Reforma judicial: no habría acuerdo para ampliar horarios y realizar cambios en la feria

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Durante la apertura del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, inauguró el trabajo de nueve comisiones que discutieron diversas reformas al funcionamiento del sistema judicial, a los fines de optimizarlo y lograr soluciones más rápidas.

En el centro de la opinión pública quedaron el horario en que los tribunales atienden al público, el trabajo de los funcionarios y empleados y la extensión de las ferias de verano e invierno. También se analizaron el impacto de los avances tecnológicos y los diversos procesos de selección.

A pesar del ambicioso temario, las comisiones no pudieron avanzar en la autolimitación de la discrecionalidad de los jueces para manejar los tiempos de los expedientes, ni en eventuales sistemas de auditorías y control de su trabajo.

Las conclusiones de estas mesas de trabajo serían presentadas durante los próximos días.

 

Cambios bajo la lupa de los involucrados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia, integrada por la mayoría de jueces y fiscales, se opuso a la ampliación del horario de atención al público. 

La realidad de todos los juzgados implica que más allá del horario de mesa de entradas, empleados y funcionarios permanecen hasta altas horas de la tarde (o incluso la noche, si se lo requiere) trabajando puertas adentro de los despachos”. Y remarcó que la actividad no termina a las 13.30.

Asimismo, pidió que si se impulsa alguna modificación sobre este tema, se tengan en cuenta las costumbres y horarios de cada zona del país, y se amplíe el presupuesto para pagarles más a todos los operadores, respetando las diferencias jerárquicas. 

No advertimos que una modificación en el horario de atención al público o de la feria judicial logre los beneficios deseados. En el ámbito penal, el horario de atención al público no refleja la cantidad de horas diarias que dura la jornada laboral. En efecto, basta con observar el extenso desarrollo de las audiencias orales, los turnos de los juzgados de instrucción, los turnos de hábeas corpus, el sistema de registro de entrada y salida del personal, el horario en que se digitalizan los documentos al sistema Lex 100 de gestión judicial. Todo ello a modo de ejemplo”, se señaló en el documento de la Asociación de Magistrados.

En tanto, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) sostuvo que, respecto a la feria judicial, hay que mantener el actual sistema, porque una modificación solo sería de cumplimiento efectivo para los grandes bufetes y complicaría a cualquier pequeño estudio, por falta de personal.

Sobre el horario, propuso una ampliación de 7:30 a 15:30 hs, en dos turnos de 7:30 a 13:30 hs y de 9:30 a 15:30 hs, de manera tal que todos los que deseen extender su horario laboral a ocho horas puedan hacerlo, con la retribución salarial correspondiente.

Dicha propuesta no aplicaría a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, Justicia Criminal y Correccional Federal, ni Fuero Penal Económico. Además, consideró necesario que se puedan entregar escritos durante las cuatro primeras horas del día, en lugar de las dos actuales. 

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidió que se duplique la cantidad de juzgados federales porteños, y propone la "transformación digital del sistema judicial", con un "workflow documental que resuelva toda creación, validación y guarda de los documentos", y la "puesta a disposición de la ciudadanía de toda la información generada durante la gestión del expediente judicial". 

También solicitó crear una escuela judicial, que en principio daría un curso básico de al menos 700 horas para los jueces de primera instancia, cuyas calificaciones incidirán en los futuros puntajes de esos magistrados cuando se postulen para ocupar nuevos cargos.

Los puntajes también serán tenidos en cuenta para seleccionar a los jueces subrogantes en los juzgados que permanezcan vacantes.

La institución que conduce Guillermo Lipera propuso ampliar el horario de trabajo de los juzgados, para que ofrezcan atención al público de 9 a 16 horas, con efectivo control de ingreso y egreso del personal, una feria judicial de verano entre el 23 de diciembre y el 15 de enero, y otra de invierno a partir del 10 de julio y por una semana.

Desde la óptica de los trabajadores, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) advirtió que los judiciales, en realidad, no se desempeñan solo 6 horas al día, ya que, por el incremento permanente de causas, prestan tareas por “muchas más horas que las reglamentarias”, y que ello “no es reconocido de ningún modo”.

En cuanto a la adopción de la oralidad y el sistema acusatorio en causas penales, indicó que “se debe garantizar la situación de los empleados” y destacó que “ninguna reforma de las que se plantean para hacer más eficiente la justicia penal puede realizarse sin erogación presupuestaria”.

Al igual que ocurre en otras provincias, desde el gremio dirigido por Julio Piumato también pidieron discutir la posibilidad de que exista un fuero especial para los delitos de flagrancia, “de modo que las dependencias que investigan los delitos más importantes no se vean saturadas, como ocurre en la actualidad”.

Con relación a la oralidad de los procesos civiles y comerciales, jueces y empleados coinciden en la necesidad de implementarla, pero para ello son necesarias reformas estructurales, tanto edilicias como de incorporación de tecnología, como por ejemplo, el sistema de videoconferencia.

 

Repercusiones

Carlos E. Camps, director de la publicación Temas de Derecho Procesal de Erreius, compartió “la propuesta efectuada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de generar desde el seno del propio Poder Judicial un movimiento reformista -en sentido amplio- de la manera en que se presta el servicio de justicia en todos sus fueros y jurisdicciones”. 

El liderazgo para el cambio judicial requerirá necesariamente de adecuada apoyatura técnica: solo la implementación de medidas adoptadas con intervención de operadores idóneos, conocedores de las prácticas forenses, sus peculiaridades, sus vericuetos, podrá llevarse adelante con éxito”, agregó el especialista.

De esta manera, consideró que “la mejor reforma del sistema de justicia deberá surgir del propio sistema judicial, y ello requerirá de un proceso liderado eficazmente y con bases técnicas -en la concepción e implementación de medidas- aportadas por personas idóneas, con conocimientos prácticos de la dinámica tribunalicia y una especial sensibilidad para conocer cuáles son las necesidades de los ciudadanos que acuden con sus conflictos -de todo tipo y entidad- ante los jueces buscando las soluciones que traigan alivio y sosiego”.

En tanto, Gabriel H. Quadri, coordinador de Temas de Derecho Procesal de Erreius, destacó que salir de la situación actual es “lo más complejo”, porque “las transformaciones judiciales involucran distintos actores y en diversos niveles”.

No es suficiente realizar proyectos, conclusiones ni meras declaraciones; son necesarias decisiones concretas, efectivas y realizables. Dejar las discusiones y pasar a las soluciones. Y aquí es donde generalmente se producen los problemas: no en el plano de las ideas, sino en el de cómo se las lleva a la práctica”, remarcó.

Luego, Quadri dio un ejemplo para graficar el problema: “Se diseña en la Provincia de Buenos Aires un Sistema de Presentaciones Electrónicas. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Ahora, si aquel conlleva que se efectivicen las mismas por esta vía y, luego, que sea el tribunal -que ya está bastante sobrecargado- el que tenga que recepcionarlas ¡e imprimirlas! para luego coserlas al expediente, hay que preguntarse si no sería mejor el diseño de estrategias globales y omnicomprensivas, antes de este pasaje tan gradual al proceso electrónico”.

Con respecto a otros problemas, indicó que “vamos hacia el expediente electrónico a una velocidad, con una dosis de improvisación -o falta de previsión- que preocupa, con diseños de sistemas que a veces no funcionan, otras no funcionan como debieran y, la mayoría de las veces, son más complejos de utilizar que lo que realmente deberían”.

La ineficacia de nuestro proceso civil es abrumadora y resulta apremiante la búsqueda de soluciones para mejorar los resultados, lo que involucra algo más que pensar en los horarios judiciales y cuestiones afines”, destacó Quadri.

Para el coordinador de la publicación Temas de Derecho Procesal de Erreius, hay que “cambiar los diseños institucionales y los procedimientos, sin perder de vista nunca -por supuesto- los mecanismos de selección, designación y control de los integrantes del Poder Judicial”.