JURISPRUDENCIA

Contravenciones. Establecimiento geriátrico. Multas. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actas de comprobación. Plan de evacuación. Habilitación de habitaciones. Declaración del inspector

 

Se multa a un geriátrico por no tener plan de evacuación y por ocupar una habitación no habilitada, conforme surge de las actas de comprobación y de la declaración del inspector actuante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concluyéndose que en todo proceso de faltas quien ha sido acusado de una infracción es quien debía demostrar su falta de responsabilidad o participación, aportando las pruebas que así lo demostrasen.

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 11.10horas del día fijado para que tenga lugar la audiencia de juicio oral y público (art. 48 y ss. del C.P.F.) en la causa con registro N° 16519/17 de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28, caratulada: “K., A. s/infr. art. 4.1.1 - Ley 451”, se constituye en la Sala de Audiencias del juzgado la Dra. María Julia Correa, quien presidirá la audiencia y dirigirá el debate. Acto seguido, S.S. verifica la asistencia del M. G. N. G. apoderado de A. K., titular del establecimiento geriátrico con nombre fantasía “L. C. D. T”, CUIT , acompañada por el Dr. Armand o Ernesto Roisman (Tº… Fº… del CPACF), y del representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Gonzalo Viña. Constataciones que se llevan a cabo en presencia de la Actuaria Dra. Sandra Fligeltaub, Prosecretaria Coadyuvante de este Tribunal. Se informa que aguarda fuera de la sala de audiencias el inspector de la Dirección General de Fiscalización y Control, Antonio Enrique Gutiérrez Noa, citado como testigo por la Fiscalía.

Se deja constancia que las partes han tomado vista de la totalidad de las presentes actuaciones en forma previa a la presente audiencia.

S.S. advierte al Sr. G. que deberá estar atento a lo que va a oír y ver durante la audiencia de juicio.

Se procede a la lectura de las siguientes actas de comprobación labradas en el establecimiento geriátrico, cuyo nombre de fantasía es “C. D. T.”, sito en la calle de esta ciudad: 1) N°4-00158444 (fs. 6), labrada el 14 de septiembre de 2015 a las 10:25 horas, por “No tiene Plan de Evacuación aprobado por DGDCIV, ni nueva presentación del mismo para su aprobación posterior a la denegatoria del 03/06/15 por Dispo. N° 3539 (Reg. N° 7892/07 DGDCiv). Existencia de 1 (una) habitación por sobre la habilitada de acuerdo a certificado de habilitación (Cap 3 (tres) hab, alojados 12 (doce); y 2) N° 4-00173916 (fs. 7), labrada el 27 de agosto de 2015 a las 11:30 horas, por “Tiene en funcionamiento una (1) habitación de más con respecto a lo habilitado de acuerdo a plancheta de habilitación Expediente 2130/91 del 05/08/2010, funcionan cuatro (4). Incumple acta de intimación N° 00209862/15 (8-1-15)”.

A continuación se interroga a la defensa acerca de si tiene cuestiones preliminares para tratar, manifestando que no.

S.S. declara abierto el debate.

A continuación se consulta al Sr. G. si desea prestar declaración, advirtiéndole que el debate continuará aunque no declare, asimismo se le informa que tiene el derecho de abstenerse a declarar sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad, que no se le requiere juramento o promesa de decir verdad ni tampoco se le harán reconvenciones tendientes a obtener su confesión, y se le hace saber que podrá dictar su declaración y sus respuestas. Se deja constancia que por Secretaría se invitó a declarar sus circunstancias personales, siendo sus datos filiatorios los siguientes: M. H. N. G. con D.N.I. , apodo o sobrenombre: no tiene, estado civil casado, contador público, argentino, nacido e n CABA, domicilio constituido en Av.

El Apoderado expresa que prestara declaración. Es así que manifiesta que tienen plan de evacuación. En su momento había salido denegado pero en un fallo que se adjuntó en el expediente, declaró un inspector y dijo que en la AGC tenían una instrucción interna a los inspectores de no labrar más este tipo de actas, porque consideraban que con el plan de evacuación presentado, sin aprobación de defensa civil, era suficiente. Indica que en esa causa fueron absueltos. Que esos son los mismos motivos que ahora se le imputan en esta causa. Que en ese expediente el juez entendió que era procedente su petición. Indica que por los requerimientos de Defensa Civil el plan estaba como no aprobado pero funcionaban. Entendió que no estaban haciendo más actas por este motivo. Refiere que el acta en esta causa es del año 2015, cuando estaba ese criterio y hoy lo cambiaron. Sobre la otra imputación por la capacidad del geriátrico, refiere que desde el año 1991 le extendieron el plano del lugar, el que nunca fue modificado y esto lo aportó al expediente, donde figuran las 4 habitaciones. Ese plano lo entregaron con el certificado y la capacidad que era para 12 alojados y pidieron la habilitación con ese documento. Cuando les dan la habilitación no se las dan por cuatro habitaciones si no que por tres, entiende que por error. Durante años esta causa se fue replicando, cada seis meses los inspeccionaban y en algún momento era cada semana, y siempre por la misma cuestión le labraban las actas. Según entiende hay antecedentes de cosa juzgada respecto de este tema, donde ante igual situación fueron absueltos. La última vez en el año 2017, cuando fue el Fiscal quien planteó la absolución. Puntualiza que esto fue el 21-4-17, en la causa 19715/15 y procede a leer una parte del fallo. Entiende que se han presentado y obran de buena fe, que el lugar no se modificó y siempre tuvieron doce alojados. Que tener cuatro personas en una habitación era una irracionalidad y por eso ponían a las personas en la otra. Hacen las cosas lo mejor posible para sostener esta actividad que es costosa porque tiene muchos gastos. Expresa que tienen dos o tres inspecciones, mínimo por año.

El Dr. Roisman pide la palabra y S.S la concede indicando que desea mencionar algunos temas fundamentales. El establecimiento nunca modificó la cantidad de alojados autorizados. La situación planteada, desde un punto de vista fáctico, por esta habitación, es un tema no imputable al establecimiento que presentó los planos correctamente y la Dirección correspondiente extravió el expediente y, sugestivamente, hizo reparos para su reconstrucción. A la fecha la situación está solucionada, esa habitación que se supone está de más ahora está integrada a otra. El establecimiento tiene tres habitaciones. Siempre tuvo 12 alojados, nunca uno de más. No hay constancias que tengan una actividad anormal. Solicita la absolución de su defendido.

S.S. consulta al Sr. Fiscal quien expresa que no tiene preguntas para realizar al Sr. G.

S.S. dispone comenzar con la recepción de la prueba, empezando por la testimonial. Acto seguido comparece el testigo A. E. G. N., quien acredita identidad mediante DNI N° , y enterado que fue de las penas con que la ley castiga el delito de falso testimonio (art. 275 del Código Penal), y que depone bajo juramento o promesa de decir verdad de todo cuanto supiere o le fuere preguntado, haciéndolo de acuerdo con las creencias o convicciones cívicas de la compareciente (art.128 y 236 CPPCABA) expresando al respecto: jura. Preguntado por sus circunstancias personales refirió que: nació el 19 de noviembre de 1970 en La Habana, Cuba, de nacionalidad cubana, estado civil divorciado, ocupación inspector de la DGFYC del GCABA, estudios universitarios completos (arquitecto), con domicilio constituido en la calle Perón 2933 2° piso de esta ciudad, tel. 48605200. Acerca de las generales de la ley refiere que es inspector del GCABA. Acto seguido, explicados los motivos por los cuales fue citado, el Sr. Fiscal le pregunta en que área trabaja actualmente, contestando que ahora lo hace en la DFFYC y en otra época estaba en el sector geriátricos. Preguntado cuándo dejó el sector geriátricos, contesta que estuvo allí entre el año 2011 y el 2017. Preguntado si realizaba inspecciones contesta que sí. Preguntado cuántas inspecciones realizó en promedio, contesta que diarias, unas dos o tres, y por semana entre diez y quince. Preguntado si recuerda haber ido a inspeccionar el establecimiento de la calle de esta ciudad, en agosto de 2015, manifiesta que recuerda haber ido, no puede decir precisamente la fecha, que no recuerda otra cosa. Ante esto el Sr. Fiscal pide se le exhibida al testigo el acta de fs. 6/7, y sin oposición de la Defensa, S.S. dispone que se le exhiba el acta. Pregunta el Sr. Fiscal si es suya la letra contesta que sí. Preguntado si es su firma contesta que sí. Preguntado, según lo que lee y lo que recuerda, qué fue lo que pasó ese día en la inspección contesta que el lugar tenía tres habitaciones y en funcionamiento había cuatro. No recuerda exactamente pero debe haber sido así porque fue lo que asentó en el acta. Según su experiencia y su modo de trabajo en el área de geriátrico, el Sr. Fiscal pregunta qué pudo haber visto para decir que había 4 habitaciones y no 3, qué buscaba o pudo haber visto contesta que la plancheta debía decir que eran 3 y cuando recorrió el lugar vio que eran 4. Las camas dan indicios que dormía gente en esa habitación. Preguntado si vio indicios que las 4 habitaciones se encontraban en uso, contesta que sí. Que habían camas o timbres y algo que les dio indicios. Refiere que es llamativo que no haya hecho referencia a la cantidad de camas, y esto pudo ser porque la cantidad de camas era acorde a la cantidad permitida. El testigo explica que muchas veces pasa que hay más camas que las permitidas o más camas con más habitaciones y otras que no superan cantidad de camas. Indica que son distintas situaciones que se dan entre la cantidad de camas y la cantidad de habitaciones. En este caso no cree haber hecho otra acta por el tema de la cantidad de camas. El Sr. Fiscal pregunta, si lee el acta, donde se constató una habitación de más, si es posible asumir que efectivamente no había más camas que las 12 permitidas en el certificado de habilitación porque si no lo ponía en el acta, contestando el testigo que sí, que ponen la cantidad de camas cuando hay más de las permitidas. Refiere que ponen camas porque es dinámica la situación de los alojados. Cuenta habitaciones y camas y alojados. En el caso de los alojados es un dato relativo porque entran y salen. Probablemente acá no superaba la cantidad de camas permitidas y por eso no puso nada. Preguntado por la mención que hace en el acta de “incumple acta de intimación” qué significa esto, contesta que probablemente fue una inspección por una intimación, no una inspección integral, y se concentra en verificar los motivos de la intimación. Explica que hay distintos tipos de inspección: integral, por denuncia, por intimación. Esta probablemente era para verificar una intimación anterior que cree era de enero de 2015.

S.S consulta a la Defensa si tiene preguntas que realizar, contesta que no.

Finalizado el interrogatorio se retira el testigo.

El Sr. G. pide la palabra y S.S se la da para decir que las inspecciones se han hecho a pedido, por eso son las mismas causas y las mismas actas. El inspector viene verifica y hace una nueva acta. En otros fallos los absolvieron.

S.S. dispone incorporar toda la prueba aportada en la causa y producida durante esta audiencia y consulta al Sr. Fiscal si se encuentra en condiciones de alegar y expresando que sí, por lo cual le cede la palabra. Manifiesta el Sr. Fiscal que a su criterio los hechos imputados se encuentran acreditados por distintas razones: Primero porque las dos actas reúnen los requisitos de validez establecidos en el art 3 de la ley 1217, y con esto la presunción del art. 5. A esto agrega que los hechos no están controvertidos. Los representantes legales del geriátrico reconocen que a la fecha del labrado de las actas no contaban con el plan de evacuación aprobado y que en el lugar existían cuatro habitaciones en lugar de las tres permitidas y que estaban en uso. En segundo lugar, el Sr. Fiscal refiere que en la declaración testimonial prestada por el inspector, reconoció su letra y firma de una de las actas y a esto se agrega el informe de inspección que refuerza su relato de lo indicado en el acta. Así, cada uno de los tramos fácticos de la acusación contra K. se encuentran acreditados, quedando como materia de debate cómo calificar los hechos, las normas a aplicar y los alegatos de la defensa. Con relación al plano de evacuación aprobado por Defensa Civil, la Defensa dijo que un inspector dijo que el Gobierno había emitido una orden de no labrar actas de comprobación por esta infracción cuando se constatara que había plano. Esa alegación no fue acreditada. Nadie compareció para acreditar que existió una orden de ese tipo y, si existiera, tampoco borra la letra de la ley que exige a todos los geriátricos que cuenten con plano de evacuación aprobado por Defensa Civil, por lo cual considera que el descargo efectuado debe ser descalificado, y debe tenerse por probada la falta como una infracción al deber consagrado en el art. 9.1.4 del Código de Habilitación y constitutiva de la infracción del art. 2.1.1 segundo párrafo de la ley 451, y en consecuencia, corresponde sancionar a la encartada por el mínimo de la multa allí prevista, es decir … UF. En otro orden, el Sr. Fiscal destaca que las dos infracciones fueron constatadas en distintas fechas, el 14-9- y el 27-8, porque en el lugar donde se explotaba la actividad de geriátrico existían cuatro habitaciones en uso en contra del certificado de habilitación que autorizaba solo tres habitaciones y doce camas. La Defensa, a través de su apoderado y el defensor, señalaron que existe un plano donde se consignaron cuatro habitaciones y que ese plano no se modificó desde el año 1991, y que el certificado que se expidió por tres fue un error, y que han pedido que se resuelva hasta cuando, recientemente, un inspector les dijo que hicieran un cambio estructural para que aparezca como tres habitaciones lo que eran cuatro. El certificado describe cuáles son los espacios que pueden usar para la actividad comercial, y son tres espacios no cuatro. Entiende que al prestar declaración el testigo dijo que durante su inspección constató que no había más de doce alojados, en cumplimiento de la habilitación. Existe una infracción a la habilitación concedida, pero esa infracción no generó un riesgo de gravedad porque no había personas de más, pero la actividad se estaba ejerciendo en infracción, sin perjuicio de lo cual merituará esto al momento de pedir sanción. Estos dos sucesos, la existencia de una cuarta habitación en exceso de las tres habitaciones, entiende deben ser tratado como un mismo hecho, que encuadra en las previsiones del art. 4.1.2. segundo párrafo de la ley 451 por la actividad ejercida en setiembre de 2015 en infracción a la habilitación concedida en 1991.Esa infracción incumple la normativa del Código de Habilitación, y su correlato en la ley 451 tiene prevista una pena mínima de … UF. Entiende que estas dos faltas, una por falta de plan y otra por tener cuatro habitaciones en lugar de tres, concurren entre sí. Por lo cual, tomando en consideración el riesgo creado, que no había más de 12 personas alojadas, la sanción de sede administrativa, la conducta precedente del administrado, su vocación de resolver la situación por la cual fue sometida a juicio, entiende que la acumulación no se debe hacer utilizando el sistema aritmético sino el composicional, según las pautas establecidas en el art 28 de la ley 451, por esas razones estima justo y adecuado condenar a K. imponiendo una sanción de … UF, de cumplimiento efectivo, dado que registra un antecedentes, con costas.

S.S. concede la palabra al Dr. Roisman quien refiere que con respecto a la imputación sobre existencia de una habitación de más, siguiendo la línea del Sr. Fiscal, el establecimiento no tuvo más alojados que la capacidad que fue autorizada por la Ciudad. Entiende que deben tenerse en cuenta dos situaciones, que se vienen arrastrando por tantos años. La habilitación presentada fue por cuatro habitaciones y 12 alojados. En cuatro habitaciones existe la posibilidad de alojar a 12 personas. La Dirección tomó la cantidad de alojados pero por un error administrativo estableció tres habitaciones, eso provocó una serie de presentaciones de la titular por mucho tiempo. Señala que hubo actividad para resolver el problema. Estructuralmente no se podía tirar abajo una habitación. No hubo inacción de parte de su asistida. Ante las distintas presentaciones, la Dirección de Habilitaciones contestó en forma dilatoria, no pudiéndose resolver la cuestión. El expediente original que decía cuatro fue extraviado. Todo esto produjo distintas actas hasta que se logró una solución. Fue un inspector el que les dio la solución y de esa manera quedo normalizada la situación del establecimiento. Hace hincapié en que siempre estuvieron a derecho y nunca violaron ninguna disposición. Fue un error reconocido tácitamente por la Ciudad pero por cuestiones externas no fue admitido. Refiere que en el caso, el derecho del administrado frente al administrador, era corregir un error que lo perjudicaba produciéndose situaciones que no son aceptadas. Por esto, entiende que en este caso concreto se debe absolver de las imputaciones por estas razones.

El Sr. G. pide la palabra y S.S se la da, manifestando que avala todo lo dicho por el Dr. Roisman. El mismo inspector comprobó en el lugar las condiciones de higiene y seguridad de la gente y lo único que pudo constatar es que el edificio tiene las habitaciones originales, que nunca hicieron ampliaciones. Sobre la sanción que pide el Sr. Fiscal solicita que se absuelva por la razón lógica que no se puede hacinar dejando un espacio vacío y dejar a doce personas en un espacio más reducido por un error de un certificado que se pidió que se corrija y nunca se hizo. En caso que se resuelva, contrario a su situación, pide se le aplique una advertencia o amonestación porque esto ya está solucionado. Del plan de evacuación quiere expresar taxativamente que el plan estaba. Contaban con el plan y los inspectores, según se dijo en el fallo que citó del Juzgado 21 de este fuero y que ya citó y está incorporado en la causa, que hubo un criterio expuesto por el funcionario en aquel juicio.

S.S. corre vista al Sr. Fiscal sobre el pedido de sustitución de la sanción por amonestación realizado por la Defensa. El representante del Ministerio Público Fiscal refiere que la encartada registra antecedentes, por lo cual, atento lo normado por el art. 28 de la ley 451, no corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Pide la palabra el Sr. Defensor, y S.S la concede, reiterando el pedido de sustitución y refiere que la aplicación de la sanción prevista por el Sr. Fiscal implica la ruina del geriátrico y su cierre, lo cual es contrario al espíritu de la ley y la actividad social que desarrollan.

Escuchadas las partes, S.S. expresa que se encuentra en condiciones de resolver.Así, S.S. manifiesta, en primer lugar, que las actas de comprobación que fueron motivo de estas actuaciones, se han labrado dentro de las previsiones que establece el art.3 de la ley 451, no advirtiéndose la existencia de defectos formales, por lo que es correcto considerar que son prueba suficiente de la comisión de las faltas allí expuestas, correspondiendo dar plena virtualidad a la presunción iuris tantum prevista en el art. 5 del mismo cuerpo legal. Entiende S.S. que la representación de la imputada no ha aportado ninguna prueba que controvierta el contenido de las actas, o que desvirtúe la sanción impuesta. Las explicaciones dadas tanto por el apoderado de la imputada como por su letrado, lejos de negar los hechos que se le atribuyen los han reconocido. En lo que hace a la falta de plano de evacuación aprobado por Defensa Civil, han argumentado que un inspector, en otro expediente que tramitó ante este fuero, dijo que el Gobierno de la Ciudad, por una directiva interna, no realizaba más este tipo de actas. Ninguna constancia han presentado que avale estos dichos: ninguna documentación, o el nombre del inspector que habló sobre tal directiva, tampoco se lo ha propuesto como testigo y ni se interrogó al testigo G. N. sobre esa supuesta directiva del Gobierno al momento que trabajaba en el área de geriátricos. Como dijo el Sr. Fiscal, y más allá que esta afirmación no ha sido demostrada, lo cierto es que la ley establece que el plan de evacuación debe estar aprobado por Defensa Civil, y no tenerlo en esas condiciones implica una conducta que puede ser multada y el apoderado de la Sra. K. reconoció que a la fecha del acta no lo tenían aprobado. S.S. indica que lo ocurrido en otro juicio, bajo otras circunstancias, las que desconoce, y donde un testigo habló sobre una supuesta orden interna del Gobierno de la Ciudad para no labrar actas ante determinada infracción, no solo resulta por demás llamativo, sino que no le generan una obligación de fallar de igual manera. S.S. señala que desconoce el contexto de ese juicio y las circunstancias ventiladas en la audiencia, como los motivos que llevaron al Juez a tomar la decisión que tomó, a lo que suma que cada Juez resuelve de acuerdo a sus convicciones y la sana crítica. Asimismo, S.S. advirtió a la parte que como todo proceso de faltas, quien ha sido acusado de una infracción es quien debe demostrar su falta de responsabilidad o participación, aportando las pruebas que así lo muestren y no resultan suficientes solamente sus dichos, los que se contraponen a los hechos descriptos en el acta por el inspector actuante. Refiere S.S. que la Defensa ha tenido la oportunidad de acreditar los extremos que invoca con el tiempo transcurrido desde el labrado del acta, y este juicio, y proponer la prueba que estimaran correspondiente. Refiere S.S. que la ley existe y los establecimientos geriátricos deben tener el plan de evacuación aprobado por Defensa Civil. De su propio relato de la Defensa surge que en forma posterior realizaron las actividades exigidas para obtenerlo pero que al momento del hecho no estaba aprobado, y es justamente eso lo que se sanciona. Con respecto de las habitaciones, S.S. refiere que aunque haya existido un error de la administración en la habilitación concedida en el año 1991 debieron efectuar los reclamos correspondientes, los cuales, no constan en esta causa. No se ha aportado ninguna documentación que indique sobre la actividad que la Defensa dice haber desplegado contra la Ciudad para que reconozca el error en la cantidad de habitaciones consignadas en la habilitación. Los representantes de la encartada hablaron de un expediente pero no lo han aportado como prueba, habiendo tenido su oportunidad de ofrecerla antes del juicio, y también hoy durante esta audiencia. Por otro lado, refiere S.S . que el en caso de haber existidos reclamos para la modificación de la habilitación, el Dec. 1510/97 establece que el silencio de la administración equivale a negativa, por lo cual debían adecuar el funcionamiento del geriátrico a lo establecido en la habilitación, es decir a tres habitaciones y no cuatro, más allá de la estructura del edificio y lo que ellos consideraran un error de la administración. El hecho de reconocer que recientemente ante la sugerencia de un inspector de ampliar una habitación incorporándola a otra, era la forma de solucionar el problema, también implica un reconocimiento de la comisión de la falta que se le imputa. La cuestión relacionada con la cantidad de alojados nada hace a lo que aquí se investiga, dado que el inspector que declaró indicó que la circunstancias de no haber consignado en el acta nada al respecto da cuenta que no había ningún problema con este tema. La afirmación que hace la Defensa en cuanto a que si son 12 los alojados permitidos es porque deben ser 4 las habitaciones, no tiene ningún fundamento jurídico ni material, porque la habilitación se dio para 3 habitaciones y 12 alojados, siendo esto lo que el responsable y titular de la institución debe cumplir. Que en todo caso de considerar que la cantidad de tres habitaciones no era suficiente para doce alojados el establecimiento debería haber aceptado menos personas. Siendo así, S.S. entiende que se encuentran acreditados los hechos que se le imputan a K. con el grado de certeza suficiente para dictar un pronunciamiento condenatorio. Con respecto a la adecuación típica de los hechos analizados, S.S. manifiesta que coincide con el encuadre dado por el Sr. Fiscal, y con el monto de multa propuesto, como así también con considerar como un único hecho las infracciones descriptas y relacionadas con la utilización de una cuarta habitación. En este sentido, S.S rechaza la sustitución de multa propuesta por no darse los presupuestos establecidos por el art. 29 y 30 de la ley 451. Es así que establece condenar a A. K., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de multa de … unidades fijas (… UF), por las siguientes actas de infracción labradas en , de esta ciudad:N°4-00158444, labrada el 14 de septiembre de 2015 a las 10:25 horas, por “No tiene Plan de Evacuación aprobado por DGDCIV, ni nueva presentación del mismo para su aprobación posterior a la denegatoria del 03/06/15 por Disposición 3539 (Reg. N° 7892/07 DGDCiv). Existencia de 1 (una) habitación por sobre la habilitada de acuerdo a certificado de habilitación (Cap 3 (tres) hab, alojados 12 (doce); y N° 4-00173916, del 27 de agosto de 2015 a las 11:30 horas, por “Tiene en funcionamiento una (1) habitación de más con respecto a lo habilitado de acuerdo a plancheta de habilitación Expediente 2130/91 del 05/08/2010, funcionan cuatro (4). Incumple acta de intimación N° 00209862/15 (8-1-15)”. En cuanto a la modalidad de cumplimiento, S.S. dispone en atención a los antecedentes judiciales que registra la encartada y que se encuentran certificados en autos, deberá ser de cumplimiento efectivo. Por último, y conforme lo dispuesto en el art. 33 de la ley 1217, dispone imponer el pago de las costas a la infractora.-

El Sr. G. pide la palabra y solicita a S.S si puede abonarse la multa al valor de la unidad fija establecida al momento del labrado de las actas.

S.S. corre traslado del pedido al Sr. Fiscal, expresando el Dr. Viñas que según el criterio establecido por las tres Salas de la Cámara de Apelaciones del fuero, entiende que el valor de la multa debe establecerse al momento del efectivo pago, y no hay motivos para apartarse de lo establecido por la ley.

El Sr. G. pide nuevamente la palabra y S.S. la concede, indicando que el pago de una multa por el valor fijado pone en una grave situación el funcionamiento de la firma, que en otras situaciones se les ha permitido.

S.S. refiere que no se ha acreditado en esta audiencia que la situación económica de la empresa pueda llevarla a la quiebra, como manifiesta la Defensa, y de esa forma hacer lugar a lo solicitado. Si bien pudieron existir situaciones en donde se ha permitido el pago de la forma requerida, S.S. manifiesta que lo cierto es que hemos llegado a la audiencia de juicio, y ya ha dictado sentencia, por lo cual no advierte razones para modificar lo establecido en el art. 19 de la ley 451, por lo cual no hace lugar a lo solicitado disponiendo que el valor de la Unidad Fija deberá ser considerado al momento del efectivo pago de la pena impuesta.

No siendo para más, se da por terminado el acto, previa lectura en alta voz dada por la Actuaria y ratificación de su contenido, firmando para constancia las partes, después de S.S., todos por ante mí que doy fe-

 

Fdo: María Julia Correa (Juez); Ante mí: Sandra Fligeltaub (Prosecretaria Coadyuvante).

 

  Correlaciones:

Causa 3619/16- Juzg. Penal, Contrav. y Faltas Nº 18 - 19/04/2017- Cita digital IUSJU016052E

 

Cita digital:IUSJU025052E