Qué cambios impulsa el Gobierno para el Código Penal y el Procesal Penal de la Nación

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Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri pidió que este año se apruebe el proyecto de Código Penal, que está siendo analizado por un cuerpo de especialistas, y el Código Procesal Penal de la Nación, cuyo texto se presentó en setiembre de 2016 y espera a ser debatido en el recinto.

El Jefe de Estado consideró que el Código Penal vigente es “desordenado” y que fue “emparchado mil veces”.

El borrador, confeccionado por dentro del programa Justicia 2020, está en su fase final y el mandatario espera que se presente en los próximos meses.

En tanto, sobre el Código Procesal Penal, el Jefe de Estado destacó: “el centro de la reforma es pasar del modelo actual, donde los jueces son los que investigan y deciden, a uno más rápido y oral en el que los fiscales tengan más protagonismo”.

 

Código Penal

La Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación fue creada por decreto y tiene como objetivo principal “la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral” del mencionado texto, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.

Es que, además de actualizar la norma vigente, tuvo que reunir en un solo texto todos los “parches” que sufrió en casi un siglo -data de 1921- con las leyes modificatorias.

Por el momento, se sabe que el borrador dispondrá la prisión domiciliaria para casos en los que se prevé ejecución condicional en libertad.

En este punto, el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien preside la mencionada comisión, indicó: “hay que darle un sentido a la pena condicional y eso no se resuelve mandando más gente a las cárceles”.

Además de los reincidentes, no podrán salir antes de cumplir la pena los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo y por agresión sexual.

Para el caso de los agresores sexuales, además, se incorpora un sistema novedoso, ya habitual en otros países: la aplicación de un “seguimiento socio-judicial” una vez cumplida la condena, consistente en tratamientos de rehabilitación y medidas de vigilancia electrónica, que puede prolongarse hasta un máximo de 10 años.

Por otro lado, el anteproyecto introducirá una serie de cambios en la configuración de delitos de narcotráfico. Aquellos que organicen, financien, dirijan o administren organizaciones dedicadas al narcotráfico o que tengan conexiones con bandas internacionales sufrirán una pena de hasta 25 años de prisión.

En tanto, en las organizaciones ilícitas, se ubicó a quienes tengan estupefacientes o precursores químicos, los produzcan o fabriquen con fines de comercialización, recibirán hasta 20 años de prisión.

Borinsky explicó que la misión de la reforma pasa por “facilitar la sanción de los responsables de delitos de corrupción y narcotráfico” a través de “un aumento de las escalas penales y la incorporación de institutos novedosos, en respuesta a los intereses de la sociedad”.

Además, se decidió elevar las penas de los delitos por medios informáticos como el grooming y la pornografía infantil, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales y de obligaciones asumidas por el Estado plasmadas en convenciones internacionales.

Los juristas analizan la tipificación autónoma de los delitos de terrorismo y de su financiamiento, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales y de obligaciones asumidas por el Estado Argentino, plasmadas en convenciones internacionales.

Durante su discurso, Macri remarcó, además, que esa iniciativa incluirá “penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo el efecto de las drogas, o superando ampliamente la velocidad permitida”.

De conformidad con la ley 27.347, se decidió mantener las agravantes previstas para el homicidio imprudente en siniestros viales, sancionando esa clase de hechos con una pena de cumplimiento efectivo cuando el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, cuando el conductor hubiera estado bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, cuando hubiera conducido en exceso de determinada velocidad, si hubiere participado de una “picada”, o si hubiera violado las señales de tránsito.

A su vez, los organizadores y promotores de las “picadas” serán sancionados con la misma pena que el autor del homicidio.

A mediados del año pasado, Erreius informó que la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación aprobó el texto del artículo 84 del proyecto que tipifica el delito de homicidio culposo que agrava las penas que hoy son de 2 a 5 años, elevándolas de 3 a 6 años en algunos casos específicos.

 

Código Procesal Penal

A fines de 2015, el ministro de Justicia, Germán Garavano, había anticipado la decisión del presidente Macri de postergar la implementación del Código Procesal Penal creado por la Ley 27.063.

En aquel año, antes del cambio de Gobierno, el Congreso aprobó una serie de normas destinadas a implementar la reforma procesal penal.

Pero el Jefe de Estado, en una de las primeras medidas que tomó, dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para postergar la entrada en vigencia de la Ley 27.063 porque no se encontraban “reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido (1 de marzo de 2016)”.

Por lo pronto, el proyecto con las modificaciones a la Ley 27.063, que busca lograr la implementación del Código Procesal Penal Federal, fue presentando ante el Senado en octubre de 2016, y sería discutido este año dentro del recinto.

En caso de aprobarse, este código de forma entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Congreso.

La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial, que implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal, es por ello que se hace imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, resaltó el Ministro de Justicia, Germán Garavano.

Las autoridades de Justicia prevén una instrumentación que tomará de cinco a siete años y en la que se aplicará progresivamente el sistema acusatorio en las jurisdicciones del norte del país; luego, el sur; y finalmente en el centro: “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, advirtió el ministro.

El proyecto está orientado “a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general”.

Con el sistema acusatorio los fiscales asumen un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones.

El texto también se remitió al estudio de los Ministerios de Justicia y legislaturas locales para que analicen como se implementaría en esos distritos.