Mercado de capitales: puntos principales de la nueva ley de financiamiento productivo

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Uno de los principales puntos trata sobre la eliminación de algunas facultades que la reforma impulsada en el 2012 le otorgó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar tanto a los agentes autorizados como a las empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio.

También se eliminó la posibilidad de la Comisión de nombrar veedores con poder de veto e incluso intervenir una empresa, desplazando a su directorio, sin orden judicial.

Asimismo, cambia el fuero de revisión de resoluciones o sanciones de la CNV, ya que vuelve a la justicia en lo comercial en lugar del fuero contencioso-administrativo, y dispone que los recursos tendrán efectos suspensivos.

En cuanto al funcionamiento interno de la CNV, su Presidente tendrá voto dirimente en caso de empate. También le permite tomar resoluciones urgentes junto con un director en circunstancias excepcionales que impidan la reunión del Directorio.

Entre los objetivos del proyecto, y que justificó su cambio de nombre, se encuentra que uno de los propósitos principales era el de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (“Mipymes”) a los mercados de capitales.

Por ese motivo, se incluyeron nuevos instrumentos financieros como la “Factura de Crédito Electrónica Mipyme”, que, una vez cumplidos ciertos requisitos, será un título ejecutivo que podrá ser negociado en los mercados autorizados por la CNV.

Entre esos requisitos, dichas facturas deben ser emitidas en el marco de un contrato de compraventa de bienes o locación de cosas muebles, servicios u obra, y se convenga entre las partes un plazo de pago superior a los 30 días corridos.

Estas facturas se considerarán aceptadas tácitamente si, al vencimiento del plazo de 30 días corridos desde su recepción, no se hubiera registrado su rechazo total o su aceptación expresa. Además, podrán negociarse en los mercados autorizados por la CNV sin que su oferta primaria o negociación secundaria se consideren “oferta pública”, ni que se requiera autorización previa.

Una vez acreditadas en un agente de depósito colectivo (como la Caja de Valores), circularán como títulos independientes y transferibles. 

En cuanto al régimen del pagaré, los permitirá con cláusula “para su negociación en mercados” (o “pagaré bursátil”), con cláusula sin protesto y que pueden, incluso, prever pagos sucesivos en cuotas, para su negociación en el mercado de capitales. 

En cuanto al financiamiento hipotecario, moderniza la regulación de las letras hipotecarias y de diversas disposiciones de la Ley 24.441. Además, permite incluir cláusulas indexatorias o de actualización.

 

Regulación de los agentes y mercados

La ley le permite al agente depositario central de valores negociables otros servicios como custodia, liquidación y pago de acreencias de los valores negociables depositados. 

No se extiende la competencia de la CNV a los fiduciarios de fideicomisos financieros sin oferta pública o a los fiduciarios de fideicomisos ordinarios o no financieros.

La norma devuelve a los mercados y cámaras compensadoras ciertas funciones como la supervisión, inspección y fiscalización de agentes y de operaciones, sin que esto implique delegación de las facultades de la comisión. 

Asimismo, les permite emitir reglamentaciones conteniendo medidas de buen orden para garantizar el normal funcionamiento de la negociación de valores.

Por otro lado, permite a la CNV establecer las tenencias máximas de cada accionista de un mercado autorizado y la cantidad de votos de cada acción, a efectos de que ningún accionista de un mercado autorizado pueda poseer una participación controlante.

Las operaciones realizadas por los agentes pueden ser relevadas por decisión judicial dictada por tribunales competentes en procesos vinculados a esas operaciones o a terceros relacionados con ellas, sin exigir que se trate de procesos criminales o cuestiones de familia.

En cuanto al régimen de las sociedades emisoras, permite reemplazar el ejercicio del derecho de preferencia por una prioridad en la adjudicación hasta el monto de las acciones que les corresponden a los beneficiarios de tal derecho por sus porcentajes de tenencias siempre que:

a) el estatuto de la sociedad así lo prevea, y

b) así lo apruebe la asamblea de accionistas que resuelva la emisión. 

 En ningún caso será de aplicación el derecho de acrecer, salvo que el estatuto social establezca lo contrario.

Por otro lado, se permite a todas las personas jurídicas constituidas en el extranjero poder participar de todas las asambleas de accionistas a través de mandatarios debidamente instruidos, sin otra exigencia registral. 

En aquellas sociedades que prescindan de Comisión Fiscalizadora y la reemplacen por el Comité de Auditoría, sus integrantes deben reunir los requisitos de idoneidad y experiencia que la Ley General de Sociedades exige a los síndicos (por ejemplo, ser abogado o contador público matriculado).

Elimina la oferta pública de adquisición (“OPA”) obligatoria para casos en que no se adquiera, directa o indirectamente, el control o más del 50% de las acciones con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones estén admitidas al régimen de la oferta pública. 

 

Fondos Comunes de Inversión

Por otro lado, se modifica la ley de Fondos Comunes de Inversión (FCI). Estos son definidos como los patrimonios de titularidad de varias personas que gozan de derechos de copropiedad representados por cuotapartes.

Y realiza una distinción entre dos tipos, cada uno con sus caracteres distintivos y propios: los FCI abiertos y los FCI cerrados. De acuerdo con los fundamentos de la propuesta convertida en ley, se pretende impulsar el desarrollo de estos últimos, que podrán ofrecer cuotapartes mediante un Prospecto de Oferta Pública, el cual deberá cumplir con el contenido que determine la reglamentación.

En tanto, para los FCI abiertos, dicho prospecto no es obligatorio.

Además, se establece que los cuotapartistas, la sociedad gerente y la depositaria no son responsables personalmente por las obligaciones del FCI, ni los acreedores de ninguno de ellos podrán ejercer sus derechos sobre el patrimonio del Fondo.

De esta manera, se establece que los bienes que integran el Fondo constituyen un patrimonio separado del resto.

En paralelo, se confiere mayores facultades a la CNV en lo relativo al funcionamiento de los FCI, al incluir las potestades, no solo de supervisar a la sociedad gerente y la depositaria, sino también a las demás personas que se vinculen con los FCI. 

 

Modificación a la Ley de Obligaciones Negociables

La flamante ley contempla que las obligaciones negociables que prevean el pago de servicios de renta y amortización pagaderos exclusivamente en moneda extranjera se deben abonar en la misma moneda (sin que rija la facultad de desobligarse en moneda nacional del artículo 765 del Código Civil y Comercial).

El proyecto aclara, a este respecto, que el artículo 354 de la Ley General de Sociedades, en su apartado referido a “Modificaciones de la Emisión”, no será aplicable respecto del requisito de la unanimidad. Y habilita a la CNV a regular su contenido y a que se publique en la página web del organismo (en vez del boletín oficial), en el caso de obligaciones negociables con oferta pública.

Por otro lado, establece cambios al régimen del contrato de Fideicomiso, al modificar varios artículos del Código Civil y Comercial.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, solo será necesaria la inscripción en el registro de fiduciarios financieros que lleva la CNV para aquellos fiduciarios que actúen en fideicomisos financieros con oferta pública, dejando fuera de dicha inscripción al fiduciario de fideicomisos ordinarios y de fideicomisos financieros sin oferta pública.

Para el fideicomiso financiero, cuyos títulos tienen oferta pública, su inscripción en el registro público se entenderá cumplimentada con la misma autorización de oferta pública de la CNV.

Acceda al texto de la Ley de Financiamiento Productivo.