Advierten sobre la necesidad de que el Código Penal regule los denominados “secuestros virtuales”

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Los llamados “secuestros virtuales” ganan lugar dentro del índice delictivo. La cantidad de denuncias de damnificados va en aumento, pero son muy pocos los casos que llegan a efectivas condenas.

Uno de los principales inconvenientes que se da es que en el momento de calificar este delito, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se discute si se califica dentro de los tipos previstos en el artículo 172 del Código Penal de la Nación (estafa) o en aquel contemplado en el artículo 168 (extorsión).

Hace pocos días, se dio a conocer el fallo “M., S. G. s/procesamiento”, en el que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó el procesamiento de un hombre que le realizó un secuestro virtual a una mujer bajo la calificación legal por el delito de estafa.

En esta sentencia, los magistrados explicaron que “en la extorsión la acción típica consiste en obligar a otro, mediante intimidación, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero aquello que constituye objeto del delito”.

Para calificar esa conducta como estafa, los jueces tuvieron en cuenta que “el procesado fue detenido a bordo de un automóvil con la bolsa de dinero que la víctima dejó al costado de una ruta como rescate”.

En ese sentido, resaltaron que “la exigencia dineraria realizada, enmarcada en amenazas y simulando un secuestro, forman parte de una maniobra ardidosa única tendiente a afectar el psiquismo del destinatario como para hacerlo incurrir en un error e inducirlo a concretar la disposición patrimonial pretendida”.

Se aleja así la ilícita pretensión del concepto de intimidación que requiere la extorsión, pero si configura uno de los elementos tipificantes del delito de estafa prevista en el art. 172 del Código Penal, y con relación a ella debe evaluarse la idoneidad que se atribuyó a la conducta desplegada por la encausada”, concluyeron.

A grandes rasgos, en el “secuestro virtual”, ciertas personas son desapoderadas de sus bienes, a partir de una comunicación telefónica realizada por un grupo de individuos organizados, quienes le refieren al destinatario tener secuestrado a un familiar o ser querido, y, a partir de dicha circunstancia, totalmente falsa, exigen mediante intimidación la entrega de sumas de dinero o bienes de valor.

Luis R. Enterrio, Javier Serrano Redonnet y Tomás F. Di Cecco, colaboradores de Erreius, señalan que “para la comisión de estos hechos delictivos se requiere la participación de varias personas, a razón de que resulta necesaria la concurrencia de interlocutores, individuos que finjan la situación recreada de cautiverio, sujetos que se dirijan a los domicilios de las víctimas a buscar los botines, individuos que los trasladen y protejan, así como una buena planificación, logística y una estructura en la cual puedan reinsertar las cuantiosas sumas de dinero devengadas a partir de dicho accionar”.

 

¿Estafa o extorsión?

De acuerdo a la calificación dentro una figura u otra, la escala penal prevista para cada una de esas figuras son distintas. La extorsión es castigada con reclusión o prisión de cinco a diez años, mientras que el delito de estafa contempla una pena de prisión de un mes a seis años.

La opinión mayoritaria se enfila dentro de la postura de calificarla como estafa al sostener principalmente que el engaño utilizado para inducir a la víctima a error y, en su caso, la coerción que aplican sobre esta resultarían imposibles de consumar, dado que esta coacción se basa en una premisa totalmente falsa (secuestro de un familiar).

En tal sentido, se ha sostenido que “la exigencia dineraria realizada, enmarcada en amenazas y simulando un secuestro, forma parte de una maniobra ardidosa única, tendiente a afectar el psiquismo del destinatario como para hacerlo incurrir en un error e inducirlo a concretar la disposición patrimonial pretendida”.

Además, se sostiene que el daño que se producirá, en el caso de no cumplir con lo exigido, nunca puede ocurrir porque se trata de un secuestro virtual.

En cambio, los que se inclinan por considerarlo extorsión indican que “la víctima, cuando realiza la entrega de sus bienes a los delincuentes, lo hace de modo coaccionado, por lo que mal podría sostenerse que dicha disposición patrimonial perjudicial haya sido voluntaria, y en consecuencia quedaría descartada en primer lugar la estafa”. 

Y la víctima procura evitar un mal por uno menor y basta con que aquel luzca verosímil conforme a las circunstancias del caso, sin que resulte menester que además pueda concretarse, ya que la figura admite una modalidad que se ha denominado intimidación engañosa (simulación de autoridad o falsa orden de la misma).

En este tipo de hechos, el “engaño” resulta idóneo para infundir un verdadero temor y no como integrador de una maniobra defraudatoria, por lo que la conducta se subordina típicamente a la figura de extorsión.

Para los mencionados colaboradores de Erreius, el delito en cuestión se trata del de extorsión porque “el ardid empleado para generar el engaño consiste en una coacción o intimidación, por lo que el error cometido por la víctima -que genera disposición patrimonial- no fue inducido y, por lo tanto, voluntario, sino que, por el contrario, es resultado de la violencia ejercida sobre la víctima y anula, en consecuencia, su voluntad, libertad y discernimiento para realizar dicho acto de entrega”.

De este modo, se despierta el debate sobre “si no sería necesaria una reforma legislativa para encuadrar de modo estricto la acción típica antijurídica y culpable analizada conforme al principio de legalidad y restrictividad penal, de modo tal que lo expuesto no se trate de una discusión doctrinaria sobre una determinada conducta, sino que se trate de una figura autónoma y específica que alcance y contemple los derechos de las víctimas en el marco de un hecho traumático, severo e indigno”, agregaron los especialistas.

Luis R. Enterrio, Javier Serrano Redonnet y Tomás F. Di Cecco destacan que la mayoría de “los casos ingresados al sistema judicial de la Ciudad de Buenos Aires tienen resultados infructuosos”.

Esto se debe a que la causa principal es la falta de capacitación tanto del personal policial así como también de los operadores judiciales que se abocan a la tramitación de estos hechos.

Como principal elemento de investigación, advierten que, en primer término, los autores del hecho utilizan líneas telefónicas de tipo “prepago”, cuyas titularidades resultan apócrifas o de dificultosa identificación. Asimismo, estos teléfonos prepagos son empleados por escaso tiempo, únicamente para efectuar los llamados a las víctimas, y luego son descartados, lo que determina un primer escollo para su investigación, dado que la identificación del número desde el cual partió el llamado extorsivo únicamente nos guiará a un callejón sin salida.

Así, un eficaz convenio de cooperación con las empresas prestatarias de los servicios de comunicación y la creación de una Fiscalía especializada para combatir este tipo de delitos, que concentre toda la información al respecto, podría obtener resultados positivos en las investigaciones, concluyen los expertos.