JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En Buenos Aires, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. Mabel De los Santos , María Isabel Benavente y Elisa M. Diaz de Vivar, a fin de pronunciarse en los autos “C., J. A. c/M., M. S. s/liquidación de sociedad conyugal”, expediente n° 29.745/2013, la Dra. De los Santos dijo:

I.- Que en la sentencia apelada de fs. 470/472 la Sra. Juez “a quo” hizo lugar a la pretensión de liquidación de la sociedad conyugal, con costas a la demandada y condenó a liquidar la sociedad conyugal que fue disuelta el 14/2/2003, fecha de notificación de la demanda de divorcio. A tal fin fijó el plazo de treinta días desde que quede firme el pronunciamiento para que las partes acuerden la adjudicación en especie o la venta del departamento de M...., ... Piso “...” y del 50% del local de Avda. C....., bajo apercibimiento de disponer la subasta judicial de ambos inmuebles. También condenó a la demandada a abonar el 50% del canon locativo del inmueble de la calle M., a cuyo efecto dispuso que el perito tasador actualice en la etapa de ejecución el informe pericial practicado en autos.

La parte demandada apeló la sentencia y fundó sus agravios a fs. 479/486, los que fueron respondidos por el actor a fs. 489/493. Planteó allí la apelante la nulidad de la sentencia por cuanto en el expte. n° 92961/2013, en trámite ante el mismo juzgado, ya se dictó pronunciamiento sobre la pretensión de cobro de canon locativo. También cuestionó la sentencia fundada en que, como cónyuge inocente, tiene un derecho adquirido en los términos del art. 211 del Código Civil derogado por tratarse de la única vivienda de la accionada, quien padece problemas de salud.

II.- Con relación a la nulidad del fallo deducida por vía de recurso (art. 253 CPCC) cabe señalar que la queja no se basa en vicios formales de la sentencia que causen indefensión, sino en que la Sra. Juez “a quo” se habría pronunciado sobre una cuestión respecto de la cual existe cosa juzgada por haber recaído pronunciamiento anterior sobre el mismo objeto en un proceso entre las mismas partes.

Consecuentemente, por aplicación del principio “iura novit curia” cabe analizar el planteo como defensa de cosa juzgada, máxime cuando la nulidad no podría prosperar en tanto no es admisible cuando los agravios pueden repararse por vía de apelación (conf. CNCiv., sala F, 28/8/97, “Citibank NA c. Szulewicz, Jorge O. y otro”, LL 1998-C, 493, D.J. 1998-2-978) y, aun cuando no se coincidiera con la interpretación realizada, lo cierto es que la existencia de cosa juzgada es declarable aún de oficio por el tribunal en cualquier estado del proceso (conf. art. 347, último párrafo, del CPCC y v. De los Santos, M., “Excepción de cosa juzgada”, en Peyrano y otros, Excepciones procesales, ed. Panamericana, 1994, p. 149).

En ese orden de ideas, resulta insoslayable que en el expte. nro. 92691/2013, caratulado “C., J. A. c/ M., M. S. s/ fijación y cobro de valor locativo” la sentencia dictada a fs. 181/182, confirmada por esta Sala a fs. 210/211, resolvió la procedencia y monto del reclamo de C. por cobro del canon locativo correspondiente a la ocupación exclusiva y excluyente por la accionada de la vivienda familiar, encontrándose las actuaciones en la etapa de liquidación. En el referido incidente el actor reiteró la pretensión aquí acumulada de cobro de canon locativo, formulada originariamente en el marco de la liquidación de sociedad conyugal, pero que quedó resuelta con anterioridad en el incidente de fijación y cobro de valor locativo.

Por tal motivo, habiendo recaído decisión con anterioridad en el incidente referido que resuelve una cuestión idéntica a la planteada en autos, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en la sentencia apelada de autos sobre el particular, debiendo estar las partes a lo que resulta de la decisión firme recaída en el expte. nro. 92691/2013.

III.- La demandada también cuestiona el pronunciamiento fundada en la improcedencia de la liquidación allí ordenada por haber sido declarada cónyuge inocente en el juicio de divorcio, conforme lo dispuesto por el art. 211 C. Civil, y en las dificultades económicas y de salud que la aquejan.

Cabe recordar que el art. 211 del texto civil derogado establecía: “Dictada la sentencia de separación personal el cónyuge a quien se atribuyó la vivienda durante el juicio, o que continuó ocupando el inmueble que fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal si ello le causa grave perjuicio y no dio causa a la separación personal, o si ésta se declara en los casos del art. 203 y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo. En iguales circunstancias, si el inmueble fuese propio del otro cónyuge, el juez podrá establecer a favor de éste una renta por el uso del inmueble en atención a las posibilidades económicas de los cónyuges y al interés familiar, fijando el plazo de duración de la locación...”. La norma invocada por la accionada imponía una restricción al dominio del inmueble pues cuando se configuraban las circunstancias allí previstas, éste no podía liquidarse ni partirse.

Ahora bien, si la actora hubiese obtenido sentencia firme sobre la atribución del hogar bajo el régimen derogado, no cabe duda que debería mantenerse pues la cosa juzgada constituye un bien que integra el patrimonio del beneficiario y que goza de la inviolabilidad de la propiedad que consagra el art. 17 CN (conf. De los Santos, M., “Excepción de cosa juzgada” cit., p. 149). Pero ello no es así en el caso y, como es sabido, las consecuencias del divorcio, entre las cuales se encuentran los efectos jurídicos de la declaración de inocencia o culpabilidad, resultan alcanzadas por el nuevo Código Civil y Comercial.

En efecto, la declaración de culpabilidad o inocencia es una consecuencia del divorcio y, como tal, está alcanzada por la nueva ley (art. 7 CCyC). La noción de consumo, que subyace en el art. 7 CCCN, fue tomada por Borda de la obra de Roubier, quien distingue entre leyes que gobiernan la constitución y la extinción de una situación jurídica, y leyes que gobiernan el contenido y las consecuencias (conf. Roubier, Paul, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps) 2º ed., Paris, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nº 42 pág. 198 y nº 68 pág. 334, citado por Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, La Ley 22/04/2015, 22/04/2015, 1 - La Ley 2015-B, 114, Cita Online: AR/DOC/1330/2015).

De lo expuesto se colige que para decidir la defensa opuesta por la accionada a la liquidación de la sociedad conyugal, a saber: la atribución que le correspondía del hogar conyugal por ser cónyuge inocente, carecer de otra vivienda y tener problemas de salud (art. 211 CC), debe ser analizada a la luz de lo dispuesto por el nuevo artículo 443 del CCyC e implica una pretensión implícita de atribución de la vivienda familiar que no fue tratada en la sentencia apelada por considerarla ajena a la materia controvertida. Toda vez que la cuestión fue debatida en autos y objeto de prueba, no puedo coincidir con la decisión que parece derivarla a su planteamiento por vía incidental, como también sostiene el Sr. Fiscal General, que considera que la cuestión es materia propia del juicio de alimentos (v. fs. 410/411).

Cabe precisar que la atribución de la vivienda familiar implica conceder a uno de los cónyuges el uso del inmueble en el cual se desarrolló la vida familiar durante el matrimonio y constituye una derivación del principio de solidaridad familiar o, más precisamente, de la responsabilidad que genera establecer vínculos familiares. Sin embargo es importante puntualizar que no implica la creación de un nuevo derecho real sobre el inmueble, ni modifica los derechos reales que pudieran titularizar los cónyuges. Sin embargo, puede implicar restricciones temporales para su liquidación o implicar un derecho a la asignación preferencial de la vivienda familiar en la liquidación que, como tal, debe ser objeto de decisión en las actuaciones donde fue objeto de debate y prueba.

IV.- Como es sabido, la protección de la vivienda en sentido genérico, es regulada con mayor amplitud por el Código Civil y Comercial vigente que en el anterior, por constituir una cuestión relacionada a los derechos humanos. En efecto, “el derecho de acceso a la vivienda es un derecho reconocido en diversos tratados internacionales” (v. Fundamentos del Anteproyecto de reformas, en Código Civil y Comercial de la Nación. Proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación, p. 538), que como tal ha recibido tratamiento especial en el Proyecto (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, El Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012 y la Ley de Concursos”, en Supl. de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, del 13/122012, p. 1; LL 2012-F, 1309).

El nuevo Código reconoce también el derecho de atribución de la vivienda familiar a los cónyuges, aún sin la existencia de hijos o aunque los mismos sean mayores o se hubieran independizado y lo hace respecto de aquél que presenta necesidades habitacionales y circunstancias personales que evidencian una mayor necesidad de protección respecto del otro cónyuge (conf. Duprat, Carolina en Kemelmajer-Herrera-Lloveras, Tratado de Derecho de Familia, T. I, p. 489, ed. Rubinzal Culzoni, 2014).

En ese orden de ideas, el nuevo régimen legal del art. 443 aplicable al caso, establece que “Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras: a) la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, b) la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios; c) el estado de salud y edad de los cónyuges; d) los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.”

Para decidir la preferencia de uno u otro cónyuge se establecen pautas de tipo objetivo, relacionadas con la situación de vulnerabilidad o mayor necesidad, dejando de lado toda consideración respecto de las causas de la ruptura matrimonial o género de los cónyuges. De la prueba producida en autos, en particular de las declaraciones testimoniales de fs. 200/201 y fs. 203/204, resulta que la demandada se encuentra en una situación económica más desventajosa que su cónyuge (v. fs. 334/365), sin que exista contraprueba alguna que desvirtúe lo que resulta de las constancias antes referidas. Se agregan a lo expuesto la dificultad para obtener un trabajo remunerado a la edad de M. (62 años), los problemas de salud que padece por síndrome de Ménière y hernia discal (v. fs. 96/103) y el estado general de la vivienda que habita, que resulta no sólo del informe pericial de tasación realizado en autos, sino también del efectuado en el incidente de fijación de canon locativo (v. fs. 168/173). Todo lo expuesto indica que M. se encuentra en una situación de mayor necesidad y vulnerabilidad.

Ahora bien, de la prueba producida resulta que el patrimonio ganancial se encuentra integrado por dos inmuebles: el 100% del inmueble de la calle M...., .... piso “...”, tasado en la suma de u$s109.179, y el 50% del local comercial sito en la calle C. ... esquina A., tasado en la suma de u$s250.000, correspondiendo a la sociedad conyugal la suma de u$s125.000 (v. informe pericial de fs. 368/374). Lo expuesto evidencia que la atribución de la vivienda familiar a la demandada M. no puede implicar una restricción a la partición del patrimonio ganancial pues existe otro bien, de valor superior, que puede ser asignado al actor, admitiendo la defensa opuesta por la demandada con los alcances de implicar una atribución preferencial del inmueble, en los términos del art. 499 del CCyC y con cargo al actor de abonar a la demandada la diferencia que corresponda. V.- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo dejar sin efecto el fallo en cuanto fija canon locativo, por existir cosa juzgada sobre el particular, y confirmar la sentencia que dispone liquidar la comunidad de gananciales, modificando los alcances de la condena y atribuyendo el inmueble de M...., .... piso ... de esta ciudad a M. S. M. y el 50% del local de la calle C. ... esquina A. a J. A. C., debiendo el actor abonar o compensar con la demandada la diferencia de valor a favor de esta última. Para inscribir la partición, en la instancia de grado corresponderá librar los instrumentos pertinentes para anotar los inmuebles a nombre de cada una de las partes.

VI.- En cuanto a las costas, atento el resultado de los recursos y la forma como se decide, existiendo vencimientos parciales y mutuos en los términos del art. 71 del CPCC, propongo imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

Las Dras. María Isabel Benavente y Elisa M. Diaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe.

 

Fdo.: Mabel De los Santos, María Isabel Benavente y Elisa M. Diaz de Vivar.

MARIA LAURA VIANI

 

Buenos Aires, noviembre de 2.017.-

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fs. 470/473 en cuanto condena a abonar canon locativo conforme las pautas allí dispuestas, por existir sentencia anterior firme sobre el particular. 2) Confirmar la sentencia en cuanto dispone liquidar la comunidad de gananciales, modificando la condena y disponiendo la atribución preferencial del inmueble de la calle M. ..., .... piso “...” de esta ciudad a M. S. M., asignando la titularidad del 50% del local de la calle C. ... esquina A. a J. A. C., debiendo el actor abonar o compensar con la demandada la diferencia de valor a favor de esta última. A tal fin, consentida o ejecutoriada la presente, se librarán los instrumentos pertinentes en la instancia de grado para inscribir los inmuebles a nombre de cada una de las partes. 3) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Diferir la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia, para una vez que se encuentren determinados los correspondientes a la instancia anterior (art. 14 del Arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

 

MABEL DE LOS SANTOS

MARIA ISABEL BENAVENTE

ELISA M. DIAZ de VIVAR

MARIA LAURA VIANI

 

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