JURISPRUDENCIA

 

 

 

Ver correlaciones

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen en acuerdo la jueza y los jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados: “JUMBO RETAIL ARGENTINA SA c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”, Expte. Nº D3214-2016/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Carlos F. Balbín, Mariana Díaz y Esteban Centanaro.

El juez Carlos F. Balbín dijo:

I. El 23 de febrero de 2016 la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC) emitió la Disposición Nº DI-2016-718-DGDYPC, en la que resolvió, entre otros, imponer una multa de pesos treinta mil ($ 30.000) a Jumbo Retail Argentina S.A. por la infracción a los artículos 5 y 9 de la Ley Nº 22.802 (v. fs. 7/8).

Para así resolver, consideró que “[...] conforme a las facultades conferidas por los artículos 13, 14, 17 y concordantes de la Ley 22.802, la autoridad de aplicación procedió a realizar una diligencia de inspección el día 24 de Septiembre de 2015, en el establecimiento que opera con el nombre de fantasía “PLAZA VEA” y [de] titularidad de JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. [...]” (cfr. fs. 7). y “[...] se verificó mediante Acta de Infracción Nº 818 las siguientes discrepancias de precios: Anexo 2 Ítem 10 puré de papas Maggi en góndola el precio era de $22.59 y en caja $23.95; Ítem 7 saladix Hula-Hula en góndola $12.85 [y] en caja $13.15; Ítem 15 vino Hereford en góndola $22.99 y en caja $24.09” (cfr. fs. 7).

Asimismo, entendió que “[...] la conducta antes descripta puede inducir a error, engaño o confusión a los consumidores respecto del precio de los productos que pretenden adquirir” (cfr. fs. 7 vta.).

II. A fs. 10/14 Jumbo Retail Argentina S.A. interpuso recurso directo de apelación contra la Disposición Nº DI-2016-718-DGDYPC. En particular, señaló que: a) el art. 9 de la Ley Nº 22.802 es inaplicable en este caso debido a que versa sobre publicidad y promoción mediante premios; y b) el valor de la multa resulta excesivo y desproporcionado.

A fs. 28 la Sala se declaró competente y tuvo por habilitada la instancia judicial. La parte demandada contestó el traslado de agravios a fs. 45/47.

A fs. 53 se elevaron los autos al acuerdo de Sala y a fs. 56 se hizo conocer la nueva integración del Tribunal.

III. Liminarmente, nótese que la parte recurrente no se ha agraviado respecto de la infracción al art. 5 de la Ley Nº 22.802.

Sentado ello, corresponde analizar el agravio referido a la infracción al art. 9 de la citada ley.

Tal artículo 9 establece: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”.

Aunado a ello, cabe tener presente el deber de informar en forma adecuada al consumidor que surge de la Constitución Nacional, en tanto el art. 42 dispone que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, [...] a una información adecuada y veraz [...]”. Por su parte, el art. 46 de la Constitución local, establece que “[l]a Ciudad p rotege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles [...] el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna [...]”.

A su vez, la doctrina ha dicho que “adquiere, en materia de defensa del consumidor, el rango de derecho fundamental reconocido expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional en tanto constituye un trascendental instrumento tendiente a conjurar la superioridad económico-jurídica que suelen detentar los proveedores” y que “[...] actúa no sólo en la etapa precontractual sino también durante la ejecución del contrato. En el primer supuesto, la información de todas aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí y a las condiciones económicas y jurídicas de adquisición del producto o contratación del servicio, tiende a facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido, informado y por tanto plenamente eficaz; en el segundo caso, se presenta como un efecto del contrato perfeccionado que apunta a que el consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos” (cfr. Wajntraub, Javier, Protección Jurídica del Consumidor, Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004, pp. 48-50).

Sobre el particular, la parte actora argumentó que el art. 9 versa sobre la publicidad y promoción mediante premios, y que no constituye el presupuesto de hecho del caso en cuestión. Además, explicó que se aplicó análogamente la tipificación de sanciones, lo cual resulta improcedente por tratarse la Ley Nº 22.802 de una norma de carácter penal (v. fs. 10 vta. y 11).

Adelanto que el agravio no tendrá favorable acogida. De las constancias obrantes en autos surge expresamente la diferencia de precio de determinados productos, resultante de la comparación entre el valor presentado en la góndola y el efectivamente facturado en la línea de cajas. En efecto, en el Acta de Infracción Nº 819 y la documental respaldatoria (v. fs. 2/5) se advierten discrepancias en los precios de 3 artículos, a saber: puré de papas, galletitas “saladix” y vino tinto.

En este sentido, y más allá de la interpretación que realiza la parte actora en su recurso, lo cierto es que, a mi entender, el supuesto de autos se encuadra en los términos del art. 9 de la Ley Nº 22.802. De este modo, la presentación inexacta del precio de ciertos productos en la góndola en relación con el precio de caja -tal como fue acreditado- conlleva, cuando menos y de modo indefectible, a error en los términos en los cuales el consumidor entiende que se llevará a cabo la relación de consumo, los cuales resultarán, pues, sustancialmente diferentes.

Así los hechos, teniendo en cuenta la protección constitucional del consumidor en materia de acceso a la información adecuada y toda vez que la defensa opuesta se limitó, simplemente, a argumentar respecto de la inaplicabilidad de la norma en cuestión, entiendo que corresponde desestimar el presente agravio.

IV. Resta tratar el agravio referido al quantum de la sanción aplicada. A efectos de considerar la proporcionalidad del valor de la multa, cabe tener presente que la Ley de Lealtad Comercial Nº 22.802 no establece criterios para graduar la sanción de multa prevista en el inciso a) del art. 18.

De este modo, es preciso recordar que dicha norma conforma un sistema protector del consumidor en conjunción con las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, tal como surge del art. 3 de esta última, cuya función integradora configura este sistema general protectorio. Al respecto, es pertinente remarcar que la referida concepción implica que tales normas deban interpretarse de forma conjunta y armónica, a los efectos de cumplir con la finalidad que tienen en común, esto es, defender y proteger los derechos del consumidor.

En este contexto hermenéutico, corresponde tener en cuenta el art. 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, que -en su parte pertinente- dispone que “[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”.

Aunado a ello, también debe considerarse que el actual art. 19 de la Ley Nº 757 de la Ciudad receptó esas pautas de graduación para aplicarlas a las infracciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y en la de Lealtad Comercial. En particular, el citado artículo reza “[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 18 se tendrá en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. b) La posición en el mercado del infractor. c) La cuantía del beneficio obtenido. d) El grado de intencionalidad. e) La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización. f) La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de Lealtad Comercial N° 22.802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, incurra en otra presunta infracción dentro del término de cinco (5) años desde que haya quedado firme o consentida la sanción”.

En suma, cuando la Administración impone una sanción en los términos del inciso a) del art. 18 de la Ley Nº 22.802, debe considerar los supuestos contemplados en el art. 49 de la Ley Nº 24.240, además de los establecidos en el art. 19 de la Ley Nº 757, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso.

En este contexto, además, es preciso contemplar que para que el particular pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada es necesario que el órgano administrativo explicite cuáles han sido los antecedentes y las razones que, en el caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. Esto no es sino una aplicación particular del requisito de motivación que deben cumplir los actos administrativos y que, en el ámbito local, se encuentra previsto expresamente en el inciso “e” del art. 7 de la ley de procedimientos administrativos.

En particular, destaco que “no pueden establecerse reglas que resulten a priori aplicables a todas las situaciones sino que, en cada caso puntual, el órgano jurisdiccional debe analizar si el acto sometido a su revisión se encuentra debidamente motivado. Para ello, considero que resulta insoslayable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual ‘si bien no existen formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de motivación explícita del acto administrativo, la cual debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo, no cabe la admisión de formas carentes de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad o, en su caso, circunscribirla a la mención de citas legales, que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en los actos concretos (conf. Fallos 314:625)’ (CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General, in re “Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia de la Nación- s/ juicios de conocimiento en general”, 14/06/2001)” (cfr. la Sala I de esta Cámara en autos “BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC Nº 1951/0, sentencia del 10/7/2009).

La Dirección de Defensa y Protección al Consumidor -entre los considerandos de la disposición sancionatoria impugnada- consideró que “[...] a los efectos de la graduación del monto de la multa, debe tenerse en cuenta el incumplimiento constatado, la posición en el mercado de la sumariada, la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta, siendo relevante a los fines de su determinación la zona geográfica en la que se sitúa el comercio [...]” (cfr. fs. 21/21 vta.)

En tales términos, la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De acuerdo a lo expuesto, no puede deducirse que la autoridad de aplicación hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada.

A su vez, debe tenerse en consideración que la parte actora no explicó por qué razón el valor de la sanción resultaría desproporcionado a la infracción ni manifestó por qué motivo resultaría elevado -máxime, teniendo en cuenta que la multa en cuestión se halla mucho más cerca del mínimo que del máximo dentro de los montos establecidos por el inciso a) del art. 18 de la Ley Nº 22.802, que fija la escala desde “pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones ($ 5.000.000)”-.

Asimismo, la denunciada no argumentó respecto de lo expresado por la DGDYPC en relación con la posición que ocupa en el mercado o la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados.

Conforme lo expresado, no se observa que la graduación de la sanción sea desproporcionada, pues el monto fue determinado -conforme sus fundamentos- de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico aplicable al caso.

V. Las costas de esta instancia se impondrán a la parte actora por haber resultado vencida (cfr. art. 62, 1º párrafo, CCAyT).

VI. En relación con la regulación de honorarios a favor de la profesional interviniente -Dra. Miriam D’Ambrosio-, en su calidad de letrada apoderada de la parte demandada, corresponde fijar la suma de pesos ocho mil setecientos setenta y cinco ($ 8.775).

Ello, de conformidad con los artículos 1, 3, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la Ley Nº 5134; y considerando el monto, la complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad de la labor desarrollada, su resultado, así como los montos mínimos que establece la ley; y el cálculo de los proporcionales correspondientes para las etapas cumplidas, en relación con el valor de diez (10) unidades de medida arancelaria, fijada en pesos un mil setecientos cincuenta y cinco ($ 1.755) por Resolución Presidencia CM Nº 1.000/17.

Atento a las consideraciones expuestas propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto: a) se rechace el recurso presentado por la parte actora; b) se impongan las costas a la parte actora vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, 1º párrafo del CCAyT); y c) se regulen honorarios profesionales de acuerdo a lo establecido en el punto VI.

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

Adhiero, en lo sustancial, al voto de mi colega preopinante por cuanto lo allí expuesto resulta suficiente a fin de rechazar el recurso directo bajo análisis.

Asimismo, comparto la regulación de honorarios efectuada en el punto VI de aquel.

Por lo expuesto, corresponde: i) rechazar el recurso directo interpuesto a fs. 10/14; ii) imponer las costas a la vencida (cf. art. 62 del CCAyT); iii) regular los honorarios profesionales de conformidad con el punto VI del voto del juez Carlos F. Balbín.

En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, el Tribunal RESUELVE: a) Rechazar el recurso presentado por la parte actora; b) Imponer las costas a la parte actora vencida; y c) Regular honorarios profesionales de acuerdo a lo establecido en el considerando VI.

Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.

Se deja constancia de que el juez Esteban Centanaro no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

 

Mariana Díaz

Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos F. Balbín

Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 

  Correlaciones:

Ley 22802 - BO: 11/05/1983