Pasantías: Qué dice el proyecto del Gobierno que intenta reformar la ley vigente

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El oficialismo pretende, dentro del paquete de reforma laboral, impulsar una nueva ley de prácticas formativas para estudiantes o profesionales recién graduados.

Esto se debe a que durante los últimos años, tras la sanción de la ley 26.427, varias empresas consideraron que no tenían incentivos para contratar pasantes. Entre otros motivos, cuestionaron el límite de 20 horas semanales, el plazo máximo de un año, así como la obligación de realizar otras erogaciones que complotaron contra el sistema.

Desde el otro lado, los abogados laboralistas destacan que se detectaron muchos abusos, principalmente con la ley anterior 25.165, ya que se ocultaban verdaderas relaciones de trabajo para permitirles a las empleadoras reducir los costos.

El abogado laboralista Juan Carlos Cerutti le dijo a Erreius que el éxito o el fracaso de esta iniciativa, en caso de aprobarse, estarán dados por el control que el Ministerio de Trabajo haga a través del órgano fiscalizador que ordena crear. Esta implementación requerirá de infraestructura y partidas presupuestarias.

Además, se crea el Perfil Digital de Identidad Ocupacional, que será otorgado a los trabajadores por la cartera laboral y que contendrá el conjunto de evidencias de los procesos educativos y formativos previos y, a partir del comienzo de su vida laboral, los antecedentes y la certificación de competencias laborales de su titular.

 

Otros puntos destacados del proyecto

El texto ingresado en el Senado establece un Sistema de Prácticas Formativas que reemplaza al régimen vigente y extiende su ámbito de aplicación a supuestos no contemplados en la actualidad, como los alumnos de instituciones extranjeras de análogo nivel que se encuentren en programas de intercambio o que tengan ingreso por estudio en el país, supeditándolo a una posterior reglamentación.

También incorpora dentro de los posibles beneficiarios de este sistema a los “nóveles graduados”, de la educación superior de grado, de cualquier universidad del país, siempre que no superen en el plazo de un año contado desde la expedición de su título.

La duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en los convenios colectivos de trabajo y, en particular, en el convenio de práctica formativa, en función de las características y la complejidad de las actividades a desarrollar, con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales.

Podrá distribuirse de otra manera, en tanto la carga horaria de la práctica no supere las 130 horas mensuales y siempre dentro del año mencionado.

Además, la iniciativa indica que “cuando la práctica formativa se realice en épocas de receso educativo, el límite máximo de horas semanales podrá ser extendido hasta un máximo suplementario de 10 horas, con la consiguiente modificación de las horas mensuales totales máximas”.

Una vez que se cumpla el plazo máximo establecido, la vacante podrá renovarse a favor del mismo practicante por hasta 6 meses adicionales. En ese caso, se deberá firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes.

Los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa.

También tendrán derecho a todos los beneficios regulares, licencias y cobertura de salud que se acuerden con el personal, lo que será determinado por la reglamentación. 

Si hay más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el practicante. Si la actividad o posición no cuenta con convenio colectivo, se tomará -para el cálculo de la asignación estímulo- el salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la práctica formativa.

Asimismo, el proyecto establece que el Ministerio de Trabajo ejercerá un contralor complementario del cumplimiento del Sistema de Prácticas Formativas sobre las empresas y los organismos participantes para evitar que no se alteren sus objetivos educativos encubriéndose relaciones laborales no registradas.

En ese aspecto, señala que no podrán participar de este régimen las empresas que estén incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la Ley 26.940.

En caso de incumplimiento por parte de las empresas u organismos de las pautas y procedimientos, y que dicha falta se relacione con el encubrimiento de relaciones laborales no registradas, el Ministerio de Trabajo aplicará la sanción correspondiente conforme el ordenamiento legal laboral.

Otro aspecto novedoso es la creación del Instituto Nacional de Formación Laboral, como un órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuya función será el diseño, la regulación y la evaluación de este Sistema de Prácticas Formativas, así como la gestión integral del Sistema Nacional de  Formación Laboral.

También está incluido el fomento del empleo juvenil, para personas con residencia legal en el país que no hubieren cumplido 24 años y que se encuentren en proceso de incorporación al mundo del trabajo.

En ese caso, se atenderá en forma prioritaria y urgente a las personas que se encuentren desocupadas, que se desempeñen en la economía informal o en un empleo no registrado, que provengan de hogares en situación de vulnerabilidad social o que tengan estudios formales obligatorios incompletos.

El Ministerio de Trabajo determinará las modalidades en que se desarrollarán sus prestaciones, que atiendan a las necesidades de grupos juveniles específicos.

Las destinatarias de esas políticas podrán percibir una ayuda económica mensual durante su participación y asistencia en programas, proyectos y actividades de promoción del empleo juvenil, cuyo importe, reglas de acumulación y actualización serán fijados por la cartera laboral.

Los empleadores que se incorporen a este sistema podrán contabilizar las ayudas económicas mensuales como parte del salario, debiendo abonar como mínimo la diferencia necesaria para alcanzar el monto establecido para la categoría laboral que corresponda de acuerdo con las normas legales y convencionales que resulten aplicables.

La ayuda económica mensual deberá ser incluida como parte de la remuneración para el cálculo de los aportes y las contribuciones destinados a la seguridad social.

El abogado Sebastián Serrano Alou, colaborador de Erreius, se mostró en contra de este proyecto, porque “se vuelve a precarizar a los trabajadores más jóvenes, mediante la figura de lo que se denomina ‘prácticas formativas’”.

 

Nuevo fallo

Hace pocos días, la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el caso “Fernández, Yanina Emma c/Telefónica de Argentina S.A. s/Despido”, rechazó la existencia de un contrato de pasantía, porque la empleadora no pudo acreditar la existencia de formación teórica o práctica formativa de la actora.

El reclamo se originó porque la actora se consideró despedida al recibir la negativa de la empresa para enmarcar la relación dentro del ámbito laboral. Sostuvo que al ingresar firmó un contrato de pasantía, y que cumplió funciones en el call center de atención al cliente posventa “112”; cumpliendo una jornada de 18 a 24 hs.

La firma argumentó que se trataba de una pasantía. El juez de primera instancia hizo lugar al pedido y destacó que este vínculo formativo no pudo demostrarse, por lo que su decisión fue apelada ante la Cámara.

Allí, los jueces explicaron que “desconocida la relación laboral, pero admitida la prestación de servicios, alegando que fue por una causa jurídica diferente a un contrato de trabajo, pesa sobre la accionada la carga de demostrar que dicha prestación no fue realizada mediante un contrato de trabajo”.

Tras ponderar las declaraciones testimoniales, los camaristas entendieron que “se trató de un contrato por tiempo indeterminado, desde su inicio, atento la efectiva prestación de tareas, por parte de la actora, en beneficio de la demandada, en un horario determinado y conforme a las pautas de vigilancia y control desarrolladas por la empresa”.

 “La carga de la demostración de que la vinculación jurídica habida no era de carácter laboral, en razón de la delicadeza del tema, se puntualiza en el sub-examen, ya que, por imperio legal, el sistema de pasantías reglamentado por la ley 25.165 es uno de los contratos no laborales que tienen por finalidad la capacitación y el entrenamiento de jóvenes que están cursando sus estudios en instituciones públicas o privadas”, resaltando que “en este caso, la utilización del sistema requiere el mayor cuidado, y la prueba de su existencia debe ser prístina”.

Luego agregaron que “independientemente de la denominación formal adoptada en los términos del contrato firmado entre las partes, lo cierto es que la demandada no ha aportado prueba alguna tendiente a acreditar la impartición de formación teórica o práctica formativa de la actora, que son estas notas características y esenciales que hacen a este tipo de contratos”, a la vez que “no hay constancia, tampoco, de la efectiva actuación del tutor formalmente designado ni de que se haya realizado el seguimiento y la evaluación de la actividad del trabajador”.