OPINION

Mientras se discuten las leyes del megadecreto, buscan poner un límite al dictado de los DNU

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Con tres modificaciones importantes, la Cámara de Diputados aprobó los tres proyectos de ley que replican el contenido del megadecreto de "desburocratización" dictado por Mauricio Macri en enero.

Ahora, las iniciativas deberán ser discutidas por el Senado. Se estima que serán aprobadas antes de que finalice el mes de abril. 

Durante el tratamiento legislativo seguirá vigente el DNU 27/2018, publicado el 11 de enero, incluso los artículos eliminados en los proyectos debatidos por la Cámara baja. Se incorporó, en ese sentido, una cláusula que indica que los decretos quedarán derogados apenas se promulguen las tres leyes.

De acuerdo a fuentes parlamentarias consultadas por Erreius, hay algunos senadores justicialistas que quieren que se discuta en el recinto la derogación expresa de la norma dictada por el presidente Mauricio Macri. Esto no se trató en Diputados, porque, al momento de la votación, el oficialismo se retiró y no dio quórum.

Es que buscan “marcarle un límite” al dictado de este tipo de decretos.

En este sentido, el senador nacional por Misiones Maurice Closs presentó esta semana un proyecto de ley que busca que la Comisión Bicameral Permanente deba analizar que los DNU sean dictados en virtud de un hecho grave que implique un peligro para el interés público, las personas o los bienes, y que las disposiciones estén directamente relacionadas con este hecho.

Asimismo, prevé rechazar los denominados DNU ómnibus, como el que presentó el Gobierno en enero pasado, que “incluyen diversas temáticas pretendiendo reemplazar el rol del Congreso Nacional”, expresa el proyecto del exgobernador misionero.

 

Puntos destacados de los proyectos

En los proyectos se eliminó el artículo que habilitaba el embargo parcial de las cuentas sueldo, al igual que el capítulo referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que le permitía al organismo previsional negociar con menos restricciones sus fondos en el mercado financiero.

Además, se modificó el artículo por el cual el oficialismo buscaba imponer el uso de la factura electrónica.

El mega DNU, que deroga 19 leyes y modifica 140, fue presentado por el Gobierno como una herramienta para simplificar regulaciones y potenciar la producción en once áreas del Estado. Desde la oposición se lo cuestionó señalando que no había necesidad y urgencia para dictar esa norma y que, por su amplitud de temas, lo correcto hubiese sido llamar a sesiones extraordinarias durante febrero.

- SENASA: Se establece la derogación de normas no compatibles con los principios de la política de sanidad zoofitosanitaria nacional. 

- Sociedades: Se prohíbe la actuación societaria del socio aparente o socio oculto, siendo responsable en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por su infracción. También permite que las sociedades incluidas en la ley 19550 puedan llevar libros societarios y contables digitales.

En cuanto a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), se elimina el requisito de que el objeto social sea enunciado en forma clara y precisa, pudiendo el mismo ser plural y guardar o no conexidad. 

- Firma digital: Amplía el alcance de la ley a los fines de extender el uso del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital a la totalidad de actos jurídicos y administrativos, actualizando su contenido en función de los avances tecnológicos.

Se introducen modificaciones a diversos artículos de la Ley 25506, entre las que se destaca el reconocimiento del valor probatorio de los documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente en los Sistemas de Gestión Documental Electrónica -GDE-, implementado en diversas jurisdicciones, y en el Sistema de Administración de Documentación Electrónica -SADE-, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinando su innecesario requerimiento de legalización.

- Promoción del trabajo: Reduce los plazos de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

- Seguros: El contrato solo puede probarse por escrito; sin embargo, todos los demás medios de prueba, inclusive cualquier medio digital, serán admitidos si hay principio de prueba por escrito.

- Unidad de Información Financiera (UIF): En relación con la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se propician modificaciones tendientes a simplificar y agilizar los procesos judiciales, adecuando la normativa vigente.

- Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (MIPYMES). Se habilita al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) para financiar a pequeñas y medianas empresas (PYMES), y se extienden los beneficios que las PYMES puedan obtener a las formas asociativas que sean conformadas por ellas.

En materia impositiva, la AFIP actualizará anualmente los parámetros y especificaciones de cada categoría PYME y establecerá las limitaciones aplicables a las empresas que controlen, estén controladas y/o se encuentren vinculadas a otro/s o grupo/s económicos nacionales o extranjeros, para ser micro, pequeñas y medianas empresas.

Se unifican criterios para contar con una única definición de micro, pequeña y mediana empresa, aplicable al marco jurídico dispuesto por las leyes 24467 y 25300.

- Marcas y patentes: Con el fin de ajustar los plazos procedimentales, se simplifica el sistema, reduciendo plazos en la obtención de las resoluciones.

Con relación a los modelos y diseños industriales, los usuarios podrán efectuar solicitudes múltiples de registro por expediente, adoptar nuevas tecnológicas en el modo de presentar dibujos y solicitar el aplazamiento de la publicación, modificando así los presupuestos de los procedimientos establecidos en las leyes 24481, 22362 y en el decreto 6673/1963.

- Tránsito y seguridad vial: Se transfirieren a la Dirección Nacional de Vialidad las competencias, objetivos, funciones y personal asignado al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), compatibilizándolas con las competencias y recursos con los que cuenta aquel Organismo descentralizado para el cumplimiento de sus misiones y funciones, disolviéndose el citado Órgano de Control.

Se establece como falta grave el incumplimiento a la obligación de pago en concepto de peaje o contraprestación por tránsito, incorporándose este supuesto dentro de los establecidos en el inciso z) del artículo 77 de la ley nacional 24449 de tránsito.

- Acceso al crédito (inclusión financiera): Se busca adecuar la normativa para que las instituciones admitan, además de la firma digital, otros medios electrónicos que aseguren indubitablemente la autoría e integridad de los documentos suscriptos por sus titulares y/o libradores, simplificando procesos que hoy resultan engorrosos y poco seguros.

- Tarjeta de crédito, letra de cambio y pagaré: Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento.

En cuanto a las tarjetas, el emisor podrá optar por enviar el resumen en soporte electrónico a la dirección de correo electrónico que indique el titular en el contrato o a la que con posterioridad fije fehacientemente, salvo que el consumidor establezca expresamente que su remisión será en soporte papel.

Sobre la letra de cambio y pagaré, el texto indica que si fuesen generados por medios electrónicos, la firma, aval, aceptación y cualquier otro requisito quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad y la integridad del instrumento.

- Cheque: Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma, endoso y aval quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de los intervinientes y la integridad del instrumento. El Banco Central de la República Argentina autorizará el uso de sistemas electrónicos de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento de cheques, en la medida en que su implementación asegure la confiabilidad de la operación de emisión y autenticación en su conjunto, de acuerdo con la reglamentación que el mismo determine.

Las acciones judiciales del portador contra el librador, endosantes y avalistas se prescriben al año contado desde la expiración del plazo para la presentación. En el caso de cheques de pago diferido, el plazo se contará desde la fecha del rechazo por el girado, sea a la registración o al pago. Las acciones judiciales de los diversos obligados al pago de un cheque, entre sí, se prescriben al año contado desde el día en que el obligado hubiese reembolsado el importe del cheque o desde el día en que hubiese sido notificado de la demanda judicial por el cobro del cheque.

La interrupción de la prescripción solo tiene efecto contra aquel respecto de quien se realizó el acto interruptivo.

El Banco Central de la República Argentina reglamentará la emisión de una certificación que permitirá el ejercicio de las acciones civiles en el caso de cheques generados y/o transmitidos por medios electrónicos.

- Préstamos con garantía hipotecaria: Los préstamos con garantía hipotecaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 2205 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y financiaciones de saldo de precio de boletos de compraventa de terrenos, lotes o parcelas u otros inmuebles ya construidos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación podrá aplicárseles el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), previsto en el artículo 4 del decreto 214/2002.

- Actividad cambiaria. Compra y venta de moneda extranjera: Se modifica el decreto 260/2002, en tanto establece que en el mercado único y libre de cambios se cursarán todas las operaciones de cambio de divisas extranjeras, estableciendo el alcance del mencionado mercado de cambio. 

Se establece un mercado libre de cambios por el cual se cursarán las operaciones de cambio que sean realizadas por las entidades financieras y las demás personas autorizadas por el BCRA para dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de la compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera.

Las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el mercado libre de cambios podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el “Registro de operadores de cambio”. También podrán hacerlo las personas físicas que previamente hayan constituido una sociedad anónima unipersonal (SAU) o una sociedad por acciones simplificada (SAS).