JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 17 días del mes de abril de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 288/296, que en lo principal admitió la acción, se alza la parte demandada a mérito del memorial de fs. 297/299 y la parte actora a fs. 303/310, que mereciera réplica de la contraria a fs. 312/314 vta. y fs. 315/319.

II. La queja esgrimida por la parte demandada se dirige a cuestionar la decisión de la jueza de primera instancia que consideró no configurado la situación de abandono de trabajo invocada por la empleadora para disolver del vínculo.

La magistrada de la instancia anterior concluyó que, aún probada la intimación fehaciente que dispone el art. 244 de la L.C.T., no se demostró la voluntad del trabajador de abandonar la relación laboral, quien reclamó por negativa de tareas, y que la situación de abandono de trabajo invocada por la demandada en los términos dispuestos por la norma mencionada no se ajustaba a derecho.

En su recurso, sostiene la apelante que el decisorio de grado resulta arbitrario toda vez que considera que se encuentra acreditado el abandono de trabajo por parte del trabajador que, previamente intimado, no concurrió a trabajar lo que evidencia su inequívoca voluntad de no reintegrarse al trabajo en lo sucesivo sin justificación alguna.

Por dicha razón, afirma que se evidenció una inequívoca intención de no cumplir con la prestación laboral sin justificativo, lo que revela que la intención del actor era no cumplir sus labores habituales.

En este marco, varias son las razones en virtud de las cuales el planteo recursivo de la demandada no resulta atendible.

Ante la intimación cursada por la empleadora el 18 de octubre de 2011 el actor no permaneció indiferente ya que respondió mediante misiva del 25 de octubre de 2011 mediante la cual hizo saber su voluntad de continuar la relación laboral solicitando que se aclarara su situación laboral (v. telegramas a fs. 11).

Ante ello, cabe tener presente que es prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que el abandono de trabajo como figura de extinción contractual requiere -como aspecto primordial- la acreditación de una clara actitud de abandono del trabajador (conf. art. 244 cit.), la cual no se verifica en el sub lite al tener presente la referida respuesta del trabajador ante la intimación a retomar tareas, circunstancia que no debe ser considerada a mi juicio como un desdén por parte del actor, sino que por el contrario es demostrativa de la intención de proseguir con el vínculo laboral. Por ende, resulta infundado el despido con apoyo en la referida causal de abandono de trabajo; en efecto, la empleadora claramente conocía cuál era la voluntad del trabajador, quien le hizo saber que su fuerza de trabajo se encontraba a su disposición (v. telegrama del 25/10/2011) y sin embargo lo despidió infundadamente, en una evidente demostración que no tenía intenciones de otorgarle tareas.

La cesantía por abandono de trabajo sólo se configura con la actitud del dependiente que deja de concurrir sin motivo a su empleo con el propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna y la nota que lo caracteriza es, en principio y generalmente, el silencio del trabajador.

La hipótesis que plantea el artículo 244 de la L.C.T. es la de abandono-injuria que requiere un tiempo continuado y considerable de ausencias sin justificación y la previa constitución en mora al dependiente, mediante intimación hecha en forma fehaciente, a fin de que se reintegre a sus labores. En el caso, no se encuentran cumplidos los presupuestos de hecho de la norma invocada como fundamento de la ruptura del vínculo laboral toda vez que, como se dijo, el trabajador respondió las intimaciones cursadas por el principal y le hizo saber que su fuerza de trabajo se encontraba a su disposición. En consecuencia, no cabe sino considerar inexistente el abandono de trabajo invocado.

En esos términos, y por las razones expuestas, la queja no debe ser admitida por lo que propiciaré confirmar la sentencia recurrida.

III. La primera queja de la parte actora se encuentra dirigida a cuestionar la decisión de grado que cuantificó el reclamo de la sanción conminatoria prevista por el art. 132 bis de la L.C.T. en una indemnización equivalente a tres salarios.

La jueza de la instancia anterior concluyó que en este aspecto, aplicar lisa y llanamente la norma del art. 43 de la ley 25.345 arribaría a importes que exceden notoriamente el daño ocasionado y a una solución legal irrazonable.

Puntualiza el apelante que los argumentos que fundan el decisorio de grado resultan equivocados porque se limita injustificada e irrazonablemente la sanción conminatoria dispuesta por la citada norma en cuestión.

El 25/10/2011 el actor intimó a la demandada a la acreditación con constancia documentada de los aportes previsionales, sindicales y de obra social retenidos (v. fs. 11).

En este contexto, considero que el accionante cumplió con los requisitos que establece el decreto 146/01 de intimar a la empleadora para que, dentro del término de treinta días corridos ingrese los importes adeudados y la falta de ingreso de los aportes de obra social correspondientes a los períodos abril, agosto y setiembre de 2011. Tampoco se acreditó que la demandada hubiera ingresado a una moratoria o plan de asistencia financiera o que dicha obligación se encontrara cancelada a la fecha.

En ese contexto, asiste razón al recurrente porque se encuentran reunidos todos los requisitos para la procedencia de la sanción que establece la normativa en la forma indicada.

En consecuencia, y por las razones expuestas precedentemente, sugiero modificar la sentencia de grado en este aspecto, condenando a la demandada a abonar al actor una suma a determinar en concepto de sanción conminatoria prevista por el art. 132 bis de la L.C.T., que se devengará con igual periodicidad a la del salario, hasta que la empleadora acredite de modo fehaciente el efectivo ingreso de los fondos retenidos (conf. art. cit.).

IV. La parte actora también formula agravios por la desestimación del reclamo contra los codemandados Ramón Naveyra, Ezequiel Naveyra y Mariano Daniel Ducatenzeiller por entender que correspondería responsabilizarlos solidariamente con la demandada Buena Gente S.R.L. -en los términos de lo dispuesto por los arts. 54, 59, 157 y 274, L.S.C.- toda vez que consideran que actuaron en fraude a la ley laboral y tuvieron un mal desempeño en sus funciones directivas.

Señala el apelante que se encuentran acreditados ilícitos laborales que violan el orden público laboral como la falta de depósito y retención de aportes a los organismos de recaudación de la seguridad social.

En el inicio manifestó el actor que los codemandados Ramón Naveyra, Ezequiel Naveyra y Mariano Daniel Ducatenzeiller eran todos socios, controlantes y administradores de la sociedad demandada.

La jueza de grado desestimó la extensión de la responsabilidad solidaria a los codemandados en los términos de los arts. 59 y 274 de la L.S.C. por considerar que descorrer el velo de la personalidad jurídica de una sociedad comercial y extender la responsabilidad a sus integrantes requiere demostrar que las personas que ocuparon cargos directivos se valieron de la figura societaria para lograr fines puramente individuales y ajenos al objetivo de la sociedad.

Sin embargo, se encuentra acreditado en autos que la empleadora no efectuó la totalidad del pago de las cargas sociales y aportes previsionales según informe de la A.F.I.P. (ver a fs. 271/273).

En tales condiciones, está suficientemente acreditado el carácter de administradores y controlantes de los codemandados, y que se retuvieron indebidamente los aportes mencionados, pues la situación antedicha se proyecta sobre tales extremos, que son hechos invocados en el inicio.

Ahora bien, sin imputación subjetiva del ilícito que causa la obligación o del incumplimiento convencional doloso o culposo (en los supuestos admitidos por el art. 1107 C. Civil) las personas de existencia visible que actúan como órganos no responden por los actos ejercidos en el ámbito de actuación de la persona de existencia ideal. No se responde por ser socio gerente. Se responde por haber actuado un ilícito o haber realizado actos notoriamente extraños al objeto social.

En el caso, la retención de aportes destinados a los organismos de la seguridad social y de obra social resultan omisiones del deber legal de actuar regularmente que viene impuesta por el contrato y relación de trabajo y su cargo en la sociedad comercial demandada. Esto importa señalar que el actuar personal de los codemandados, a sabiendas y con intención de dañar, los hace responsable en los términos del artículo 1081 del Código Civil por lo que propicio modificar la decisión de grado y extender solidariamente la condena de autos a los codemandados Ramón Naveyra, Ezequiel Naveyra y Mariano Daniel Ducatenzeiller.

En consecuencia, y por los motivos expuestos, propongo admitir este aspecto del recurso.

V. Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

En virtud de que en materia laboral no debe seguirse un criterio meramente aritmético sino jurídico, y que en este caso se admiten los rubros contenidos en el reclamo de inicio, sugiero imponer las costas en la instancia anterior a cargo de los demandados solidariamente (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y art. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora (que incluye la actuación ante el SECLO) en el ...%, de Buena Gente S.R.L. en el ...%, de Ramón Naveyra en el ...%, de Ezequiel Naveyra en el ...% y de Mariano Daniel Ducatenzeiller en el ...%, a calcular sobre el nuevo capital de condena más intereses.

VI. Atento al resultado del recurso interpuesto, propongo imponer las costas de alzada a cargo de los demandados solidariamente (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de las representaciones letradas intervinientes en el ...% de lo que les corresponda a cada una de ellas, respectivamente, por su actuación en la instancia anterior (confr. ley 27.423).

EL DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Jueza de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar el monto de condena a la suma de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO con setenta y un centavos ($ 36.445,71.-), con más los respectivos intereses a la tasa fijada en la sede de origen, adicionando al monto de condena una suma a determinar en concepto de sanción conminatoria dispuesta por el art. 132 bis de la L.C.T., de acuerdo a lo establecido en el primer voto; 2) Extender la condena solidariamente a los codemandados Ramón Naveyra, Ezequiel Naveyra y Mariano Daniel Ducatenzeiller; 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior; 4) Costas y honorarios conforme lo propuesto en los considerandos V y VI del primer voto; 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

 

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

 

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