361- y art. 36 incs. 2 y 6 del CPCC.).

Los embates que se sustentan son meras discrepancias con el modo que el Juez de grado ha decidido otorgar publicidad del presente juicio colectivo, ya que no receptar modos y formas de realizar la misma no torna en irrazonable e ineficaz en cuanto a su objeto lo indicado en el decisorio.

No obstante ello, y conforme el objeto del proceso y el alcance del mismo, la notificación y publicidad debe extenderse no sólo a los usuarios de tarjeta de créditos otorgada por la entidad, sino a la totalidad de los consumidores titulares de tarjetas de crédito, cuentas corriente o cajas de ahorro y a cualquier cliente a quien le envíe por correspondencia postal información sobre la relación contractual que los vincula; asistiéndole razón al quejoso en este aspecto.

IX. En cuanto al rechazo de la medida cautelar, peticionó la actora que en los términos del artículo 195 y conc. del C.P.C.C., se ordene el cese del cobro “cargo por envío postal” a todos los consumidores a los que se les estuviera facturando al momento del dictado de la medida, ello hasta que recaiga sentencia definitiva.

Por otra parte requirió que hasta tanto no demuestre la demandada de manera fehaciente que ha obtenido válidamente el consentimiento, en forma individual, expresa y previa de los consumidores para adherirse al sistema electrónico, reinicie el envío gratuito de los resúmenes formato papel.

El señor Juez de grado resolvió denegar la medida porque a su criterio, de accederse a lo solicitado se abriría opinión sobre el fondo de la cuestión debatida.

Luego, amplió sus fundamentos al tratar la reposición contra la desestimación de la medida (v. fs. 107), indicando el apelante a fs. 110 vta/112 su postura al respecto.

X. Siendo que el apelante fundó la verosimilitud del derecho de la medida cautelar en el texto del artículo 4 de la ley 24.240 (v. fs. 76 vta) y habiendo sido éste recientemente modificado por el artículo 169 del decreto nacional 27/2018 que se encuentra vigente y que establece lo siguiente: “ARTICULO 4°: Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico”; corresponde entonces remitir las actuaciones a la instancia de origen para que el actor alegue al respecto y eventualmente vuelva a fundar la procedencia de la medida cautelar requerida de considerarlo así necesario a tenor del régimen vigente actualmente en la especie, con vista -en su caso- al señor Agente Fiscal interviniente, lo que motivará un nuevo pronunciamiento del Juez a quo, cuya actual resolución al respecto, a tenor de lo expresado, cabe dejar sin efecto.

En ese sentido, conforme lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias o resoluciones deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición de los recursos y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión del Tribunal deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Conf. Fallos: 306:1160; 318:2428; 325;28 y 2275; 327:2476; 331:2628: 333:1474; 335;905; causas CSJ 118/2013(49-V)/CS1 “V., C. G. c/ I.A.P.O.S. y otros s/ Amparo”, sentencia del 27 de mayo de 2014; CIV 34570/2012/1/RH1 “D.L.P, V.G. y otro c/ Registro del estado Civil y Capacidad de las Personas s/ Amparo”.  Setencia del 6 de agosto de 2015, entre otros; CSJN in re “P., V. A. s/ art. 152 ter Cód. Civil; sent. del 17/v/2016).

Por ello, la modificación sustancial al artículo 4 de la ley 24.240 establecida por el artículo 169 del decreto nacional 27/2018, torna en inoficioso que este Tribunal se pronuncie sobre el agravio en tratamiento dado que al presente la mencionada circunstancia sobreviniente ha tornado carente de contenido y significación actual el debate suscitado en el caso por estar referido a la interpretación y alcance de preceptos que al momento no se encuentran vigentes y cuyo contenido ha sido redefinido por la nueva redacción de la norma (cfme. CSJN., último fallo cit., considerando 4to). Téngase presente lo ya dicho en relación a la fundamentación jurídica sobre la cual el actor sostiene la verosimilitud del derecho para la petición de la cautelar.

Por ello, se declara inoficioso, atento el hecho sobreviniente, resolver al respecto (arg. art. 163 inciso 6, segundo párrafo y conc. del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la AFIRMATIVA.

La Señora Juez doctora LARUMBE, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

Atento el acuerdo de opiniones alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde; 1) confirmar el decisorio apelado de fs. 84 y vta., que fuera aclarado a fs. 86, y ampliado a fs. 106/107, sin perjuicio de dejar delimitado el objeto y el alcance del presente proceso colectivo, de conformidad a lo expuesto en el punto VI de la primera cuestión, debiendo comunicarse el presente, en la instancia de origen, al Registro de Procesos Colectivos de la SCBA. mediante el oficio pertinente. Asimismo, conforme el objeto del proceso y el alcance del mismo, la notificación y publicidad ordenada por el Juez de grado debe extenderse no sólo a los usuarios de tarjetas de crédito otorgada por la entidad, sino a la totalidad de los consumidores titulares de las mismas, de cuentas corriente o cajas de ahorro y a cualquier cliente a quien le envíe por correspondencia postal información sobre la relación contractual que los vincula, ampliándose el decisorio en este aspecto; 2) En virtud de las consideraciones vertidas en el punto X de la primera cuestión, debe declararse inoficioso, atento el hecho sobreviniente, resolver el recurso en relación a la medida cautelar que fuera denegada (arg. art. 163, inciso 6, segundo párrafo y conc. del C.P.C.C.), remitiéndose las actuaciones a la instancia de origen para que el actor alegue al respecto conforme el actual texto del artículo 4 de la ley 24.240 (T.O. art. 169 del decreto nacional 27/18) y eventualmente vuelva a fundar la procedencia de la medida cautelar requerida de considerarlo así necesario a tenor del régimen actualmente vigente en la especie, con vista -en su caso- al señor Agente Fiscal interviniente, lo que motivará que el Juez deba emitir un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo expuesto en el punto X del presente. 3) Las costas de Alzada corresponde sean impuestas por su orden, atento la falta de intervención de la demandada y la forma de resolver (art. 68 del C.P.C.C.).

ASI LO VOTO.

La Señora Juez doctora LARUMBE, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede: 1) Se confirma el decisorio apelado de fs. 84 y vta., que fuera aclarado a fs. 86, y ampliado a fs. 106/107, dejándose delimitado el objeto y el alcance del presente proceso colectivo, de conformidad a lo expuesto en el punto VI de la primera cuestión, debiendo comunicarse el presente, en la instancia de origen, al Registro de Procesos Colectivos de la SCBA. mediante el oficio pertinente. Asimismo, conforme el objeto del proceso y el alcance del mismo, la notificación y publicidad ordenada por el Juez de grado deberá extenderse no sólo a los usuarios de tarjetas de crédito otorgada por la entidad, sino a la totalidad de los consumidores titulares de las mismas, de cuentas corriente o cajas de ahorro y a cualquier cliente a quien le envíe por correspondencia postal información sobre la relación contractual que los vincula, ampliándose el decisorio en este aspecto; 2) En virtud de las consideraciones vertidas en el punto X de la primera cuestión, se declara inoficioso, atento el hecho sobreviniente, resolver el recurso en relación a la medida cautelar que fuera denegada (arg. art. 163, inciso 6, segundo párrafo y conc. del C.P.C.C.), remitiéndose las actuaciones a la instancia de origen para que el actor alegue al respecto conforme el actual texto del artículo 4 de la ley 24.240 (T.O. art. 169 del decreto nacional 27/18) y eventualmente vuelva a fundar la procedencia de la medida cautelar requerida de considerarlo así necesario a tenor del régimen actualmente vigente en la especie, con vista -en su caso- al señor Agente Fiscal interviniente, por lo que el Juez deberá emitir un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo expuesto en el punto X del presente. 3) Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento la falta de intervención de la demandada y la forma de resolver (art. 68 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 135 del CPCC.). DEVUELVASE.

 

Fdo: Francisco Agustin Hankovits (Juez), Laura Marta Larumbe (Jueza) (arts. 36 y 39, Ley 5827 respectivamente). ANTE MI: Luis Alberto Maimone.

 

Cita digital:IUSJU027067E