OPINION

Honorarios: El CPACF busca que se declare inconstitucional la acordada de la Corte que fijó el valor de la UMA

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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), en representación de los profesionales que litigan ante los tribunales federales y nacionales, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impugnar la acordada que fija el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) en $624.

Según la ley 27.423, la UMA es la unidad de referencia a la hora de calcular los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia de los mencionados fueros, y estipula que equivaldrá al 3 % de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia.

En concreto, la entidad solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Acordada 13/18 por fijar “de manera arbitraria” el valor de la Unidad de Medida Arancelaria ya que “no refleja la verdadera remuneración de un magistrado”.

Para el mencionado Colegio, la Corte "quebranta" los derechos de los matriculados fijando el monto de la UMA sin aclarar cuáles fueron los métodos de cálculo ni los parámetros utilizados para determinarla en $624.

La presentación busca que el máximo tribunal "precise y determine, de forma fehaciente e indubitable, la real y efectiva remuneración básica total percibida" por los agentes aludidos en uno de los artículos de la nueva Ley de Honorarios de Abogados.

"Fraude, simulación, elusión y/o evasión son los vocablos que surgen una vez superada la sonrisa, consecuencia de la sorpresa que surge de leer que el básico de un Juez Federal es de apenas unos $20.788", indican los letrados en su demanda.

Allí señalan que la Corte utilizó como base para calcular el UMA la "escala salarial" que existe en los cargos del Poder Judicial, y que asimila el salario de un juez al de un "Director General", pero en vez de utilizar el "total básico" que incluye todos los rubros, utilizan sólo el "básico", que es de $20.000.

Para el CPACF, la Corte debió tener en cuenta todos los rubros remunerativos de los recibos de los magistrados, entre los que se encuentran:

- Sueldo básico;

- Compensación jerárquica;

- Suplementos varios por distintas acordadas;

- Resolución CMN 195/03;

- Incentivo a la mejora del servicio de Justicia.

En su presentación, la institución que nuclea a “más de 130.000 abogados” manifestó que el informe emitido por el Consejo de la Magistratura de la Nación el 19 de Octubre de 2017 se daba cuenta sobre la remuneración básica percibida por un juez federal de primera instancia, “sin tener en cuenta los adicionales particulares”. La suma, resalta el texto, ascendía $93.776,33, más la compensación funcional del 25%.

De utilizar el "total básico", aseguran los representantes de los letrados de la Capital, el valor de la UMA sería de $3.000 y no de $624 como ahora.

En caso de confirmarse el monto actual, para los abogados se vería cercenado su derecho a "laborar libremente y percibir por ello una retribución justa y digna".

Así, consideraron que la acordada “es inconstitucional porque viola en forma flagrante los artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, afectando en forma ilegal los derechos a trabajar, a una retribución digna y a la propiedad de todos los abogados”.

“El perjuicio que genera la vigencia de esta acordada se observa indiscutiblemente en cuanto los jueces se encuentran facultados –al momento de interponerse la acción- a efectuar regulaciones de honorarios en virtud de una UMA distinta a la pretendida por el legislador con la Ley 27.423”, indicaron los representantes del CPACF.

Para que proceda la acción, destacan que “no es exigible la existencia de un daño concretamente consumado, para resguardar los derechos que se vieren afectados, resultando lo contrario incompatible con la naturaleza preventiva de la acción”.

Además, se afecta los derechos de terceros porque “a mayor regulación de honorarios, mayor percepción por parte de Hacienda del impuesto a las ganancias y del IVA de aquellos abogados que allí estuvieran inscriptos. También se paga en concepto mensual de monotributo, ya que a mayores regulaciones, más altas serían las categorías en las que deberían estar inscriptos los abogados; y ante mayor categoría, mayor impuesto se paga.

El conflicto comenzó luego de la oficialización de la ley 27.423, el pasado 22 de diciembre. A los pocos días el CPACF solicitó que se determine el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) en los términos del artículo 19 de la citada ley.

La Acordada 13/18, dictada a principios de mayo por la Corte Suprema - firmada por sus cinco integrantes Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz-, señala al respecto que la Ley 27.423 pone en cabeza del máximo tribunal la determinación del valor del UMA, y que suministrará y publicará mensualmente, el valor resultante, “eliminando las fracciones decimales, e informará a las diferentes cámaras el valor de la UMA”.

Allí se dispuso que el valor de la UMA, equivalga a $540 a fines de 2017 y $567 hasta abril de 2018, suma que se elevó luego a $624.

Para los representantes del Colegio de Abogados de la Capital Federal, al suscribir la acordada se omitió “la debida fundamentación” de cómo se llegó al valor fijado, “lo cual provocaría una situación potencialmente frustratoria del servicio de justicia y un menoscabo al ejercicio de la profesión de abogado”.

Fuente: Erreius